Sentencia SL16367-2014 de octubre 22 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 36179

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 38

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil catorce.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia contra la sentencia dictada el 12 de marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Ibagué, en el proceso que contra la recurrente promovió F.C.G. y al cual se convocó como llamada en garantía a la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, el demandante persiguió que la hoy recurrente fuera condenada, “de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del CST”, a pagarle, por causa de enfermedad profesional y accidente de trabajo, lucro cesante (consolidado y futuro), perjuicios morales (objetivados y subjetivados), indemnización de perjuicios fisiológicos, con las fórmulas y en los valores anunciados en la demanda.

Fundó las anteriores pretensiones, en suma de los 27 numerales que incluyó en la demanda, en que: 1) le prestó sus servicios personales a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia del 30 de noviembre de 1994 al 14 de junio de 2004, cuando fue pensionado por invalidez a causa de enfermedad profesional; 2) en el cumplimiento de su labor sufrió dos accidentes de trabajo, los cuales le dejaron diferentes secuelas en la salud que aún no ha podido superar; 3) la dicha actividad la ejecutó en zonas de alta influencia por parte de grupos al margen de la ley al punto de haber sido objeto de dos secuestros, hechos que lo obligaron a pedir atención profesional siquiátrica en la cual se le diagnóstico ‘estrés post traumático’, que obligaba a que su empleadora modificara sus condiciones de trabajo; 4) luego de cumplir diferentes y engorrosos procedimientos se le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral de origen profesional del orden del 51,2% que dio lugar a que le fuera reconocida la pensión de invalidez por parte de la ARP Agrícola de Seguros, lo cual igualmente sirvió para que su empleadora le terminara el contrato de trabajo; y 5) tanto la enfermedad profesional que padeció y por la cual fue pensionado, como los accidentes de trabajo que le dejaron lesiones cervicales que aún no ha podido superar, se produjeron con culpa de su empleadora, dado que esta no cumplió a cabalidad con su obligación de seguridad al no prevenir y tratar adecuadamente los riesgos a los que se vio expuesto en la ejecución de su labor, tal y como se lo exigía el artículo 21 del Decreto 1295 de 1994.

La empresa demandada, al contestar, aun cuando aceptó los servicios que el demandante dijo haberle prestado, en su defensa arguyó que no fue notificada oportunamente por el trabajador de los accidentes de trabajo que dijo haber sufrido sino apenas hasta enero de 2002; y que además de afiliarlo a la administradora de riesgos laborales, el hecho de que aquella le hubiera reconocido la pensión de invalidez acredita que ella le puso en conocimiento de los sucesos que dieron origen a su pensión. Agregó que actuó celosamente en el cumplimiento de los lineamientos de las disposiciones de riesgos laborales. Propuso, como previas, las excepciones de inexistencia del demandado, inepta demanda, prescripción, falta de integración del contradictorio, y de fondo, falta de legitimación por pasiva.

La llamada en garantía manifestó haber conocido de la ocurrencia del accidente de trabajo aducido por el actor en el mes de febrero de 2002, que la enfermedad cervical padecida por aquel no era de origen profesional sino común y que la demandada actuó conforme a derecho, por lo que no tiene responsabilidad alguna por los eventos anunciados en la demanda. Propuso las excepciones de buena fe, prescripción, inexistencia de culpa debidamente probada, falta de nexo causal, culpa exclusiva de la víctima, prescripción del derecho, ausencia de normatividad y de prueba sobre monto de perjuicios. Agregó que ella cumplió como administradora de riesgos profesionales con la normativa pertinente y al respecto excepcionó pago, inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la calificación del accidente de trabajo, prescripción y deducción y reembolso de prestaciones canceladas.

II. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 23 de enero de 2007, y con ella el juzgado declaró “no probada la excepción de falta de legitimación en causa planteada por la aseguradora de riesgos profesionales ARP Agrícola de Seguros S.A.” y “por no estar acreditada la ocurrencia de accidente de trabajo que se invoca en la demanda padecido por F.C.G. durante época en que prestó sus servicios como trabajador de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, se exonera a esta y a la ARP Agrícola de Seguros de las pretensiones de la demanda”. Impuso el pago de las costas al actor.

III. Sentencia de segunda instancia

La alzada se surtió por apelación del demandante y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal de Ibagué revocó la de su inferior para, en su lugar, declarar que la hoy recurrente incurrió en culpa patronal “en la enfermedad padecida por el demandante F.C.G., con fecha de estructuración julio de 2002”, y por ende, la condenó a pagarle “perjuicios así: lucro cesante consolidado a la fecha de hoy. $ 19.803.334.41. Lucro cesante futuro $ 94.626.028.04. Daño moral subjetivado $ 15.000.000”. Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por esta, le impuso el pago de las costas de ambas instancias y absolvió a la llamada en garantía.

Para ello, y en lo atinente al recurso extraordinario, una vez recordó las alegaciones del demandante tendientes a demostrar la culpa patronal en la ocurrencia de la enfermedad profesional que lo aquejó, por haberlo enviado la demandada a trabajar a la zona de influencia guerrillera y paramilitar con violación del reglamento de salud ocupacional y no obstante el antecedente traumático de 1999 ya conocido, con fundamento en el carácter subjetivo de la responsabilidad prevista en el artículo 216 del CST y el desconocimiento de las medidas de protección que atañen al empleador según los artículos 56 y 57 del CST y la presunción en contra del deudor del artículo 1604 del Código Civil, y asentó que esa corporación ya había considerado que el artículo 216 del CST entrañaba una responsabilidad subjetiva, pues “es necesario que respecto del empleador ‘exista culpa suficientemente comprobada’”; así como que los artículos 21, 56, 58 y 62 del Decreto 1295 de 1994 disponían las responsabilidades del empleador frente a las contingencias del trabajo respecto de la información de los riesgos del trabajo, la prevención de los mismos, y las medidas de protección ante estos, dio por probado que: 1) desde la demanda el actor imputó a la demandada —particularmente desde el hecho 25— “la culpa en el acaecimiento de la enfermedad profesional por cuanto fue y sigue siendo negligente en el manejo de los riesgos profesionales”; 2) la junta regional de calificación de invalidez dictaminó el 5 de febrero de 2004 que en el mes de julio de 2002 —10 de julio— se le estructuró al trabajador una pérdida de su capacidad laboral del 51%; 3) la demandada, “(...) de manera desconsiderada y sin mediar las consecuencias en la siquis de quien venía siendo tratado por especialistas en la medicina, reiteró su conducta de mandarlo a una zona de riesgo inminente a sabiendas de las condiciones suficientemente conocidas de alteración de orden público y de presencia tanto guerrillera como paramilitar, situación que antes que mejorar el estado general en la salud del ex trabajador, la empeoró, pues, precisamente la fecha de estructuración de la enfermedad se remontó según la junta (...) para la época en que se escenificó el segundo encuentro con elementos alzados en armas, julio de 2002 (fls. 198-498)”, lo cual dijo fue igualmente derivado de la valoración de Fasecolda que obra a folio 183 del expediente y de la cual destacó algunos de sus apartes.

Para el tribunal, dado que: 4) el siquiatra tratante J.N.C. conceptuó (fl. 492) que “(...) las otras medidas como psicoterapia, o programas de salud ocupacional, no habría (sic) evitado el desencadenamiento que tuvo después de la segunda exposición, lo único habría sido una reubicación laboral de tal manera que no fuera expuesto ni tuviera que viajar a zonas de riesgo”; 5) la sicóloga tratante C.F.V.Q. refirió (fl. 485) que “(...) el paciente no estuvo expuesto solo a un hecho traumático —sic— que implicaba muerte, en el transcurso de aproximadamente cinco años estuvo expuesto a varios eventos similares”; y 6) los empleados de la demandada L.A.N.G. y F.O.C., coincidieron en que los servidores de esta, que prestaron servicios en la zona donde igualmente lo hizo el actor, fueron declarados objetivos militares por los grupos al margen de la ley, había lugar a concluir que “demostrado, entonces, que para el segundo encuentro que tuvo C. con movimientos al margen de la ley, del cual dieron cuenta G.R.A. —fl. 482—, A.F.L. —fl. 489— y L.A.N.G. —fl. 496—, que la empresa conocía las amenazas que contra sus empleados en la zona de influencia del trabajo realizaban dichos movimientos y que precisamente, con anterioridad el demandante estaba sometido a un tratamiento médico por estrés post traumático, constituyendo el segundo evento la fecha de estructuración y el detonante de su enfermedad que finalmente lo incapacitaría para trabajar, incurriendo la empresa en culpa patronal, pues, sin consideración a su estado de salud lo remitió a dicha zona de presencia ‘paramilitar o autodefensa’, el 10 de julio de 2002, a sabiendas de que dos (2) o tres (3) años antes había sido víctima de otra incursión similar, generando este y otros acontecimientos el tratamiento de carácter siquiátrico y vigente al segundo suceso”.

Para calcular el lucro cesante consolidado expresó que “se comparará el ultimo ingreso con el que entró a devengar por concepto de la pensión de vejez —fls. 208 y 209—, cuya diferencia se actualizará año a año hasta la fecha de este proveído acorde con el porcentaje del IPC”; para hacerlo respecto del lucro cesante futuro determinó que “se multiplicará esta diferencia indexada al momento del fallo por el número de meses que restaban para completar todo el ciclo productivo que se esperaba del actor al servicio de la demandada federación, esto es, al llegar a los 62 años de edad”; y en cuanto al llamado daño moral ‘subjetivado’ señaló que “ha de entenderse que este (sic) se ocasionó dado el padecimiento que tuvo el demandante acorde con las declaraciones de los médicos tratantes (...) y los dictámenes rendidos (...), su impacto o afección en aquella esfera de la vida de relación consigo y con la comunidad, no cuantificable en dinero, pues, afecta el patrimonio moral y espiritual de la víctima, se estimará a arbitrio judicis, tal como lo pregona la jurisprudencia actual”.

IV. El recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, la empresa recurrente pretende que la Corte case la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, proceda “a confirmar la proferida por el juzgado (...)”.

Para ello le formulan dos cargos que, con la réplica, se resolverán en su orden.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia de aplicar indebidamente el artículo 216 del CST y los artículos 21, 56, 58 y 62 del Decreto 1295 de 1994, a causa de los siguientes errores de hecho:

“a. Haber dado por probado, sin estarlo, que existió culpa suficientemente comprobada de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en la ocurrencia de la enfermedad profesional de F.C.G.

b. No haber dado por probado, estándolo, que el mismo día que a F.C.G. la administradora de riesgos profesionales le informó que aceptaba calificar como enfermedad profesional ‘la enfermedad por estrés post traumático’, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia dispuso su reubicación laboral asignándole exclusivamente actividades de oficina.

c. No haber dado por probado, estándolo, que después del 27 de septiembre de 2002 F.C.G. no volvió a realizar labores para las cuales fue inicialmente contratado y que lo obligaban a trasladarse a los municipios que conforman la zona norte del departamento del Tolima.

d. Haber dado por probado, sin estarlo, que con anterioridad al 27 de septiembre de 2002 la administradora de riesgos profesionales a la cual se encontraba afiliado F.C.G. determinó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia debía reubicarlo laboralmente trasladándolo a una ‘zona de bajo riesgo’.

e. Haber dado por probado, sin estarlo, que con anterioridad al 27 de septiembre de 2002 alguno de los médicos que lo atendió dictaminó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia debía reubicarlo laboralmente trasladarlo a ‘una zona de bajo riesgo’; y

f. Haber dado por probado, contra el hecho cierto de haber terminado el contrato de trabajo el 14 de junio de 2004, que en este caso el lucro cesante futuro se prolonga más allá del día en que se extinguió la relación laboral por los ‘años de vida productiva a favor de la federación accionada”.

Indica como medios de convicción erróneamente apreciados la confesión contenida en la demanda (fls. 263 a 288), el formulario de pérdida de capacidad laboral (fls. 181 a 183), el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez (fls. 198 a 202 y 434 a 438), la carta de 23 de abril de 2004 (fls. 207 y 208), la certificación del coordinador de personal de la demandada (fl. 209), el documento de reconocimiento pensional (fl. 309) y los testimonios de G.R.A. (fls. 482 a 484), C.F.V.Q. (fls. 484 a 485), F.O.C. (fls. 486 a 489), A.F.L. (fls. 489 a 491), J.N.C. (fls. 491 y 493) y L.A.N.G. (fls. 496 a 498).

Luego de reprochar al tribunal no haber discriminado el mérito probatorio que a cada uno de los medios de convicción dio, aduce la recurrente que en la demanda inicial aparece la confesión de su debida diligencia como patronal ante los hechos a los que se vio expuesto el trabajador el 9 de septiembre de 1999, que dieron lugar a que con prontitud lo trasladara a la Clínica Tolima, lo remitiera a los médicos correspondientes y le concediera la incapacidad temporal que le fue dictaminada, sin que de la misma se pueda deducir que debía reubicarlo laboralmente o que debiera antes del 27 de septiembre de 2002 asignarlo a una zona de trabajo de bajo riesgo.

Luego de resaltar expresiones de los hechos de la demanda distinguidos con los números 11, 12, 13 y 14, que en sentir de la recurrente constituyen confesión sobre que antes del 27 de septiembre de 2002 no tenía conocimiento de que al trabajador debía reubicarlo laboralmente para que no tuviera que desplazarse fuera de la ciudad de Ibagué, afirma que de este último se desprende que “el 27 de septiembre de 2002 fue cuando se supo que había sido aceptado por la administradora de riesgos profesionales que la enfermedad de F.C.G. era profesional y se le hizo saber a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que él ‘debe ser reubicado laboralmente a una zona de bajo riesgo’ y que la demandada de inmediato ‘toma la decisión de no volver a enviarlo fuera [de] la ciudad y solo lo ponen a realizar actividades de oficina’ (fl. 269)”.

Sostiene que la sola demanda da cuenta de que ella actuó con diligencia y prontitud frente a las necesidades del trabajador, como también que apenas hasta el 27 de septiembre de 2002 fue cuando se le informó que debía reubicarlo, lo que inmediatamente cumplió. Pero que, como el tribunal extendió el basamento mediante el cual le atribuyó culpa en el desencadenamiento de la enfermedad profesional que afectó al actor a otros medios de prueba, el documento originado en Fasecolda fue erróneamente apreciado, pues de allí no es posible derivar que antes de la mentada fecha tuviera que modificar las condiciones de trabajo de C. G. o que no pudiera seguir trabajando, dado que al final lo que registró fue una incapacidad permanente parcial.

Asevera que nunca ha desconocido que la junta regional de calificación de invalidez hubiera diagnosticado al actor ‘estrés post traumático’, pero olvidó el tribunal que la solicitud de dicho dictamen se produjo el 5 de febrero de 2004 y este el 13 de marzo siguiente, de donde no es posible concluir que antes del 27 de septiembre de 2002 ella hubiera actuado con culpa respecto de la salud de su trabajador, como para que en el fallo atacado se afirmara que a sabiendas de ese estado lo hubiera enviado a una zona de trabajo de alto riego que le agravara su salud al punto de producirle la enfermedad profesional por la cual se le pensionó. Así, antes de la citada fecha, la administradora de riesgos o los médicos tratantes le pusieron en conocimiento de la necesidad de reubicar laboralmente al trabajador, atendida una enfermedad profesional que apenas se estructuró en septiembre de 2002.

Alega que de la carta AMI Nº 44/72 de 23 de abril de 2004 no es razonable concluir que hubo culpa patronal por su proceder frente al trabajador, como tampoco lo puede ser de la certificación del Comité de Cafeteros del Tolima sobre el último ingreso de C. G., ni del documento de fecha 26 de mayo de 2004, por medio del cual se le reconoció la pensión de invalidez.

En cuanto al testimonio de G.R.A. dice la recurrente que a pesar de que el juez de la alzada señaló que de él se desprendía que sabía de las amenazas que se cernían sobre sus servidores, lo cierto es que asentó que no le constaba que el ingreso de estos a la dicha zona estuviera vedado o que las directivas de la empresa hubieran recibido alguna razón a ese respecto. En lo que toca con el de F.V.Q., que de alguna manera indicara su responsabilidad subjetiva en la generación de la enfermedad profesional padecida por el actor. El de F.O.C., que lo que sí informó fue que las amenazas contra el personal de la federación se referían al equipo de carreteras y al director ejecutivo, al cual no pertenecía C.G., como también que la dicha amenaza no era frecuente sino que se había presentado por una única vez, que el ejército había acudido a resguardar la maquinaria y que el personal de ingenieros agrónomos e ingenieros civiles continuó trabajando, pues ellos no habían sido amenazados, como igualmente ocurrió con el actor.

En relación con el testimonio de A.F.L. indica que el yerro del tribunal devino de tenerlo como parte de los medios de prueba que predicaban su responsabilidad subjetiva en la enfermedad de C.G., cuando quiera que este lo que dijo fue que el personal del comité de cafeteros no tenía problemas para ingresar a laborar a la zona donde supuestamente aquel no podía laborar. En lo tocante con el de J.N.G. anota que resulta sui generis, pues, a pesar de haber fungido como siquiatra del trabajador sostuvo que la única medida idónea para evitar el desencadenamiento de la enfermedad profesional era la reubicación laboral, sin que obre prueba de que le hubiera recetado esa cura o tratamiento al trabajador, y al contestar el interrogante que a ese respecto se le hizo eludió concretar su respuesta al manifestar que no recordaba si lo había hecho antes o después de la segunda oportunidad en que el trabajador fue detenido por los grupos al margen de la ley. Y en lo que tiene que ver con el testimonio de L.A.N.G., aduce que aun cuando fue el único testigo que dijo haber oído la prohibición de los grupos armados de ingresar personal de la empresa a la zona norte del Tolima, tal hecho lo remitió al 10 de julio de 2002.

El último de los errores de hecho que endilga al fallo dice surgir de la afirmación del tribunal de que se produjo un lucro cesante futuro que deriva de los años de vida productiva a favor de la federación, no obstante que la relación laboral terminó por serle reconocida la pensión de invalidez, es decir, por haber perdido su capacidad laboral, de modo que, sobre ese futuro término no podía calcularse una vida productiva, pues, “una persona declarada inválida laboralmente y cuyo contrato se termina precisamente por haberle sido reconocida la pensión de invalidez, carece de ‘años de vida productiva’ desde el punto de vista estrictamente laboral”.

VII. La réplica

El opositor arguye que lo dicho en su demanda inicial fue lo que efectivamente en su caso ocurrió, luego, mal puede predicarse de ello una confesión. Y que la recurrente, a pesar de ser conocedora de los hechos “nunca tomó la iniciativa de reubicar o trasladar a otra zona de trabajo” a su trabajador, y por el contrario, actuó con negligencia, por ende, con culpa, habida cuenta de que, aparte de no implementar algún tipo de plan o tratamiento coadyuvante con los que ya se le venían practicando, omitió remitir a la ARP los informes de los accidentes de trabajo que por percances de tránsito anunció en la demanda inicial. Transcribe algunas expresiones de su interrogatorio de parte y de los testimonios recaudados para afianzar su alegación de que fueron muchos las oportunidades en que grupos armados ilegales sometieron a los servidores de la recurrente a amenazas o actos violentos, incluso secuestros, que debieron conducirla a implementar planes de salud ocupacional para prevenir o tratar los desórdenes en la salud que tales hechos les ocasionó, y que, afirma, para su caso no ejecutó. A ese efecto copia los pasajes que considera pertinentes del programa de salud ocupacional de la recurrente (fls. 590 a 626).

VIII. Consideraciones

Previamente al estudio de los medios de convicción que se señalan como fuente de los yerros que se achacan al fallo, importa a la Corte reiterar que lo atinente a la aducción, decreto, práctica y valoración de los medios de convicción del proceso, dentro de lo cual cabe tener el marco preceptivo legal que lo regla, y al cual se refiere recurrentemente la impugnante como desatendido por el juez de la alzada, es tema cuyo planteamiento y reproche debe abordarse por la vía directa de violación de la ley, por referir la métrica legal utilizada por el juzgador para dar eficacia jurídica a los medios de convicción del proceso; en tanto que, los defectos de orden perceptivo o sensorial que alteran su fuerza o valor probatorio, ya sea por desconocerlos, no darles el valor que objetivamente les corresponde, o excepcionalmente, por suponerlos, son desatinos que es dado proponer por la vía indirecta de violación de la ley, tal y como atinadamente se enderezó este ataque en casación.

Igualmente, resaltar que elucidar si el lucro cesante futuro comprendido en la indemnización por culpa patronal se establece solo hasta el día en que se extingue la relación laboral, o se extiende o prolonga más allá, como por ejemplo hasta donde fuere posible la vida productiva del trabajador, es asunto que no atañe a los medios de prueba del proceso sino a conceptos de orden jurídico legal o jurisprudencial, por ende, extraños a la valoración de los medios de convicción del proceso. Tan cierto es ello que es la misma recurrente quien alega como fundamento de ese aspecto del cargo que “una persona declarada inválida laboralmente y cuyo contrato se termina precisamente por haberle sido reconocida la pensión de invalidez, carece de ‘años de vida productiva’ desde el punto de vista estrictamente laboral”.

También, que para este caso, cuando el tribunal asentó que “militan suficientes medios probatorios para declarar la responsabilidad subjetiva (...)”, no lo hizo para comprender como parte de sus razonamientos todos y cada uno de los dichos medios de convicción del proceso, como parece entenderlo la censura, sino para referirse a los que fueron fundamento de su decisión, los cuales a continuación indicó.

Es del caso recordar, además, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998, rad. 11111:

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

“Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

“La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”.

Corresponde es los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en la proceso.

Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función, y por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.

Así se ha dicho que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las pruebas, pues, el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente y ello, siempre y cuando, de cuya observación por el juzgador de la alzada sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible.

Por eso, solo en la medida en que se incurra por el juez de la segunda instancia en errores manifiestos de hecho que tengan trascendencia en su decisión es que resulta posible el quebrantamiento del fallo, yerro que como lo asentara la Corte en Sentencia CSJ SL, del 11 de febrero de 1994, radicación 6043, es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”.

Con las anteriores previas y necesarias precisiones pasa la Corte al estudio de los medios de prueba del proceso que la recurrente indica como erróneamente apreciados por el tribunal, de lo cual resulta objetivamente lo siguiente:

1. Cierto es que, como lo señaló el juzgador, en la causa petendi de la demanda inicial el actor narró el itinerario de su relación laboral con la federación demandada; y que, en relación con la enfermedad profesional que posteriormente daría lugar a que se le reconociera la pensión de invalidez por parte de la ARP Agrícola de Seguros S.A., desde el hecho numerado como 7º, relató los acontecimientos relativos a la retención de que fuera víctima el 9 de septiembre de 1999 por personal de un grupo armado al margen de la ley con el propósito de que trasladara en su vehículo a algunos de sus miembros que se encontraban gravemente heridos para que fueran atendidos en un puesto de salud cercano, y cómo, en el mes de octubre de ese año de 1999, ante dolencias que obligaron a su atención médica por el servicio de urgencias hospitalario, le fue diagnosticado ‘estrés post traumático’ el cual ameritó que se le iniciara un tratamiento siquiátrico, se le suministraran medicinas y se le concediera una incapacidad inicial de 15 días y luego de 15 días más, con controles mensuales por parte de los profesionales N.H. —hasta octubre de 2000—, N.F. —hasta octubre de 2001— y J.N. —hasta febrero de 2002—. Además, en los hechos numerados 10 y 11, refirió la solicitud de valoración médica y siquiátrica a la administradora de riesgos profesionales el 24 de enero de 2002 y la indicación por parte de esta en mayo del mismo año de continuar su tratamiento en la ciudad de Girardot por cambio de siquiatra tratante. De los hechos 12 al 14 relató los sucesos del 10 de julio de 2002 en que fue detenido por un grupo paramilitar cuando se desplazaba por la localidad de Fresno (Norte del Tolima) a inspeccionar obras, la manera en que fue ultrajado y maltratado por aquel al punto de verse en peligro de muerte, todo lo cual condujo a que al día siguiente, el 11 de julio de 2002, se le entregara un oficio para que iniciara el trámite ante la ARP y se le calificara su enfermedad, debiendo aportar su historia clínica y el diagnóstico siquiátrico, lo que, a la postre, dio lugar a que el 27 de septiembre de 2002 dicha ARP le aceptara la reclamación “por estrés post traumático, como profesional (...)”, y dispusiera, que aparte de que ella asumiría sus prestaciones asistenciales económicas, se le indicara “a la ex empleadora que (...) debe ser reubicado laboralmente en una zona de bajo riesgo, es decir, que no haya influencia paramilitar o guerrillera”, motivo por el cual “la ex empleadora toma la decisión de no volver a enviarlo fuera de la ciudad y solo lo ponen a realizar actividades de oficina”, hasta cuando, luego de las contingencias que narró en los hechos 15 a 21, el 18 de marzo de 2004 la junta regional de calificación de invalidez del Tolima le calificó el 51.2% de pérdida de la capacidad laboral, que dio lugar a que el 23 de abril del mismo año le notificara el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional.

Y del hecho número 25 en adelante el demandante se dedicó a imputar culpa a su empleadora en la ocurrencia de la enfermedad profesional que lo aquejó, por la falta de un programa de salud ocupacional que atendiera las circunstancias laborales particulares pero también las del entorno social de sus trabajadores, dado que era absolutamente conocido el peligro en que estos se encontraban al realizar su labor en sus diversos y continuos desplazamientos por zonas de alta influencia de grupos armados al margen de la ley, que fue lo que al final dio lugar a la enfermedad profesional por él padecida y que obligó incluso hasta que fuera pensionado por invalidez.

Luego, de dicha narrativa del actor, contrario a lo alegado por la recurrente, no es dado atribuir una “confesión judicial espontánea” de hechos que le favorecieran como demandada, o de hechos que perjudicaran explícitamente al demandante, y por sobre todo, con el calibre de ser reconocidos como yerros protuberantes, manifiestos o evidentes en la apreciación o valoración probatoria del juez de la alzada, referidos a la ausencia de culpa en su proceder frente a la enfermedad profesional padecida, pues el juzgador de la alzada, se recuerda, aparte de resaltar los hechos que desde el numeral 25 de ese capítulo de la demanda endilgó el demandante a la demandada a título de culpa, que lo acepta así la recurrente, lo cierto es que advirtió dicha culpa, no sobre el supuesto de que no reubicó al trabajador cuando fue anunciada expresamente sobre esa necesidad por oficio entregado el 27 de septiembre de 2002, que es a lo que a lo largo del cargo se refiere la recurrente, sino, cuestión bien diferente, sobre el hecho de que “consciente aquella de que el laborante se hallaba sometido a un tratamiento siquiátrico ocasionado por incidentes ocurridos con ocasión de la prestación del servicio mediante contrato de trabajo, de manera desconsiderada y sin mediar las consecuencias en la siquis de quien venía siendo tratado por especialistas en la medicina, reiteró su conducta de mandarlo a una zona de riesgo inminente a sabiendas de las condiciones suficientemente conocidas de alteración de orden público y de presencia tanto guerrillera como paramilitar, situación que antes que mejorar el estado general en la salud del ex trabajador la empeoró, pues, precisamente la fecha de estructuración de la enfermedad se remontó según la junta regional de calificación de invalidez, para la época en que se escenificó el segundo encuentro con elementos alzados en armas, julio de 2002”.

De esa suerte, fácil es observar que la demanda del actor lo que se refleja es lo advertido sobre ella por el tribunal, esto es, por una parte, que en los primeros 24 hechos aparece el iter laboris del trabajador causante de la enfermedad profesional que lo invalidó; y en los siguientes y hasta el 27, los supuestos fácticos endilgados sobre la responsabilidad patronal reclamada. En tanto, la dicha responsabilidad derivada de culpa patronal la ubicó el juzgador en la conducta desplegada por la empleadora con posterioridad al primer suceso que afectó la salud del trabajador y hasta el segundo incidente que le estructuró la enfermedad profesional que le invalidó laboralmente. De consiguiente, respecto de tal pieza procesal no es dable imputar yerro de valoración por parte del juzgador en el grado de evidente, manifiesto o protuberante que permita derruir su conclusión sobre la culpa suficiente probada del empleador en la enfermedad profesional padecida por el trabajador.

2. El juez de la alzada resaltó que “Fasecolda dejó claro que: “Actualmente el paciente se encuentra en regulares condiciones (emocionales), por las que es muy difícil que pueda valerse por sí mismo, se siente perseguido y amenazado de muerte por los paramilitares, no está en condiciones de desempeño laboral (...) —fl. 183—”, para subrayar que a ese estado llegó el trabajador por la conducta culposa de su empleadora, pues, no obstante ser sabedora del antecedente traumático por el que había pasado en 1999, “reiteró su conducta de mandarlo a una zona de riesgo inminente”, con lo cual no es atinado atribuirle un yerro de apreciación de esa documental, porque “Fasecolda no recomendó la reubicación laboral de F.C.G.”, como que “nada de lo allí escrito permite concluir que la federación (...) ha debido modificar la índole del trabajo acordado en el contrato”, como lo alega la recurrente, dado que lo indicado por el juzgador en relación con ese documento es lo que corresponde al mismo, esto es, que la evaluación médica del trabajador arrojaba que “no se encuentra en condiciones de desempeño laboral”, y las causas de esa situación las había referido suficientemente de los demás medios de prueba en que apoyó esa conclusión.

3. El dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Tolima, emitido el 13 de marzo de 2004 (fls. 198 a 202 y 434 a 438), sirvió de fundamento al tribunal para dar por probada la pérdida de capacidad laboral del actor en un 51.2%. Además de ello, que su origen fue de orden profesional y generado por ‘stress post traumático’, con fecha de estructuración ‘julio de 2002’, de donde no es posible atribuirle yerro alguno en su apreciación. Bastaría agregar a ese respecto que no fue con base en el mismo que el tribunal concluyó la culpa del empleador en la enfermedad profesional diagnosticada, pues ya se vio en los antecedentes, ella la adoptó al encontrar “demostrado, entonces, que para el segundo encuentro que tuvo C. con movimientos al margen de la ley, del cual dieron cuenta G.R.A. —fl. 482—, A.F.L. —fl. 489— y L.A.N.G. —fl. 496—, que la empresa conocía las amenazas que contra sus empleados en la zona de influencia del trabajo realizaban dichos movimientos y que precisamente, con anterioridad el demandante estaba sometido a un tratamiento médico por estrés post traumático, constituyendo el segundo evento la fecha de estructuración y el detonante de su enfermedad que finalmente lo incapacitaría para trabajar, incurriendo la empresa en culpa patronal, pues, sin consideración a su estado de salud lo remitió a dicha zona de presencia ‘paramilitar o autodefensa’, el 10 de julio de 2002, a sabiendas de que dos (2) o tres (3) años antes había sido víctima de otra incursión similar, generando este y otros acontecimientos el tratamiento de carácter siquiátrico y vigente al segundo suceso”.

4. La carta AMI Nº 44/72 de 23 de abril de 2004 que estableció el ingreso base de liquidación de la pensión del actor (fls. 207 y 208), la certificación del coordinador de personal del Comité departamental de cafeteros del Tolima (fl. 209) y la certificación de la Compañía Agrícola de Seguros de Vida S.A., expedida el 26 de mayo de 2004 (fl. 309), que indica la recurrente como posibles fuentes de error del juzgador por la ya estudiada expresión de la base probatoria de su decisión, pero a las cuales no hizo este mención expresa alguna en tal sentido, por su contenido, como por la misma data de su emisión, ningún dato arrojan que permita desvirtuar el comportamiento patronal que en criterio del tribunal dio lugar a la enfermedad profesional padecida por el trabajador.

5. Muy a pesar de no haber acreditado la recurrente los yerros de apreciación probatoria que enrostra al juzgador en relación con los medios de convicción calificados en el recurso extraordinario, cuestión que es sabido impide el estudio de los medios de prueba no calificados, habida consideración de la restricción impuesta por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, cumple destacar que el siquiatra J.N.C. (fls. 491 a 493) informó del diagnóstico y tratamiento siquiátrico a que fue sometido el actor a partir de la retención de que hubiera sido objeto en 1999 por personal irregular armado, y de cómo el segundo evento traumático sufrido en el año 2002 ‘detonó’ la enfermedad que lo incapacitaría laboralmente, indicado que “otras medidas como sicoterapia, o programas de salud ocupacional, no habrían evitado el desencadenamiento que tuvo después de la segunda exposición, lo único habría sido una reubicación laboral de tal manera que no fuera expuesto ni tuviera que viajar a zonas de riesgo”; la sicóloga C.F.V.Q. (fls. 484 a 485) informó que este “no estuvo expuesto solo a un hecho traumático que implicaba muerte, en el transcurso de aproximadamente cinco años estuvo expuesto a varios eventos similares”; L.A.N.G. (fls. 496 a 498), relató que las autodefensas (sic) que retuvieron al actor comunicaron que “ningún funcionario de la Federación de Cafeteros del Comité, que no trabajara en ese sitio, podía transitar por ese lugar (...)”, habiendo precisado que “esa orden fue verbal, el comandante me la dijo a mí que era la persona que laboraba en la zona y al momento de yo recibirla se la comuniqué al doctor L.F., jefe de la seccional de Fresno y posteriormente ya al fin de semana que estuve aquí en Ibagué se la comuniqué al doctor Orlando Morales que era el jefe de la sección técnica”; F.O.C. dijo haber conocido al actor cuando él fue director del comité de cafeteros y que este se desempeñó bajo sus órdenes como supervisor de obras en el área de ingeniería; J.G.R.A. (fls. 482 a 484) narró los hechos ocurridos el 10 de julio de 2002, pues fue acompañante del actor en la revisión de algunas obras en la localidad de Fresno; y A.F.L. (fls. 489 a 491), igualmente lo hizo, por haber llegado en el momento en que el actor estaba retenido por el grupo armado ilegal, afianzando la tesis de que existía una amenaza sobre el personal de vías de la demandada, de todo lo cual no es dable concluir que su lectura conjunta pueda conducir a atribuir al juzgador el yerro manifiesto, protuberante o evidente de hecho de dar por probado, no estándolo, que “la empresa conocía las amenazas que contra sus empleados en la zona de influencia del trabajo realizaban dichos movimientos, y que precisamente, con anterioridad el demandante estaba sometido a un tratamiento médico por estrés post traumático (...), incurriendo la empresa en culpa patronal, pues, sin consideración a su estado de salud lo remitió a dicha zona de presencia ‘paramilitar o autodefensa’, el 10 de julio de 2002, a sabiendas de que dos (2) o tres (3) años antes había sido víctima de otra incursión similar”, pues, por el contrario, bastantes elementos de juicio surgidos de estos confluyen a la citada conclusión del juzgador.

De todo lo anterior, no prospera el cargo.

IX. Segundo cargo

Acusa la sentencia de infringir directamente los artículos 51, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 174, 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil. Violación de la ley que dice condujo al tribunal a interpretar erróneamente los artículos 216 del CST y 21, 56, 58 y 62 del Decreto-Ley 1295 de 1994; y a infringir directamente el artículo 12 del Decreto 1771 del mismo año.

Después de recordar el deber judicial de fundar las decisiones en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; y sostener que de la simple lectura de la sentencia atacada se advierte que el juez de la alzada tasó los perjuicios reclamados en la demanda inicial y en la forma como allí los discriminó y calculó con fundamento en el formulario para la pérdida de la capacidad laboral, en la carta AMI Nº 44/72 de 23 de abril de 2004 y en la certificación del coordinador de personal del Comité departamental de cafeteros del Tolima, la recurrente afirma que las preceptivas sustanciales incluidas en el alcance de la impugnación fueron interpretadas erróneamente, por cuanto a pesar de que el artículo 216 del CST exige que la culpa del empleador esté suficientemente probada para derivar su responsabilidad laboral en el infortunio, el tribunal no precisó la conclusión que se extrae de la armonización de esa norma con las del Decreto 1295 de 1994 que imponen al empleador prevenir los riesgos profesionales, sino que “aceptó que existe una presunción de culpa en el daño que sufre en su salud el trabajador afectado por una enfermedad profesional cuando no se cuenta con un programa de salud ocupacional o si dicho programa es deficiente por no prevenir las enfermedades profesionales o accidentes de trabajo” derivados de la influencia de grupos al margen de la ley en los ambientes de trabajo, lo cual es contrario a la exigencia legal, más aún cuando ella no podría, con un programa de salud ocupacional, enfrentar el fenómeno de violencia generado por tales grupos ilegales.

Agrega que el tribunal infringió el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 que ordena descontar de la indemnización reclamada lo reconocido por la seguridad social. Ello por cuanto la sentencia estableció el lucro cesante futuro hasta los 62 años de edad, cuando “el contrato de trabajo terminó el 14 de junio de 2004 por haberle sido reconocida la pensión de invalidez el 11 de abril de ese año a F.C.G.”.

Reprocha al juzgador haber tasado el daño moral en una suma de dinero, no obstante aducir que ese daño no era cuantificable, y hacerlo bajo el concepto del ‘arbitrio judicis’, cuando quiera que no hay decisión judicial que no se funde en las pruebas aportadas oportunamente, pues eso es parte del debido proceso. Agrega que lo arbitrario es resultado del apetito o del capricho y ello no está permitido para la sentencia judicial en la legislación nacional.

X. La réplica

El opositor sostiene que la decisión del tribunal se fundó en las pruebas del proceso y que el ingreso de un trabajador de sus condiciones profesionales fue establecido en el dictamen pericial recaudado, suma que debe indexarse.

XI. Consideraciones

Varios son los aspectos que propone la recurrente en el cargo: 1) que el tribunal violó la ley al predicar una presunción de culpa cuando el empleador no cuenta con un programa de salud ocupacional que conjure los riesgos derivados de la presencia de grupos ilegales armados en las áreas de trabajo; 2) igualmente, al calcular el lucro cesante futuro sin atención al reconocimiento de la pensión de invalidez, sino de acuerdo con el hipotético ciclo productivo del trabajador; y 3) también, al disponer el pago del daño moral con fundamento en el llamado ‘arbitrio iudicis’.

Respecto del primer aspecto cabe decir que el tribunal no preconizó, como así lo entiende la censura, que sobre el empleador recae una presunción de culpa por no contar con un programa de salud ocupacional, o a pesar de contar con este, porque dicho programa no previene los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales ‘derivados’ de la influencia de los grupos al margen de la ley operantes en los sitios de trabajo. Sencillamente, como ya se dijo, para ese juzgador, el artículo 216 del CST entraña una responsabilidad subjetiva, pues “es necesario que respecto del empleador ‘exista culpa suficientemente comprobada’”; y los artículos 21, 56, 58 y 62 del Decreto 1295 de 1994 disponen las responsabilidades del empleador ante las contingencias del trabajo, en cuanto al deber de información de los riesgos del trabajo, la prevención de los mismos y las medidas de protección correspondientes.

Cuando se refirió el juzgador a una presunción de culpa, lo hizo fue recordando las alegaciones del demandante en la alzada, tendientes a demostrar la culpa patronal en la ocurrencia de la enfermedad profesional padecida por él con violación del reglamento de salud ocupacional al enviarlo a trabajar a una zona de influencia guerrillera y paramilitar no obstante el antecedente traumático de septiembre de 1999 ya conocido, con fundamento en el carácter subjetivo de la responsabilidad prevista en el artículo 216 del CST y el desconocimiento de las medidas de protección que atañen al empleador según los artículos 56 y 57 del CST, así como la presunción que en contra del deudor prevé el artículo 1604 del Código Civil.

Entonces, el tribunal no pudo incurrir en los dislates de orden jurídico que le atribuye la recurrente relacionados con una supuesta presunción de culpa por no contar con un programa de salud ocupacional que inhiba, enerve o de alguna manera conjure los riesgos que genera la presencia de grupos al margen de la ley en áreas donde desempeña su actividad el trabajador.

No empece, el no haberse pronunciado el tribunal sobre ese particular aspecto no impide a la Corte precisar que aun cuando es cierto que no es responsabilidad de los empleadores particulares el orden público de la Nación, por ser este de cargo de las autoridades competentes del Estado; como también, que las alteraciones de dicho orden público propiciadas por grupos armados al margen de la ley poniendo en riesgo la vida, honra y bienes de las personas no se caracterizan por ser públicas, programadas, ordenadas y sometidas a un mínimo de guarda y respeto por los derechos humanos de quienes ante su fuerza se pueden ver afectados por razón de su naturaleza sorpresiva, clandestina y violenta, lo cual conlleva para los particulares una obvia y absoluta impotencia para evitarlas, resistirlas o rechazarlas, todo lo cual, en principio, daría lugar a considerar que los empleadores ninguna responsabilidad deben asumir frente a las contingencias que afectan la vida o integridad personal de sus servidores cuando se ven expuestos a tales eventualidades, también lo es que tal clase de riesgos, que no resulta jurídicamente posible tenerlos como parte de los riesgos genéricos del trabajo, así estos se produzcan por el mero hecho de la prestación personal de servicios; como tampoco de los denominados por la jurisprudencia de la Sala como riesgos específicos, referidos ellos como propios a la actividad particular y concreta de cada trabajador, sí constituyen riesgos excepcionales que, por regla general, escapan del ámbito de responsabilidad a que se refiere el artículo 216 del CST, por versar este precepto sobre los riesgos genéricos y específicos del trabajo que dan lugar a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales por razón de la llamada culpa leve del empleador, esto es, la que se opone al cuidado mediano u ordinario que debe emplearse en la administración de los propios negocios, como el exigido de un buen padre de familia (art. 63 del C.C.), pero que, por excepción, y bajo ciertas circunstancias, como cuando a pesar del conocimiento cierto y previo del empleador sobre su peligro y magnitud se le expone a ellos deliberadamente al trabajador, deben considerarse como generadores de la misma responsabilidad patronal, caso para el cual el grado de culpa exigida sobre los hechos o sucesos que afecten la vida o integridad del trabajador requieren acreditarse desde el concepto de culpa grave, esto es, desde la llamada ‘culpa lata’ por el citado artículo 63 del Código Civil colombiano, por traducir un actuar con negligencia grave, como cuando no se manejan los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios, es decir, cuando se actúa de manera equiparable a la del dolo civil.

Tal proceder del empleador, que se puede acreditar por todos los medios de prueba permitidos en la ley, dan lugar, en criterio de la Corte, a que este también responda por la indemnización plena de perjuicios de que trata el citado artículo 216 del CST, dado que, en las mencionadas circunstancias el accidente de trabajo o la enfermedad profesional derivada del sometimiento a dicho riesgo se habría producido con concurrencia de su culpa, por desatención a los deberes genéricos de protección y seguridad (art. 56 CST), dado un comportamiento patronal imprudente y temerario.

En este caso, aunque el tribunal no explicitó calificación alguna del riesgo ante el cual se encontraba el trabajador y el grado de culpa que jurídicamente correspondería al establecimiento de la responsabilidad del empleador, su apreciación o valoración probatoria lo condujo al mismo resultado, con lo cual no advierte la Corte que hubiere faltado al principio ‘iura novit curia’ que le imponía resolver en derecho sobre los hechos que le habían sido alegados y debidamente probados. Y, por supuesto, que hubiera incurrido en tal aspecto del proceso en violación de la ley.

En cuanto al segundo ítem de la impugnación contenida en el cargo, viene al caso decir que ninguna razón asiste a la recurrente en su alegación de ser apropiado que de la indemnización plena de perjuicios derivada de la culpa patronal se compense o descuente el valor de las prestaciones reconocidas al trabajador por el sistema de seguridad social, por razón de la ocurrencia del infortunio que afectó al trabajador, con el argumento de que la tasación del lucro futuro debe ir hasta cuando se reconozca la pensión de invalidez y no hasta la vida probable del trabajador o, como en este caso lo concluyó el tribunal sin discusión alguna del trabajador, hasta “completar todo el ciclo productivo que se esperaba del actor al servicio de la demandada”, por ser de elemental sentido que la dicha indemnización de perjuicios tiene su génesis en la conducta culposa del empleador, esto es, en el indebido comportamiento contractual laboral; en tanto que, las prestaciones de la seguridad social tienen su fuente en la ocurrencia objetiva de ciertos infortunios en el decurso de la actividad laboral, es decir, una y otras tienen una etiología distinta.

De ese modo, no resulta jurídicamente atinado que el empleador pretenda cruzar el valor de las prestaciones económicas o asistenciales que dispensa el sistema de seguridad social por razón de la mera ocurrencia de las contingencias laborales, como lo es, entre otras, la pensión de invalidez, con los conceptos indemnizatorios, entre ellos el lucro cesante futuro, causados por su particular comportamiento culposo en la contingencia que afectó la vida o la salud del trabajador.

Precisamente, en fallo CSJ SL887-2013 del 16 de octubre de 2013, radicación 42.433, pero refiriéndose a la pensión de sobrevivientes reconocida por la seguridad social, sobre tal criterio jurisprudencial recordó la Corte:

De vieja data ha enseñado la jurisprudencia, según doctrina de la Corte aun inalterable, que no es posible compensar las sumas que resulta a deber el empleador a título de lucro cesante, por los perjuicios materiales incluidos en la reparación integral del daño, en aplicación del artículo 216 del CST, con las recibidas por concepto de pensión de sobrevivientes, por tratarse de obligaciones diferentes.

“Justamente, en sentencia del pasado 13 de marzo de 2012, radicación 39.798, la Sala recordó:

“Con todo, el ad quem al negar la compensación de la condena impuesta a la demandada por indemnización plena de perjuicios con el pago que ha realizado la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, sobre lo cual, a la postre, recae el ataque del impugnante con los reparos 1º y 3º anotados, no hizo más que seguir el precedente mayoritario que viene aplicando esta Corte en múltiples casos, verbigracia en la Sentencia 35121 de 2009, reiterada en la 36815 de 2011; en aquella esta Sala resolvió el punto de inconformidad de la censura como sigue:

“Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las administradoras del riesgo profesional; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de estos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del CST.

“Estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida consideración que la que está a cargo de la ARP busca proteger de manera objetiva al afiliado o a sus causahabientes señalados en la ley, siendo de naturaleza prestacional perteneciente al sistema de seguridad social integral; mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del CST, persigue la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, en la modalidad de subjetiva, el cual hace parte de un riesgo propio del régimen del derecho laboral.

Otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención, consiste en que el empleador siendo el llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por la entidades del sistema de seguridad social, a menos que el empleador responsable por culpa haya sufragado gastos que le correspondían a estas entidades, por virtud del riesgo asegurado, evento en el cual sí puede hacer el descuento de lo que tenga que pagar por indemnización conforme lo consagra la norma, por razón de que tales entidades de previsión social, como se dijo, lo que cubren es el riesgo laboral propio de la denominada “responsabilidad objetiva del patrono” en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, pero en ningún momento la responsabilidad derivada de la culpa del empleador, que es de naturaleza subjetiva.

(...)

“Adicionalmente, es de anotar, que la Sala en decisión del 7 de marzo de 2003 radicación 18515, que reiteró la sentencia que data del 25 de julio de 2002 radicado 18520, al referirse a esta temática había adoctrinado que aún con la expedición del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el artículo 216 del CST, mantiene invariable la tesis según la cual las entidades de seguridad social no asumen las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente comprobada del empleador, y por tanto no es posible que le aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable, quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del citado precepto sustantivo laboral.

(...)

“Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente un beneficio prestacional del ISS o de la ARP, no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables”.

El aludido criterio jurisprudencial, respecto de las prestaciones que otrora otorgaba el Instituto de Seguros Sociales, ya había sido asentado, entre otras, en sentencia CSJ SL, del 25 de julio de 2002, rad.18520, en los siguientes términos:

Entiende la corporación que cuando la disposición en cita autoriza al patrono a descontar del monto de la indemnización ‘el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo’, se refiere única y exclusivamente a las sumas que él haya pagado con anterioridad al trabajador con ocasión del accidente, pero no las prestaciones que haya reconocido el Instituto de Seguros Sociales por ese motivo, el cual no tiene por qué asumir el riesgo del daño que al trabajador le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya causación exista culpa suficientemente comprobada del patrono.

“En decisión de 9 de noviembre de 2000, radicación 14847, señaló la Sala lo siguiente sobre el tema:

“El artículo 216 del CST dice que, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el capítulo que la contiene.

“Hasta el año 1993, y en número plural de providencias, la Corte sostuvo que el patrono sí podía descontar del valor de la indemnización ordinaria de perjuicios las prestaciones pagadas por el Seguro Social. Pero la Corte en Sala Plena (integradas las dos secciones que conformaban la Sala Laboral), decidió, con la sentencia del 12 de noviembre de 1993, que el Seguro Social no había asumido, para entonces, el riesgo del daño que al trabajador le sobreviniera por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional imputable a culpa suficientemente comprobada del patrono.

“Ahora, en este recurso, la sociedad recurrente sostiene que la interpretación del artículo 216 del CST, puesta en relación con el nuevo ordenamiento de la Ley 100 de 1993 y con los decretos de la proposición jurídica, debe ser esta: que el empleador culpable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sí puede deducir las prestaciones económicas que haya pagado el Seguro Social al trabajador o a sus causahabientes de lo que adeude por su propia responsabilidad ordinaria de perjuicios.

“Se procede a examinar esa argumentación de la recurrente, en este orden: 1. El alcance de la sentencia de la Corte que citó el tribunal; 2. El alcance de la normatividad que acusó el cargo en casación. 3. La relación de los dos temas anteriores, en orden a precisar si el tribunal transgredió o no la ley sustancial; o mejor, para determinar el alcance del artículo 216 del CST.

“La sentencia de la Corte del 8 de mayo de 1997 que invocó el tribunal, destacó que los reglamentos del Seguro Social vigentes para la época de los hechos analizados, y concretamente el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, no autorizaron al patrono a descontar de la indemnización ordinaria las sumas que el Seguro Social reconociera al trabajador o a sus derecho habientes, por prestaciones en dinero.

“El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Seguro, que fuera aprobado por el Decreto 3170 de 1964, y para cuya expedición invocó el Presidente de la República los artículos 9º de la Ley 90 de 1946 y 5º del Decreto 1695 de 1960, disponía:

‘El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto exonera al patrono de toda otra indemnización según el CST o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono procederá a demandar el pago de esta indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo hubiere.

‘Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este reglamento’.

“Pese a la equívoca redacción de la norma transcrita, ella no permitía la tesis de la sociedad recurrente, que desde luego se funda en otro sistema legal. Pero la Corte despejó el equívoco en la sentencia del 8 de mayo de 1997. Es importar recordar, en resumen, las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis: 1) El poder normativo de los reglamentos del seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2) La competencia que le reconoce la ley al Seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7º del Decreto-Ley 433 de 1971; pero el seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono. El seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del CST; y, por lo mismo, el Seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva. 3) Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el Seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964 que lo aprobó. 4) El seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del CST, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del instituto. 5) No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del seguro), puesto que el seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él.

“Ahora, procede el examen del régimen de la Ley 100 de 1993, empezando por su reglamentación, como lo propone el cargo:

“El Decreto 1771 de 1994 es reglamentario del 1295 del mismo año (estatuto con alcance legal). Su artículo 12 dispone:

‘Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

‘Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales’.

“Es una redacción similar a la de su antecesor, el 83 del Acuerdo 155 de 1963, de manera que por este solo aspecto, si el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 fuera puesto en relación con el 216 del CST, no sería útil para dar por sentada la posibilidad de descontar las prestaciones económicas del Seguro Social de la indemnización ordinaria de perjuicios.

Ninguna de las normas cuya acusación plantea el cargo permite concluir en la tesis de la censura.

“En efecto:

“El artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para “Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del CST.

“El Decreto-Ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El artículo 13 se limita a señalar quiénes son los afiliados al dicho sistema; el 34 consagra el derecho a las prestaciones; el 49 establece que, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos; pero esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. El artículo 50 se limita a fijar el monto de la pensión de sobrevivientes y el 53 a precisar las condiciones de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva cuando ocurre la muerte del asegurado. El artículo 78 dice que el Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, lo cual no le da la razón a la sociedad recurrente. Pero sí conviene precisar que la tesis de los opositores sobre esta norma no es acertada, puesto que ella no remite a los reglamentos anteriores de una manera incondicional sino subordinada a lo dispuesto en el Decreto 1265 que se estudia, puesto que la norma dice que los reglamentos del Seguro Social ‘(...) deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto (...)’. Y el 97 fija la vigencia del sistema general de riesgos profesionales.

“Como ninguna de las normas acusadas, puestas en relación con el artículo 216 del CST, permite concluir que haya variado el sistema legal que informó la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que sigue vigente la interpretación que allí se consignó”.

Y en lo que toca con el reproche a la condena al pago de perjuicios morales con fundamento en el denominado ‘arbitrio iudicis’, que para la recurrente no tiene soporte probatorio alguno, y que para el juzgador de la alzada correspondió a $ 15.000.000, es suficiente memorar que en el precitado fallo de la CSJ SL887-2013, del 16 de octubre de 2013, radicación 42433, se recordó lo siguiente:

“(...) el tribunal también se equivocó al exigir prueba de los daños morales, pues desde hace muchas décadas ha sido constante la jurisprudencia de la corporación acerca de que los perjuicios morales derivados de un accidente de trabajo en el que se produce la muerte del colaborador, en principio no hay necesidad de probarlos, pues incuestionablemente la pérdida de un ser querido ocasiona naturalmente en sus deudos un dolor y una aflicción que están dentro de sus esferas íntimas. De ahí que igualmente se ha sostenido invariablemente que su tasación queda al prudente arbitrio del juzgador, ya que se trata de un daño que no puede ser evaluado monetariamente, por ser imposible determinar cuál es el precio del dolor, lo que no obsta, sin embargo, para que el juez pueda valorarlos pecuniariamente según su criterio, partiendo precisamente de la existencia del dolor.

Sobre este preciso tema, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de esta corporación del 14 de marzo de 1991, radicación 3985; 10 de mayo de 1991, radicación 3735; 9 de marzo de 1993, radicación 5247; 15 de febrero de 1995, radicación 6803; 6 de marzo de 2001, radicación 14750 y 19 de julio de 2005, radicación 24221. En atención a las razones antedichas aflora indubitable que el cargo está fundado, pues al exigir el sentenciador de la alzada la prueba de los perjuicios morales irrogados a los actores, resultó aplicando de manera impertinente el artículo 216 del CST, por lo que habrá de casarse la sentencia en lo tocante a la absolución de los perjuicios morales”.

En suma, el tribunal no incurrió en los yerros jurídicos atribuidos por la recurrente.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $ 6.300.000.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Ibagué, en el proceso promovido por F.C.G. contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y al cual se llamó en garantía a la ARP Agrícola de Seguros S.A.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.