Sentencia SL16390-2015/40868 de octubre 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40868

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 37

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil quince.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Jorge Arturo Noriega Rueda, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de diciembre de 2008, en el proceso que instauró el recurrente contra Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. “Skandia S.A. Pensiones y Cesantías S.A.”.

I. Antecedentes

Jorge Arturo Noriega Rueda llamó a juicio al Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. “Skandia S.A. Pensiones y Cesantías S.A.”, con el fin de que fuera condenado a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez desde el 3 de julio de 2000, fecha de su estructuración; las mesadas adicionales con sus reajustes, más intereses moratorios, desde cuando se hizo efectiva la obligación, es decir, el 3 de julio de 2003; intereses moratorios de las mesadas que se paguen extemporáneamente; indexación de la primera mesada; las prestaciones asistenciales; perjuicios materiales y la indexación de las condenas.

Fundamentó sus peticiones, en que estuvo afiliado al sistema integral de seguridad social en ambos sistemas pensionales; que es ingeniero y se ha desempeñado en varias empresas de la construcción; que al ISS cotizó por espacio de 18 años entre 1977 y 1995; que en 1995 se trasladó al fondo de pensiones demandado, en donde siguió cotizando hasta el 30 de junio de 1999; que durante los años 1997 a 1999 sufrió de trastorno bipolar, enfermedad que lo llevó a renunciar de su puesto de trabajo sin conocimiento alguno de su conducta; que en razón a su enfermedad estuvo hospitalizado durante los años 2000 a 2003, año este en el que solicitó a la demandada el reconocimiento de su pensión de invalidez; que fue remitido a la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá, la cual dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 50.65%; que apeló el anterior dictamen ante la junta nacional de calificación de invalidez, y esta dictaminó un 54.85%, con fecha de estructuración el 3 de julio de 2000; que el fondo demandado negó la pensión porque al momento de la estructuración de la invalidez no se encontraba cotizando, porque no realizó aportes durante las últimas 26 semanas anteriores a la invalidez, y porque no reunía los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993; que por las razones anteriores objetó el dictamen de la junta nacional de calificación de invalidez; que ese criterio de la demandada es contrario a la jurisprudencia de esta Corte, por ejemplo el expuesto en las sentencias con radicación 9758 de 13 de agosto de 1997 y en la 15667 de 2001, en las cuales se reconoció una pensión a un afiliado inactivo pero que había efectuado aportes por más de 1000 semanas en cualquiera de los dos regímenes; que no obstante haber aportado esas y otras sentencias, Skandia confirmó su decisión negativa de la pensión reclamada, razón en virtud de la cual interpuso una tutela a través de la cual se ordenó a Skandia el reconocimiento de la pensión a parir del año 2000, y que a la fecha, y no obstante la orden impartida por el juez constitucional, no le han reconocido los incrementos legales.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos manifestó no constarles, que algunos no lo eran o no ser ciertos como estaban redactados. Adujo que la norma aplicable al caso del actor era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, pues ese era el vigente para el año 2000 cuando se estructuró la invalidez, norma que para los afiliados activos exigía 26 semanas de cotización al momento de producirse el estado de invalidez, o en caso contrario, si no era un afiliado activo, el mismo número de semanas en el año inmediatamente anterior al momento de producirse dicho estado.

Que el actor cotizó la última vez en junio de 1999, y la invalidez se estructuró en julio de 2000, por tanto no tenía cotizadas 26 semanas en el año inmediatamente anterior a este hecho, lo que quiere decir, que no tiene derecho a la pensión reclamada.

En cuanto a los intereses de mora, afirmó que no hay lugar a ellos porque los pagos que se ordenaron hacer vía tutela se hicieron de manera completa y oportuna.

Propuso las excepciones de indebida acumulación de pretensiones, inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, falta de título y causa en el demandante, enriquecimiento sin causa del demandante, prescripción, buena fe, abuso del derecho y mala fe, pago y compensación (folios 97 a 113).

II. Demanda de reconvención

En escrito obrante a folios 222 a 230, el fondo accionado formuló demanda de reconvención en contra del señor Noriega Rueda, pretendiendo se declarara que no tiene derecho a la pensión de invalidez por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y como consecuencia de lo anterior, sea condenado a reintegrar las sumas de dinero entregadas por mesadas pensionales que ordenó el juez de tutela como mecanismo transitorio, más intereses moratorios y las costas procesales.

Como soporte fáctico de sus pretensiones, expuso que el señor Noriega no era cotizante para el 3 de julio de 2000, fecha en la que se estructuró la invalidez, y por tanto, debía tener cotizadas 26 semanas en el año anterior; que el mencionado señor no reunía esa densidad de semanas, por lo que no tenía derecho a la pensión reclamada; que el amparo constitucional le fue concedido como mecanismo transitorio, mientras se iniciara el proceso ordinario dentro de los cuatro meses siguientes; que el reconocimiento de la pensión por el mecanismo constitucional resulta contrario a la ley, puesto que no cumplía los requisitos exigidos por esa; que además, esa orden sin el previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, amenaza la sostenibilidad económica y la existencia del sistema general de pensiones, y como consecuencia, debe el señor Noriega reintegrar los dineros que Skandia le pagó por concepto de pensión de invalidez.

Mediante apoderado judicial, el señor Noriega Rueda descorrió el traslado de la demanda de reconvención oponiéndose a las pretensiones, y en cuanto a los hechos solo aceptó los relacionados con la petición que hizo al fondo para el reconocimiento de la pensión, y los referidos a la interposición de la tutela y su decisión. No formuló excepciones (folios 344 a 353).

III. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 31 de marzo de 2008 condenó a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, junto con sus mesadas adicionales de junio y diciembre, más los reajustes de ley, y en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión a partir del 3 de julio de 2000, más los intereses moratorios. Declaró no probadas las excepciones y absolvió al demandado en reconvención de todas las pretensiones formuladas en su contra en la demanda de reconvención (folios 393 a 404).

IV. Sentencia de segunda instancia

Por apelación interpuesta por el apoderado de Skandia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Bogotá, mediante el fallo acusado en casación, revocó la condena por intereses moratorios y la confirmó en lo demás.

En lo que incumbe al recurso extraordinario, esto es, los intereses moratorios, el tribunal una vez expuso los motivos de inconformidad del apelante y referirse al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estimó procedente revocar la condena por estos réditos, “(…) por cuanto la pensión objeto de la presente acción era una mera expectativa, que solo se traduce en realidad mediante la presente sentencia en aplicación de la condición más beneficiosa; en efecto no puede hablarse de morosidad en el reconocimiento de una prestación cuyo reconocimiento se sujeta a una controversia de interpretación normativa que sóolo (sic) se resuelve por vía judicial.

Sumado a lo anterior, le asiste razón al recurrente, en la medida en que la administradora de pensiones Skandia en efecto dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juez 5 Penal del Circuito reconociendo la pensión de invalidez en cuantía de $ 2.569.843, a partir del 3 de julio de 2000, junto con el pago de las mesadas pensionales retroactivas, en u monto de $ 192.790.883 pesos, correspondientes a las mesadas causadas entre el 3 de julio de 2000 y el 31 de octubre de 2006”.

V. Recurso de casación

Fue interpuesto por ambas partes, concedidos por el tribunal y admitidos por la Corte, se resolverían sino fuera porque el apoderado del Skandia desistió del presentado por él, razón por la que se procede al estudio del formulado por la apoderada del demandante.

VI. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto revocó la condena al pago de los intereses moratorios, para que en sede de instancia se confirme la condena impuesta por el juez a quo por dichos intereses.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados.

VII. Primer cargo

Ataca la sentencia por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que generó la infracción directa de los artículos 1613 1614, 1617 del C.C., en relación con los artículos 2º, 11, 12, 13, 33, 38, 39 40, 272 de la Ley 100 ibídem; artículo 1º del Acuerdo 49 de 1990, y artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

Que frente a la vía directa escogida, no discute que el demandante solicitó a Skandia la pensión de invalidez en el año 2003, y que solo hasta el año 2006 por orden del juez constitucional le fue reconocida; tampoco tuvo discusión la pérdida de capacidad laboral del señor Noriega, la cual se estableció en un 54.85%, la fecha de estructuración que lo fue en julio 3 de 2000; que cotizó al sistema general de pensiones 1121.56 semanas, de las cuales 175.71 se hicieron al fondo de pensiones demandado y el resto, o sea, 946.85 al ISS.

Que el error del tribunal fue la errónea interpretación que hizo del artículo 141 acusado, puesto que se trata de una pensión de Ley 100, por tanto, los intereses son obligatorios por la simple mora en el reconocimiento de la pensión o por la tardanza en el pago de las mesadas, tal y como dejó dicho la Corte Constitucional en la sentencias C-601 de 2001 y por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia con radicación 27549 del 18 de mayo de 2006.

Que de igual manera los artículos acusados del Código Civil, prevén la indemnización de perjuicios que comprende el daño emergente y el lucro cesante, por “haberse” (sic) cumplido la obligación, o haberse cumplido imperfectamente, o por haberse retardado su cumplimiento, sin que sea necesario demostrar perjuicios cuando se cobran intereses, situación desconocida por el tribunal.

Agregó que los referidos intereses no tienen el carácter de pena o sanción ni tampoco para definir su causación y pertinencia se hace es exigible la existencia de una sentencia judicial, ni tampoco puede tenerse en cuenta la buena o mala fe de la entidad morosa en reconocer la pensión, pues basta que se produzca el retardo o la mora en la obligación principal, que en este caso corresponde a la pensión de invalidez.

Itera que la pensión reconocida tiene fundamento legal y constitucional, por consiguiente, no podía el juzgador apartarse de esas disposiciones normativas para abstenerse de reconocer los intereses reclamados en tanto los derechos que manan de la seguridad social son irrenunciables, de raigambre superior, por ello el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se debe imponer cuando se presenta mora en el reconocimiento y pago de la pensión. En respaldo de lo anterior reprodujo apartes de las sentencias del 24 de julio de 2002, radicación 17890, del 27 de febrero de 2004, radicación 21892, y del 30 de marzo de 2006, radicación 27194, entre otras, proferidas por esta Sala de la Corte, en donde se dijo que para la condena por intereses moratorios no era necesario el estudio de la buena o mala fe de la entidad pagadora de la pensión.

En cuanto al principio de la condición más beneficiosa, que fue el otro argumento medular del ad quem para absolver de los intereses moratorios, afirma que no ofrece discusión alguna su aplicación para el reconocimiento de las pensiones, pues conforme al artículo 53 de la C.P., un nuevo régimen pensional no puede hacer más gravosa la situación de los afiliados, por ello las administradoras de fondos de pensiones tienen la imperiosa obligación de aplicarlo y no esperar a que se les ordene su aplicación por sentencia judicial. Cita y reproduce pasajes de la sentencia del 14 de marzo de 2006, radicación 26949, en la cual se dijo que los intereses moratorios procedían sin interesar que se hubiese reconocido la pensión de invalidez con fundamento en preceptos anteriores a la Ley 100 de 1993, pues la causa para su procedencia es la mora en el pago de las mesadas, criterio que fue ratificado en la sentencia con radicación 33761 del 31 de marzo de 2009, entre muchas otras que enuncia la censura en su extenso escrito.

Por último, sostiene que el argumento del tribunal en cuanto que por tratarse de una mera expectativa no es de recibo para negar los intereses moratorios, pues en verdad se trata es de una expectativa legítima, en la cual ya se encuentran cumplidos ciertos requisitos, como en el presente caso el número de semanas mínimas cotizadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y remata la sustentación del cargo afirmando que este tema ha sido decantado por la jurisprudencia de esta Corte.

X.(sic) Segundo cargo

Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1613 164, 1617 del C.C.; 2, 11, 12, 13, 33, 38, 39, 40 y 272 de la Ley 100 ibídem; artículo 1º del Acuerdo 49 de 1990, y artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

Por cuanto el cargo está orientado por la vía directa, reitera no tener inconformidad con las conclusiones fácticas del juzgador de segundo grado.

Su reproche estriba en que se aplicó indebidamente el artículo 141 acusado, porque el tribunal consideró que la situación fáctica del accionante no estaba reconocida en la Ley 100 de 1993, sino en una norma anterior, y porque además, la demandada reconoció la pensión en cumplimiento de una orden judicial, sin embargo, la pensión de marras sí está determinada en dicha ley, pues los requisitos de su causación (estructuración), se cumplieron en vigencia de la mencionada ley, “la cual desarrollo (sic) lo establecido en la Carta Política sobre irrenunciabilidad a la seguridad social (art. 48) y sobre el fundamento constitucional de la Condición más beneficiosa a que hace referencia el artículo 53 y tampoco correspondía a una mera expectativa el derecho pensional en cabeza de la parte actora, dado que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 había superado ampliamente las semanas de cotización para acceder a ese derecho”.

Por tanto, dice la censura, el juez de la alzada no debió condicionar el reconocimiento de los intereses moratorios, al hecho de haberse ordenado el pago de la pensión de invalidez a través de sentencia judicial, o en virtud de la condición más beneficiosa, pues debió verificar simplemente si la entidad incurrió en mora en reconocer la pensión reclamada.

VIII. Tercer cargo

Por la vía indirecta acusa la sentencia del tribunal, en el concepto de aplicación indebida, por la violación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1613 164, 1617 del C.C.; 2, 11, 12, 13, 33, 38, 39, 40 y 272 de la Ley 100 ibídem; artículo 1º del Acuerdo 49 de 1990, y artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

Quebrantos de la ley que se produjo a consecuencia de los siguientes errores manifiestos y evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. incurrió en mora en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al señor Jorge Arturo Noriega Rueda.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los requisitos para acceder a la pensión de invalidez del demandante se causaron en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Errores que al decir de la censura se cometieron por la errada apreciación de las siguientes pruebas:

1. Dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la invalidez emitida por la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca (folios 43 y 44).

2. Sentencia de fecha 6 de septiembre de 2006 proferida por el juzgado (sic) 66 penal (sic) municipal (sic) que resuelve la acción de tutela impetrada por el demandante (folio 190 y ss).

3. Sentencia de segunda (sic) instancia (sic) (Juzgado 5º Penal del Circuito de Bogotá) que revocó la proferida por el juzgado (sic) 66 penal (sic) municipal y concede la pensión de invalidez al demandante (fol. 206 y ss.).

4. Reconocimiento de la pensión de invalidez por parte de Skandia por cumplimiento de fallo de tutela de fecha 2 de noviembre de 2006 (fol.142).

Como pruebas no apreciadas relaciona las siguientes:

1. Comunicaciones del 8 de marzo, 3 de mayo y 26 de julio de 2005; 23 de junio y 14 de julio de 2004; 5 de junio, 26 de julio, 8 y 22 de noviembre de 2006 enviadas por Skandia al demandante (folios 33, 30, 121, 122, 126, 127, 136, 139, 151 y 163).

2. Comunicación del 16 de octubre de 2003 enviada por Skandia a la junta regional de calificación de invalidez de Bogotá (folio 117).

3. Comunicación enviado por el actor a Skandia el 16 de febrero de 2006 (folio 131).

4. Comunicación del 7 de noviembre de 2006 enviada por Skandia a Royal Sunalliance (folio 150).

Sostiene que el tribunal erró en la apreciación errónea de la sentencia de tutela que concedió el derecho a la pensión de invalidez, pues en ella surge con claridad la mora de la empresa en reconocer la prestación reclamada, sin que mediara justificación alguna, pues desde el año 2003 acudió en varias ocasiones a la entidad demandada con el fin de que le fuera reconocida su pensión, debido a la pérdida de la capacidad laboral por razones ajenas a su voluntad, y más sin embargo no accedió a su solicitud, tal y como se demuestra con las comunicaciones obrantes a folios 33, 30, 121, 122, 126, 127, 136 y 139.

Que de haber valorado estas comunicaciones habría concluido que estaba demostrada la causación de intereses moratorios, so pretexto de que había sido reconocida en virtud de sentencia judicial o que correspondía a una mera expectativa.

Añadió que el ad quem apreció incorrectamente los documentos de folios 43 y 44 correspondientes al dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral, en tanto no advirtió que la solicitud de reconocimiento se hizo a Skandia el 22 de octubre de 2003, que aunado a la documental de folios 190 y 206, correspondientes a las sentencias de la tutela, estas datan de los meses de septiembre y octubre de 2006, es decir, 3 años después de la petición inicial que fue 2003, y que sumado al documento del 2 de noviembre de 2006, mediante el cual la entidad accionada hizo el reconocimiento de la pensión en cumplimiento de la mencionada decisión judicial, permiten colegir que hubo mora en este reconocimiento y pago de la prestación pensional, y por tanto, su correcta valoración le habría permitido al tribunal condenarla al pago de los intereses moratorios.

IX. Réplica

Al confutar los cargos el apoderado judicial de Skandia se opuso a la prosperidad de los mismos, y afirma que en ningún yerro jurídico o fáctico incurrió el Tribunal, pues hizo una correcta hermenéutica de las normas legales acusadas y aplicó las que gobernaban la situación del demandante.

Al primer cargo le censura que no hubiera incluido en la proposición jurídica el artículo 16 del CST, pues se trata de una controversia sobre la aplicación de la ley en el tiempo, y que además, las sentencias en las que se apoya se refieren a la pertinencia de analizar la conducta de la deudora, esto es, la buena o mala fe para definir la causación de intereses de mora, tema que no mencionó el tribunal, puesto que su decisión se sustentó en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

En torno al segundo, sostiene que denunció por aplicación indebida el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pero guardó silencio en cuanto a las demás normas legales mencionadas en la proposición jurídica, y si entendiera que la acusación es por el mismo concepto, ello sería más grave porque el tribunal no aplicó ese cuerpo normativo.

Y respecto del tercero, manifiesta que la recurrente equivocó la vía, pues el fundamento de la sentencia recurrida no es fáctico, pero que de todos modos el tribunal no se equivocó en la estimación probatoria.

X Consideraciones

Se estudian conjuntamente los tres cargos en virtud a que tienen idéntico alcance de impugnación, acusan las mismas normas legales, se valen de similares argumentos, y porque así lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Así las cosas, en primer lugar se procede al estudio de los reparos de orden técnico expuestos por la parte opositora, sobre los cuales la razón no la acompaña puesto que no era menester acusar el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto resulta suficiente denunciar la violación de cualquiera de las normas legales que haya sido base esencial de la sentencia, o que ha debido serlo, exigencia que se cumplió en el primer cargo en tanto el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuya interpretación errónea denuncia la censura, sirvió de soporte al tribunal para arribar a la decisión cuestionada ahora en casación.

Igual situación se presenta en el segundo cargo, puesto que resulta suficiente la acusación por aplicación indebida de la norma anteriormente referida, sin que por la razón antes expuesta sea necesario indicar el concepto de violación respecto de las demás disposiciones legales que enuncia en la proposición jurídica.

Y con relación al tercero, la decisión sí tuvo un componente fáctico, pues para llegar al convencimiento de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y por tanto a la exoneración de los réditos reclamados, es menester el examen de los medios de prueba que permitan llegar a ese aserto, es decir, que efectivamente sí reunía los requisitos que jurisprudencialmente se han señalado para el empleo del referido principio.

En cambio, en lo que sí le asiste razón al replicante es que el tribunal no cometió ninguno de los errores jurídicos ni fácticos que le enrostra la censura a la sentencia recurrida, por los siguientes motivos:

Ciertamente no discute que el demandante solicitó a Skandia la pensión de invalidez en el año 2003, y que solo hasta el año 2006 por orden del juez constitucional le fue reconocida; tampoco que la pérdida de capacidad laboral del señor Noriega se estableció en un 54.85%, ni la fecha de estructuración que fue en julio 3 de 2000; que, además, cotizó al sistema general de pensiones 1121.56 semanas, de las cuales 175.71 se hicieron al Fondo de Pensiones demandado y el resto al ISS, es decir, 946.85; que se trasladó del ISS a Skandia en el año de 1995, y que la última cotización al sistema general de pensiones la hizo en el mes de junio de 1999.

La razón por la que el tribunal absolvió de los intereses moratorios, quedó consignada textualmente en los siguientes términos:

“(…) la pensión objeto de la presente acción era una mera expectativa, que sólo se traduce en realidad mediante la presente sentencia en aplicación de la condición más beneficiosa; en efecto no puede hablarse de morosidad en el reconocimiento de una prestación cuyo reconocimiento se sujeta a una controversia de interpretación normativa que sóolo (Sic) se resuelve por vía judicial.

Sumado a lo anterior, le asiste razón al recurrente, en la medida en que la administradora de pensiones Skandia en efecto dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juez 5 Penal del Circuito reconociendo la pensión de invalidez en cuantía de $ 2.569.843, a partir del 3 de julio de 2000, junto con el pago de las mesadas pensionales retroactivas, en u monto de $ 192.790.883 pesos, correspondientes a las mesadas causadas entre el 3 de julio de 2000 y el 31 de octubre de 2006”.

Es decir, el juzgador no consideró que hubiera mora en el reconocimiento de la pensión de invalidez, por virtud de que el mismo estaba sujeto a la solución de la controversia de una interpretación normativa, cuya definición quedaba a merced de una decisión judicial, esto es, a la aplicación o no del principio de la condición más beneficiosa, puesto que los requisitos exigidos por el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, que era el aplicable al sub lite porque la invalidez se estructuró en el mes de julio de 2000, y comoquiera que la última cotización al sistema la realizó en el mes de junio de 1999, significaba que era un afiliado inactivo, y por lo tanto necesario que hubiera cotizado 26 semanas dentro del año anterior a la estructuración, requisito que no estaba satisfecho.

El tribunal, contrario a lo manifestado por la censura, no basó su decisión en la existencia o no de buena fe de la demandada en la negativa de reconocer la pensión de invalidez, sino en la insatisfacción del actor en el lleno de los requisitos legales para acceder a esta prestación conforme a la norma aplicable en el mes de julio de 2000, data en la cual se estructuró la invalidez, y en esa medida no era procedente la condena por intereses moratorios, pues en verdad, en casos como el presente, no se presenta una mora en el reconocimiento pensional, ya que la entidad actuó bajo el convencimiento de que no le asistía el derecho reclamado en los términos de la ley vigente.

Así lo ha estimado esta Sala, en muchas de sus sentencias, y así, a manera de ejemplo, en la Sentencia SL3087-2014, rad. 44526, en la que se reiteró ese criterio, se dijo:

“Por el contrario, cuestionó la entidad demandada en la apelación lo atinente a la condena a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al efecto, cabe aquí el criterio sostenido por la Sala en la Sentencia CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 43602, donde dijo textualmente:

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la doctrina tradicional de la Corte desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. 18512, ha sido que deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que producía al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tenían carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia de 13 de junio de 2012, rad. 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

‘Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)’.

La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia (Resaltado no es de su texto original).

En el asunto bajo examen, no procedía la condena por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, puesto que la pensión de invalidez la concedió el ad quem en obedecimiento a la regla jurisprudencial respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y además, su improcedencia también tiene su génesis en el convencimiento de la entidad de que el actor no reunía los requisitos que exigía la norma vigente para la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, actuó bajo el amparo de una norma vigente.

Por lo expuesto, no prosperan los cargos.

Las costas en casación correrán por cuenta de la parte recurrente, en su liquidación se ordena incluir la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000), por concepto de agencias en derecho.

XI Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2008 por el tribunal superior del distrito judicial de Bogotá, sala laboral de descongestión, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Jorge Arturo Noriega Rueda, contra Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. “Skandia S.A. Pensiones y Cesantías S.A.”.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.