Sentencia SL16280-2014 de noviembre 26 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16280-2014

Rad. 45523

Acta 42

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Se pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto en el ordinal segundo modificó el “numeral primero” del fallo del a quo, y, en su lugar, condenó al club a pagar al actor $ 183.333.33 diarios desde el 16 de mayo de 2004 y hasta el 14 de enero de 2008.

Para que, en sede de instancia, una vez casada la sentencia en el punto antes señalado, revoque el numeral 3º del ordinal primero de la parte resolutiva del fallo del a quo, en cuanto condenó al club por indemnización moratoria a razón de $ 183.333.33 desde el 16 de mayo de 2004 hasta que se produjera el pago ejecutivo de los salarios. En su lugar, absuelva al demandado de la pretensión de pago de la indemnización moratoria.

Con tal propósito formula cuatro cargos que fueron objeto de réplica. Se estudiaran conjuntamente los dos primeros, por valerse de argumentos y normas similares, referentes a la conclusión del ad quem consistente en que la demandada no probó que su incumplimiento fue de buena fe; seguidamente, de la misma manera, el tercero y el cuarto, por invocar las mismas normas y argumentos en su demostración, para poner en entredicho la aplicación del artículo 65 original del Código Sustantivo del Trabajo, sustento del fallo impugnado.

VI. Cargo primero

Según el recurrente, la sentencia objeto de la acusación violó por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en relación con los artículos 19, 56, 57-4, 127, 186, 189 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado el último artículo por el 14 del Decreto 2351 de 1965; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10º, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 42 de la Ley 550 de 1999, 20 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 7º de la Ley 797 de 2003 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 18 de la Ley 50 de 1990.

Supuestamente el tribunal incurrió en el siguiente error de hecho evidente:

No dar por demostrado, estándolo, que el club actuó con buena fe exenta de culpa, sin intención de causar perjuicio al trabajador Jaramillo Sánchez, en el pago de los salarios de marzo al 16 de mayo de 2004.

Pruebas valoradas erróneamente, según la censura:

1. La pieza procesal de folios 146 y 147.

2. El oficio del 14 de agosto de 2008 que suscribe el promotor del acuerdo de restructuración (fls. 148 y 108).

3. Confesión del representante legal del Club Deportivo Los Millonarios. (Fls. 112-115 y 117-121).

4. Pieza procesal de folio 155.

5. La demanda inicial (fls. 2-13).

Precisa el recurrente que, si bien el tribunal fue lacónico al referirse al tema de la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo vigente, en la forma como se expresó, se parte del supuesto que apreció los medios probatorios aportados y decretados, pero que, al final, no encontró ningún elemento eximente de la indemnización moratoria. Por ello, se acusan tales probanzas como examinadas equivocadamente.

Demostración del cargo

Conforme al alcance de la impugnación, reitera que el ataque se circunscribe a la condena que por indemnización moratoria modificó el Tribunal Superior de Bogotá con la limitación de que su pago se hará hasta el 14 de enero de 2008.

Refiere que, para confirmar la condena por la sanción moratoria infringida por el sentenciador de primer grado, con la modificación que le introdujo, el fallador de alzada adujo los siguientes argumentos:

1. que no se acreditó elemento subjetivo de esta índole que pudiera eximir al club del reconocimiento de dicha sanción, y

2. que, si bien el demandado estaba sujeto a un acuerdo de reestructuración y podía concertarse suspensión de prerrogativas, no era viable al acuerdo erigirse como herramienta de vulneración de derechos, como ocurrió en el presente asunto en que lo dejado de pagar eran los salarios.

En ese orden, afirma la censura, el tribunal incurrió en el desatino señalado, al no dar por demostrado, estándolo, que el club convocado a juicio actuó de buena fe, sin intención de causar perjuicio al actor, al presentarse el retardo en el pago de los salarios.

La censura defiende que los elementos probatorios singularizados, arrojan:

Al punto del acuerdo de estructuración, objeta que, si bien el tribunal admitió que el club estaba sujeto a las disposiciones de tal pacto de reestructuración, pudiendo concertarse convenios para suspender total o parcialmente las prerrogativas económicas, tratándose de los salarios, tales acuerdos no era posible blandirlos.

Señala el recurrente que el tribunal se contradice al admitir, por una parte, que es posible acordar suspender el pago de acreencias económicas, más no de los salarios, pues estima que precisamente el acuerdo de reestructuración lo que permite es, como lo infiere el tribunal, que las partes, empresa y acreedores, pacten la suspensión total o parcial de los créditos o acreencias económicas mientras el deudor logre estabilizarse. Por consiguiente, considera que la lectura que el tribunal le dio al “Acuerdo de estructuración” es equivocada, pues, en ausencia del texto del acuerdo, no era factible tal inferencia y las demás probanzas no dicen, por parte alguna, que no es posible suspender pago de salarios.

En cuanto a la pieza procesal de folios 146 y 147 del expediente, dice que, aunque no la referenció expresamente el tribunal, esta acredita que no se habían vencido los plazos acordados con los acreedores y que, en cumplimiento de tal acuerdo, se le pagó al actor el valor adeudado en cuantía de $ 13.323.467.00.

Manifiesta que respalda tal aserción el documento de folio 148 que corresponde a la comunicación fechada el 14 de agosto de 2008, en Bogotá, por el cual el promotor elegido para la negociación del acuerdo de reestructuración de las obligaciones a cargo del Club Los Millonarios certificó: 1. Los acreedores aprobaron el 15 de abril de 2005, el acuerdo de reestructuración de las obligaciones a cargo del club; 2. el acuerdo se modificó parcialmente el 8 de octubre de 2005; 3. dentro de los acreedores estaba el demandante Jaramillo Sánchez; 4. el 11 de enero de 2008 se le pagó a Jaramillo Sánchez, la totalidad de la obligación; y 5. el acuerdo se encontraba vigente y en ejecución.

El impugnante parte de que el tribunal valoró tal probanza, aunque este no la singularizó, que acredita que el actor aprobó el acuerdo de reestructuración, al igual que su modificación, y que el Club Deportivo Los Millonarios le pagó al demandante la totalidad de la obligación dentro de su vigencia y ejecución, es decir dentro de lo acordado por los acreedores, entre ellos el demandante Jaramillo Sánchez. Así deduce que el error del tribunal consistió en no dar por acreditada la buena fe del club, pues, a pesar de admitir que estaba en reestructuración, no atendió que tal documento del folio 148 certificaba que Jaramillo había aprobado el acuerdo de reestructuración.

Insiste en que el tribunal incurrió en yerro, al inferir que no era posible acordar suspensión del pago de salarios, cuando el documento recibido acredita que Jaramillo Sánchez aprobó los términos del acuerdo de reestructuración incluida su modificación.

Considera que ratifica el hecho de que el actor Jaramillo Sánchez aprobó los términos del acuerdo de reestructuración del Club Deportivo Los Millonarios, la confesión del representante legal, cuando, al absolver interrogatorio de parte, admitió que era cierto que el club le debía a Jaramillo Sánchez los sueldos de marzo a 18 de mayo de 2004, pero que, a renglón seguido, el absolvente aclaró que todo se originó en que, ante el cese de pagos, el club ingresó al acuerdo de reestructuración conforme a la Ley 550 de 1999, lista de acreedores en la que figuraba el demandante Jaramillo Sánchez en cuantía de $ 11.846.939.00.

Si se parte de que el tribunal infirió que no encontró ningún elemento para exonerar de la indemnización moratoria, es decir, que revisados los elementos probatorios ninguno acreditaba buena fe, para el impugnante, el error del tribunal, al examinar la confesión del representante legal, consistió en que no percibió que el actor hacía parte de la lista de acreedores que aprobaron los plazos de pagos, lo que acredita la buena fe del club, al no pagar los salarios debidos al momento en que se causaron, cuando, insiste, se acreditó que Jaramillo Sánchez aprobó los términos del acuerdo de reestructuración, su modificación y que se le pagó estando vigente y en ejecución tal acuerdo.

De la demanda inicial, anota que esta no refiere por parte alguna que, al actor, el club le hubiera incumplido el plazo acordado en el acuerdo de reestructuración, para el pago de la obligación por salarios; que es más, ni siquiera se refirió al tan mentado acuerdo de reestructuración a pesar de que tal convenio había sido aprobado por los acreedores, entre ellos el actor, el 15 de abril de 2005, y reformado el 8 de octubre de 2005, y la demanda la radicó el actor el 20 de septiembre de 2006, guardando silencio sobre el tema.

En ese orden, para la censura, la equivocación del tribunal consistió en inferir que no era posible pactar que el pago de los salarios se suspendiera dentro de los acuerdos a que podían llegar los acreedores y empleador, cuando precisamente Jaramillo Sánchez había aprobado el tan mentado acuerdo de reestructuración. Así, concluye, la demanda se apreció equivocadamente al punto.

En la pieza procesal de folio 155 del expediente, afirma el impugnante, la parte actora acepta que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 550 de 1999, los créditos litigiosos, una vez admitida la sociedad a la Ley 550 referida, “quedan sujetos a los términos previstos en el acuerdo”.

Si el tribunal hubiere examinado correctamente tal pieza del proceso, deduce el recurrente, habría acertado que el Club Deportivo Los Millonarios actúo dentro de los parámetros de la buena fe, consistente en la convicción de no estar causando daño a Jaramillo Sánchez en provecho suyo, pues aquel había aceptado los términos del acuerdo de reestructuración, y, por ello, el club le canceló la totalidad de la obligación dentro de la vigencia del susodicho acuerdo de reestructuración y en ejecución del mismo, hechos que, dice, ignoró el tribunal, al igual que apreció equivocadamente, como lo había precisado antes, la carta del folio 108 suscrita por el promotor designado.

VII. Réplica

Considera la replicante que el cargo no está llamado a prosperar, en razón a que el demandado no probó elemento subjetivo alguno que lo eximiera de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a causa del no pago de salarios del extrabajador, sino que, por el contrario, fue evidente que le retuvo ilegalmente su pago del salario por cuatro años aproximadamente. Se remite al certificado de la Cámara de Comercio donde, dice, consta que el acuerdo de reestructuración fue iniciado el 15 de abril de 2005, o sea, un año después de la fecha considerada en instancias, como la de terminación del contrato de trabajo del demandante.

VIII. Cargo segundo

Para el contradictor de la sentencia, el fallo impugnado incurrió, por vía directa, en interpretación errónea del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, en relación con los artículos 19, 56, 57 - 4, 127, 132 del Código Sustantivo del Trabajo, este último modificado por el 18 de la Ley 50 de 1990.

Demostración del cargo

Alude a que el tribunal, para confirmar y modificar la condena por indemnización moratoria, con base en el artículo 42 de la Ley 550 de 1999, admitió que se pueden concertar convenios con los trabajadores para suspender total o parcialmente prerrogativas económicas, pero que, de ninguna manera tales convenios o pactos pueden vulnerar derechos mínimos laborales como los salarios.

Sin embargo, afirma el recurrente, la normativa en cuestión no prohíbe, como lo interpreta erróneamente el tribunal, que, dada la situación económica y financiera del empleador, trabajadores y patrono puedan, en desarrollo del acuerdo de reestructuración, convenir que los créditos causados por salarios se paguen temporalmente retardados y / o se suspenda su pago.

Así, deduce que el tribunal se equivocó cuando coligió que, en desarrollo de los acuerdos de reestructuración, no era procedente suspender o fijar plazo para el pago de los salarios.

IX. Réplica

Lo rechaza por falta de técnica, porque estima que parte de una premisa falsa, como si se pudiese hacer acuerdos con cada trabajador individualmente considerado; además, señala, que el citado artículo 42 sería completamente inaplicable al trabajador en razón a que ya él no tenía esa calidad al 15 de abril de 2005, cuando se inició el acuerdo.

X. Consideraciones

Los motivos de inconformidad planteados por la censura para derrumbar la ausencia de buena fe del empleador en el incumplimiento en el pago de los salarios, estimada por el juez de alzada, amerita resolver, en primer lugar, si por haber la empresa convenido un acuerdo de pagos en virtud de la Ley 550 de 1999 con sus acreedores, entre ellos el demandante por la deuda de sus salarios (objeto de reconocimiento por los jueces de instancia) de los meses de marzo al 16 de mayo de 2006, constituye, o no, una razón de buena fe para exonerar el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sobre el particular, ya esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse, en el sentido de que, en principio, el estado de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999 puede ser considerado como una justificación para el no pago a tiempo de las obligaciones laborales, siempre y cuando la empresa honre a cabalidad los términos del acuerdo. Así se pronunció en la sentencia CSJ SL 24 de ene de 2012, No.37288:

“Específicamente, en casos donde la empresa se ha acogido a la situación de reestructuración empresarial con base en la Ley 550 de 1999, luego de haberse terminado el contrato de trabajo del actor, como el del sub lite, esta Sala ha realizado el siguiente análisis, para efectos de determinar la buena fe del empleador:

“Hechas las anteriores precisiones, no existe discusión alguna en torno a los siguientes supuestos de hecho: que el actor laboró para la demandada desde el 15 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2003; que a la terminación de la relación laboral la sociedad Fabripartes S.A., en reestructuración, no le canceló la totalidad de salarios, prestaciones y vacaciones a los que tenía derecho el trabajador; que el 3 de marzo de 2004, la Superintendencia de Sociedades aceptó la iniciación del trámite de reactivación empresarial o promoción del acuerdo de reestructuración de la demandada en los términos previstos en la Ley 550 de 1999, y que la fecha del acuerdo de reestructuración fue el 3 de noviembre de 2004.

De otra parte, como quedó dicho cuando se hizo el itinerario procesal la sala sentenciadora condenó a la convocada al proceso a reconocer y pagar la sanción moratoria de la siguiente manera: a) $ 102.500 diarios a partir del 1º de enero de 2004 hasta el 2 de marzo de 2005 por el no pago de salarios y prestaciones, y b) $ 102.500 diarios desde el 1º de enero de 2004 hasta el 2 de marzo de 2005, por la no consignación de las cesantías del 2002, en el fondo respectivo.

La inconformidad de la recurrente se concreta en que la demandada acreditó actuar de buena fe para abstenerse de pagarle los derechos laborales que nacieron de la relación laboral que los ató, dado al proceso de reestructuración al que se vio sometido. Además, sostiene, que las prestaciones sociales del actor fueron liquidadas y pagadas el 23 de febrero de 2004, salvo las cesantías del año 2002.

Delimitado, entonces, el meollo del asunto, observa de entrada la Corte Suprema de Justicia que el juez de segundo grado se equivocó al condenar a la sociedad demandada a reconocer y pagar la sanción moratoria por falta de pago de los salarios y prestaciones desde la terminación de la relación (ene. 1º/2004) hasta el 2 de marzo de 2005, cuando los salarios y prestaciones, salvo la cesantía del año 2002, fueron canceladas el 23 de febrero de 2004, tal como aflora palmariamente del documento obrante a folio 50, en el que se lee:

‘Liquidación de prestaciones sociales (...) neto a pagar $ 13.080.625. Con la presente liquidación dejo constancia, que quedo a paz y salvo por todo concepto con la empresa. El trabajador’, hay una nota manuscrita que dice ‘queda pendiente el pago de las cesantías del año 2002. Firma ilegible 04/02/23’. (sic).

Así mismo, en sentir de la Sala el tribunal incurrió en otro error protuberante, toda vez que soslayó que la cesantía correspondiente al 2002, hacía parte de las deudas incluidas en el acuerdo de reestructuración, como lo demuestran los documentos obrantes a folios 47 y 56, prestación que le fue reconocida y pagada de conformidad con esta última misiva, en la que se consignó que se le cancela la acreencia a la luz de lo estatuido en el ‘acuerdo de reestructuración económica firmado el 3 de noviembre de 2004’.

Lo asentado por cuanto a folio 47 se relaciona al demandante como acreedor de la ‘deuda capital a marzo 3 de 2004’, por valor de $ 3.025.000, rubro que coincide con lo sufragado por cesantía del año 2002, el que a su vez fue incorporado en los pasivos a pagar dentro del acuerdo de reestructuración económica.

Luego, la no cancelación oportuna de las acreencias laborales encontró su justificación en el sometimiento de la empresa a lo dispuesto en la Ley 550 de 1999 y no fue producto del capricho del empleador, tendiente a perjudicar al promotor del proceso” (Sent. 37493/2011).

En este precedente la Sala tuvo en cuenta, no solo la admisión de la solicitud de la promoción del acuerdo de reestructuración, sino también el convenio de pagos al que se llegó y el pago de los derechos laborales reclamados en el proceso. Al encontrar la prueba del pago en los términos del acuerdo, determinó la buena fe del empleador. (Destaca esta vez la Sala).

En sentencia de 29 de septiembre de 2009, Radicación 35.999, al estudiar un asunto de similares contornos al anterior, esta Sala también tuvo en cuenta la prueba del pago en virtud del acuerdo, a la hora de resolver la condena por indemnización moratoria, cuando asentó: (Destaca esta vez la Sala).

“Lo mismo ocurre con las cesantías de los años 2002 y 2003, que hacían parte de las deudas incluidas en el acuerdo de reestructuración, las cuales se le cancelaron al demandante según consta en folio 131, por lo que el actor no puede pretender desconocer dicho documento, ni desacreditarlo porque en él no aparezca la fecha de pago y mucho menos acusar a la demandada de no hacer pago por consignación de una obligación pagada directamente al demandante.

En lo que respecta a la indemnización moratoria contenida en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y a los hechos en que se sustentó la absolución por dichos conceptos, se debe decir que la Sala Laboral no encuentra error evidente en la valoración probatoria, y que se equivoca el censor al indicar que la mala fe del empleador se presume. De la prueba documental se concluye que la demandada se sometió a la Ley 550 de 1999 y que el inoportuno pago de algunos derechos laborales no fue con el interés de desconocer o defraudar al demandante, con mayor razón si estos fueron incluidos dentro de los pasivos a pagar dentro del acuerdo de reestructuración económica”.

En sentencia de instancia, 33648 de 3 de junio de 2009, al encontrar que la demandada no realizó los pagos en las fechas pactadas en el convenio celebrado con los acreedores, esta Sala condenó a la moratoria hasta el momento en que se satisficieron los créditos laborales, así: (Destaca esta vez la Sala).

“Igualmente la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato —7 de julio de 1999—, también es de recibo, dado que no se evidencia buena fe de la demandada en la cancelación de los salarios y prestaciones sociales adeudados, la cual se causa hasta 29 de marzo de 2005, fecha en que esta efectuó a la actora la última consignación que aparece acreditada a órdenes del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, quien conoce del presente proceso.

Ahora bien, la circunstancia de que la accionada hubiera suscrito con sus acreedores un acuerdo de reestructuración el 30 de marzo de 2001, conforme a lo dispuesto en la Ley 550 de 1999, como se dejó sentado en sede de casación, no es una razón valedera para eximirla en este caso particular de la indemnización moratoria, en primer lugar, porque cuando la demandante se desvinculó el 7 de julio de 1999, aún no existía tal proceso de reestructuración, y en segundo término, porque la demandada ni siquiera cumplió con el pago de las obligaciones laborales para con la actora dentro de las fechas o plazos determinados en dicho acuerdo.

Ciertamente, la accionada en el acuerdo de reestructuración se comprometió con sus acreedores a pagarles las obligaciones pendientes, incluidas las laborales, en un plazo máximo de un año, contado a partir del 15 de octubre de 2001, es decir hasta el mismo día y mes de 2002, lo cual no hizo y se prorrogó el término hasta el 12 enero de 2003, tal como consta en la documental de folios 102 a 108 y 127 a 131, y como ya se dijo a esa fecha tampoco canceló todo lo adeudado por salarios y prestaciones sociales a la demandante, y en consecuencia no existe ninguna evidencia que demuestre su buena fe y justifique su conducta; lo que conlleva a imponer el pago de la sanción moratoria a razón de $ 30.000 diarios, entre el 7 de julio de 1999 y el 29 de marzo de 2005, y hechas las operaciones del caso la misma asciende a la suma de $ 61.860.000.

Cabe aclarar, que como se ha aceptado en otros casos, la situación de iliquidez y el proceso de reestructuración de la Ley 550 de 1999, en un momento dado puede exonerar a la empresa de la indemnización moratoria, pero sucede que en esta ocasión, la demandada ni siquiera cumplió con el acuerdo de restructuración en las fechas estipuladas”. (Destacado de la sentencia).

En sentencia Radicado 34107 del 5 de mayo de 2009, esta Corte resolvió un problema similar al que hoy ocupa su atención de la siguiente manera:

“Ahora bien, como lo explica el cargo, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ‘no contiene ningún condicionamiento adicional al no pago en su debida oportunidad’ de los salarios y prestaciones del trabajador a la terminación del contrato de trabajo, esto es, no consagra la buena fe del empleador, como eximente de responsabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia no ha interpretado de manera literal dicho precepto, porque ha estimado que la buena fe es un elemento que se encuentra implícito y que debe siempre examinarse la conducta del empleador.

De modo que no se muestra desacertado que el tribunal analizara la conducta de la sociedad accionada, esto es, si actúo o no con buena fe, apoyado en jurisprudencia de esta corporación.

No obstante, el ad quem, encontró acreditada la buena fe de la empresa, porque adujo, que la misma sufrió un proceso de reestructuración del que infirió una difícil situación económica. Y si bien, en algunos eventos esta Sala de la Corte ha admitido tal situación como eximente de responsabilidad generadora de indemnización moratoria, es claro que en este asunto así no puede admitirse, como lo hizo el ad quem, porque aceptó tal estado de restructuración, pese a haberse presentado 10 meses después de la terminación del contrato. (Destaca esta vez la Sala).

En el anterior orden de ideas, es clara la equivocación del sentenciador de alzada, porque, se reitera, aunque el fallador jurisprudencialmente ha sido autorizado para examinar el comportamiento del empleador ante la ausencia de pago de salarios y prestaciones sociales al finiquito de la relación laboral, en interpretación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ello no le permite ir más allá, es decir, analizar la conducta de la empresa por circunstancias ocurridas con posterioridad al rompimiento del contrato laboral. Así se dijo por ejemplo en sentencia de 8 de abril de 2008, Radicado 29.999: ‘la buena fe del empleador, que exonera de la indemnización moratoria, se aprecia en el momento en que termine el vínculo laboral, sin que circunstancias ocurridas con posterioridad puedan tener incidencia.’ (Destaca esta vez la Sala).

Por lo tanto, el cargo prospera.

En sede de instancia, resultan suficientes las consideraciones que anteceden, para confirmar el fallo de primer grado, que condenó a la accionada al pago de la indemnización moratoria, a razón de $ 70.138,23 diarios, a partir del 5 de diciembre de 2000.

Pese a lo anterior, se limitará su reconocimiento, solo hasta el 28 de septiembre de 2001, fecha en que la Superintendencia de Sociedades admitió el trámite de reactivación empresarial y le nombró promotor, debido a que, desde entonces, dicho agente estatal desplazó al empleador y entró a dirigir los destinos económicos de la sociedad intervenida, sin que pudiera a su arbitrio, cancelar las acreencias de la actora, utilizando los recursos destinados a conservar el equilibrio de la compañía y la igualdad entre los acreedores, conforme a los fines propios de la reactivación empresarial regulada por la Ley 550 de 1999; ni desconocer el acuerdo suscrito por la mayoría de los acreedores, el 21 de febrero de 2003, en cuya cláusula vigésima tercera, literal A), se vinculó la obligación prestacional de la demandante, y se dispuso su pago, dentro de los dos años siguientes, conjuntamente con los intereses de mora, causados a partir de la firma (fl. 52, cdno. ppal.). (Destaca esta vez la Sala).

Así entonces, el valor de la indemnización es de $ 20.760.916,08”.

Conforme a los precedentes anotados, se tiene que el examen de la buena fe del empleador ante el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones que puede dar lugar a la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo se ha de hacer, por regla general, teniendo en cuenta las circunstancias presentadas al momento de la terminación del contrato, pues, según esta preceptiva, es el incumplimiento, en dicho momento, el que da lugar a la mencionada condena. No obstante, conviene precisar que si existen mecanismos legales a los cuales puede acogerse la empresa demandada con posterioridad a la terminación del contrato, que puedan favorecerla para el pago de las deudas, dicha situación es un aspecto a tener en cuenta para efectos de establecer la buena fe en su proceder y poner límites a la condena por este concepto; pero, para ello, no basta con que se pruebe que se acogió a tal mecanismo, sino que es menester acreditar, por parte del empleador, que cumplió a cabalidad con las cargas establecidas en dicho proceso para probar su buena fe”.

El citado precedente, conlleva la conclusión de que el ad quem sí se equivocó al considerar que la demandada no probó elemento subjetivo de buena fe para ser tenido en cuenta en la decisión de la condena por indemnización moratoria, y al dejar de lado, con base en la interpretación errada que hizo del artículo 42 de la Ley 550 de 1990, que el pago realizado al actor por la suma de $ 13.323.467 (muy aproximado a la suma que, por concepto de salarios, había ordenado pagar el a quo, como lo dijo el mismo juez de alzada) fue en cumplimiento del mismo acuerdo de reestructuración celebrado con los acreedores, según el escrito de la apoderada del propio actor, obrante al folio 155 del plenario (que hace parte en mayor extensión desde el folio 152 e inescindible del folio 151), señalado por la censura, donde expresamente aquella reconoce que este se dio “... por efectos del acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999...”.

Adicionalmente, es evidente que el juez colegiado desatendió de plano la jurisprudencia reiterada de esta Corte que ha considerado el estado de reestructuración económica regulado por la Ley 550 de 1999, en principio, como una circunstancia que puede justificar el incumplimiento en el pago de los créditos laborales, bajo la condición de que el empleador sea fiel al compromiso que ha sido renovado mediante el convenio de acreedores, y tomando en cuenta la data en que se terminó el contrato de trabajo y de cuándo la empresa comenzó su situación especial de pagos de sus obligaciones, esto según la fecha de la aceptación de la iniciación del trámite de reactivación empresarial o promoción del acuerdo por la autoridad competente en los términos previstos en la Ley 550 de 1990; para efectos de delimitar la condena, según sea la situación de si la promoción del acuerdo se ha iniciado antes o después de la terminación del contrato de trabajo, porque, en todo caso, la buena o mala fe se ha de verificar es al momento de la terminación del contrato, donde se hace inmediatamente exigible el pago de los salarios y prestaciones, en virtud del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, so pena de la sanción moratoria si el incumplimiento fue de mala fe.

El ad quem erró al estimar que, según el artículo 42(1) de la Ley 550 precitado, las deudas vencidas por salarios de un extrabajador, como fue el caso del sub lite, no podían ser objeto del acuerdo de reestructuración económica regulado por la Ley 550 de 1999, pues el texto del citado precepto nada dice al respecto; además que lo hizo sin entrar a examinar siquiera si los salarios del actor eran o no gastos de funcionamiento en los términos del artículo 19(2) ibídem, máxime que, como el mismo juez de alzada lo dio por acreditado, y lo destaca la replicante, el actor había dejado de ser trabajador de la empresa desde el 16 de mayo de 2004, en tanto que, según la certificación de existencia y representación del club, folios 66 y siguientes, la Cámara de Comercio (entidad a la que alude también la parte antagonista del recurso en su réplica), mediante R. Nº 00147 del 26 de agosto de 2004, aceptó la promoción de un acuerdo de reestructuración, conforme a los términos de la Ley 550 de 1999, a la entidad convocada a juicio; es decir que, ni siquiera al inicio del mencionado proceso de reestructuración, el actor era trabajador del club, menos lo era para el momento en que los acreedores (entre estos, él) aprobaron el acuerdo al que llegaron, 15 de abril de 2005, fl.69.

Lo antes dicho, es suficiente para que prosperen los cargos objeto de estudio (primero y segundo), al dejar en evidencia que el ad quem se equivocó al descartar que el empleador actuó de buena fe, con base en una errada inteligencia del artículo 42 de la Ley 550 de 1999, como también al desatender que el empleador había llegado a un acuerdo con sus acreedores, entre ellos el actor, en virtud del cual realizó un pago muy aproximado del valor establecido por el a quo por concepto de salarios insolutos.

XI. Tercer cargo

Para el impugnante, la sentencia recurrida violó directamente, en la modalidad de infracción directa, los artículo 29 y 52 de la Ley 789 de 2002, lo que llevó a la aplicación indebida del original artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en la relación con los artículos 19, 56, 57-4, 127, 186, 189 ibídem, modificado el último artículo por el 14 del Decreto 2351 de 1965, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 14, 16, 22, 23, 24, 25 y 42 de la Ley 550 de 1999, 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 7º de la Ley 797 de 2003, y 132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 18 de la Ley 50 de 1990.

Demostración

La censura admite los presupuestos fácticos tales como que: 1º- el contrato de trabajo terminó el 16 de mayo de 2004, 2º- el salario del actor era de $ 5.500.000 mensuales, en la modalidad de integral; y 3º- la demanda inicial la presentó el actor el 20 de septiembre de 2006.

Así, concluye que el tribunal aplicó indebidamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en su redacción original, dejando de aplicar, como debía, los artículo 29 y 52 de la Ley 789 de 2002, al confirmar, con modificaciones, la condena por indemnización moratoria, limitándola hasta el 14 de enero de 2008, cuando, si hubiere aplicado esta última normativa, habría revocado la condena que, por tal concepto, fulminó el juzgado.

Afirma que, en efecto, es un hecho fáctico admitido que el contrato de trabajo entre las partes terminó el 16 de mayo de 2004, data para la cual se encontraba rigiendo el artículo 29 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, que introdujo una modificación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sostiene. Aquella normativa, luego de que fuera declarada parcialmente inexequible por la Sentencia C-781 del 30 de septiembre de 2003, por lo que retiró de tal ordenamiento jurídico las expresiones “o si presentada la demanda no ha habido pronunciamiento judicial”, reguló la indemnización moratoria por falta de pago, en lo que interesa a la acusación, así:

“... si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizadas por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por (...) (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor.

Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique”.

Refiere que, a su vez, el parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 precisa que lo previsto en el inciso 1º del mencionado artículo 29 de la ley en cita, “solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente” pues para los “demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo vigente”, situación esta última que, en su criterio, no se presenta respecto del demandante Jaramillo Sánchez, por lo que el precepto original, es decir, el artículo 65 original del Código Sustantivo del Trabajo, no le era aplicable al presente asunto, pues, reitera, la norma reguladora del caso era el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Es que, para el impugnante, la normativa nueva limitó la sanción al empleador, dado que el artículo 65 original la consagraba indefinida, sin tener en cuenta si el trabajador demandante devengaba el salario mínimo legal o cinco millones de pesos.

Pero además, agrega, la nueva disposición puso en cintura a los demandantes que iniciaban la reclamación ordinaria ante la jurisdicción faltando un mes para completar los tres años de prescripción, puesto que, con ello, asevera, aspiraban a ganarse la lotería; porque tal preceptiva nueva previó que la moratoria iría desde la terminación de la relación laboral hasta 24 meses posteriores a dicha finalización, siempre y cuando el trabajador iniciara su reclamación —presentación de la demanda— por la vía ordinaria, ante el respectivo juzgado del trabajo, ya que, de lo contrario, la mora no se causaría, siendo remplazada por los intereses de mora, pero a partir de la iniciación del mes 25, manifiesta.

Por consiguiente, es evidente, para el objetor de la sentencia, que lo que la nueva normativa —artículo 29 Ley 789 de 2002— prevé es el caso de que si el trabajador no presenta la demanda dentro de los 24 meses siguientes al término del contrato de trabajo, y devenga más de un (1) salario mínimo mensual, no tendrá derecho a la indemnización moratoria de un salario diario por cada día de mora en el no pago de los salarios y prestaciones sociales dentro de tal lapso, es decir, entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la fecha de cumplimiento de los 24 meses, sino que, a cambio de su negativa a presentar su demanda, solo tendrá derecho a los intereses moratorios, pero a partir de la iniciación del mes 25.

Así, la presentación oportuna (dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la demanda ordinaria ante el juez del trabajo, le da derecho al trabajador a una eventual indemnización moratoria de un día de salario por cada día de mora hasta por 24 meses contados desde la ruptura del contrato de trabajo, y, a partir de la iniciación del mes 25, correrán los eventuales intereses moratorios.

A contrario sensu, anota, la reclamación (presentación de la demanda ante el juez laboral) inoportuna (fuera del término de los 24 meses) lleva a que el trabajador no tenga derecho al pago de la eventual indemnización moratoria, y solo le asistiría el eventual pago de intereses moratorios desde el mes 25.

Como se observa, a pesar de lo dicho, el tribunal confirmó la mora, restringiéndola a cuatro años, lo que, a su juicio, evidencia, sin duda alguna, que no tuvo en cuenta que, conforme a lo previsto por el artículo 29 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el pago de la indemnización moratoria no aplicaba en el presente asunto, si se tienen en cuenta los siguientes hechos fácticos no discutidos: que 1) el contrato de trabajo se terminó el 16 de mayo de 2004; 2) el actor devengaba un salario mensual de $ 5.500.000 integral; y 3) la demanda inicial (reclamación por la vía ordinaria) se presentó el 20 de septiembre de 2006, pasados los 24 meses en comento.

Por lo visto, concluye que es evidente que el tribunal incurrió en el desatino jurídico, pues ignoró lo previsto por el artículo 29 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, por lo que la acusación, dice, ha de prosperar, para que, en sede instancia, valgan los mismos argumentos plasmados en el ataque en sede casación, para revocar la condena que por indemnización moratoria impuso el juzgado de primer grado el 28 de noviembre de 2004, y, en su lugar, absolver al Club los Millonarios de la pretensión de indemnización moratoria.

Sostiene finalmente que, respecto a la modificación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, esta Sala de Casación Laboral, en sentencia del 6 de mayo de 2010, 36.577, en uno de sus pasajes dijo: “Cuando no se haya entablado la demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios”.

XII. Réplica

Tampoco está de acuerdo con este cargo, dado que sostiene que la demanda fue presentada dentro del término de la norma que se dice fue inaplicada. Agrega que el actor nunca aceptó que el contrato finalizó el 16 de mayo de 2004, pues dice que este hecho tuvo origen en las decisiones de instancia que todavía no han hecho tránsito a cosa juzgada. Y que el actor tuvo que interponer acción de tutela el 23 de junio de 2004, para que el demandado le entregara la carta de libertad de sus derechos deportivos, por cuanto se le estaba violando su derecho fundamental al trabajo.

XIII. Cargo cuarto

Acusa a la sentencia de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 29 y 52 de la Ley 789 de 2002, lo que lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 65 original del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 19, 56, 57-4, 127, 186, 189 del Código Sustantivo del Trabajo, este último modificado por el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965, 132 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 18 de la Ley 50 de 1990; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10º, 14, 16, 22, 23, 24, 25 y 42 de la Ley 550 de 1999 y el 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 7º de la Ley 797 de 2003.

Demostración del cargo

Dado el sendero por el que se formula la acusación, la censura parte de que los siguientes supuestos acreditados no son materia de discusión: 1) que el contrato de trabajo entre las partes terminó el 16 de mayo de 2004; 2) que el salario del actor era de $ 5.500.000 mensuales, en la modalidad de integral; y 3) que la demanda inicial la presentó el actor el 20 de septiembre de 2006.

En ese planteamiento fáctico admitido, señala el impugnante, el tribunal interpretó equivocadamente el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en razón a que, según su dicho, esta normativa prevé que, si al término del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y las prestaciones sociales, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de mora, pero aclara que tal consecuencia irá solo por los primeros 24 meses contados desde el término del contrato; que, si vencidos los 24 meses, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, es decir, presentado su demanda en los juzgados laborales, correrán solo los intereses de mora, pero a partir del mes 25.

Asevera, que el legislador, en primer término, estableció un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el antiguo artículo 65, y, en segundo lugar, previó que, vencidos los 24 meses, correrían intereses de mora si persistía el incumplimiento, y, en tercer lugar, que el trabajador interesado haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria, dentro de esos 24 meses contados desde la data de la terminación del contrato.

Lo anterior indica claramente, según el recurrente, que, cuando no presente el trabajador interesado su demanda ordinaria ante el respectivo juzgado de trabajo, dentro del lapso de los 24 meses contados a partir de la fecha del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y de las prestaciones sociales dentro de ése lapso de los 24 meses, sino a los eventuales intereses moratorios, pero a partir de la iniciación del mes 25.

Por consiguiente, concluye, la presentación oportuna de la demanda ordinaria ante la jurisdicción laboral, es decir, dentro de los 24 meses siguientes al término del contrato, da al trabajador la pretensión de acceder a la eventual indemnización moratoria, y, a partir del mes 25, a los intereses moratorios; sin embargo, anota, cuando la reclamación judicial por la vía ordinaria se hace pasados los 24 meses desde la terminación del contrato, acarrea la pérdida para el trabajador de la eventual indemnización moratoria, evento en el cual solo tendrá derecho a los eventuales intereses moratorios, pero a partir de la iniciación del mes 25.

Así, señala, a pesar de lo dicho por la normativa, el tribunal interpretó equivocadamente el artículo 29 y el 52 de la Ley 789 de 2002, al confirmar la condena por indemnización moratoria, restringiéndola hasta el 14 de enero de 2008, cuando, si hubiera interpretado correctamente tales normativas, partiendo de los hechos admitidos consistentes en que 1) el contrato terminó el 16 de mayo de 2004; 2) que el actor tenía un salario mensual de $ 5.500.000; y 3) que la reclamación por la vía judicial la inició el trabajador el 20 de septiembre de 2006, habría revocado la condena impuesta por el juez de primer grado, y, en su lugar, habría condenado por los intereses moratorios, pero a partir de la iniciación del mes 25 contado a partir de la terminación del contrato de trabajo.

Finaliza la demostración diciendo que, en ese orden, el tribunal interpretó erróneamente el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, junto con el 52, pues entendió que lo que la norma decía aplicaba para todo trabajador, lo que lo llevó a aplicar indebidamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo original, que solo aplica para trabajadores que no devengan más del salario mínimo.

XIV. Réplica

Frente a este cargo, alega otra vez que el hecho en que se funda el cargo, referente a la fecha de terminación del contrato, fue controvertido en las instancias cuyas resultas todavía no hacen tránsito a cosa juzgada.

XV. Consideraciones

Le corresponde a la Sala resolver si el recurrente tiene razón en cuanto a que el tribunal, al proferir la condena por indemnización moratoria, incurrió en la infracción directa de los artículos 29 y 52 de la Ley 797 de 2002 como lo denuncia en su cargo tercero.

En efecto, el ad quem, al motivar la decisión de modificar la condena por indemnización moratoria, se remitió al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y no tuvo en cuenta que este artículo había sido modificado desde el 27 de diciembre de 2002, mediante el artículo 29 de la Ley 797 de 2002, como tampoco que la relación había fenecido el 16 de mayo de 2004; es decir que ya la reforma se encontraba vigente para el momento de la terminación del contrato de trabajo, hecho que era un hito para efectos de resolver sobre el citado reconocimiento, en vista del tránsito legislativo de cara al tema.

No le cabe duda a la Sala de que el juez colegiado dejó de aplicar la mencionada reforma, toda vez que profirió condena por indemnización moratoria por incumplimiento en el pago de salarios a la terminación del contrato, hasta el momento en que ocurrió la cancelación al demandante por la demandada de la suma de $ 13.323.467, esto fue al 14 de enero de 2008; no obstante que, como bien lo anota el objetor de la decisión judicial que ocupa la atención de la Sala, para esta fecha, i) ya habían pasado más de 24 meses contados desde la terminación del contrato que lo fue el 16 de mayo de 2004 y ii) que el actor devengaba el salario integral equivalente a $ 5.500.000; supuestos fácticos estos fijados en las instancias y que son intangibles a estas alturas del proceso, así no hayan hecho tránsito a cosa juzgada como lo replica, sin razón, la parte demandante, debido a que tal circunstancia no impide de que, en sede de casación, estén amparados de la presunción de legalidad una vez se ha superado el trámite de las instancias.

Si el ad quem hubiese observado la reforma legal del 2002 que le introdujo al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo nuevos supuestos de hecho a los efectos jurídicos señalados por el legislador de cara al incumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, al igual que le hizo una variación a tales consecuencias legales, no habría reconocido la indemnización moratoria en los términos que lo hizo.

El tribunal, en virtud de lo previsto por el artículo 29 de la Ley 797 de 2002, aplicable al sub lite, debió establecer, en primer lugar, que, para el caso del actor que devengó un salario superior al salario mínimo, para acceder a la indemnización de un día de salario por cada día de mora, era indispensable que él hubiera iniciado reclamación vía ordinaria por el pago de sus salarios dentro de los 24 meses siguientes a la finalización del vínculo laboral que lo ligó al club, lo cual, evidentemente, no sucedió, como se aprecia en el sello de la presentación personal impuesto en el cuerpo de la demanda, folio 13, donde se registró que fue presentada el 20 de septiembre de 2006, es decir pasados los 24 meses aludidos, pues, como se recuerda, el ad quem encontró acreditado que la relación laboral culminó el 16 de mayo de 2004.

Así mismo debió aplicar y no lo hizo, el límite introducido al artículo 65 original del Código Sustantivo del Trabajo por el precitado artículo 29; la condena al pago de un día de salario no podía superar los 24 meses contados desde la terminación del contrato, sin embargo el juez de apelaciones la dispuso hasta el 14 de enero de 2008.

En arreglo a lo acabado de decir, el cargo tercero también prospera, sin que sea necesario un pronunciamiento a fondo del cargo cuarto, dado que este estuvo sustentado en el mismo razonamiento del tercero, a más de que no fue apropiado acusar, como se hizo, la violación del tan mentado artículo 29 de la Ley 797 de 2002 por interpretación errónea, pues lo que ocurrió, conforme a lo atrás expuesto, fue infracción directa del citado precepto, al igual que del artículo 52 ibídem que estableció la derogación de las normas que le fueran contrarias.

En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia del ad quem, correspondiente al ordinal segundo mediante el cual este decidió modificar el numeral primero de la providencia del a quo para imponer la sanción moratoria hasta el 14 de enero de 2008.

Enseguida se procederá a dictar la sentencia de instancia, teniendo en cuenta lo previsto en el pluricitado artículo 29 de la Ley 797 de 2002.

XVI. Sentencia de instancia

Tal y como quedó definido en las instancias, lo cual está cobijado por la presunción de legalidad, el contrato de trabajo del actor finalizó el 16 de mayo de 2004 y su último salario fue equivalente a la suma de $ 5.500.000.

Las citadas premisas, llevaron a esta Sala a concluir, en sede de casación, que la indemnización moratoria pretendida en la demanda está regulada por el artículo 29 de la Ley 797 de 2002 que modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y no, por el artículo 65 original que fue el fundamento legal de la decisión del tribunal para confirmarla, con la modificación en cuanto a su fecha límite por el pago acreditado.

Dice el tantas veces mencionado artículo 29 de la Ley 797 de 2002:

“ART. 29.—Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:

“ART. 65.—Indemnización por falta de pago:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial(3), el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.

PAR. 1º—Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora.

PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente”.

En aplicación del pretranscrito precepto, recuerda la Sala, como se dijo en sede de casación, que el accionante no presentó la demanda para iniciar el proceso ordinario con el fin de obtener el reconocimiento de los salarios adeudados (de marzo al 16 de mayo/2004) dentro de los 24 meses siguientes a la finalización del contrato, no obstante que era su carga (por encontrarse en el supuesto de que devengaba más del salario mínimo mensual vigente) si era su anhelo obtener un día de salario por cada día de mora en la solución de sus salarios adeudados al fenecimiento de la relación laboral.

No excusa al actor de no haber presentado la demanda a tiempo el hecho de que hubiese tenido que presentar tutela para que le fuera entregada la carta de libertad de sus derecho deportivos, dado que la entrega de la carta de libertad de los derechos deportivos, por ser un aspecto separable y, en cierta medida, una consecuencia de la finalización del vínculo, en nada incidía en la determinación del momento de la ruptura del contrato; puesto que, de acuerdo con lo fijado en las instancias, la relación laboral que ligó a las partes, en efecto, llegó a su fin el 16 de mayo de 2004, independiente de cuándo se entregó la mencionada carta de libertad de derechos; tanto fue que el demandante no tuvo duda de que el vínculo había perdurado hasta los días de mayo de 2004, que la reclamación por salarios insolutos la hizo, en la demanda, hasta el 18 de mayo de 2004.

Así las cosas, no le cabe duda a la Sala que el extrabajador tenía claro que el contrato finalizó, al menos un día de mayo de 2004, por lo que era su carga presentar la demanda en el mismo mes del año 2006, pero lo cierto es que lo hizo el 20 de septiembre de dicho año, es decir, cuando claramente ya se había vencido el término de los 24 meses siguientes a la ruptura contractual.

En ese orden, a falta de la presentación de la demanda a tiempo, no procede el pago de la indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por los primeros 24 meses siguientes a la terminación del contrato, conforme lo tiene definido esta Sala desde la sentencia CSJ del 6 de may. de 2010, No. 36577, a saber:

“La anterior disposición, según el parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, solamente se aplica respecto de los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente, situación que se presentaba respecto de la actora, de modo que aquel precepto le era aplicable.

No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala de la Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de esos veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso.

Después de esos veinticuatro (24) meses, en caso de que la situación de mora persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente al último salario diario, sino intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, hasta cuando el pago de lo adeudado se verifique efectivamente; intereses que se calcularán sobre las sumas debidas por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera. (Destaca esta vez la Sala)

De tal suerte que la presentación oportuna (entiéndase dentro de los veinticuatro meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la reclamación judicial da al trabajador el derecho a acceder a la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de mora hasta por veinticuatro (24) meses, calculados desde la ruptura del nudo de trabajo; y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25), contado desde esa misma ocasión, hace radicar en su cabeza el derecho a los intereses moratorios, en los términos precisados por el legislador.

Pero la reclamación inoportuna (fuera del término ya señalado) comporta para el trabajador la pérdida del derecho a la indemnización moratoria. Solo le asiste el derecho a los intereses moratorios, contabilizados desde la fecha de la extinción de vínculo jurídico.

A pesar de lo anterior, el tribunal confirmó el fallo del Juzgado de primer grado que condenó a la universidad demandada por concepto de la indemnización moratoria a “la suma diaria de $ 40.000 a partir del 31 de enero de 2003 y hasta cuando se verifique el pago”, lo que indica que no tuvo en cuenta que, como se afirma en el cargo, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que debe considerarse ese fallador infringió directamente, al pago de esa suma diaria solo podía condenarse por los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo, pues, a partir de ese momento se deben los intereses moratorios, sobre las sumas adeudadas por salarios y prestaciones sociales en dinero, liquidados a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera”.

De acuerdo con el citado precedente, el no presentar la demanda dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo no conlleva que se deba absolver enseguida de la indemnización moratoria al empleador deudor, como parece entenderlo la demandada al definir el alcance de la impugnación extraordinaria; tampoco se ha de admitir la interpretación literal de que, a falta de presentación de la demanda oportunamente, el empleador deje de estar en mora, sin más ni más, pese a persistir en el incumplimiento del pago de sus obligaciones, y que, entonces, en dicho interregno no deba pagar sino el capital y que solo hasta el mes 25 comience a pagar los intereses indicados por el legislador, como se podría desprender de una lectura aislada de la norma.

Frente a la redacción de la norma en comento, la cual no es muy afortunada, no queda otra que acudir a una interpretación sistemática dentro de todo el ordenamiento jurídico, para evitar arribar a la conclusión absurda de que, si el trabajador no ha iniciado reclamación por la vía ordinaria dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, el empleador tenga licencia para no satisfacer los créditos por salarios y prestaciones sociales vencidos a la ruptura de la relación, como se podría entender en principio.

Pues de aceptarse tal inteligencia de la norma que ocupa la atención de la Sala, implicaría desconocer la debida protección de los derechos adquiridos, al igual que la especial garantía que ha de gozar la remuneración del trabajador y el principio de la irrenunciabilidad de los derechos mínimos, por mandato del artículo 53 superior.

Lo acabado de decir fue lo que llevó a esta Sala, en virtud del principio de favorabilidad, a considerar, en el precitado precedente, Sentencia 36577 del 6 mayo de 2010, que, ante la no presentación de la demanda dentro de los 24 meses siguientes a la culminación del vínculo laboral, el empleador ya no pagaría un día de salario por cada día de mora, sino que, desde el primer día del incumplimiento, deberá reconocer los intereses moratorios a la tasa máxima de los créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre los salarios y prestaciones sociales adeudados, hasta cuando salde la respectiva deuda en su totalidad.

Ahora bien, como la condena de la sanción prevista en el artículo 65 no procede de forma automática ante el incumplimiento de las obligaciones laborales a la terminación del contrato, pues así lo tiene asentado de vieja data la jurisprudencia laboral, lo cual vale tanto para la norma original como para la reformada en el 2002, para efectos de resolver si procede o no la condena por los intereses moratorios previstos en el artículo 29 de la Ley 797 de 2002; y en vista de que, en sede de casación, igualmente salió avante la acusación de la censura que puso en entredicho la premisa del ad quem de que el empleador no había probado la buena fe en su incumplimiento, también le corresponde a esta Sala examinar, según las pruebas del sub lite, si la demandada actuó llevada por razones atendibles frente al no pago, a la terminación del contrato, de los salarios adeudados al trabajador.

Con el mencionado propósito, la Sala se remite al certificado de existencia y representación del club demandado presentado en el acto de notificación del auto admisorio de la demanda, folio 54 y siguientes, expedido por el Instituto Colombiano de Coldeportes, donde se dejó constancia que a la convocada a juicio le fue aceptada su solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999, mediante R. Nº 00147 del 26 de agosto de 2004, y que los acreedores aprobaron el respectivo acuerdo el 15 de abril de 2005; además de la certificación allegada en la diligencia de interrogatorio de parte del club, folios 108 y 113, se desprende que, dentro de los acreedores reconocidos en el acuerdo de reestructuración, se encontraba el demandante, en calidad de acreedor laboral con un monto de $ 11.846.939, y que, para la fecha de esta, 5 de septiembre de 2007, el acuerdo se encontraba vigente y en ejecución.

Conforme a los elementos a tener en cuenta, señalados en la ya referida sentencia CSJ 24 de ene de 2012, no. 37288, para efectos de verificar si el empleador actuó de buena fe o no, cuando él ha iniciado el proceso de reestructuración de sus deudas regulado por la Ley 550 de 1999, concluye la Sala que, en vista de que el contrato del sub lite finalizó el 16 de mayo de 2004 y que la solicitud de promoción del acuerdo le fue aceptada al club el 26 de agosto de 2004, realmente el empleador no actuó amparado de la buena fe a la terminación de la relación laboral (momento a partir del cual se debe evaluar su conducta), porque, como lo ha dicho esta Corte también, la sola crisis económica no es una razón válida para incumplir las obligaciones salariales, pues el trabajador no puede sufrir el deterioro económico de la empresa.

No obstante, igualmente constata la Sala que al club le fue aprobada su solicitud de promoción de un acuerdo de pagos con los acreedores a partir del 26 de agosto de 2004, por tanto, desde ese momento se ubicó en una situación justificada para aplazar el pago de los salarios insolutos, pues fue cuando formalmente se le dio vía libre, por la autoridad competente, para que llegara a un trato con sus acreedores; lo cual se logró el 15 de abril de 2005, día en que los titulares de los créditos sometidos al proceso, entre ellos el actor, le dieron aprobación a los términos propuestos para el pago de las obligaciones respectivas.

De tal manera que se profería condena por los intereses moratorios de que trata el artículo 29 de la Ley 797 de 2002 sobre el capital correspondiente a los salarios insolutos a la terminación del contrato, esto es la suma de $ 13.933.333, según lo definido por el a quo, desde el 16 de mayo de 2004, fecha final de la relación, y solo hasta el 26 de agosto del mismo año, cuando el empleador inició formalmente el proceso de reestructuración económica y quedó legitimado para solucionar la deuda por salarios del actor en la fecha en que se acordara dentro del proceso; máxime que así fue como la vino a satisfacer, el 14 de enero de 2008, por la suma allí pactada ($ 13.323.467), en los términos del acuerdo de acreedores, lo cual se da por hecho, en razón a que la parte actora no alegó incumplimiento alguno del tan mentado acuerdo, aunado al informe de la misma apoderada del actor, folio 151.

En ese línea, se modificará el numeral 3º del ordinal primero de la sentencia del a quo, para, en su lugar, ordenar el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria sobre la suma de $ 13.933.333 correspondiente a salarios, desde el 16 de mayo al 26 de agosto de 2004, conforme al artículo 29 de la Ley 797 de 2002 y la interpretación dada por esta Corte a dicha preceptiva en la sentencia CSJ SL may 6 de 2010, No.36577, atrás referida.

Se absuelve en lo demás.

Sin costas en el recurso extraordinario en vista de que salió avante. Lo mismo, respecto de las del recurso de apelación dado que prosperó parcialmente. Se confirman las de primera instancia.

XVII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 30 de octubre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que instauró Juan Carlos Jaramillo Sánchez contra el Club Deportivo Los Millonarios.

En instancia, se MODIFICA el numeral 3º del ordinal primero de la sentencia del a quo, para, en su lugar, ordenar únicamente el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria sobre la suma de $ 13.933.333 correspondiente a salarios, desde el 16 de mayo al 26 de agosto de 2004, por el pago tardío de los salarios adeudados a la terminación del contrato.

Se absuelve en lo demás.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) ART. 42.—Reglamentado por el Decreto Nacional 63 de 2002 concertación de condiciones laborales temporales especiales. Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales, concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales convenios tendrán la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos, contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos arbitrales.

La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud. En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos se extenderán también a los demás trabajadores de la misma. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1319 de 2000.

El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la forma y con las consecuencias previstas en esta ley.

(2) ART. 17.—Actividad del empresario durante la negociación del acuerdo. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, el empresario deberá atender los gastos administrativos que se causen durante la misma, los cuales gozarán de preferencia para su pago; y podrá efectuar operaciones que correspondan al giro ordinario de la empresa con sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables. Sin la autorización expresa exigida en este artículo, no podrán adoptarse reformas estatutarias; no podrán constituirse ni ejecutarse garantías o cauciones a favor de los acreedores de la empresa que recaigan sobre bienes propios del empresario, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios; ni podrán efectuarse compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de la empresa o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1143 de 2001, en el sentido de que la prelación de que gozan los gastos administrativos que se causen durante la negociación del acuerdo también cobija los derechos laborales causados con anterioridad a dicho acuerdo.

(3) Lo tachado es inexequible, según Sentencia C-781 de 2003.