Sentencia SL16180-2015/45070 de noviembre 24 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16180-2015

Rad. 45070

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Acta 42

Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. El recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia recurrida, para que constituida la Corte en sede de instancia revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se le absuelva de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló cinco cargos que fueron replicados, los cuales se resolverán en forma separada el segundo, de manera conjunta el primero tercero y cuarto y de modo independiente el quinto. Por razones de método se estudiarán en ese orden.

VI. Segundo cargo

“La sentencia impugnada viola por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969”.

En su desarrollo manifestó que al examinar las consideraciones del sentenciador de segunda instancia relacionadas con la procedencia de la indexación solicitada, determinó que para confirmar la decisión, el Tribunal se apoyó en lo adoctrinado por esta Sala. “entonces, como el fundamento de la decisión impugnada lo fue la jurisprudencia (...) por ese motivo se plantea el cargo por la vía directa y en el concepto de interpretación errónea”.

Y más adelante agregó:

“Por lo tanto, si la pensión reconocida por el Banco al actor, no es de las contempladas expresamente en la Ley 100 de 1993, no procede el reajuste o indexación del salario base liquidación en la forma como lo dispuso el Tribunal, confirmando el fallo de primera instancia, y con fundamento en las decisiones citadas, por lo que resultan erróneamente interpretadas las disposiciones legales relacionadas en el cargo, lo que conlleva a la prosperidad del mismo”.

VII. Réplica

Informó que se persigue por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea el ataque del lineamiento jurisprudencial que sirvió de base para que el Tribunal confirmara la sentencia de primer grado, por lo que al no atacarse una ley sustancial, no podía utilizarse esta vía cuando la queja del recurrente no es otra que el criterio jurisprudencial que adoptó el ad quem, y en forma contradictoria presenta en el cargo un listado de normas sobre las cuales no se infiere la presunta violación de la ley por vía directa en la modalidad de interpretación errónea; que el lineamiento jurisprudencial que se atacar debe ser desestimado de plano, ya que de otra forma se desconocería la técnica de casación.

Adujo que no basta con citar las normas sino que es deber del recurrente demostrar el quebranto de las mismas y específicamente aquellas en que el Tribunal fundó la sentencia, lo cual, aseveró, brilla por su ausencia en el sub lite.

Adicionó que,

Se parte “de una premisa equivocada en la demostración del cargo pues considera inviable la indexación de la primera mesada pensional del actor cuando aduce que la pensión que le fue reconocida no es de aquellas prevista y pertenecientes al sistema general de pensiones, pero abiertamente reconoce que el derecho (...) le fue reconocido en vigencia de dicha normativa, esto es, a partir del 4 de mayo de 1997 por lo que a la luz de los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 resulta procedente la indexación de la primigenia mesada pensional del demandante, y más aún si se tiene en cuenta que la pensión reconocida (...) es de origen legal”.

Expuso que el casacionista busca que se apliquen criterios jurisprudenciales desactualizados para que no se condene por indexación, con cuya posición se desconoce un derecho de rango constitucional que tiene todo pensionado, bien sea que se trate de una pensión legal, extralegal o convencional, “siempre y cuando se haya causado con posterioridad al año 1991 (...)”.

VIII. Consideraciones

Preliminarmente se advierte que no le asiste razón a la réplica cuando asegura que es inviable este sendero de ataque cuando la inconformidad del recurrente surge del criterio jurisprudencial que adoptó el ad quem. Por el contrario, el encausamiento del cargo por parte de la censura es acertado, ya que al fundamentarse el juez de apelaciones en jurisprudencia de esta Sala, lo procedente es endilgar el submotivo de interpretación errónea, como en efecto se hizo.

Aclarado lo anterior y para zanjar lo concerniente a la procedencia o no de la actualización de la primera mesada pensional, cuando de pensiones no contempladas en la Ley 100 de 1993 como la del demandante se trata, debe la Sala reiterar su actual posición en cuanto al derecho que le asiste hoy día a los pensionados de que se les indexe la base salarial de sus prestaciones jubilatorias, con independencia de la fecha de otorgamiento y el tipo de pensión.

No solo en el tema de indexación sino en otros de no menos relevancia, la motivación que ha llevado a la revisión de la jurisprudencia, no ha sido otra que propender por la materialización de los derechos y el reconocimiento de mayores garantías a quienes han contribuido con su fuerza laboral al desarrollo del país, de modo que, acoger una nueva posición sobre determinado tópico indefectiblemente presupone lograr una mejoría en las condiciones actuales del asunto.

La cuestión puntual ha sido copiosamente desarrollada de antaño por la Sala, debido a la enorme preocupación surgida por el impacto negativo que sufre la prestación económica a raíz del fenómeno inflacionario. En ese trasegar, se reconoció en un primer estadio la necesidad de indexar tanto pensiones legales como extralegales, sin hacer diferenciaciones por fecha de reconocimiento. Posteriormente, se asentó que solo era posible tal actualización para las pensiones de jubilación regidas por la Ley 100 de 1993, y descartó de plano las convencionales; después, se aceptó la indexación de asignaciones causadas antes de la aludida ley, pero en vigencia de la Constitución de 1991. A continuación, y con fundamento en los artículos 48 y 53 de la Carta Política, extendió tal derecho a las pensiones extralegales, para más recientemente admitir la indexación de las causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política. Así quedó plasmado el nuevo criterio de esta Corporación en CSJ SL, 16 Oct 2013, Rad. 47709:

“(...)

Si las pensiones de jubilación se ven enfrentadas por igual al mismo fenómeno inflacionario, no existe, a primera vista, una razón o condición derivada de la fecha de su reconocimiento, que autorice un trato desigual, a la hora de adoptar correctivos como la indexación de los salarios tenidos en cuenta para la liquidación. Por lo mismo, para estos efectos, no deberían existir diferenciaciones o categorizaciones de pensionados, que pudieran resultar arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

En ese sentido, imponer una diferenciación, en función de la fecha de reconocimiento de la prestación, para los efectos de corregir los impactos negativos del fenómeno inflacionario, resulta abiertamente contraria al principio de igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969.

Y ello es así porque la discriminación entre grupos de pensionados, que se había generado debido a la posición mantenida por la Sala, no atiende alguna finalidad legítima, que pudiera encontrar respaldo en los principios de la Constitución Política. Tampoco advierte la Sala que esa desigualdad tenga alguna justificación legal, clara y razonable, acomodada a los principios y valores que irradian nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se reduce a una diferencia insostenible e inadecuada entre pensionados que se ven enfrentados a la misma dificultad, y que tiene efectos negativos sobre su derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, como lo prevé el artículo 53 de la Constitución Política.

ii) A pesar de que la Corte ha tenido una preocupación especial por contar con una fuente normativa que legitime la indexación, el hecho de que se disponga respecto de los salarios tenidos en cuenta para liquidar pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de normas como la Constitución Política de 1991 o la Ley 100 de 1993, no implica desconocer abiertamente esa sana previsión, sino reconocer la existencia de otros parámetros normativos anteriores e igualmente válidos, como la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que tienen fuerza normativa, en los términos de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y que, como lo había concluido la Sala en su primigenia jurisprudencia, respaldan plenamente la actualización de las obligaciones dinerarias.

Tras ello, la Corte no hace más que reafirmar que la fuente de la indexación no solo reposa en la ley, sino que también puede encontrar asidero en los principios de la Constitución Política de 1991 (ver sentencias del 20 de abril de 2007, Rad. 29470 y 26 de junio de 2007, Rad. 28452 y del 31 de julio de 2007, Rad. 29022) y, como con anterioridad se había discernido, en principios anteriores a ella como la equidad y la justicia, que han estado presentes durante toda la historia del derecho laboral colombiano y que encuentran pleno respaldo constitucional. La Corte Constitucional ha dicho, en ese sentido, que “(...) la tesis también expuesta en la jurisprudencia laboral y de acuerdo con la cual, en virtud de razones de justicia y equidad, debe disponerse la actualización de las prestaciones económicas, se ubica en el dirección trazada por la Constitución Política y, aun cuando está basada en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, es susceptible de reconducción a los términos previstos en la Carta, porque el artículo 230 superior señala que “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Y ello es así, entre otras, porque la indexación no se impone como una sanción o carga en contra del empleador obligado, que, en respeto del principio de legalidad, necesite de una consagración legal expresa, sino que, como lo había dicho la Sala en su primitiva jurisprudencia, en este caso “(...) el reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino (...) la actualización de su valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda”.

Con tal recuento jurisprudencial se quiere significar que la valoración y ponderación del derecho ha sido orientada por principios de justicia y equidad, así como por postulados de equilibrio social, según el cual los pensionados que padecen un impacto económico desfavorable, tienen derecho a ser restablecidos en condiciones de igualdad, a través de la actualización del salario tenido en cuenta para liquidar su prestación, lo cual constituye un logro para los pensionados, sin importar el tipo de pensión de que se trate, ni si fue antes o después de la Constitución de 1991, por lo que, pensar en contrario, claramente constituiría una regresión en el proceso de humanización del derecho laboral y en la posición combativa que debe asumir la justicia ante las desigualdades humanas.

En tal sentido, con fundamento en el actual discernimiento adoptado por la Sala, no existe razón válida para sostener la imposibilidad de indexar la base salarial tenida en cuenta para pensionar al actor. Así, no incurrió el Tribunal en los desatinos jurídicos que le atribuye el recurrente por ratificar la decisión del a quo, razón suficiente para desestimar el cargo.

IX. Primer cargo

Acusó la sentencia de violar,

“por la vía indirecta, en el concepto de aplicación (sic), el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968; 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969, 1º y 13 de la Ley 33 de 1985 y 29 Superior”.

Aseguró haber llegado el Tribunal a esa violación, como consecuencia de los “manifiestos errores de hecho” originados en la equivocada apreciación de la demanda inicial en cuanto a las confesiones que contiene, y de la resolución de reconocimiento pensional Nº 672 de 2007. Atribuyó tales desaciertos a: i) no dar por demostrado, estándolo, que el Banco Cafetero, en liquidación, indexó el salario base de liquidación pensional y para ello procedió conforme lo tenía enseñado esta Sala en sentencia con radicación Nº 27434 de 30 de marzo de 2006 y, ii) no dar por demostrado, estándolo, que no procedía, nuevamente, indexar el ingreso base de liquidación pensional.

Explicó que el Colegiado no analizó adecuadamente la Resolución 672 de 24 de octubre de 2007, que reconoció la pensión, medio de convicción que acredita que el Banco analizó que el demandante era beneficiario del régimen de transición contenido el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que lo llevó a tener como fundamento de su decisión las instrucciones jurisprudenciales que para esa data había fijado la Corte respecto de la forma como se debía indexar el ingreso base para hallar el valor inicial de la pensión.

Apuntó,

“Saltan a la vista los yerros protuberantes en que incurrió el Tribunal puesto que la Resolución 672 de 2007 establece que la cuantía inicial de la pensión que se otorgó al demandante, se logró teniendo en cuenta los factores salariales que devengó en el último año y una vez conocido el guarismo resultante del promedio mensual, se procedió a indexar conforme las enseñanzas brindadas por la (...) Corte en la decisión del 30 de marzo de 2006, radicación Nº 27434 (...) en una causa en la que fue parte la misma entidad estatal, en consecuencia, esa enseñanza era razón suficiente para haber revocado la sentencia recurrida”.

X. Réplica

Aludió a que el censor sorprendió en la demostración del cargo pues se queja por la no aplicación de la sentencia 27434 del 30 de marzo de 2006, emitida dentro de un proceso en el que fue demandado, con lo que busca la aplicación de una fórmula totalmente revaluada y recogida por esta Corporación, de donde se desprende que la indexación que realizó la accionada con la aplicación de una fórmula replanteada y no prevista en la ley, es muy inferior a la que realmente le correspondía al demandante, cuando inaplicó la prevista en el Decreto 1748 de 1995. Que se observa una desconexión con el ordenamiento jurídico laboral vigente y el desconocimiento de los criterios jurisprudenciales que en la actualidad rigen para la procedencia de la primera mesada pensional, más aun cuando la pensión reconocida al actor es de carácter legal, habiéndose causado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; que la Corte mediante sentencia de 20 de abril de 2007, radicación Nº 29470, recogió su jurisprudencia en lo relativo a la negativa de conceder o indexar la primera mesada pensional.

XI. Tercer cargo

“La sentencia impugnada viola por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985, 27 y 75 del Decreto 3135 de 1968; 68, 73 y 75 del Decreto 1848 de 1969; 19 y 259 del Código sustantivo del Trabajo; 8º de la Ley 153 de 1987; 1º y 11 del Decreto 1748 de 1995 y 53 y 230 de la Constitución Política”.

Indicó que tal modalidad se presenta porque el Juez plural utilizó una fórmula que desatiende el criterio de la Sala en la pluricitada sentencia con radicado Nº 13336 de 30 de noviembre de 2000, “toda vez que la forma de actualizar el salario base de liquidación para quienes teniendo el derecho a la pensión y no hubiesen devengado suma alguna o efectuado cotización con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 es la siguiente: ‘SBC x IPC x Número de días a indexar por año dividido por el número de días contados desde la desvinculación del trabajador hasta el cumplimiento de la edad”.

Y más adelante ilustró sobre la forma como, aseguró, se deben indexar esta clase de pensiones, debe “partir del salario promedio devengado por el trabajador durante el último año de servicio, actualizado año por año, con la variación del IPC, llevado a la fecha en que se consolida la pensión; ese resultado debe ser ponderado, multiplicándolo por el número de días que corresponde a cada salario y dividiéndolo por el que se toma para el Ingreso Base de Liquidación; por último a ese resultado, denominado como S.B.C. se le calcula el 75% y se obtiene el valor de la primera mesada pensional”

XII. Réplica

Declaró que se busca la aplicación de una fórmula de indexación ya revaluada; que no basta con citar las normas en la proposición jurídica sino que es deber del recurrente demostrar el quebranto de las mismas, principalmente de aquellas en que se fundó el juzgador de segundo grado; que esta Sala ha dejado sentado que el recurrente debe identificar los pilares conceptuales que fundamentan la providencia atacada; que el ad quem de forma acertada indexó en legal forma el valor inicial de la pensión del actor tomando para el efecto la fórmula prevista por el Decreto 1748 de 1995, en concordancia con el artículo 178 del CCA y en aplicación de la Sentencia 3122 de 13 de diciembre de 2007 de esta Sala de la Corte.

XIII. Cuarto cargo

Se presenta en los siguientes términos:

“La sentencia impugnada viola por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985; 27 y 75 del Decreto 3135 de 1968; 1º, 68, 73 y 75 del Decreto 1848 de 1969; 19 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º de la Ley 153 de 1987; 1º y 11 del Decreto 1748 de 1995 y 53 y 230 de la Constitución Política”.

Insistió en que el Juez plural aplicó una fórmula diferente y desatendió el criterio de la Sala de Casación Laboral en la sentencia de 13336 de 2000, por lo que afectó las disposiciones relacionadas en el cargo “toda vez que al realizar las operaciones con los criterios técnicos de la sentencia aludida, resulta un valor inferior en cada prestación pensional, al liquidado por el Tribunal, cuando confirmó”. Reiteró que la técnica adecuada para actualizar la primera mesada es la que citó en el cargo anterior.

XIV. Réplica

Manifestó que ya esta Sala revaluó su posición en lo atinente a la negativa de indexar la primera mesada pensional, allanándose con ello a lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias C-862 y C-891 A de 2006 que declararon tal derecho como una garantía que deriva del artículo 53 de la Constitución,

“junto con este viraje jurisprudencial se destaca hoy como un Derecho Nuevo, que la misma Sala de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de casación de noviembre de 2007 Exp 30602 y del 13 de diciembre de 2007, radicación 31222 M.P. Luis Javier Osorio López (enunciadas por el ad quem en su sentencia), y ante los pronunciamientos que en sede de tutela hiciera la Corte Constitucional en las sentencias T-098 DE 2005, T-425 de 2007 y T-815 de 2007 que comunicaban la fórmula que verdaderamente indexa una pensión, se procedió entonces a “recoger” “todo pronunciamiento que resulte contrario con respecto de la fórmula que se hubiere empleado en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional (...)”.

A continuación practicó la indexación conforme al artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, “que establece la fórmula para actualizar un valor monetario desde una fecha cualquiera a otra, para tal operación se multiplica el valor a actualizar por el índice final y se divide por el índice inicial quedando así (...) para el caso concreto:

F1SL16180
 

Valor al que se debe sacar el 75% para conocer la mesada inicial. Operación aritmética:

$1.540.567 x 75% = $ 1.155.425,00

Y concluyó que el monto inicial de la pensión del actor corresponde a la suma de $ 1.155.425,00, tal como lo determinaron los falladores de instancia, por lo que se opuso a la prosperidad del cargo.

XV. Consideraciones

Se acude a la integración de los cargos por virtud de la identidad de normas que conforman la proposición jurídica y del desarrollo argumentativo común a las tres acusaciones en torno a la fórmula que ha debido tenerse en cuenta para indexar la primera mesada pensional de Calderón Cárdenas.

Así es, a pesar de que el primer ataque incursiona en el terreno fáctico, en tanto se le atribuyen al Colegiado errores de hecho provenientes del presunto desacierto en la apreciación de la demanda y de la resolución de reconocimiento de la pensión, los que dan cuenta de que vía administrativa la entidad bancaria indexó la primigenia mesada al actor conforme a los lineamientos jurisprudenciales vigentes para la época, los cargos posteriores también reprochan, aunque jurídicamente, la fórmula empleada por el ad quem para la mencionada actualización, pues, a juicio del inconforme, al inobservarse los derroteros fijados en la sentencia con radicado Nº 13336 de 2000, en la que se apoyó la entidad bancaria al otorgar la prestación, el Tribunal determinó como primera mesada pensional del demandante, un monto mucho mayor al que realmente le correspondía.

Pues bien, prima facie debe asentarse que la circunstancia según la cual el Banco, ante la reclamación de pensión de Liborio Calderón Cárdenas, al concedérsela con Resolución 672 de 24 de octubre de 2007, actualizó el valor del ingreso base de liquidación de acuerdo al método que para esa data tenía establecido la jurisprudencia de esta Sala, en nada limitaba la potestad del demandante de buscar de la justicia laboral la revisión de tal actualización, si es que consideraba que la posición adoptada por la entidad no era eficaz, de cara a la naturaleza y fin de la figura de la indexación, o distaba de los logros que sobre el particular han alcanzado los jubilados por los avances jurisprudenciales sobre la materia.

Justo por ello, no le asiste razón al recurrente en cuanto a los errores que atribuye al Colegiado consistentes en no dar por demostrado que la entidad indexó el salario base de liquidación pensional, y que por ello no procedía, “nuevamente”, indexar tal ingreso.

Sobre el punto, en pronunciamiento CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 43826, esta Sala expresó:

“(...).

Con todo, es de advertir, que la mera remembranza de las posturas jurisprudenciales que haya, en ocasiones pretéritas acogido la Sala, no se erige en argumento suficiente para atribuir erróneas interpretaciones a las visiones u ópticas contemporáneas, ya que, si así fuera, bastaría con que, cada vez que se asuma una considerada como, v.gr. “más favorable” a algún sector, entonces el afectado recurriera a invocar la anterior posición que otrora lo favorecía.

(...)”.

Para ahondar en motivos, pueden tenerse en cuenta las disquisiciones contenidas en las sentencias CSJ SL, 13 dic. 2007, rads 30602 y 31222, así como en la CSJ SL, 24 ene. 2008, rad 32002.

Bajo tal estructura, no desacertó el Tribunal al acoger la fórmula aplicada por el Juzgado, pues corresponde a la que está vigente y le es mucho más favorable al ex trabajador que la otrora establecida en la sentencia radicada bajo el Nº 13336 de 2000.

Por lo anterior, los cargos no prosperan.

XV. Quinto cargo

“La sentencia impugnada viola por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 36 y141 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y el artículo 27 del Decreto Ley 3131 de 1968”.

Clarificó no discutir que el Banco Cafetero en liquidación está obligado a la indexación de la base salarial para el reconocimiento de la pensión de jubilación en la forma solicitada por Calderón Cárdena, no obstante, dijo, no es procedente la condena por intereses moratorios como lo dispuso el Tribunal.

Expuso que la Colegiatura para condenar al pago de los intereses moratorios, pasó por alto que al demandante no se le debía aplicar el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, sino el consagrado en la Ley 33 de 1985, puesto que se desvinculó del Banco Cafetero en Liquidación el 1º de noviembre de 1993, es decir, su pensión de jubilación está gobernada por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y por el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968.

Adicionó,

“Por lo tanto, al considerar (...) que al demandante le es aplicable el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, incurre en la aplicación indebida del artículo 36 de dicho ordenamiento legal, pues esta disposición expresa que al cumplirse con los requisitos en ella señalados, la prestación será la establecida en el régimen anterior al cual se encontraba afiliado el actor y el régimen anterior a que hace alusión la Ley 100 de 1993, no es otro que el previsto en el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968 y en la Ley 33 de 1985”.

Que también se aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque se impuso una condena “improcedente” por intereses moratorios, los cuales no están previstos en el régimen legal aplicable a un trabajador oficial que de acuerdo con el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1968 y la Ley 33 de 1985 goza de la pensión de jubilación que consagra dichas normas y por tanto es beneficiario de un régimen de transición específico para dicho evento.

Citó apartes de sentencias de esta Sala en las que se preceptuó que los intereses de mora se causan exclusivamente en el caso de mora en el pago de mesadas pensionales de que trata la Ley 100 de 1993.

Añadió que en sentencia radicada bajo el Nº 33365 de 15 de abril de 2008, la Corte reiteró su posición respecto de la improcedencia de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para las prestaciones pensionales surgidas del régimen de transición de pensiones.

XVI. Réplica

Ostentó que el pago de los intereses respecto de las mesadas insolutas adeudadas a un pensionado no solo procede respecto de las pensiones que regulan la Ley 100 de 1993, sino de toda clase de pensiones de carácter legal y convencional, “cuestión diferente es que la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, resulta procedente para las pensiones que hayan sido otorgadas con posterioridad al 1 de enero de 1994, como efectivamente ocurre en el presente caso”; que no es cierto que la entidad no haya incurrido en mora en el pago de las mesas al actor, pues siendo conocedora de la obligación de indexar la asignación del convocante del juicio, se ha negado arbitrariamente a hacerlo, con lo que le ha causado graves perjuicios que solo pueden resarcirse con el pago de intereses.

Relató que la demandada le reconoció la prestación jubilatoria a Calderón Cárdenas tomando como base un salario devaluado, es decir, sin indexación, y como quiera que para la fecha en que se la otorgó ya se encontraba vigente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el mismo es aplicable al caso, pues el objeto de tal disposición es garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

XVII. Consideraciones

Tiene razón la demandada recurrente en el reproche que le hace a la sentencia impugnada, en relación con el tema de los intereses a que fue condenada, habida consideración que la pensión que le fue reconocida al actor no es de aquellas que se conceden con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, que los consagra, sino que proviene de la aplicación de la Ley 33 de 1985.

Esta Sala de la Corte desde la sentencia 28 de noviembre de 2002, radicado 18.273, fijó el criterio mayoritario que no ha variado, reiterado entre otras en sentencias del 2 de diciembre de 2004, radicación 23725 y en las del 18 de mayo, 26 de septiembre y 3 de octubre de 2006, y 30325 del 24 de mayo de 2007, radicaciones 28088, 27316, 29116 y 30325, respectivamente, donde concluyó que para esta clase de pensiones no proceden los intereses moratorios implorados, salvo las pensiones en transición a cargo del Instituto de Seguros Sociales en el régimen de prima media con prestación definida. Desde aquella oportunidad se viene adoctrinando:

“(...) para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.

Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante..., no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal Ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”.

Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”(...)”.

Por consiguiente, el cargo prospera, y habrá de casarse la sentencia en el aspecto al cual se concreta.

En sede de instancia y con base en las mismas consideraciones que se han dejado consignadas para despachar este último cargo, se confirmará la sentencia del juez de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada de los intereses moratorios pretendidos en el escrito de demanda.

Sin costas en el recurso extraordinario, por cuanto prosperó en forma parcial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de dieciséis (16) de octubre de dos mil nueve (2009), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que Liborio Calderón Cárdenas le promovió al Banco Cafetero S.A. En Liquidación, en cuanto revocó la absolución que el a quo había impartido respecto de los intereses moratorios, para en su lugar, condenar por dicho concepto.

En sede de instancia, SE CONFIRMA la sentencia de 9 de febrero de 2009, dictada por el juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió al Banco Cafetero S.A. En Liquidación, del pago de intereses moratorios.

Costas como se expresó en las consideraciones.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».