Sentencia SL16268-2014/45265 de noviembre 26 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16268-2014

Rad.: 45265

Acta 42

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá D.C., veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por las demandantes, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudiarán conjuntamente por cuanto denuncian la violación de similar elenco normativo, se sirven de argumentos complementarios y persiguen el mismo fin.

VI. Cargo primero

Acusa la Sentencia del tribunal de “incurrir en la causal primera de casación al violar ley sustancial del orden nacional, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, que trajo como consecuencia la aplicación indebida del artículo 357, numeral segundo del Código Sustantivo de Trabajo, lo que llevó al juzgador a determinar las (sic) organización sindical ATAS estaba igualmente autorizada para firmar acuerdo de condiciones laborales eliminando convención colectiva de otra organización sindical”.

En la demostración aduce el censor que el tribunal se equivocó al concluir que la representación de la organización sindical denominada ATAS era suficiente para desconocer los derechos laborales de las demandantes, consagrados en la convención colectiva de trabajo suscrita con el sindicato ANTHOC y que la demandada había obrado conforme a derecho al celebrar el acuerdo de condiciones laborales; que mediante la Ley 550 de 1999 se adoptaron unas normas especialísimas que regulaban el trámite de los procesos de reestructuración de las empresas, en cuyo artículo 42 se establecieron unas reglas claras y precisas para la representación de sindicatos; que tales procesos de reestructuración empresarial no son de índole laboral; que el desacierto del ad quem lo llevó a manifestar que era legítima la representación del sindicato ATAS al haber suscrito el “acuerdo de condiciones laborales de Shaio”, con el que se borraron los derechos extralegales consagrados en la convención colectiva de trabajo que suscribió el sindicato ANTHOC y de paso se desconocieron los derechos de la parte recurrente, al darle validez a ese acuerdo y aplicarlo a las demandantes por haber sido suscrito por el sindicato mayoritario.

VII. Cargo segundo

Acusa la sentencia impugnada “de incurrir en la causal primera de casación por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 6º del Decreto 63 de 2002, norma que reglamentó el artículo 42 de la Ley 550 de 1999. Error que trajo como consecuencia la interpretación errónea del artículo 42 de la Ley 550 de 1999 y la aplicación indebida del articulo 357 numeral segundo del Código Sustantivo de Trabajo”.

En el desarrollo argumenta la censura que la errónea interpretación del artículo 6º del Decreto 63 de 2002, llevó al tribunal a validar el convenio celebrado por una sola de las organizaciones sindicales, cuando la norma exige que en el evento de existir más de una organización sindical, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que éstos, de común acuerdo, decidan que solo uno de ellos los represente; que al ser clara la norma no le es dado al juzgador hacer una interpretación que no se corresponde con su exégesis; que dicha interpretación errónea llevó al tribunal a aplicar indebidamente el artículo 357, numeral 2º, del Código Sustantivo del Trabajo y de paso permitió que actas extra convencionales modificaran convenciones colectivas de trabajo, “borrando derechos convencionales en detrimento de los trabajadores”.

VIII. Réplica conjunta a los cargos

Presenta oposición al cargo. Aduce que la censura plantea un alcance de la impugnación deficiente, por cuanto no se sabe “qué quiere el censor respecto de las pretensiones declarativas y qué, respecto a las condenatorias”; que el censor omitió acusar la violación de varias normas necesarias para integrar la proposición jurídica y, por ende, se torna desestimable el cargo; que la jurisprudencia debe ser parte integrante del cargo cuando se elige la vía directa en el concepto de errónea interpretación y de ello no se ocupó el impugnante. En cuanto al primer cargo, señala que se exhibe contradictorio por cuanto a pesar de estar encauzado por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, se critica la forma como se atribuyó al sindicato mayoritario la facultad de representación de todos los trabajadores para la suscripción del “Convenio de condiciones laborales temporales”, lo que a su juicio envuelve un desarrollo fáctico; que el censor no logra concretar de qué manera interpretó erróneamente el tribunal los preceptos mencionados en los cargos y tampoco señala cuál es la hermenéutica correcta que debe hacerse de esas preceptivas. Termina diciendo que el artículo 42 de la Ley 550 de 1999 creó la posibilidad jurídica de suspender temporalmente los efectos de la convención colectiva de trabajo y del laudo arbitral; que dicha norma fue declarada ajustada a la Carta Política por parte de la Corte Constitucional, “con una salvedad en punto a pactos colectivos”. En su apoyo transcribe apartes de la Sentencia C-1319 de 2000.

IX. Consideraciones

No son de recibo los reparos de orden técnico que le hace el opositor a la demanda con la que se sustenta el recurso extraordinario, pues para la Corte resulta claro qué es lo que se busca de la Sala tanto en sede de casación como en sede de instancia.

Con relación a los reparos que se le hacen a la proposición jurídica, debe precisarse que con las normas indicadas por el censor en cada uno de los cargos, se cumple a cabalidad con la exigencia del artículo 51 numeral 1º del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente con el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, cual es la enunciación de cualquiera de los preceptos legales sustantivos del orden nacional que constituyen base esencial del fallo impugnado o que, a juicio del censor, debieron serlo.

De otro lado, sobre la supuesta contradicción entre la vía directa escogida por el recurrente y la alusión a aspectos fácticos en su desarrollo, se observa que el soporte esencial de la sentencia recurrida tiene un componente netamente jurídico, en cuanto que el aspecto a dilucidar gira en torno a establecer si el acuerdo de condiciones laborales especiales es extensivo a todos los trabajadores de la demandada, inclusive a los que no pertenecían a la organización sindical que lo suscribió, quienes hacían parte de otro sindicato minoritario, por lo que resulta apropiada la vía directa de ataque seleccionada.

Superado lo anterior, debe decirse que, dada la vía de ataque escogida, no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, tales como que mediante Resolución 00044 de 2003, el otrora Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorizó el convenio de condiciones laborales temporales suscrito entre la demandada y la organización sindical denominada Asociación de Trabajadores Amigos de la Fundación Abood Shaio.

En estas condiciones, estima la Sala que el tema puntual que genera controversia en el recurso, se circunscribe a determinar si el tribunal se equivocó al validar la aplicación extensiva del referido acuerdo de condiciones laborales especiales celebrado con la organización sindical mayoritaria —ATAS—, dentro del proceso de reestructuración empresarial, a todos los trabajadores de la fundación, incluidos los pertenecientes a otras organizaciones sindicales minoritarias.

Para darle respuesta a los cargos formulados, es suficiente con señalar que esta Sala de la Corte, en decisiones anteriores proferidas en casos en los que ha fungido como demandada la misma fundación que hoy ostenta esa calidad, y en donde la controversia era igual a la que es objeto de estudio en esta oportunidad, tiene fijado su criterio en el sentido de que los convenios temporales en los que se establecen condiciones laborales especiales celebrados en virtud de la Ley 550 de 1999, suscritos en vigencia del Decreto 63 de 2002 con un sindicato mayoritario, obligan únicamente a los afiliados a la organización sindical, a menos que éste obtenga la representación de las otras organizaciones o de los trabajadores no sindicalizados.

Así, en la Sentencia CSJ SL 4109-2014, en la que se reiteró lo dicho en las CSJ SL 995-2014, CSJ SL810-2013 y CSJ SL 915-2013, adoctrinó:

En primer lugar, resulta pertinente recordar que la finalidad de la Ley 550 de 1999 fue la de crear mecanismos que evitaran la masiva liquidación de empresas y, por el contrario, permitieran su intervención económica, recuperación y reactivación financiera. En desarrollo de tal propósito, se concibieron los denominados acuerdos de reestructuración, cuya puesta en práctica permitía que las empresas y sus acreedores negociaran las condiciones (prelación, plazos, montos, etc.) en que serían cubiertas las obligaciones pendientes, dentro de estas, las relativas a los derechos laborales.

En este sentido, el artículo 42 de la Ley 550 de 1999 reguló lo atinente a la “concertación de condiciones Laborales temporales especiales”, con la posibilidad de que, dentro de los acuerdos de reestructuración, se incluyan convenios temporales que posibilitaran la suspensión de prerrogativas laborales, aunque sin perjuicio de los derechos mínimos contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo.

Su tenor literal establece:

“ART. 42.—Concertación de condiciones laborales temporales especiales. —aparte tachado inexequible— Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos, contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.

La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma.

El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley” (texto tachado fue declarado inexequible).

Al estudiar la exequibilidad del precitado artículo, la H. Corte Constitucional en Sentencia C- 1319 de 2000 concluyó que no resultaba contrario a la Carta Política la inclusión de convenios temporales que suspendieran o redujeran temporalmente beneficios laborales aunque los mismos hubiesen sido reconocidos en convenciones colectivas. No obstante, en relación con la representación sindical, afirmó que el convenio de condiciones laborales especiales debía concertarse con el sindicato que legalmente representara los intereses de los trabajadores y atendiendo la normatividad que sobre esa materia se encontraba vigente para el momento.

En atención a lo anterior, es necesario entonces, entrar a definir el conjunto de normas relativas a la representación sindical que en el sub examine resultan aplicables. Para ello debe tenerse en cuenta el momento para el cual se celebró el convenio, con el fin de determinar, si se adelantó en vigencia del artículo 357 Código Sustantivo del Trabajo, —subrogado por el D.L. 2351/65, art. 26— y antes de que comenzara a regir el Decreto 63 del 2002 (reglamentario del art. 42 de la L. 550/99), o si, por el contrario, se efectuó con posterioridad a dicha reglamentación.

Al revisar el plenario, se encontró que no es objeto de discusión y, por el contrario, fue aceptado en la contestación de la demanda inicial que el 18 de diciembre de 2002 se suscribió entre la Fundación Abood Shaio y Organización Sindical mayoritaria ATAS —Asociación de Trabajadores Amigos de la Shaio—, el convenio de condiciones laborales temporales especiales, aprobado por el Ministerio del Trabajo. Se sigue, por tanto, que el convenio, cuyo campo de aplicación está en discusión, se celebró en vigencia del Decreto 63 del 2002 (reglamentario del art. 42 de la L. 550/99), esto es con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial 44.686, el 24 de enero de 2002.

Ahora bien, el artículo 6º del Decreto en mención, definió expresamente la representación de los trabajadores para la concertación de condiciones laborales temporales dentro de los acuerdos de reestructuración. A continuación se transcribe su tenor literal:

“ART. 6º—Representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores sindicalizados corresponderá al sindicato al cual estos pertenezcan.

En el evento de que exista más de una organización sindical, la representación de los trabajadores corresponderá a cada uno de los sindicatos, sin perjuicio de que estos, de común acuerdo, decidan que sólo uno de ellos los represente.

Cuando existan trabajadores no sindicalizados, el convenio laboral temporal especial será sometido a consideración de cada uno de ellos, quienes en forma individual podrán adoptarlo”.

Se extrae por ende que, en el evento en que coexistan varios sindicatos, al concertar condiciones laborales especiales en desarrollo de un acuerdo de reestructuración, la representación corresponde a cada uno de ellos, con independencia de que exista una organización mayoritaria. Lo anterior, no obstante sin perjuicio que, de común acuerdo, estos decidan que sólo una de las organizaciones ejerza su representación.

En sentencias CSJ SL810-2013, CSJ SL 915-2013, esta Sala estudió y decidió demandas de idénticas condiciones contra la fundación. En la primera de estas indicó:

“(…) De conformidad con lo explicado en precedencia, los —acuerdos de restructuración— que incluyan convenios laborales temporales, se deben celebrar con el sindicato que legalmente represente a los trabajadores sindicalizados, lo cual si acontece en vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 357, subrogado por el D.L. 2351/1965 artículo 26-2 y antes de la reglamentación consagrada en el D. 63/2002 artículo 6º, será el sindicato mayoritario; pero si se produce en vigencia de esta última normativa y cuando en la empresa exista más de una organización sindical, cada una representara a sus afiliados, lo cual está acorde con lo decidido en la sentencia de inexequibilidad C-063 del 30 de enero de 2008 ya reseñada.

“En efecto, a partir de la expedición de la norma especial aplicable para definir la representación de los trabajadores en esta clase de acuerdos de reestructuración que involucran convenios laborales temporales especiales, valga decir, el citado D. 63/2002 artículo 6º que reguló expresamente la situación de la existencia de varios sindicatos, es claro que cada uno de ellos ejerce su propia representación, salvo que éstos decidan de común acuerdo que uno solo de ellos lleve la representación de todos. Y ello con independencia de que exista un sindicato mayoritario.

“De tal modo que un acuerdo de esta naturaleza celebrado entre un sindicato mayoritario y una empresa en restructuración económica, en vigencia de dicho precepto legal —que se repite es de carácter especial y plenamente aplicable en estos casos—, obliga únicamente a sus afiliados. Y ese u otro cualquiera de los sindicatos podría celebrar un acuerdo de esa naturaleza, vinculante para trabajadores no afiliados a él, solamente cuando tal organización sindical obtenga la representación de otro u otros sindicatos coexistentes. Igualmente, podría cobijar a los trabajadores no sindicalizados, si ellos individualmente aceptan adoptar tal convenio.

“A diferencia de la “negociación colectiva” que se desarrolla de manera ordinaria, en la que una convención colectiva de trabajo celebrada con un sindicato mayoritario se extiende a todos los trabajadores de la empresa sean o no sindicalizados, los denominados “convenios de condiciones laborales temporales y especiales”, a los cuales se llega por una situación extraordinaria de crisis de la empresa, no es posible aplicarlos por extensión a los trabajadores pertenecientes a otras organizaciones sindicales, por cuanto debe primar la regulación especial contenida en el (…) mencionado D. 63/2002, artículo 6º en materia de representación, máxime que en esos acuerdos o convenios lo que se busca es suspender total o parcialmente prerrogativas laborales que excedan el mínimo legal, lo cual no puede afectar a los minoritarios que no participen en la concertación de esas condiciones temporales o transitorias.

“Mucho menos es factible imponer tal convenio a los trabajadores no sindicalizados, ya que es sabido que ellos no pueden estar representados por ningún sindicato, menos aun cuando se están beneficiando de un pacto colectivo. Por ello la Corte Constitucional, como atrás se reseñó, en la Sentencia C1319/2000 al declarar inexequibles algunas expresiones del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, dejó claro que para que a éstos trabajadores se les aplique el “convenio de condiciones laborales temporales y especiales”, se requerirá que cada uno de ellos lo adopte o acepte”.

De conformidad con lo expuesto y atendiendo que se tiene por cierto y demostrado que los demandantes pertenecían a la organización sindical ANTHOC, que a la organización sindical ATAS no se le habían otorgado facultades para representar a los demás sindicatos en la concertación del convenio de condiciones laborales celebrado el 18 de diciembre de 2002, y que, por el contrario, ANTHOC y sus afiliados habían expresado su inconformidad en que le fuera aplicado el convenio; se concluye que el tribunal cometió los yerros endilgados, al no tener en cuenta que, en la celebración del acuerdo de reestructuración empresarial —Ley 550 de 1999—, es preciso atender a lo reglado por el artículo 6º del Decreto Reglamentario en materia de representación sindical. Por el contrario, equivocadamente estimó que al acuerdo cuestionado sí se le podía dar aplicación extensiva a todos los trabajadores de la empresa así no estuvieran afiliados a ATAS, pues, en realidad no todos los trabajadores se encontraban legalmente representados por el citado sindicato que participó en su negociación.

De igual forma, el ad quem erró al confirmar que el convenio concertado con la organización sindical mayoritaria —ATAS—, tenía la virtualidad de suspender prerrogativas que los trabajadores afiliados a la organización ANTHOC venían gozando en razón a convenciones colectivas y laudos arbitrales suscritos con anterioridad.

En consecuencia, le asiste razón a la parte recurrente al pretender el pago de las acreencias legales y extralegales que se le venían reconociendo pero que a fuerza del convenio en cuestión, le fueron suspendidas.

Como se observa, esta corporación es del criterio de que en vigencia del Decreto 63 de 2002, en aquellos casos en que coexistan varios sindicatos, al concertar condiciones laborales especiales en desarrollo de un acuerdo de reestructuración, la representación corresponde a cada uno de ellos, con independencia de que exista una organización mayoritaria.

Por lo visto, los cargos prosperan.

Para efectos de emitir la decisión de instancia que corresponda y para mejor proveer, se hace necesario determinar si frente a la inaplicación del convenio de condiciones laborales temporales especiales celebrado el 18 de diciembre de 2002 con el sindicato mayoritario ATAS, el cual no surte efectos respecto de los afiliados de la organización sindical minoritaria ANTHOC, tal como se definió en sede de casación, se generan o no las diferencias salariales o prestacionales e indemnizaciones en los términos reclamados. Es por ello y para mejor proveer, que se dispondrá oficiar a la entidad demandada para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y pagado a las accionantes por concepto de salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivo de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se expida la certificación, especificando el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se remita copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, pagadas a las demandantes cuya relación laboral no se encuentra vigente.

3. Se envíen las constancias de entrega de las dotaciones legales y extralegales a las actoras desde el año 1999 hasta la fecha, así como cualquier compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino por ese mismo lapso.

4. Se certifique lo sufragado a cada demandante por trabajo dominical y festivo desde el año 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

No se causaron costas en casación dada la prosperidad del recurso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Julieta Díaz Hernández, Soledad Alfonso Contreras, Natividad del Rosario Jiménez Hernández, Marleny González Gutiérrez, María del Tránsito Aponte Moreno y María Cristina Amaya Arévalo contra la Fundación Abood Shaio.

Para mejor proveer, se dispone oficiar a la entidad demandada para que en un término de quince (15) días remita con destino al proceso la siguiente información o documentación:

1. Se certifique lo devengado y pagado a las accionantes por concepto de salario básico, prestaciones legales (cesantías —ya sea anticipos, consignación a los fondos o pagos definitivos—, intereses sobre la cesantía, primas de servicios y vacaciones), prestaciones extralegales (bonificación de semana santa, prima de vacaciones, prima extralegal de servicios, incentivo de vacaciones, permisos remunerados), desde el año 1999 hasta la fecha en que se expida la certificación, especificando el salario base de liquidación tomado por la fundación.

2. Se remita copia de las liquidaciones finales o definitivas de prestaciones sociales y demás derechos laborales, pagadas a las demandantes cuya relación laboral no se encuentra vigente.

3. Se envíen las constancias de entrega de las dotaciones legales y extralegales a las actoras desde el año 1999 hasta la fecha, así como cualquier compensación en dinero efectuada por salario en especie y casino por ese mismo lapso.

4. Se certifique lo sufragado a cada demandante por trabajo dominical y festivo desde el año 1999 hasta la fecha de expedición de la certificación.

Cumplido lo anterior y vencido el término de que trata el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por remisión analógica, vuelva el proceso al despacho para proferir la sentencia de reemplazo.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».