Sentencia SL16289-2017 de septiembre 13 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 4

Magistrada Ponente:

Ana María Muñoz Segura

SL16289-2017

Rad.: 55440

Acta 10

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

IX. CONSIDERACIONES

Empieza la Sala por advertir que los primeros dos cargos presentados por la parte recurrente, presentan errores de técnica sobre los cuales conviene referirse. Ambos cargos acusan la sentencia del Tribunal de ser violatoria, por la vía directa en la modalidad de apreciación indebida, de los artículos 11 y 12 f) de la Ley 6 de 1945 y 1º del Decreto 797 de 1949.

Al respecto, ha señalado esta corporación que, frente a los temas de indemnización moratoria, la modalidad para atacar el fallo del ad quem bajo la vía directa, es la de interpretación errónea y no la de aplicación indebida, pues en el problema aquí presentado, la discusión versa sobre el alcance o sentido que se le da a la norma, que no le corresponde. Lo anterior, se contrapone a la definición de aplicación indebida, modalidad utilizada en los casos en que se emplea un precepto legal que no corresponde al caso litigado.

Así las cosas, debió el censor atacar la interpretación errónea por parte del ad quem de los artículos 11 y 12 f) de la Ley 6 de 1945 y 1º del Decreto 797 de 1949 respectivamente, pues sí son las disposiciones aplicables para el tema de indemnización moratoria por no pago de cesantías en trabajadores oficiales, aunque se le haya dado un alcance que no corresponde.

Al respecto, la Corte en sentencia SL, 26 oct. 1992, rad. 4956, adujo:

Siguiendo los derroteros trazados por la Corte, precisa la Sala que la aplicación automática de la sanción moratoria, no implica aplicación indebida de la ley como que la norma es aplicable a situaciones morosas en el pago de obligaciones laborales y siendo así, no hay lugar a considerar que su aplicación automática implica aplicación indebida, pues el caso la reclama, pero con alcances distintos. 

Interpretar erróneamente un precepto legal es, pues, en casación aplicando al caso litigado por ser el pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde. De consiguiente, el quebranto de una norma sustancial, en la especie de interpretación errónea, excluye la falta de aplicación de la misma; y excluye igualmente la aplicación indebida, porque en el caso del yerro hermenéutico se aplica la disposición legal que corresponde, pero con una inteligencia que no puede dársele, en tanto que en la aplicación indebida se emplea el precepto que no corresponde al caso litigado. 

Por lo anterior, se desestiman el primero y el segundo cargo toda vez que los yerros cometidos por el casacionista no permiten estudiar de fondo los mismos. Sin embargo, el tercer y último si será estudiado de fondo, teniendo en cuenta que todos los cargos están dirigidos respecto del mismo cuerpo normativo.

Los cargos no prosperan.

(...).

XII. CONSIDERACIONES

La controversia jurídica que el recurrente planteó contra el fallo del tribunal se circunscribe a los siguientes aspectos: (i) la procedencia de la indemnización moratoria por no pago de cesantías, con ocasión de la retención de las mismas provista por el empleador y; (ii) la fecha de exigibilidad del auxilio de cesantías al mediar un proceso penal en curso, sobre el cual fundamenta la Entidad demandada el móvil para ejercer la facultad de retención de dicha prestación, en los términos de que trata el artículo 12, literal f) de la Ley 6ª de 1945.

Frente al primer aspecto, debe primero esta corporación dejar en claro que la indemnización moratoria por no pago de cesantías, no procede automáticamente por la condena al pago de las cesantías que hayan quedado insolutas al momento de la finalización del contrato de trabajo.

Por el contrario, tal y como reiteró esta Sala en Sentencia CSJ SL13187-2015, la indemnización moratoria de que trata el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, el cual modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, se ha constituido como una sanción para el empleador que, sin razón o motivación alguna, se sustrajo del pago de acreencias y demás obligaciones de carácter laboral a su cargo. En ese orden de ideas, es menester acreditar la buena o mala fe del empleador, en aras de verificar si al momento de la finalización del vínculo laboral, éste obró bajo los principios de honestidad y lealtad que justifiquen el no pago de las prestaciones solicitadas.

En el sub examine, el recurrente indica que la retención de las cesantías por parte de la empresa demandada adoleció de ilegalidad, pues el proceso penal iniciado en contra del señor Alvarado Alfonso, feneció con sentencia absolutoria en favor del actor. Así las cosas, considera que se encuentra legitimada la acción realizada por la Caja Agraria y, en ese sentido, procede la respectiva indemnización moratoria.

Sin embargo, en un caso con similares preceptos fácticos y jurídicos, la Corte señaló en Sentencia CSJ SL6933-2016 que en virtud del artículo 12 de la Ley 6 de 1945, el empleador está facultado para retener de forma indefinida las cesantías de los trabajadores oficiales, siempre que medien causas legales para ello. En tal sentido, al existir un proceso penal en curso contra el accionante, se evidencia que mediaba una justa causa comprobada para la retención de las cesantías, constituyendo así en cabeza de la Caja Agraria un actuar totalmente desprovisto de mala fe, pues existía un verdadero convencimiento de que el trabajador no tenía derecho a reclamar el pago de sus cesantías.

Además de este pronunciamiento, el Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2003-0044101(6175-03), señaló respecto a la retención de auxilio de cesantías lo siguiente:

En desarrollo de estas funciones bien podía establecer medidas como la contenida en la norma atacada puesto que el auxilio de cesantías es una prestación y la norma está dirigida a establecer una medida cautelar sobre las sumas a que tuviere derecho el trabajador por concepto de la prestación. La circunstancia de que lo dispuesto produzca efectos en otros ámbitos del ordenamiento jurídico es consecuencia lógica de que el mismo es uno sólo y, por ende, lo dispuesto en materia prestacional puede generar efectos en aspectos disciplinarios y penales.

Por lo anterior, adujo el Consejo de Estado en la misma sentencia que si el empleador del sector privado cuenta con los medios para retener el pago del auxilio de cesantía, con mayor razón debe gozar de ellos el Estado empleador pues en su caso se trata de proteger el patrimonio colectivo.

Así pues, es dable concluir que no procede la indemnización moratoria pues no se halla demostrada la mala fe en cabeza de la Caja Agraria, toda vez que la retención efectuada se hizo de buena fe, encontrando su sustento en disposiciones normativas que así lo respaldan.

Frente al segundo problema jurídico propuesto, estableció esta corporación en Sentencia CSJ SL6933-2016, que la fecha a partir de la cual se hacía exigible el pago de las cesantías en los casos de retención, era a partir del momento en que desapareciera el móvil que llevó al empleador a hacer uso de dicha facultad otorgada por la normatividad aplicable.

Con lo anterior, si bien le asiste razón al recurrente al afirmar que el término de prescripción corre a partir de la culminación del proceso penal iniciado en su contra, esto no es óbice para acceder a la indemnización solicitada. Pues como se explicó en precedente, el criterio principal para acceder a dicho emolumento encuentra su fundamento en la demostración de mala fe por parte de la Entidad demanda, elemento que no se encuentra acreditado en el proceso.

Ahora bien, si en gracia de discusión se tuviera que hay lugar al pago de la indemnización moratoria por no pago de cesantías, se tendría que dicho pago es exigible a partir de la terminación del proceso penal iniciado en contra del demandante. En todo caso, dicho supuesto sería igualmente improcedente, pues como obra a folios 78 y 79 del cuaderno del juzgado, la Caja Agraria accedió al reconocimiento y pago de las cesantías retenidas una vez conoció del fallo absolutorio que puso fin a la investigación penal iniciado al señor Alvarado Alfonso.

Por lo anteriormente expuesto los cargos no prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario, pues a pesar de haber demostrado el censor un yerro en la sentencia proferida por el ad quem, lo anterior no es suficiente para casar la sentencia.

XIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HÉCTOR MIGUEL ALVARADO ALFONSO contra CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO – CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Ana María Muñoz Segura—Omar de Jesús Restrepo Ochoa—Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez, (Impedimento)».