Sentencia SL16160-2015/48623 de noviembre 24 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16160-2015

Radicación 48623

Acta 42

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. Consideraciones

Tal y como lo señala la oposición, el cargo adolece de serias falencias técnicas que le restan prosperidad. Así, en primer lugar, se acusa la violación de la misma norma, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, a través de dos modalidades de violación diferentes, como la aplicación indebida y la interpretación errónea.

De igual forma, si se entendiera que, en realidad, el querer de la censura está dirigido a denunciar una interpretación errónea del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, luego de asumir que esa es la norma que efectivamente gobierna el derecho reclamado en el proceso y debía ser aplicada, como efectivamente lo fue, el cargo carece totalmente de demostración o desarrollo.

En efecto, en el marco de su acusación, la recurrente se limita a transcribir el texto de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, así como apartes de una decisión emitida por esta corporación el 19 de octubre de 2005, rad. 25829, sin explicar, si quiera en forma somera, los términos bajo los cuales el tribunal habría incurrido en un error de interpretación respecto de las normas sustanciales que sirven de fundamento a los derechos reclamados en el juicio.

En torno a este aspecto, esta Sala de la Corte ha señalado con insistencia que los ataques encaminados por la vía directa, por interpretación errónea, suponen una carga argumentativa para el recurrente, en ejercicio de la cual, cuando menos, es preciso identificar en el texto de la decisión atacada algún ejercicio interpretativo sobre una norma relevante; explicar por qué razones esa intelección es errónea, de acuerdo con las reglas o criterios de interpretación jurídica relevantes; y, finalmente, enseñarle a la Corte cuál es la lectura más adecuada de la disposición y qué relevancia tiene en la confección de la sentencia que se impugna.

Como ya se dijo, la recurrente se limita a realizar transcripciones de normas y a elevar afirmaciones carentes de sentido, como que se le dio prevalencia a una “... norma posterior (que no especifica), prohibida por la Constitución...”, o que su “... pensión de vejez e invalidez sigue siendo menguada...” por una tesis absurda e injusta, cuando en el proceso nunca se discutió la existencia de una pensión de invalidez. La Sala debe reiterar, en ese sentido, que, en el marco del recurso de casación, no basta con enunciar una acusación vacua en contra de la decisión del tribunal, sino que el recurrente tiene la carga de demostrarla sucintamente, a través de argumentos sólidos, concretos y capaces de dar al traste con la presunción de legalidad y acierto con que viene rodeada la providencia impugnada.

Ahora bien, si la Sala ahondara en argumentos para descartar la prosperidad del cargo y concibiera que el tribunal pudo haber entendido inadecuadamente los propósitos del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, al inferir que el reajuste por la elevación de la cotización en salud “... no es tangible o perceptible para el pensionado, sino que este es recaudado directamente por la respectiva EPS, como parte de los aportes que de manera individual le corresponde al jubilado o pensionado...”, de cualquier manera, en sede de instancia, concluiría que no es posible darle prosperidad a las pretensiones de la demanda, como lo pide la recurrente, pues en el expediente obra prueba de que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, reconoció los aludidos reajustes de la mesada pensional.

En efecto, de acuerdo con los documentos obrantes a folios 25 a 32 y 97 a 120, la entidad demandada —SENA— continuó aplicando un descuento para la cotización en salud igual al 4% hasta el mes de marzo de 2002, cuando comenzó a aplicar uno equivalente al 12%. No obstante, de manera simultánea comenzó a incluir dentro de los devengados un rubro denominado “Reajuste pensión a 94”, por valor igual al de la elevación de la cotización en salud, como lo explicó la demandada desde la contestación de la demanda.

Así también lo concluyó válidamente el juzgador de primer grado, al concluir que la “... entidad no está obligada a realizar el reajuste pretendido, dado que si bien mensualmente se le efectúan las deducciones del 12%, al tiempo se le reintegra la diferencia...”

Por último, vale la pena reiterar que no se demostró, durante el curso del proceso, la existencia de alguna deficiencia cierta en la aplicación de los mencionados reajustes, por lo que, se repite, aun si la Corte asumiera que el tribunal incurrió en una interpretación errónea del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que la censura no justifica, de cualquier manera arribaría a la conclusión de que no es procedente ordenar el pago de los reajustes pedidos en la demanda.

Así las cosas, la acusación no puede tener éxito.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente y a favor del Instituto de Seguros Sociales. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000).

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de julio de 2010 por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Fabiola Valencia Arango contra el Instituto de Seguros Sociales y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor del Instituto de Seguros Sociales. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».