Sentencia SL16451-2014 de agosto 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Gustavo Hernando López Algarra

SL16451-2014

Rad.: 47979

Acta 28

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por BAVARIA S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 10 de junio de 2010, en el proceso que instauró MANUEL URIBE contra la recurrente.

EXTRACTOS: «VIII. CONSIDERACIONES

La inconformidad de la recurrente con la sentencia del tribunal radica esencialmente, en que dicha providencia concluyó que la pensión reconocida al demandante fue la de jubilación consagrada en la convención colectiva. Que por el contrario, como el demandante tenía más de 10 años de servicios para el momento en que el Instituto de Seguros Sociales inició su cobertura en la ciudad de Cúcuta, y fue afiliado a los riesgos de vejez, invalidez y muerte, la pensión reconocida era legal y por lo tanto compartible con la de vejez que otorgó el Instituto de Seguros Sociales.

El Tribunal para arribar a su decisión, se refirió a la cláusula 41ª de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales, vigente del 1º de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1986, para luego, sustentado en una sentencia proferida por esa corporación en un proceso seguido por Graciela Gómez contra Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. ESP radicado 10075, y en otra providencia proferida por esta Sala el 15 de octubre de 2008, radicado 34147, señalar que la pensión reconocida al actor, se otorgó por el cumplimiento del requisito de la edad consagrada en el aparte final de la cláusula 44ª, de lo que concluyó que la prestación era voluntaria.

En esas condiciones, el ad quem desconoció la manifestación de la accionada al contestar la demanda (fls. 37 a 49), que al referirse al hecho octavo, aclaró que la pensión que reconoció al demandante fue la legal de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, lo mismo hizo respecto a los documentos de folios 59, 60 y 61, el primero, contentivo de la solicitud de pensión a favor del actor, dirigida por el gerente de la Cervecería Cúcuta a la división de relaciones industriales de Bavaria S.A., en los que se confirmaron los siguientes datos: «fecha de ingreso: 21 de abril de 1958; Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1930; Lugar de inscripción al ISS: Cúcuta; fecha de inscripción: 2 de septiembre de 1968»; el segundo, relativo a la respuesta dada al requerimiento anterior, donde se señaló que una vez verificados los registros, se constató que el señor Uribe ingresó a la empresa el 21 de abril de 1958, y nació el 17 de abril de 1930, y por lo tanto, a 17 de abril de 1985 «cumpliría los requisitos legales para tener derecho a su pensión de jubilación», y se autorizó la concesión de esa prestación, una vez se acreditara el cumplimiento de la edad; y el tercero, el comunicado dirigido por el Gerente de la Cervecería Cúcuta al demandante, del 3 de abril de 1985, donde se le informó que se había determinado el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 17 de abril de ese mismo año; además, a folio 62 obra misiva del 30 de junio de 1990, mediante la cual, el señor Manuel Uribe autoriza a Bavaria S.A., a cobrar el valor de las mensualidades retroactivas de la pensión de vejez que le corresponda según las disposiciones legales, lo anterior porque esa «autorización obedece al hecho de que BAVARIA S.A. me continuará pagando la pensión completa hasta que el I.S.S. expida la resolución de otorgamiento de mi pensión de vejez».

Adicionalmente, la cláusula 41a convencional (fl. 206), únicamente refiere que los trabajadores que se pensionen no se les hará ningún descuento por anticipo de cesantías, y que las pensiones de jubilación se liquidarán con el promedio del salario mensual que se hubiera devengado en el último año de servicios, en un porcentaje del 75%, y la cláusula 44ª (fl. 211), dispone que todo trabajador despedido sin justa causa con un tiempo de más de 20 años de servicios continuos o discontinuos, recibirá, al cumplir 50 años, una pensión equivalente al 75% de la pensión que le hubiera correspondido al llenar los requisitos de edad y «Cuando cumpla 55 años de edad, la empresa le pagará la pensión ordinaria de jubilación»; en tal medida, dichas clausulas, no son constitutivas de la pensión que se reconoció al demandante, pues la primera de ellas, solo hace referencia a la forma de liquidarla, y la segunda, supedita su reconocimiento no solo al cumplimiento del requisito de edad, sino además, al hecho de ser despedido sin justa causa, situación que no es la del demandante, pues no fue objeto de esa determinación por parte del accionado.

Se reitera que el accionante, según se desprende de los documentos obrantes a folios 59 y 60, ingresó a prestar sus servicios a la demandada el 21 de abril de 1958; que además, el otrora Instituto Colombiano de Seguros Sociales, inició la cobertura para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, en la ciudad de Cúcuta, el 2 de septiembre de 1968, data a partir de la cual, el trabajador fue afiliado a la seguridad social, lo que fue corroborado con el documento que descansa a folio 58.

En tal sentido, y al haber asumido el ISS los riesgos de invalidez, vejez y muerte, en la ciudad de Cúcuta el 2 de septiembre de 1968, no hay duda que el demandante, para esa data, contaba con 10 años, 4 meses y 12 días de servicio, y en consecuencia, estaba inmerso en el régimen de transición consagrado en los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966. Por tal razón, una vez se reunieran los requisitos exigidos en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador se encontraba compelido a reconocer la pensión de jubilación, continuando con la obligación de seguir cotizando hasta acreditar los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, con el fin de que la pensión resultara compartible.

Esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 10 oct. 2002, rad. 18707, al respecto señaló:

(...) Al establecer el legislador el seguro social obligatorio a través de la Ley 90 de 1946, previó en el numeral 2° del artículo 76, que en ningún caso las condiciones del seguro de vejez para los trabajadores, que al momento de la subrogación de tal contingencia llevaren cuando menos diez 10 años de servicios a los empleadores respecto de los cuales se pretendía subrogar ese riesgo, serían menos favorables que las establecidas para aquellos por la legislación sobre jubilación. 

Postulado que se cumplió al expedirse posteriormente el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese mismo año, que reguló los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por cuanto garantizó en los artículos 60 y 61 para los trabajadores obligados a ingresar al Seguro Social como afiliados, que al iniciar esta entidad su cobertura tuviesen 10 o más años de servicios en una misma empresa de capital de $ 800.000.00 o superior, el derecho a exigir, al cumplir el tiempo de servicios y la edad requeridos por el Código Sustantivo del Trabajo, la pensión de jubilación a cargo del empleador, pero con la carga de continuar cotizando hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, momento a partir del cual el Seguro procederá a cubrir dicha prestación, quedando por cuenta del empleador únicamente el mayor valor que se presente, entre la pensión reconocida por el Seguro y la que venía siendo cubierta por él. 

Entendimiento que se desprende sin ninguna dificultad de la exégesis sistemática de las disposiciones referidas, pues si bien el artículo 60 alude primero a los trabajadores con más de 15 años de servicios se encuentra que posteriormente el artículo 61 previó el mismo beneficio para los trabajadores con más de 10 años de vinculación laboral para una misma empresa, de capital de $ 800.000.00 o superior. Es oportuno entonces, dada la trascendencia del tema, la cita textual de los preceptos comentados, así: 

«ART. 60.—Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de $ 800.000.00 moneda corriente o superior, ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez o muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono».  

«ART. 61.—Los trabajadores que lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente o superior, diez años o más de servicios continuos o discontinuos ingresarán al seguro social obligatorio como afiliados en las mismas condiciones de los anteriores y en caso de ser despedidos por los patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la ley al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, con la obligación de seguir cotizando de acuerdo con los reglamentos del Instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez; en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión siendo obligación del patrono continuar pagando la pensión restringida. En todo lo demás el afiliado gozará de los beneficios otorgados por el Instituto. 

PAR.—Esta disposición regirá únicamente durante los primeros 10 años de vigencia del seguro de invalidez, vejez y muerte».  

No hay duda entonces que la pensión reconocida al demandante, es compartida con la de vejez que reconoció el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 02016 de 27 de junio de 1991. Por tal motivo se casará la sentencia.

Los argumentos expuestos en sede de casación son suficientes para que en instancia se revoque la sentencia del 23 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, y en su lugar, se absuelva a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de las instancias correrán a cargo del demandante.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diez (10) de junio de dos mil diez (20109 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MANUEL URIBE contra BAVARIA S.A., y en sede de instancia, REVOCA la sentencia del veintitrés (23) de septiembre de dos mil nueve (2009), proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, para en su lugar ABSOLVER a la demandada de las pretensiones de la demanda.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, Presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve».