Sentencia SL16285-2017/45315 de septiembre 27 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16285-2017

Rad. 45315

Magistrada Ponente:

Dra. Ana María Muñoz Segura

Acta 12

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte:

[…] CASE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) —Sala primera de Decisión Laboral— para que una vez constituida en sede de instancia REVOQUE TOTALMENTE la providencia dictada el día 13 del mes de noviembre del año 2009 […] confirmando la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito […].

Con tal propósito se formuló un cargo, el cual no fue replicado.

VI. Único cargo

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos “10, 11 y 16 del Decreto 1889 de 1994, artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 13 respectivamente de la Ley 797 de 2003, artículos 48, 50 de la Ley 100 de 1993, artículos 14, 141 de la Ley 100 de 1993”.

Señaló el siguiente error de hecho:

No dar por probado estándolo, que la señora Blanca Odilia Soriano Álvarez, era compañera permanente del señor Fernando Franco Castaño (q.e.p.d), por haberse configurado la convivencia entre ellos en la forma indicada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2007.

Enlistó como pruebas erróneamente apreciadas:

1. Declaración de la señora Gloria Stella Vallejo Velásquez (folios 105 a 106).

2. Declaración de la señora María Evelyn Gómez Cano (folios 106 a 108).

3. Declaración de Lucelly del Socorro Franco de Ossa (folios 122 a 125).

4. Declaración de Hernando Franco Valencia (folios 127 a 129).

5. Declaración de Fanny de Jesús Franco Valencia (folios 16 a 117).

6. Declaración de Israel de Jesús Zapata Osorio (folios 118 a 119).

7. Declaración de Mauro de Jesús Tobón Franco (folios 120 a 121).

8. Declaración de Martha Lucía Franco Valencia (folios 125 a 127).

9. Constancia emitida por el Coordinador Unidad Territorial de Antioquia, Red de solidaridad social de la Presidencia de la República (folio 46), fecha 8 de agosto de 2003.

10. Registro civil de nacimiento del niño Jeferson Lorenzo Soriano (folio 109).

11. Fotografías obrantes aportadas con la declaración del señor Hernando Franco Valencia (folios 132).

12. Historia Clínica (folio 34).

13. Certificación de la funeraria La María (folio 132).

14. Formulario único de afiliación e inscripción a la E.P.S —Régimen contributivo— del Instituto de Seguros Sociales, con fecha de radicación 28 de octubre de 1998. (folio 145).

15. Formulario único de afiliación e inscripción a la E.P.S —Régimen contributivo— del Instituto de Seguros Sociales, con fecha de radicación 13 de marzo de 2003.

Demostración del cargo

Manifestó la recurrente que el Tribunal “[…] recortó de manera drástica el contenido de todas las anteriores declaraciones”. Por esa razón erró el juzgador de segundo grado al no valorar el contenido completo de los testimonios rendidos. De haberlo realizado, no habría revocado la sentencia en razón a que estos demuestran que sí existió una convivencia por un periodo de 6 años entre la demandante y el señor Fernando Franco Castaño.

Advirtió la censura que de las declaraciones denominadas por el ad quem como del primer grupo, se observan versiones unánimes en cuanto a que la demandante y el pensionado mantuvieron una convivencia. Recordó que estos testigos “[…] hablan de manera clara y detallada describiendo el tipo de convivencia, su duración, y se refieren igualmente a la calidad que ostentaba la demandante, como compañera permanente del pensionado fallecido”.

Así mismo en cuanto a la declaración de Martha Lucía Franco Varela, adujo que erró el Tribunal al valorarla, debido a que, al no aparecer firma sobre la transcripción de su declaración, esta prueba no podía ser estudiada.

Con respecto a la constancia emitida por el Coordinador de la unidad territorial de Antioquia, en la cual la actora aparecía incluida en el Sistema único de población desplazada, señaló la recurrente que esta prueba no podría ser sustancial puesto que el ad quem “[…] no realiza ningún esfuerzo por describir el porqué (sic) o la razón suficiente para estimar como significativa la prueba mencionada, vemos como el Tribunal simplemente se limita a transcribir el contenido del documento y a destacar una parte de la misma en negrilla”. Además indicó que la actora quedó registrada como desplazada en razón a que en ese momento “[…] se encontraba de visita con su compañero permanente, en Caldas visitando a sus padres”.

En cuanto al registro civil de nacimiento de Jeferson Lorenzo Soriano, quien nació el 24 de septiembre de 1996 en Samaná (Caldas), adujo que esta prueba “[…] únicamente da fe del nacimiento del hijo de la demandante”. Frente a lo anterior, afirmó que se equivocó el Tribunal cuando señaló que no coincidieron la fecha de nacimiento del menor con la fecha la que según los testigos que la actora se encontraba laborando en Medellín, debido a que “[…] si bien el menor nació en el año 1996 en el mes de septiembre […] nada impedía que su madre posteriormente empezara a trabajar y que trabajara en otra ciudad, o que su madre se desplazara por fuera de la ciudad en que nació el menor”.

De otro lado, frente a las fotografías aportadas por la testigo, Antonia Franco Valencia, aseveró la censura que erró el Tribunal al ver “[…] en la prueba documental aportada por el testigo otra prueba que no existe, y es la de la edad del menor Jeferson, y es pues que con fundamento en una simple fotografía no se puede establecer la edad exacta de una persona”. Alegó que el Tribunal no podía restarle credibilidad y objetividad a lo dicho por la declarante, en razón al análisis equivocado de las fotografías allegadas al plenario.

Señaló la recurrente que con respecto a la contradicción en las declaraciones sobre la época en la que el causante se enfermó de cáncer pulmonar, lo primordial no era establecer la fecha del diagnóstico de la enfermedad sino comprobar que el señor Fernando Franco Castaño estuvo enfermo y la demandante fue quien se encargó de todos sus cuidados mientras convivían.

Así mismo, en cuanto a la historia clínica del fallecido advirtió que se equivocó el Tribunal por no apreciar todos los documentos que la integran de los cuales se desprende “[…] que durante el tiempo de padecimiento de la enfermedad del señor Fernando Franco, el mismo sí tuvo acompañamiento De Sus Familiares, grupo familiar conformado entre otros por la señora demandante, aunque su nombre no aparece como tal en la historia clínica”.

Ahora bien, frente a la certificación expedida por la funeraria La María en la que se indicó que el causante perteneció a los “Contratos Preexequiales Funeraria la Maria”, adujo la censura que en ningún momento se quiso probar que la demandante pagó los gastos de la funeraria sino que realizó “las vueltas o gestiones frente a la funeraria para lo respectivo del funeral, en virtud del Contrato Preexequial”.

Finalmente, con respecto a la prueba de afiliación de la demandante a la EPS como beneficiaria del causante, advirtió que el ad quem fundó sus conclusiones en el testimonio rendido por la señora Martha Lucía Franco y, como ya había sido señalado, esta declaración no la podía tener en cuenta puesto que no fue firmada. Al tenor de lo anterior, concluyó:

[…] respecto de la afiliación y registro de la señora Blanca Odilia Soriano Álvarez, al igual que sus dos hijos menores edad, el Tribunal se abstuvo de apreciar la prueba que reposa a folio 186 del expediente, en el cual la Coordinación de Afiliación y Registro del Seguro Social hace constar: “QUE LA SEÑOR(A) FERNANDO FRANCO CASTAÑO C (sic) 585020 TIENE COMO BENEFICIARIO A BLANCA SORIASNO (sic) ÁLVAREZ C.C 43.623.929. CAROLINA SORIANO RC 10150873. LORENZO SORIANO RC2756113 DESDE 14 02 2003 SEGÚN DOCUMENTACIÓN PRESENTA (sic) POR EL AFILIADO”. Si bien es cierto que la afiliación se realizó mucho tiempo después del momento en que comenzó la convivencia entre la demandante y el señor Fernando Franco, este documento da fe de una sola cosa, de la efectiva aceptación por parte del Instituto de Seguros Sociales del documento obrante a folio 134, del cual el Tribunal erigió una sospecha de falsedad en la firma del causante.

VII. Consideraciones

Conforme se desprende de lo planteado en el cargo, la parte recurrente le atribuye al Tribunal la comisión de un error de hecho, dirigido a demostrar que el fallador de segundo grado se equivocó al concluir que la demandante, en su calidad de compañera permanente, no convivió con el causante de forma continua durante los últimos cinco años de vida exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993.

La recurrente indicó que se valoraron erróneamente una serie de pruebas que enlistó en la demanda de casación. Por lo anterior, el problema jurídico que se plantea la Corte para su estudio, consiste en determinar si erró el ad quem al establecer que no existió convivencia entre la accionante y el fallecido Fernando Franco Castaño.

Resulta pertinente aclarar, que el error de hecho en materia laboral “[…] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida” (sentencias CSJ, 11 feb. 1994, rad. 6043, reiterada en la SL5988-2016, 4 may. 2016, rad. 43354 y SL5132-2017, rad. 46162), además para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Así mismo, a la luz del artículo 61 del CPTSS, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento “[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”. En este orden de ideas, si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, los jueces están facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa eventualidad “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, como los señala la norma inicialmente citada.

Sobre el particular la Sala en Sentencia CSJ SL, 5 noviembre de 1998 rad. 11111, reiterada recientemente en Sentencia CSJ SL 4514-2017, señaló:

El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho.

Con las anteriores aclaraciones pertinentes, procede la Sala al estudio de las pruebas que el recurrente señala como erróneamente valoradas por el Tribunal, de donde resulta lo siguiente:

1. Constancia emitida por el Coordinador de la unidad territorial de Antioquia Red de solidaridad social de la Presidencia de la República (f.º46): Esta probanza demuestra que desde el 20 de diciembre de 2002 la accionante aparece incluida en el Sistema único de registro de población desplazada por la violencia en la ciudad de Manizales. Indica también este documento que el grupo familiar está compuesto por sus hijos Aireth Carolina Soriano y Jeferson Lorenzo Soriano.

Adujo la censura que el Tribunal erró en la valoración de esta prueba, en razón a que la accionante fue registrada como desplazada simplemente porque en ese momento “[…] se encontraba de visita con su compañero permanente, en Caldas visitando a sus padres”.

Para la Sala, el citado documento, contrario a lo que afirma la recurrente, y en armonía con la apreciación que hizo el ad quem, constituye un indicio de que para el año 2002 la accionante se encontraba viviendo en la ciudad de Manizales y no en Medellín, lugar de domicilio del fallecido, imposibilitándose con ello una real convivencia entre ambos.

De conformidad con la fecha del deceso del fallecido, 24 de junio de 2004, para que la actora pudiera ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes debía demostrar una convivencia con este desde el 24 de junio de 1999. Es cierto que la Sala ha aceptado que en consideración a determinadas circunstancias la convivencia puede estar interrumpida, así en sentencia CSJ SL, 28 oct. 2009, rad. 34899 reiterada en CSJ SL, 31 ago. 2010 y CSJ SL6990-2016, entre otras, se señaló “[…] la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros”; sin embargo, la accionante no allega al proceso prueba alguna que justifique este interregno en el que lógicamente no pudo haber convivencia. Por tanto, no se equivoca el Tribunal al sumar esta probanza a todas las que desvirtuaron la convivencia discutida.

2. Registro civil de nacimiento de Jeferson Lorenzo Soriano (f.º 109): Deviene de esta documental que el hijo de la actora nació el 24 de septiembre de 1996 en el municipio de Samaná (Caldas). El Tribunal al valorar esta prueba encontró una contradicción frente a las versiones rendidas con el primer grupo de testigos quienes afirmaron que ese mismo año, es decir 1996, la demandante era trabajadora en la ciudad de Medellín.

Para la censura, con este análisis, el juez de alzada comete un error “ostensible y abiertamente manifiesto” pues si bien el menor nació en el mes de septiembre del año 1996, nada impedía que su madre posteriormente empezara a trabajar en otra ciudad. Si bien es cierto que la posibilidad señalada por la recurrente existe, aceptar que en los meses de octubre a diciembre la accionante se hubiera trasladado a Medellín en nada variaría la decisión del Tribunal, no siendo este un motivo suficiente para quebrantar el fallo.

3. Historia clínica del causante (f.º 34 y siguientes): En este documento, emitido en el año 2000, el médico tratante del fallecido dentro del acápite de “informes varios” estableció lo siguiente: “Enterado de los riesgos de la cirugía y complicaciones autorizan realizar el procedimiento quirúrgico el paciente y vecina de este porque la familia nunca se ha encargado de él y vive solo”.

El Tribunal le dio un valor importante a esta prueba, señalando que con esta constancia se desacreditó la relación sentimental que desde el año 1997 pretende demostrar la accionante. Por su parte, la censura denuncia error en la valoración de esta prueba que desconoció los documentos visibles a folios 146, 163, 164 y 167 a 169 de los cuales “nítidamente se desprende que durante el tiempo de padecimiento de la enfermedad del señor Fernando Franco, el mismo sí tuvo acompañamiento De Sus Familiares, grupo familiar conformado entre otros por la señora demandante, aunque su nombre no aparezca como tal en la historia clínica”.

Si bien la censura acusa como prueba mal valorada la historia clínica, en la demostración del cargo para sustentar el error del Tribunal, no se circunscribe al contenido de esta, por el contrario, se vale de otros documentos que en su sentir, de haberse apreciado le restarían valor a la tesis de que los familiares del señor Franco Castaño no lo acompañaron durante su enfermedad.

A pesar del esfuerzo argumentativo realizado por la recurrente, para la Sala dichas probanzas no logran el propósito que pretende el censor. Lo cierto es que, en ninguno de los documentos relacionados con el ingreso o salida del centro hospitalario, así como la asistencia a consultas médicas en los cuales se señala “paciente que es traído por la familia” o “en compañía de la familia” existe constancia de que el fallecido estuviera acompañado por la actora.

Con todo, si en gracia de discusión se aceptara que la señora Blanca Odilia Soriano Álvarez, estuviera incluida dentro del grupo familiar que eventualmente acompañaba al causante, esta tampoco sería una probanza que pudiese demostrar la convivencia, pues las fechas de los documentos acusados como no apreciados son mayoritariamente del año 2003 y dos de ellos del año 2001; lo que con suerte generaría un vínculo entre la actora y el fallecido por dos años y seis meses anteriores al deceso, insuficientes para cumplir lo preceptuado en la norma, esto es, 5 años.

4. Certificación de la funeraria La María (f.º 132): En el citado documento la entidad certificó que el causante “[…] perteneció a contratos preexequiales Funeraria la María desde el 3 de mayo de 1994 el cual cancelaba sin falta sus cuotas mensualmente hasta el 24 de junio de 2003 día en el cual Funeraria La María prestó sus servicios sin recibir excedente alguno por parte del solicitante del servicio”.

Esta certificación se sumó a las pruebas que el Tribunal valoró, concluyendo que la señora Soriano Álvarez no fue quien asumió los gastos del funeral. Al respecto, la censura señala un error pues lo que se quiso demostrar con esta prueba es que la demandante fue quien realizó “[…] las vueltas o gestiones frente a la funeraria para lo respectivo del funeral, en virtud del Contrato Preexequial”.

En definitiva, esta certificación solo acredita que el de cujus realizó un contrato preexequial con la funeraria la María. Ahora bien, acerca de las gestiones que según la recurrente realizó la actora ante la mencionada funeraria, no se sigue forzosamente que quien las realizó haya convivido con el causante. Máxime cuando el Tribunal encontró otros elementos de juicio que demuestran que no se configuró la convivencia del fallecido con la señora Soriano Álvarez.

5. Formulario único de afiliación e inscripción a la EPS del 28 de octubre de 1998 (f.º 145) y del 13 de marzo de 2003 (f.º 134): La censura sostiene que a pesar de que la afiliación “[…] se realizó mucho tiempo después del momento en que comenzó la convivencia entre la demandante y el señor Fernando Franco […]”, a su juicio el documento demuestra la aceptación por parte del ISS de la afiliación de la demandante como beneficiaria, cuestionando con ello, la sospecha de falsedad sobre la firma del causante realizada por el juez de segunda instancia.

Sobre este tipo de probanza ha previsto la Corte en su reiterada y pacífica jurisprudencia, que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en sí misma no constituye prueba que acredite la convivencia, ni mucho menos su período de duración. Así, las sentencias CSJ SL11119-2016, SL1423-2015 y SL, 19 feb. 2011, rad. 3964, previeron:

Ahora, respecto de la documental denunciada por el censor como erradamente apreciadas y consistentes en las certificaciones de afiliación a Colmedica S.A. (folio 18), paz y salvo de auxilio póstumo (folio 21), certificado laboral emitido por AVIANCA S.A. (folio 22) y certificado AJUCAX, acerca del pago de póliza de salud (folio 23), documentos donde la cónyuge fue incluida como beneficiaria del causante se tiene que el Tribunal fue claro en señalar que eran indicativos de que el de cujus inscribió como amparados por esas pólizas a sus hijos y a su esposa, pero que de ellos no se podía establecer la convivencia de esta.

Deducción que comparte esa Magistratura, pues en realidad, la sola inclusión de la cónyuge como favorecida de determinados beneficios económicos, no implican esa noción de convivencia.

Con respecto a los testimonios que cita la censura, como pruebas mal apreciadas, su estudio solo resulta procedente cuando se ha demostrado el error con pruebas calificadas, las cuales están indicadas en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 y son los documentos auténticos, la inspección judicial y la confesión, como ello no aconteció en el sub lite no es posible su ponderación.

Ahora bien, en cuanto al tema de fondo cabe destacarse que los últimos cinco años de convivencia previos al fallecimiento exigidos por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que en este asunto no acreditó la demandante, deben ser cumplidos tal como lo dejó sentado la Corporación, entre muchas otras, en la Sentencia CSJ SL12173-2015 en la que se puntualizó:

La disposición en cita, establece con claridad que para que el (a) cónyuge o el (a) compañero (a) supérstite, tenga derecho a la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado, es necesario acreditar “que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.

Se reitera que en el caso objeto de estudio, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, la señora Blanca Odilia Soriano Álvarez debió acreditar una convivencia efectiva con el causante por el tiempo señalado en la norma objeto de estudio, 5 años, pues lo que procura esta prestación es la protección de la familia y la compensación mínima ante la pérdida de un ser querido; de ahí que cuando no se acredite la unión que supone apoyo entre las dos personas que la conforman con ánimo de familia, la prestación pretendida no puede ser concedida.

Siguiendo el citado precedente, es claro que no fueron acreditadas las exigencias ya aludidas. Así, al no estar demostrados los errores atribuidos por la censura al Tribunal con el carácter de manifiestos que conduzcan al quiebre de la decisión, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso de casación.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el trece (13) de noviembre de dos mil nueve (2009) proferida por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Blanca Odilia Soriano Álvarez, contra el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, y municipios asociados del Valle de Aburrá, MASA.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».