Sentencia SL16150-2014 de noviembre 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 52926

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL16150-2014

Acta 40

Bogotá, D. C., cinco de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

IV. Alcance de la impugnación

Pretende la accionada que la Corte case en su totalidad la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, REVOQUE la decisión del a quo.

Con tal objeto, formuló dos cargos, que dentro del término legal fueron replicados.

IV. (sic) Cargo primero

Acusa la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, en la modalidad de “error de hecho por aplicación indebida, del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, los artículos 5º y 6º del Decreto 3135 de 1968, los artículos 1º, 2º 3º, 4º, 5º, 6º, y 7º del Decreto 1848 de 1969, el artículo 267 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 8º del Decreto 1675 de 1997 y artículos 123 y 128 de la Constitución de 1991, Decreto 516 de 1990 y Decreto 2001 de 1993, en relación con el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Idema y Sintraidema».

Trasgresión legal que dijo ocurrió por haber incurrido el tribunal en los siguientes errores evidentes de hecho:

(i) DAR por probado, sin estarlo, que la desvinculación que efectuó el Idema del señor Dalmiro Ortíz Angulo, fue sin justa causa.

(ii) NO DAR por probado, estándolo, que para la desvinculación que efectuó el Idema del señor Dalmiro Ortíz Angulo medió una justa causa legal, consistente en la supresión y liquidación de la entidad empleadora Idema.

Expresó que los anteriores yerros fácticos se presentaron, como consecuencia de la errónea apreciación del Oficio 377 del 24 de septiembre de 1997 “por medio de la cual el Idema le comunica al señor Dalmiro Ortíz Angulo la terminación del contrato laboral” (fl. 15).

En la demostración del cargo, el censor manifiesta que con fundamento en las facultades otorgadas por la Constitución Nacional, artículo 189-15 y la Ley 344 de 1996, artículo 30, fue expedido el Decreto-Ley 1675 de 1997 por medio del cual se ordenó la supresión y liquidación del Idema, por lo que con base en el Decreto 2438 de 1997 se suprimieron los cargos de planta de personal, situación que generó la terminación del contrato de trabajo del demandante.

Con estribo en lo anterior, dijo que la finalización del vínculo laboral obedeció a una causa legal, y no a una “injusta causa como de forma errada concluye el tribunal” y, que la comunicación de fecha 24 de septiembre de 1997, dirigida al accionante, por la cual se le informa la terminación del contrato de trabajo, se sustentó en la Constitución y en la ley, por lo que el despido no puede ser catalogado como injusto.

Agregó que teniendo en cuenta que el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre el Idema y Sintraidema, establece como uno de los requisitos para acceder a la pensión que el despido se diere sin justa causa, el tribunal incurrió en un error, al considerar como tal la decisión de terminación del contrato de trabajo, cuando la misma provino de un mandato legal que dispuso la liquidación de la entidad y, por tanto, la necesidad de desvincular a los trabajadores.

V. Réplica

Refiere que el cargo es “inestimable” como quiera que no se denuncia la violación de la norma sustancial que crea el derecho en disputa, que en el caso de los de origen convencional es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual transcribe apartes de la sentencia CSJ SL, 15 sep. 2004, rad. 22972.

Agrega que aun si en gracia de discusión se superaran las deficiencias técnicas del cargo, la acusación no se edifica sobre las verdaderas conclusiones del tribunal.

De otro lado, señala que tampoco se demuestra que el ad quem haya incurrido en una indebida aplicación de la norma y que, por el contrario, lo que se concluye es que el recurrente simplemente afirma sin el soporte jurídico válido que el tribunal debió aplicar una supuesta justa causa legal de la cual en ningún momento deja establecida su existencia, pues es claro que la ley o la normativa vigente no la contemplan.

VI. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente en la modalidad de interpretación errónea, “los artículos 90 y 150 numeral 7º de la Constitución Política, artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y de la Ley 6ª de 1945, a la cual reglamenta”.

Al sustentar el cargo, el censor refiere que el ad quem entendió que los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, contienen de manera taxativa las justas causas para terminar los contratos de los trabajadores oficiales, por lo cual, ningún otro motivo que no se extraiga de su literalidad puede ser tenido como tal; que la interpretación que hace el tribunal de dicho texto reglamentario sigue los lineamientos jurisprudenciales de esta Sala, que distingue entre “causa o modo legal de terminar un contrato y la causa o modo justo de hacerlo”; que por el primero se entiende “aquella causa legítima en derecho el cierre de las empresas estatales y por ende la desvinculación de sus servidores, legitimación que se adquiere por el hecho de haberse cumplido todos los requisitos establecidos por la ley para la clausura”, y que el segundo se refiere a “aquel que coincide con los supuestos de hecho establecidos, de manera expresa en alguno de los literales de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945”.

Y continúa:

“De esta forma, la calificación de justa o injusta de una causa de terminación de un contrato de un trabajador oficial debe obtenerse no solo del examen de las normas del derecho positivo de la especifica ley que consagra las denominadas justas causas, como es el caso de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, sino del examen de otras fuentes.

En suma, a diferencia de lo entendido por el tribunal (…) el entendimiento que debe hacerse de la normatividad transgredida, atiende a lo siguiente:

(i) No es razonable limitar o entender como taxativas las causales señaladas de manera expresa en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945,

(ii) No es razonable entender que un motivo legal no deba ser concebido como motivo justo para terminar un contrato con un trabajador oficial, y

(iii) El cierre de empresas públicas realizado conforme a los procedimientos legales es un motivo justo de terminación de los vínculos de los servidores con la entidad suprimida, por ser un motivo constitucional y legal, es decir que emerge de la Constitución y la Ley”.

VII. Réplica

Indica que el tribunal no tuvo en cuenta las normas acusadas en este cargo, por lo que desde ningún punto de vista pudo efectuar una interpretación errónea de dichos preceptos. Agrega, que los preceptos constitucionales no pueden en principio fundar una acusación por cuanto no consagran derechos ni imponen obligaciones a las personas.

Afirma que el cargo pretende un entendimiento equivocado al sostenido de manera reiterada por esta Sala en el sentido que si bien la terminación del contrato del demandante tuvo su origen o causa en una norma legal que dispuso la liquidación de la entidad, no se puede catalogar como una justa causa para fenecerlo.

VIII. Consideraciones

Sea lo primero advertir que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, para efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, lo que, de no cumplirse, puede conducir a que el recurso extraordinario fracase.

Además, debe entenderse, como en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito con el que se pretende sustentar la acusación, contiene graves deficiencias técnicas, que comprometen su prosperidad y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, de las cuales basta destacar las siguientes:

1.- El alcance de la impugnación, que constituye el petitum de la demanda de casación, fue propuesto de manera incompleta, toda vez que en él no se le indica a la Corte, una vez casada la sentencia del tribunal y revocada la del juzgado, cuál deberá ser su actuación siguiente, en sede de instancia.

Sin embargo, esa defectuosa presentación del alcance de la impugnación es susceptible de superarse, en la medida en que la Corte entiende que lo que persigue la censura es que una vez quebrada la sentencia del ad quem y revocada la del a quo, se le absuelva de las pretensiones impetradas por el demandante.

2.- Como quiera que resulta evidente que lo pretendido por el actor fue la pensión de jubilación estatuida en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Idema y Sintraidema, y que dicha estipulación fue, en estricto rigor, la que constituyó el fundamento de la decisión impugnada, el censor en el primer cargo debió señalar como violado el Código Sustantivo del Trabajo artículo 467, que da el alcance de fuente de derechos materiales a este tipo de convenios. Sin embargo, dicha disposición brilla por su ausencia en la proposición jurídica de los ataques.

En punto a este requisito ha dicho la Sala:

(…) a pesar de que el derecho reclamado emana de la convención colectiva del trabajo, no incluye en la proposición jurídica la norma legal sustantiva que se refiere a este tipo de fuente normativa, esto es, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el elenco de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición, exigencia que sigue siendo válida aún después de la promulgación del Decreto 2651 de 1991 y de la Ley 446 de 1998, en donde se morigeró mas no se eliminó el requisito consagrado en el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo.

A ese respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, el enlistamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, pero la inobservancia de este último mandato conduce inexorablemente al rechazo de la acusación por no ajustarse a los requisitos formales del recurso extraordinario, que es lo que acontece en esta oportunidad.

No basta, se insiste, que en la proposición jurídica aparezcan relacionadas varias disposiciones, sino que es obligatorio que dentro de las incluidas se encuentre por lo menos una que constituya base esencial del fallo o que haya debido serlo, norma que en el presente caso es la antes anotada, puesto que la controversia procesal gira exclusivamente en torno al alcance de una disposición convencional (CSJ SL, 11 oct. 2001, rad. 16114).

3.- En el primer cargo se relaciona también la violación de la convención colectiva del trabajo, artículo 98, cuando en casación es sabido que corresponde a un medio probatorio y no a una norma sustancial del orden nacional, pues su ámbito de aplicación se circunscribe a quienes en aquel estatuto intervienen.

Al margen de todo lo anterior, debe la Sala reiterar que, pese a ser legal el despido de trabajadores oficiales por la clausura o liquidación de una entidad estatal, esa calificación no implica que la desvinculación del trabajador esté amparada en una justa causa, pues tal motivo no está contemplado dentro de las causales establecidas por el Decreto 2127 de 1945, artículo 48, como “justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo”; sin que exista razón que amerite variar este criterio.

Al respecto, la Sala en sentencia CSJ SL, 2 sep. 2004, rad. 22139, reiterada en la SL10992-2014, SL5052-2014 y CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 43897, entre muchas otras, ha señalado:

Ciertamente el tema de la supresión de cargos con ocasión de la denominada modernización del Estado, como lo acota la parte replicante, ha sido definido por la Corte en el sentido de considerar que la desvinculación contractual del trabajador puede ser legal pero no constituye justa causa. Así se encuentra dicho:

“Frente a lo anterior, se tiene que no obstante que el ad quem admitió que el contrato de trabajo que unió a las partes finalizó ‘por una causa legal’ y que ‘no es justa causa’, concluyó que, dadas las condiciones sui generis creadas por la señalada disposición transitoria de la Constitución y las normas que la desarrollan, no debían aplicarse en este caso los preceptos legales y convencionales reguladores de la desvinculación sin justa causa.

“Sobre esta forma de finalización del vínculo contractual laboral, ya ha tenido oportunidad la Corte de manifestarse al examinar otros casos análogos, para cuya definición ha memorado innumerables pronunciamientos en los cuales ha hecho clara diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, haciendo ver que no siempre el primero obedece a uno de esos determinados motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan ‘justas causas’, como son, en tratándose del trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y no otras, porque a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa forma de denominación.

“Como en los casos anteriores debe la Sala advertir, según lo que viene de expresarse, que cuando se hace referencia al despido sin causa justa, no se excluye al que opera por decisión unilateral del empleador con autorización legal, distinto al previsto por una de las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa. De tal suerte que aun cuando, para el sector oficial, el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 establece los modos de finalización del vínculo laboral, y para el sub examine los decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993 permitieron la supresión del cargo y consiguiente desvinculación, únicamente constituyen justa causa, como ya se expresó, las consagradas en los artículos 16, 48 y 49 del mismo Decreto 2127, aludidas también en el literal g) del citado artículo 47.

Ya la Corte, en procesos similares, ha interpretado que el propósito, entre otros, del artículo transitorio 20 de la Constitución Nacional, es el de reestructurar las entidades de la Rama Ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta del orden nacional, pero ello no significa que la normatividad producida para ese efecto haya derogado, para los trabajadores vinculados a la correspondiente actividad económica, el régimen común de indemnizaciones laborales dentro del cual se encuentra, incluso, la pensión proporcional de jubilación. Vale decir que, en cuanto hace con la Caja Agraria, los Decretos Ejecutivos 2138 del 30 de diciembre de 1992 y 0619 del 30 de marzo de 1993, este último aprobatorio de los acuerdos 895 y 896 del 29 de diciembre de 1992 y 10 de febrero de 1993, respectivamente, emanados de la asamblea general de accionistas de la mencionada entidad, no obstan para que se apliquen la indemnización convencional prevista para el caso de terminación del contrato de trabajo por decisión unilateral de la empleadora, sin justa causa, ni la pensión sanción también consagrada legalmente para la misma eventualidad, con más de diez años de servicio.

Por lo visto, los cargos se desestiman.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente demandada, toda vez que la demanda de casación no salió avante y tuvo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000,oo m/cte.), que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de junio de 2011, en el proceso ordinario adelantado por Dalmiro Ortiz Angulo contra la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».