Sentencia SL16283-2017/55272 de septiembre 6 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16283-2017

Rad.: 55272

Magistrada Ponente:

Dra. Ana María Muñoz Segura

Acta 09

Bogotá, D. C., seis de septiembre de dos mil diecisiete.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por William Orlando Soler Ríos, contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2011, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que promovió contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB).

Auto

Se acepta la renuncia presentada por el abogado Segundo Gabriel Hernández Hernández, conforme al memorial visible a folios 94 a 97 del cuaderno de la Corte.

I. Antecedentes

William Orlando Soler Ríos demandó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, en adelante ETB, solicitando la reliquidación del cuarto quinquenio, del auxilio de cesantías con sus intereses y del monto de la pensión convencional reconocida por la empresa, teniendo en cuenta para tal efecto el valor total de las primas de navidad, de junio y de vacaciones, toda vez que no se incluyó la totalidad de lo “devengado” en el último año de servicios, sino solo aquello que se “causó” en ese lapso. En consecuencia, solicitó que se condenara a la entidad al reconocimiento y pago de las diferencias que resultaran a su favor, la indemnización moratoria y los perjuicios morales ocasionados.

En sustento de sus pretensiones, afirmó que trabajó al servicio de la ETB, desde el 11 de diciembre de 1986 hasta el 6 de junio de 2007, momento en el cual solicitó el reconocimiento de su pensión, con fundamento en la convención colectiva de trabajo 1992-1993, de la cual era beneficiario.

La ETB le reconoció la pensión de jubilación convencional, en cuantía de $2.280.479, a partir del 7 de junio de 2007, así como las sumas de $17.813.902, por concepto de auxilio de cesantías y $8.860.175 a título de quinquenio, pero con base en un salario promedio inferior en $217.161 al que realmente recibió en su último año de servicio.

Al dar respuesta a la demanda, la entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con el vínculo laboral y el reconocimiento pensional en favor del demandante. Aseguró que liquidó de forma correcta las prestaciones, esto es, conforme a lo “devengado o causado” dentro del último año de servicios y no según lo “percibido” por el trabajador en ese interregno, que es lo que se pretende.

En su defensa propuso las excepciones de falta de causa de las pretensiones de la demanda y falta de causa para demandar, cobro de lo no debido, prescripción, inexistencia de la obligación y compensación.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 8 de abril de 2011, absolvió a la entidad de las pretensiones solicitadas por el demandante.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en decisión del 31 de octubre de 2011, confirmó la sentencia de primera instancia, apelada por la parte demandante.

El tribunal encontró que la liquidación de la pensión de jubilación, del cuarto quinquenio y de las cesantías, se había efectuado en consonancia con las normas convencionales.

Así lo expuso en su fallo:

En consecuencia, para liquidar estos derechos no debe tenerse en cuenta la totalidad de lo “recibido” durante el año, sino, como lo dice claramente la convención, con el promedio de lo “devengado”.

De lo expuesto se desprende que si el trabajador se retira a mitad de año, como sucedió en este caso, es forzoso promediar las primas, y demás factores que deben incluirse dentro del salario base de liquidación, que devengó en la última mitad del año anterior, es decir, las primas que se causaron en ese periodo, y también efectuar el promedio de las primas causadas en el segmento correspondiente del año en que se retira. No puede aceptarse la alegación del demandante en que se debe incluir en el promedio las primas completas recibidas en un año y la proporcional recibida en otro, por cuanto las primas que se recibieron en forma completa corresponde a un año completo de servicios y no al segmento que se va a incluir en el promedio. Al decir la convención “último año de servicio” se refiere a lo devengado en los últimos 360 días de servicio y no en más tiempo.

De otra parte, es importante diferenciar entre los conceptos “devengado” y “recibido”, como lo hizo el juez de primer grado, por cuanto la convención no se refiere a las sumas que haya recibido el trabajador en su último año de servicios aunque se hubieren causado en periodos anteriores, sino a lo que realmente “devengó” el trabajador en ese periodo determinado de tiempo. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una gran cantidad de pronunciamientos en el sentido de que el concepto devengado se refiere a adquirir el derecho o causar el derecho, para diferenciarlo de percibirlo o recibirlo que es cuando efectivamente el trabajador recibe la suma a que corresponde su derecho, situaciones que no siempre coinciden en el tiempo. Ha reiterado la Corte que si una prima se causa en un año determinado, pero se paga en el año siguiente, debe tenerse en cuenta para el promedio la fecha en que se causó.

[…]

En esas condiciones, si analizamos los documentos de folios 25 a 28, se llega a la conclusión de que la demandada efectuó correctamente la liquidación definitiva del actor promediando los factores de que habla la convención colectiva, y teniendo en cuenta los factores devengados y no los percibidos efectivamente.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

El recurrente pretende que la Corte case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar, acceda a las pretensiones formuladas en la demanda inicial.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. Único cargo

Acusó la sentencia de haber violado la ley sustancial por la vía indirecta:

[…] por aplicación indebida de los artículos 19, 21, 65, 127, 128, 249, 253 subrogado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965, 306, 308, 467, 468, 469 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los artículos 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; artículo 1º de la Ley 52 de 1975, el artículo 6º del Decreto 1160 de 1947 y los artículos 174, 175, 176, 177, 194, 200, 251, 252, 253, 254, 258 y 265 del Código de Procedimiento Civil, vinculado con los artículos 53 y 58 de la Carta Política.

Estimó que la violación denunciada fue consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada liquidó de manera desacertada el salario promedio base de liquidación para cesantías, mesada pensional y quinquenio, al fraccionar devengados.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada liquidó en forma correcta el salario promedio base para liquidación de cesantías, mesada pensional y quinquenio.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la expresión convencional “promedio de todo lo devengado en el último año de servicio” (fl. 127 CCT pensión) alude a la totalidad del valor de los derechos salariales consolidados en su causación jurídica durante el último año de servicio y que deben incluirse en la liquidación final de prestaciones.

4. Dar por demostrado sin estarlo, que la expresión convencional “promedio de todo lo devengado en el último año de servicio” alude a la fracción del valor de los derechos salariales que les corresponde durante el último año de servicio y que deben incluirse en la liquidación final de prestaciones.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante adquirió el derecho (devengó), a la prima de navidad convencional “completa” 100%, por haber laborado ininterrumpidamente, entre el 1º de enero a 31 de diciembre de 2006, fecha de consolidación jurídica del derecho por causación de 360 días, y devengada durante el último año de servicio, (7 de junio de 2006 a 6 de junio de 2007), y por valor de $1.564.897.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante adquirió el derecho (devengó), a la prima de navidad convencional como fracción por haber laborado entre el 7 de junio de 2006 y 31 de diciembre de 2006, fecha de consolidación jurídica del derecho, (por causación de 204 días) durante el último año de servicio, (7 de junio de 2006 a 6 de junio de 2007) y por valor de $886.775.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante adquirió el derecho (devengó), a la prima de junio convencional “completa”, 100%, por haber laborado ininterrumpidamente, entre el 1º de junio de 2006 y el 31 de mayo de 2007, fecha de consolidación jurídica del derecho por causación de 360 días, y devengada durante el último año de servicio, (7 de junio de 2006 a 6 de junio de 2007) y por valor de $ 1.684.299.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante adquirió el derecho, (devengó), a la prima de junio convencional como fracción por haber laborado entre el 7 de junio de 2006 y 31 de mayo de 2007, fecha de consolidación jurídica del derecho, por causación de 354 días, durante el último año de servicio (7 de junio de 2006 a 6 de junio de 2007), por valor de $ 1.656.227.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el período de liquidación de las vacaciones del demandado es entre el 13 de diciembre de 2006 a 12 de diciembre de 2007, por causación de 360 días. (Fl. 25 ingreso, total interrupciones 2).

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que el período de liquidación de las vacaciones del demandado es entre el 7 de junio de 2006 y 6 de junio de 2007, extremos del último año de servicio. (Fls. 25, 16).

11. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante adquirió el derecho (devengó) a la proporción de vacaciones causada entre el 12 de diciembre de 2006 y 6 de junio de 2007 como prima de vacaciones pendientes, devengada el último día de servicio, por valor de $1.477.817, (fl. 26 proporcional), reconocida por la demandada pero que no se incluyó en la liquidación final de prestaciones. (fls. 145 CCT prima vacaciones, 25, 16, 18 DP).

12. No dar por demostrado estándolo, que a mayor tiempo de trabajo al trabajador (sic) le corresponden mayores prestaciones sociales.

13. Dar por demostrado, sin estarlo, que a mayor tiempo de trabajo al trabajador le corresponden menores prestaciones sociales.

Los anteriores errores fácticos derivaron, a su juicio, de la errada valoración de los siguientes documentos: la liquidación de prestaciones sociales y cesantía definitiva; la respuesta de la ETB sobre liquidación de primas, fechada el 16 de septiembre de 2009; el derecho de petición Radicado 001951 del 12 de febrero de 2010; la respuesta dada por la ETB al derecho de petición, de marzo 14 de 2010; la copia auténtica de la convención colectiva 1974-1975 con nota de depósito 13208 del 13 de febrero de 1974; la copia auténtica de la convención colectiva 1972-1973 con nota de depósito 010857 del 12 de abril de 1972; la copia
auténtica de la convención colectiva 1990-1991 con nota de depósito del 16 de febrero de 1990 y la copia auténtica de la convención colectiva 1992-1993 con nota de depósito del 14 de febrero de 1992.

Enlista como pruebas dejadas de apreciar: (i) la “primera liquidación ETB antecedente judicial Ana Segura Morales” y su respectiva reliquidación, (ii) la “Sentencia Tribunal Superior de Bogotá. Condena a ETB. M. P. Reinaldo Valderrama Mesa”, (iii) el “Comparativo Liquidación Tribunal Superior de Bogotá contra Liquidación ETB”, (iv) la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicación 22965 del 8 de junio de 2004.

Para demostrar el cargo, explica que en este caso no se está discutiendo el carácter prestacional de las primas de junio, de diciembre y de vacaciones. La controversia, acota, se centra en determinar si para efectos de liquidar la pensión de jubilación, el quinquenio y el auxilio de cesantías, se debe incluir “el valor total de los factores salariales devengados y consolidados en su causación jurídica durante el último año [de servicios], o si solamente se incluye la fracción o segmento de lo que les corresponde dentro de ese periodo”. En su criterio, el Tribunal dio un alcance restrictivo a la expresión “promedio de todo lo devengado en el último año de servicio” contenida en la convención colectiva referida.

A su juicio, “devengar” es el derecho que se adquiere por el trabajador cuando cumple las condiciones que reglamentan el derecho, para el presente caso, la norma convencional, de modo que:

El manifiesto efecto de la aplicación de los períodos de causación tomados por la empresa demandada, caprichosa e ilegalmente, es fraccionar y menoscabar los devengados “completos”, estos sí producto de los períodos de causación legales, (360 días). (Fls. 25, 16).

En conclusión, cuando la normatividad se remite al “promedio de lo devengado en el último año de servicio”, alude al reconocimiento de todos los derechos consolidados en su causación legal durante tal período, lo causado durante el período y para nada hacen referencia las normas a fracción alguna de lo efectivamente causado y devengado durante este período.

Sostuvo que, de aceptarse la tesis de la demandada, todas las prestaciones solicitadas como factor salarial, disminuirían día por día, afectando negativamente el salario promedio, aunque su antigüedad en el trabajo sea mayor. Sustentó su tesis en providencias de esta corporación que tuvieron por objeto diferenciar los términos “recibido” o “percibido”, del de “devengado” y que dieron prosperidad a pretensiones similares a las que son objeto del presente caso.

Destacó la sentencia con Radicación 17332, en la cual, según su dicho, se define con meridiana claridad que “el devengado indica lo causado en determinado período de tiempo”. Así lo explicó:

La definición se refiere a “determinado período de tiempo” y determinar significa “fijar los términos de algo.” Los períodos de causación se encuentran determinados en las normas convencionales para cada una de las primas demandadas. La demandada “causa” unos valores que no son los devengados convencionales porque utiliza el primer día del último año de servicio y la fecha de causación del derecho, como período de causación del segmento, errores aceptados por el ad quem como se verá.

Elaboró una detallada liquidación de las primas de junio, de navidad y de vacaciones, en la forma cómo las entiende consagradas convencionalmente, previo a lo cual consideró que:

De haberse considerado por parte del ad quem que lo devengado en el último año de servicio corresponde a los derechos que se adquirieron durante este período y que también fueron recibidos por el demandante durante el último año, hubiese admitido que las súplicas sí están correctamente fundadas, otorgando la razón al recurrente. Téngase en cuenta que no se demanda el pago de las primas, por lo tanto, no se demanda lo percibido, por cuanto la demandada cancela sus obligaciones laborales oportunamente; se demanda el reconocimiento de los valores plenos devengados por el demandante respecto de las primas completas, que deben incluirse en el cálculo del salario promedio de lo devengado, base de liquidación de cesantías, mesada pensional y quinquenio, en los términos de la Convención Colectiva de Trabajo.

[…]

Esta liquidación de la demandada que el ad quem consideró correcta contiene varios errores:

1º De haber apreciado correctamente la norma convencional, (fl. 201) el tribunal hubiera advertido que la causación de la prima de navidad “completa” convencional cuyo derecho adquirió el demandante en diciembre 31 de 2006, se liquida por causación de 360 días si el trabajador labora ininterrumpidamente durante el año y no por 204 días como equivocadamente avaló el tribunal. (Fl. 16). Este error se desprende de una indebida aplicación de la expresión convencional “lo devengado por el trabajador en el último año de servicios” como si tal regulación admitiera fracción alguna de lo devengado correspondiente al segmento dentro del último año de servicio.

2º Un error adicional que se desprende de esta aplicación indebida de la norma convencional, consiste en asumir que el trabajador inició labores en la empresa el primer día del último año de servicio, esto es, el 7 de junio de 2006, cuando demostrado sin discusión alguna está el hecho de una antigüedad de 20 años, 5 meses y 24 días de servicio (fl. 25) y el régimen de retroactividad en las cesantías. Otra variante de este error consiste en asumir que el demandante no laboró entre el 1º de enero y el 6 de junio de 2006, hipótesis en las cuales sería correcta la liquidación.

3º La proporcionalidad de los factores salariales se estableció legal y convencionalmente para remunerar al trabajador todo su tiempo de trabajo, cuando solamente se cumple parcialmente el tiempo de causación exigido por las normas para el reconocimiento de prestaciones; pero este principio laboral no puede aplicarse, como en el presente caso, para desconocer las condiciones de tiempo y valor de los derechos, fraccionando los devengados, afectando derechos adquiridos y disminuyendo el salario promedio.

4º Admitir como legal esta liquidación es incurrir en otro error monumental: El valor devengado por prima de navidad es móvil y decreciente que día por día pierde valor, […]

VII. Réplica

La empresa demandada, estimó que el recurrente incurrió en errores de técnica insalvables, tales como la mala formulación del alcance de la impugnación y el haber propuesto el cargo por la vía indirecta, sin indicar con “claridad, precisión y esmero” los desaciertos en la valoración probatoria del ad quem, así como la manera en que esos errores influyeron en la decisión adoptada.

Agregó que se cuestionaron como pruebas mal valoradas, documentos que no gozan de autenticidad, por lo que no pueden entenderse como calificadas, y que “el Tribunal aplicó correctamente el vocablo devengado, en armonía con la convención colectiva de trabajo”.

Finalmente, precisó que no es posible discutir, en sede de casación, aspectos relacionados con el alcance que debe darse a las convenciones colectivas, en la medida en que las mismas no participan de las características de las normas legales de alcance nacional, por lo que un tribunal no incurre en error manifiesto de hecho al acoger razonablemente una determinada interpretación.

VIII. Consideraciones

No asiste razón a la réplica en sus reparos técnicos, porque si bien el censor solicitó a la Corte, una vez casada la sentencia y convertida en sede de instancia, “Revocarlas”, es claro que el vocablo, aunque plural, hacía referencia a la sentencia de primera instancia.

La vía escogida para el ataque, que fue la indirecta, resulta pertinente en este caso, porque persigue que se estudien los desaciertos en la valoración probatoria del ad quem, y la forma como ellos influyeron en su decisión.

Finalmente, en ese aspecto, las convenciones colectivas de trabajo, denunciadas como pruebas mal apreciadas por el tribunal, cumplen con la demostración de su depósito en tiempo, tal como se constata a folios 135 vuelto, 149 vuelto, 150, 187 y 206 del expediente, razón por la cual son documentos auténticos atacables en el recurso de casación.

El problema jurídico que debe resolver esta Sala, se centra en determinar si el Tribunal entendió adecuadamente la expresión “lo devengado por el trabajador en el último año de servicios”, contenida en la convención colectiva de la cual era beneficiario el demandante, caso en el que no habría lugar a quebrar su decisión, o si, por el contrario, erró de manera evidente, ostensible y manifiesta, tal como lo denunció la censura.

Antes de estudiar el problema jurídico planteado, debe la Sala recordar que la convención colectiva de trabajo, en el recurso extraordinario de casación, debe ser vista como un elemento de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcance.

De esa forma, la interpretación de sus cláusulas o disposiciones corresponde primero a las partes y luego a los jueces de instancia, quienes, en su ejercicio, se encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y la libre formación del convencimiento. Así se dijo, por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL9291-2015:

Planteado así el asunto, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido de manera pacífica que en la lógica del recurso extraordinario de casación, la convención colectiva debe ser asumida como uno de los elementos de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances. Por ello mismo, ha insistido en que la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde a los jueces de instancia, quienes en su ejercicio se encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y por la libre formación del convencimiento establecida como principio en el artículo 61 del C. P. T. y S. S.

Bajo las anteriores premisas, ha adoctrinado la Corte que el alcance que pueda otorgarle el juez del trabajo a una determinada cláusula convencional, entre diferentes lecturas razonables, no resulta susceptible de corrección en el ámbito del recurso extraordinario de casación, salvo que tal exégesis resulte totalmente contraria a la razón, al texto naturalmente entendido y a la intención de los contratantes allí concretada, como sucede cuando de la disposición emerge un entendimiento unívoco, de forma tal que se incurra en un error de hecho evidente, ostensible y manifiesto.

La cláusula tercera de la convención colectiva de trabajo 1992-1993, suscrita entre la ETB y su sindicato de base “Sintrateléfonos” y “Atelca” señala lo siguiente: […]

Cláusula 3. Pensiones de Jubilación […] b) Liquidación […]

Parágrafo primero. La pensión de jubilación se liquidará teniendo en cuenta el promedio mensual de todo lo devengado en el último año de servicio, empleando los mismos procedimientos y factores tomados para cesantía definitiva (fl. 127).

Tal como se observa a folio 28 del expediente, la demandada incluyó como factores salariales, además del quinquenio y otros conceptos, la prima de navidad, en cuantía de $1.616.638; la prima de vacaciones, en cuantía de $2.582.592; y la prima de junio, en cuantía de $1.684.299, valores de los cuales extrajo la doceava parte, que incluyó para efectos de determinar el valor de la pensión.

El desacuerdo de la censura consistió en que, al efectuar ese cálculo, la entidad sólo tuvo en cuenta la parte proporcional (fracción) de dichas prestaciones, de acuerdo con lo que fue devengado por el actor durante su último año de servicios (7 de junio de 2006 a 6 de junio de 2007), de modo que, por ejemplo, para la prima de navidad únicamente reconoció 204 días para el período del 7 de junio al 30 de diciembre de 2006 y 156 días entre el 1º de enero y el 6 de junio de 2007, cuando en realidad debió tener como base los 360 días comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2006 ($1.564.897), más los 156 días por la fracción entre el 1º de enero y el 6 de junio de 2007 ($729.863).

La interpretación del tribunal, según la censura, “fracciona la prima “completa” por causación de 360 días a 204 días, menoscabando el devengado convencional del demandante (fl. 15).

A juicio de esta Sala, el recurrente entiende erróneamente la expresión “devengado”, porque en la forma como lo explica, confunde lo “percibido” en el último año de servicios, con lo que efectivamente devengó el actor dentro de esa misma fracción de tiempo, que naturalmente nunca podrá ser superior a 360 días.

La jurisprudencia de esta corporación, ha explicado insistentemente que puede suceder que un determinado pago se refiera a derechos causados en períodos anuales anteriores sin que por ello, entonces, el mismo deba tenerse en cuenta como base para la respectiva liquidación.

Al respecto, en la Sentencia CSJ SL9059-2014, que rememoró, entre otras, la CSJ SL, 31 ene. 2001, Rad. 15306, esta corporación explicó:

[…] El reparo de la censura a la sentencia del tribunal consiste en el entendimiento equivocado de la palabra “devengado”, y para ello transcribe la definición de la Real Academia de la Lengua, así: “DEVENGAR: Hacer uno alguna cosa mereciéndola. (Escriche) Adquirir derecho a una percepción o retribución por el trabajo prestado, los servicios desempeñados u otros títulos. Se dice por ello que se devengan costas, honorarios, sueldos. Producir intereses o réditos. (Devengo, Hidalgo de devengar quinientos sueldos, Vengar.” (Fl. 10 del cuaderno de la Corte).

Basta detenerse en la acepción resaltada, para coincidir con el tribunal en el alcance de dicha cláusula. En efecto, la estipulación de manera clara se refiere al “promedio devengado en el último año de servicio”, lo que es igual al promedio causado. Por tanto, son conceptos totalmente diferentes adquirir el derecho a una determinada remuneración y percibirla o recibirla. Por ello puede ocurrir que el derecho a una prima se adquiera en un año determinado, pero su pago se efectúe en otro: en tal hipótesis habría que concluir que se devengó en el primer año, y si éste coincide con el último año de servicios, su valor debe ser tenido en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, así su pago se hubiere efectuado en un año diferente.

Así pues, de la simple lectura de la cláusula convencional y de la explicación que jurisprudencialmente ha dado esta corporación, se concluye que el tribunal no incurrió en un error evidente, ostensible y manifiesto, habida cuenta que el sentido que le asignó a la expresión contenida en la convención colectiva, relativa a la metodología que debía aplicarse para la liquidación de la pensión y demás prestaciones de William Orlando Soler Ríos, se ajusta a lo sostenido por la jurisprudencia.

Esta posición también se reiteró en la sentencia CSJ SL12250-2015 en la que frente a un asunto similar al que ahora se resuelve, se afirmó:

Para estos efectos, y teniendo en cuenta los salarios devengados en el último año de servicios (28/11/1991-27/11/1992), se procedió a calcular la proporción de la prima de servicios que va del 28 de noviembre al 30 de noviembre de 1991, lo que arroja un valor de $36.883,53; la prima completa que va del 1º de diciembre de 1991 al 31 de mayo de 1992, por $221.301,16; y la proporción que va del 1º de junio de 1992 al 27 de noviembre de 1992 (fecha de retiro) por un monto de 189.173,65; para un total de 447.358,34.

La censura, entonces, presenta un entendimiento que en criterio de la Corte es inexacto, pues no es esa la forma en que convencionalmente está prevista la liquidación de las prestaciones sociales y la pensión de jubilación del actor. No es viable que, además del promedio mensual de todo lo devengado en el último año de servicio, también se tenga en cuenta lo que, causado por fuera del último año, se haya “percibido” por el demandante dentro de ese lapso.

Esa, que es una alternativa interpretativa, es insuficiente para provocar la ruptura del fallo cuestionado.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Costas en el recurso a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se señala la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), la cual deberá incluirse en la liquidación que realice el juez de primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del CGP.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por William Orlando Soler Ríos contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB).

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Ana María Muñoz Segura—Omar de Jesús Restrepo Ochoa—Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.