Sentencia SL16128-2014 de noviembre 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16128-2014

Rad.: 46754

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 40

Bogotá, D. C., cinco de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

La parte recurrente somete a consideración de la Corte el tema relativo a la dependencia económica de los padres frente a los hijos, como requisito para ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente, que según el recurrente no se da en el caso bajo estudio, razón por la cual le atribuye la ilegalidad a la decisión recurrida, por cuanto el demandante no dependía económicamente de su hijo Juan Diego Mona Londoño, toda vez que para la fecha del deceso no aparece demostrado a cuánto ascendía la ayuda que le daba el causante y, además, porque Mona Betancur muestra suficiencia económica en tanto tiene un “ranchito propio”, “es agricultor” y “fabrica escobas”.

Planteado así el asunto, la Sala procede a estudiar los cuestionamientos que le hace la censura al sentenciador de segundo grado:

1. Expresa el recurrente que el ad quem valoró erróneamente la Resolución 99-1386 del 2 septiembre de 2009, pues en su entender, fue de dicha documental que el tribunal concluyó la dependencia económica del actor respecto de su hijo Juan Diego Mona Londoño.

Resulta equivocado el análisis que despliega la acusación, toda vez que no fue del examen de dicha documental que el tribunal estableció la dependencia económica del actor respecto de su hijo, pues de la misma concluyó que la demandada efectúo la devolución de saldos, y que siendo ello así, al tenor de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 artículos 74 y 78, necesariamente el causante reúne los requisitos para beneficiarse de la pensión reclamada.

En efecto, esto dijo el colegiado:

Es así, como el artículo 74 de la Ley 100 de 1993 precisa quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes; y el artículo 78 ibídem consagra la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual del causante a los beneficiarios de aquellos afiliados que fallecen sin acreditar el cumplimiento de los requisitos para causar la pensión de sobrevivientes. Luego, cuando esta última disposición establece la entrega de esos recursos a los “beneficiarios” debe atenderse a lo previsto en el artículo 74 de la misma Ley 100, en cuanto a las condiciones que deben ser acreditadas por parte de quienes pretenden hacer valer tal condición para efectos del reconocimiento de esta prestación (pensión de sobrevivientes o devolución de saldos).

Por ende, si el demandante reúne las exigencias para ser acreedor de “… los dineros acreditado en la cuenta individual del afiliado… Jhon Jairo Triana Castañeda (sic)…” al tenor del artículo 78 de la Ley 100 de 1993, necesariamente debe concluirse que colma los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su hijo Juan Diego Mona Londoño (se resalta).

En este orden de ideas, si el propósito de la censura era derruir ese pilar fundamental del fallo impugnado, debió encausar el ataque por la vía del puro derecho bajo la modalidad de interpretación errónea de la Ley 100 de 1993 artículos 74 y 78, en tanto, con independencia de su acierto o desacierto, el alcance que les dio el tribunal consistió en establecer que en ambos casos debe acreditarse la dependencia económica, situación aceptada por la accionada al entregarle a Mona Betancur la devolución de saldos que el causante tenía en su cuenta de ahorro individual.

Las consideraciones que preceden, son suficientes para concluir que el sentenciador de segundo grado no incurrió en el primero de los yerros fácticos individualizado en el cargo.

2. Igualmente, al ocuparse la Sala del estudio de las otras pruebas precisadas en el cargo, esto es la solicitud de pensión que aparece a folio 35 y el acta extra proceso reconocida por el demandante en el interrogatorio de parte rendido el 21 de abril de 2009 (fls. 58 y 59); así como de los testimonios rendidos por Joaquín Emilio Durango Torres (fls. 55 y 55 vto.); Guillermo Antonio Cano Correa (fls. 55 vto. a 56 vto.) y Gilberto de Jesús Colorado (fls. 59 a 60); la “investigación causal de fallecimiento” efectuada por la demandada y que aparece a folios 36 a 37, tampoco encuentra que el tribunal hubiese incurrido en los tres restantes errores de hecho, tal y como pasa a explicarse:

A. Efectivamente, a folio 35 del expediente aparece la “solicitud de pensión” que elevó el actor a la entidad convocada a juicio, pero la misma no varía la conclusión del fallador de segundo grado en punto a la dependencia económica del demandante, toda vez que dicha documental lo único que evidencia, es que él en calidad de padre y con ocupación “agricultor”, reclama la pensión de sobrevivencia en tanto dependía “parcialmente” de su hijo fallecido; esto es, en momento alguno tal documental demuestra lo contrario a lo concluido por el sentenciador colegido, quien por demás fue enfático en señalar que para obtener la pensión de sobrevivientes, no se exige que la dependencia económica sea total y absoluta.

B. Asimismo, el acta extra proceso rendida ante el Notario 4º del Círculo de Medellín, que aparece a folios 41 a 42, y fue reconocida por el demandante en el interrogatorio de parte efectuado el 21 de abril de 2009 (fls. 58 y 59), tampoco desvirtúa la dependencia económica que halló probada el tribunal, por el contrario, la misma indica que dependía de su hijo en tanto le colaboraba económicamente. Dijo así el accionante:

Resido en el municipio de Amagá, viudo, colombiano de nacionalidad, por medio de la presente acta extraproceso y bajo la gravedad del juramento manifiesto: soy trabajador independiente (agricultor) devengo un salario promedio mensual de $100.000, no recibo otros ingresos o pensiones de entidades oficiales o particulares, no declaro renta, sostengo económicamente a mi compañera permanente y dos hijos. Mi hijo fallecido Juan Diego Mona Londoño, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía Nº 98.4979.991 de Amagá me colaboraba económicamente (se resalta).

La declaración transcrita no contiene confesión alguna al tenor de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil artículo 195 para con ella poder estructurar un error evidente de hecho. Por el contrario, pone al descubierto no solo que el causante efectivamente ayudaba a su padre, sino también que este tenía unos ingresos de $100.000, es decir, ni siquiera alcanzaba a devengar la mitad de un salario mínimo de 1999, que para entonces ascendía a $236.460, según lo dispuesto en Decreto 2560 de 1998.

Así las cosas, las pruebas denunciadas en el cargo no logran acreditar que el demandante alcance niveles de autonomía, por el contrario fluye de ellas la dependencia económica respecto de su hijo, conclusión final que a juicio de la Sala es razonada e implica que el tribunal no incurrió en los tres últimos errores de hecho que le increpa la censura, al concretar que la ayuda económica del hijo fallecido se ciñó a la previsión legal, y que conforme a su convencimiento, se acreditó la dependencia económica del reclamante, más cuando y como lo dejó precisado, el Decreto 1889 de 1994 artículo 16, que imponía la dependencia total y absoluta, fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia de 11 de abril de 2002.

3. Finalmente y aunque lo dicho es suficiente para concluir que el ad quem no cometió yerro fáctico alguno, la Sala aborda el estudio de la declaración rendida por Gilberto de Jesús Colorado (fls. 59 a 60) sobre la cual hace tanto énfasis la parte recurrente, con el fin de destacar que el testigo es absolutamente claro en señalar que por vivir cerca del actor, era conocedor de los hechos, entre ellos que el causante cada ocho días les llevaba el sustento tanto a su papá como a su mamá, o en su defecto les daba el dinero para que compraran “el mercadito”.

Pero lo anterior no lo es todo, el declarante es enfático en precisar que el demandante ni siquiera tenía casa propia, pues vivía como “agregado”; también es categórico en señalar que el “ranchito” que tenía, además de ser de “bareque”, era el lugar donde él iba a trabajar sus “escobitas para vender”; más aún, pone en evidencia que Mona Betancur como cualquier campesino colombiano, trabajador, honesto y responsable, no podía morirse de hambre, pues salía “en la semana tres veces a buscar bejuco para hacer escobitas”, lo cual en lo absoluto desvirtúa la dependencia económica, antes por el contrario, la refuerza, en tanto la ayuda que le suministraba su hijo, independientemente de cuál hubiera sido la cuantía, para él era fundamental no sólo porque ayudaba a cubrir sus necesidades, sino también porque tal aporte lo recibía de manera permanentemente, esto es cada ocho días.

Por lo expuesto, el cargo está llamado a la improsperidad.

Sin costas frente al recurso extraordinario, por cuanto no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el siete (07) de abril de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Carlos Enrique Mona Betancur contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S. A.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».