Sentencia SL16526-2017/47606 de octubre 11 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16526-2017

Rad.: 47606

Acta 14

Magistrada Ponente:

Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota

Bogotá D.C., once de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por el demandado, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

De manera principal, la recurrente pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida y en sede de instancia, revoque el ordinal primero y la condena en costas de la sentencia de primera instancia y en su lugar absuelva a la demandada de tales pretensiones; declare probadas las excepciones propuestas y condene en costas a la parte demandante.

Subsidiariamente solicita que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó las condenas impuestas a Electricaribe S.A. ESP y en sede de instancia, condene a pagar a la señora Laudith Sierra Barros, los reajustes de los aportes de salud en el 8.04% desde mayo de 2002, los causados en lo sucesivo y las costas del proceso en la siguiente proporción: 90% a cargo de Electrificadora de la Guajira y 10% a cargo de la accionada.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales no fueron objeto de réplica.

VI. Cargo primero

El recurrente acusa la sentencia por haber violado la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos “143 de la Ley 100 de 1993, 42 del Decreto 692 de 1994 y 50 del CPT y SS; en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 260 y 467 del CST; 53 de la Carta Política; 1494, 2142, 2157 y 2169 del CC; 392 y 393 del CPC”.

Señala que la violación de las anteriores normas se dio por la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante solicitó el reintegro del 8.04% de aportes a la salud con fundamento en preceptos legales.

2. No dar por demostrado, estándolo, que de acuerdo con el libelo demandatorio fue la voluntad de la demandante elevar las pretensiones de reintegro por la diferencia en aportes de salud, con fundamento conjunto tanto en preceptos legales como en la convención colectiva de trabajo 1987-1996.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que esos soportes legales y convencionales de las pretensiones los había solicitado en la demanda de manera disyuntiva expresa con la conjunción “o”.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la parte demandante otorgó poder para elevar las pretensiones, pero con fundamento en el soporte convencional.

Asegura que dichos errores de hecho se originaron por la falta de apreciación del poder otorgado por la demandante (fl. 5) y por la apreciación errónea del (i) escrito de la demanda (fls. 23-36) y (ii) del escrito de respuesta a la demanda (fls. 52-58).

En la demostración del cargo, señala que el tribunal se equivocó al omitir verificar las reales facultades otorgadas por la demandante Laudith Sierra, mediante el poder allegado a folio 5, para reclamar “declaraciones y condenas con fundamento en el acuerdo convencional”. Dicho mandato solamente se otorgó para pretender los aportes de salud con soporte en el acuerdo extralegal y no bajo otro parámetro.

Afirma que el tribunal no tuvo en cuenta que esa fue la voluntad del demandante plasmada en el poder (fl. 5) y desarrollada en el escrito de la demanda (fls. 23-36) en donde se señala que las pretensiones sobre aportes de salud se encuentran soportadas únicamente en la convención colectiva de trabajo y en el convenio de sustitución patronal. La equivocación en la apreciación de la demanda, fue no haber advertido la pretensión primera de la demanda y solo referirse a la cuarta súplica. Agrega que, aunque en los fundamentos y razones de la demanda, se mencionó el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto “692 de 1991”, la demanda debía valorarse de manera íntegra y no parcializada, porque en ese mismo capítulo del escrito inicial, se menciona la convención colectiva de trabajo.

En ese orden, no queda duda de los yerros en la valoración de la prueba calificada referida, que llevaron al tribunal a no apreciar de manera íntegra la voluntad de la actora, indicada en el poder y la demanda, y por ello, decidió sobre unas pretensiones y supuestos no vistos en estos documentos, esto es, efectuó un pronunciamiento por fuera del objeto del debate planteado por la parte actora.

VII. Consideraciones

El censor refiere que se equivocó el tribunal al considerar que el fundamento de la reclamación referente a los aportes en salud controvertidos por las partes, correspondía, además de la convención colectiva, a los preceptos legales en la materia.

En la decisión impugnada, efectivamente se afirma que tanto de la demanda como de la contestación a la misma, era dable derivar que las pretensiones de la parte actora también se fundaban en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y que por tanto, no se equivocó el a quo al resolver el litigio en los términos previstos en esa disposición legal.

Para arribar a tal conclusión, el tribunal se apoyó en la demanda y la contestación, ahora denunciadas como erradamente valoradas; acusación que bien puede plantearse en sede de casación, aún si tales piezas procesales no contienen una confesión judicial, tal como se ha expuesto por esta corporación en sentencia CSJ SL, 5 ago. 1996, Rad. 8616, reiterada, entre otras, en casación CSJ SL, 21 jul. 2004, Rad. 22386, CSJ SL2052-2014 y CSJ SL14967-2017, se adoctrinó:

[…]

La demanda inicial del juicio puede ser acusada en la casación laboral como pieza procesal y no solo en cuanto contenga confesión judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condición es susceptible de generar en la casación laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocida o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como también las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones escritas del juicio laboral, como la contestación de la demanda, el escrito sustentatorio de la apelación, el desistimiento parcial, etc.

Así las cosas, remitiéndonos a la revisión de estas piezas procesales, no advierte la Sala equivocación en la apreciación del ad quem, como quiera que de ellas puede concluirse que el reclamo judicial de la demandante se fundaba tanto en estipulaciones convencionales, que finalmente no fueron acreditadas en el proceso, como en las normas que ahora se controvierten, esto es, el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

En efecto, le asiste razón al juez colegiado al derivar de las pretensiones de la demanda, la solicitud de dar aplicación a las normas sustanciales de rango nacional antes mencionadas, como quiera que en la súplica cuarta se reclama que se condene a la accionada a “ajustar su conducta a lo previsto en los artículos 42 del decreto 692 de 1994 y 143 de la Ley 100 de 1993 en armonía con las convenciones colectivas” y en la pretensión segunda se depreca que de conformidad con estas mismas disposiciones se declare ilegal el descuento que la demandada efectuó por concepto de salud.

Esta última solicitud referida a la declaración de ilegalidad de los descuentos de la mesada pensional por concepto de salud, se señala en el poder otorgado por la accionante Laudith Sierra, como parte de las reclamaciones que se confían realizar al apoderado dentro del presente proceso (fl. 5).

Ahora, contrario a lo señalado por el censor, el tribunal sí analizó la demanda inicial de manera íntegra, pues también hizo referencia a la pretensión primera que invoca el recurrente, para explicar que a pesar de que la misma se sustentaba en los acuerdos convencionales, las demás súplicas, sí hacían referencia a los preceptos legales que ahora se controvierten; y además, tuvo en cuenta el acápite de fundamentos y razones de derecho, para resaltar que las pretensiones no se invocaron únicamente con respaldo en la convención colectiva, sino también, en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, tal como en verdad se desprende de esta pieza procesal.

Además de indicar y explicar las normas de rango convencional que considera aplicables al presente asunto, en los fundamentos de derecho también se hace mención a las referidas normas legales y se explica que son estas fuentes, tanto legales como extralegales, las que consagran el derecho que se reclama y que el reajuste pretendido constituye un derecho adquirido (fl. 30).

Por esta razón, no existió yerro en la valoración de la demanda inicial, pues de ella sí es posible derivar que la parte accionante fundó sus pretensiones en la aplicación de las mencionadas normas legales; y aunque el ad quem no hizo mención al poder otorgado por Laudith Sierra a su apoderado judicial, revisado el mismo, se encuentra que además de facultar a su abogado para plantear judicialmente su inconformidad frente a los descuentos de la pensión por concepto de aportes a salud por no corresponder a lo contemplado en el acuerdo extralegal, también le encomendó que reclamara la ilegalidad de los descuentos efectuados.

La contestación de la demanda, también fue debidamente apreciada por el tribunal, pues en efecto, la demandada justifica los descuentos por concepto de aportes en salud cuestionados por la parte accionante, en que así lo dispone el mandato legal previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, tal como se advierte en el capítulo de hechos y razones de la defensa, y en la respuesta al hecho quinto de la demanda, al referir que los trabajadores y pensionados están obligados a asumir el aporte pensional conforme lo prevé la ley. Es decir, en su defensa adujo que legalmente era el pensionado quien debía cumplir esta responsabilidad.

En ese orden, puede colegirse que la controversia quedó planteada por las partes, en definir quien resulta ser el titular de la obligación de asumir el correspondiente aporte en salud a favor de los pensionados, con fundamento es lo dispuesto convencional y legalmente.

Debe advertirse que lo perseguido con la demanda, es que la empresa demandada asuma el pago de los aportes para salud de los trabajadores pensionados y para ello se invocó lo acordado convencionalmente al respecto y lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

Por ende, al no encontrar demostrado el supuesto extralegal para acceder a lo pretendido y que se fundaba en que la empresa debía asumir el 100% del referido aporte, el ad quem consideró procedente el estudio de lo reclamado conforme las previsiones legales en la materia, que prevén a favor de los pensionados con antelación al 1º de enero de 1994 el reajuste de su prestación pensional, equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993, que correspondería entonces a la obligación legal de la entidad encargada del pago de las pensiones, en relación con los aportes discutidos.

De esta manera, si bien no fue posible acceder al pretendido derecho convencional, por no haber acreditado en el proceso la fuente normativa extralegal que lo contemplaba, el juzgador consideró viable la revisión de la regulación legal del mismo asunto discutido, esto es, la obligación de la entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión, de asumir ya no en el 100% del aporte, sino la diferencia causada por la elevación en la cotización en salud, con miras igualmente a que no se viera disminuida la mesada pensional de la actora como que se discute en la demanda, al cuestionar que se redujera la pensión por razón de los descuentos por aportes en salud.

En ese orden, no se equivocó el tribunal al considerar que hacía parte de la controversia verificar la regulación legal en cuanto al pago de aportes, los porcentajes en que se debía contribuir al sistema y el reajuste previsto a favor de los pensionados en razón a estas cotizaciones por salud, pues así lo dejaron planteado las partes al discutir en instancias las obligaciones de la empresa en relación con los mencionados aportes al sistema de salud, y referir para ello, fundamentos tanto convencionales como legales.

Adviértase que la parte accionante es clara en reclamar que se ordene a la accionada ajustar su conducta a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con la convención colectiva de trabajo, por ende, si ésta última no fue aportada, restaba al fallador verificar cómo debía ajustarse la demandada a lo dispuesto en estas normas legales, y así procedió, al analizar que a favor de la actora Laudith Sierra, era necesario efectuar el reajuste pensional allí previsto en el equivalente a la elevación en el aporte en salud. De esta manera se aplicó el efecto jurídico de la norma invocada por la parte demandante, que no corresponde a reintegrar al pensionado los valores descontados por aportes en salud, sino a aumentar el monto de la mesada pensional en el equivalente a la elevación de dichos aportes, para que no se vea afectado su valor, y de esta forma, la demandada asumiera su obligación en relación con el asunto discutido.

En todo caso, aún de no haberse hecho mención a la fuente legal de estas obligaciones, lo cierto es que al debatirse si la accionada debía correr con el pago de estos aportes y su proporción, sí le era dable al fallador laboral, acudir a esta regulación normativa para definir la controversia, pues fue controvertida entre las partes, la asunción del pago de los aportes en salud, como se advierte de la demanda inicial y la contestación, pues la parte actora insiste en que es la accionada quien debe encargarse de ello, mientras que la empresa demandada afirma que la cotización está a cargo del pensionado, ante lo cual, no demostrado convenio convencional al respecto sobre el pago en un 100% a cargo del empleador, el juez aplicó la norma legal que establece que deberá reconocerse el equivalente a la elevación de la cotización en salud, mediante el reajuste de la mesada pensional.

Es decir, no se resuelve por fuera del objeto del debate planteado por la parte accionante, sino que se decide ordenar el cumplimiento de la obligación legal de la entidad frente a los aportes en salud de los pensionados, al no demostrarse el deber convencionalmente pactado al respecto. En ese orden, se atiende el reclamo de la demanda inicial en cuanto a que la demandada debía cumplir con el pago de tales cotizaciones, aunque en los términos previstos en la ley.

Por lo anterior, no se demuestran los yerros fácticos endilgados por la censura, toda vez que la fuente normativa de las obligaciones pretendidas era de carácter tanto legal como extralegal, y porque en todo caso, el asunto discutido en juicio correspondió a la verificación del deber de la demandada frente a los aportes en salud de los pensionados, y en ese sentido se decidió.

En razón de lo anterior, el cargo no prospera.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo “70 del Código Sustantivo de Trabajo, en relación con los artículos 67, 68, 69 ibídem y 1494, 1602 del Código Civil”.

Sostiene que la violación de las anteriores normas sustanciales son consecuencia de los siguientes desaciertos fácticos:

[…]

1. No dar por demostrado, estándolo, que en el acuerdo de sustitución patronal entre Electranta (que incluye a Electroguajira ver folios75 y 199) y Electricaribe (fls. 73 a 181 y 198 a 215, concretamente en los folios 88, 103, 104, 201 y 201 vuelto), expresamente se convino que Electranta asumiría el 90% del valor de las condenas judiciales dictadas en procesos de carácter laboral originados en demandas que, a partir de la fecha efectiva de la sustitución, presente un trabajador o un pensionado contra Electricaribe por hechos u omisiones ocurridos con anterioridad a la fecha de sustitución. (Negrita del texto original).

2. No dar por demostrado, estándolo, que solo el 10% del valor de las condenas judiciales antes referidas está a cargo de Electranta (sic).

Precisa que los errores de hecho se originaron en la equivocada estimación del convenio de sustitución patronal, particularmente las cláusulas 3 y 4 (fls. 73 a 181, 198 a 215).

Aduce que el juez colegiado, al confirmar la sentencia apelada, hizo suyos los argumentos del a quo en relación con las cláusulas 3 y 4 del convenio de sustitución patronal, esto es, que para su aplicación se tendría como “fecha efectiva el 16 de agosto de 1998”.

Señala que el convenio de sustitución patronal fijó la proporción en la que debían responder Electricaribe S.A. ESP (10%) y Electranta (90%), por condenas judiciales dictadas en procesos de carácter laboral originados en demandas presentadas por trabajadores o pensionados a partir de la fecha efectiva de tal sustitución (16 de agosto de 1998), contra Electricaribe S.A. ESP por hechos u omisiones ocurridos con anterioridad a esa data, siempre que se haya denunciado el pleito o llamado en garantía a Electranta.

Afirma que es un hecho no discutido que entre estas entidades se produjo una sustitución patronal cuya fecha efectiva fue el 16 de agosto de 1998, por ende, la condena impuesta fue posterior, siendo procedente lo reclamado en este cargo.

Asegura que aunque el tribunal tuvo en consideración el convenio de sustitución, no lo apreció en debida forma, pues no dio por establecido que la obligación de Electranta, que fue materia de condena, tuvo su génesis en un contrato de trabajo que se desarrolló en su integridad con Electroguajira como empleadora, la cual hace parte de Electranta; es decir, tuvo lugar antes de la sustitución patronal. Empero, el ad quem se negó a observar la perentoriedad de este convenio, y de manera genérica señaló que “operaba la fecha de efectividad de la sustitución patronal, del 16 de agosto de 1998”, sin advertir, al confirmar la decisión de primer grado, la proporción en que se asumieron este tipo de obligaciones.

Agrega que el artículo 70 del CST establece que el antiguo y el nuevo empleador pueden acordar modificaciones a sus propias relaciones siempre que sus convenios no afecten los derechos de los trabajadores. Además, explica que la sustitución implica que el nuevo empleador asume solidariamente las obligaciones del antiguo, causadas antes de la fecha efectiva, sin perjuicio de poder repetir contra éste.

Señala que el tribunal transgredió esta disposición legal, porque no observó que las obligaciones objeto de condena fueron adquiridas antes de la sustitución, por ende, aplicaba el convenio invocado en este cargo, y en ese orden, Electranta debería asumir el 90% de los pagos ordenados.

IX. Consideraciones

El reproche del censor en este cargo, se funda en que el tribunal no hubiese advertido la responsabilidad que debía asumir Electranta (que incluye a Electroguajira) frente al reajuste pensional ordenado en instancias, en virtud del convenio de sustitución patronal celebrado con la demandada.

Sin embargo, la Sala advierte que el cuestionamiento expuesto por el recurrente en cuanto a las obligaciones que debe asumir Electranta (que incluye a Electroguajira), no fue tema del recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la condena impuesta en primer grado y que en sede de casación también discute.

En efecto, al revisar el escrito contentivo del recurso de alzada, se evidencia que la parte accionada planteó su inconformidad en relación con el asunto resuelto en primera instancia, referente al reajuste de la pensión de la demandante Laudith Sierra Barros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, sin embargo, nada refirió en torno a la forma como debían asumir esta responsabilidad tanto la demandada como Electranta.

En ese orden, resulta evidente que la recurrente no controvirtió a través del recurso de apelación lo que ahora sí plantea a través del cargo, pues, en modo alguno hizo alusión a la referida obligación derivada del convenio de sustitución patronal.

De ahí que el fallador de segundo grado al resolver la apelación nada señaló sobre la puntual temática que hoy se controvierte, sin que resulte acertado señalar, como lo plantea la censura, que al confirmar la condena impuesta, el tribunal hizo suyos los argumentos del a quo, pues ello no se advierte en la sentencia impugnada, y no podría ser así, porque este aspecto no fue objeto de inconformidad por el apelante, por ende, no era de competencia del juez colegiado resolverlo.

Por lo anterior, la Sala no puede abordar el estudio de un tema no analizado por el ad quem, dado que, como lo ha adoctrinado esta corporación “no es dable imputarle al juzgador la comisión de unos errores en relación a unos aspectos frente a los cuales no hubo pronunciamiento, precisamente porque no fueron materia de apelación” (CSJ SL646-2013, reiterada entre otras en CSJ SL13061-2015, CSJ SL13431-2016, CSJ SL5873-2016, CSJ SL 13431-2016, CSJ SL8653-2016 y CSJ SL8298-2017).

Ahora bien, tampoco sería dable reclamar en este asunto, la responsabilidad de “Electranta” frente a la condena impuesta a la demandada, pues no fue convocada a juicio, y aunque al contestar la demanda, Electricaribe S.A. ESP denunció el pleito y llamó en garantía a la Electrificadora de la Guajira S.A. ESP, que, señala el recurrente, integra Electranta, lo cierto es que al no adelantar las gestiones propias para su notificación y por ende, vinculación al proceso, mediante auto del 6 de diciembre de 2005, el juzgado de primera instancia ordenó seguir adelante el trámite del mismo solamente con la demandada principal, sin que tal decisión fuese recurrida por la parte interesada. Por tanto, la entidad que refiere la demandada no fue vinculada en debida forma al proceso y no podría ahora endilgársele condena alguna, pues ello daría lugar al desconocimiento de sus garantías fundamentales al debido proceso y derecho de defensa.

En ese orden, el cargo no puede prosperar.

Sin costas en el recurso extraordinario, toda vez que no hubo oposición.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de octubre de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rafael Antonio Rodríguez Olmedo, Álvaro Royero Rojas, Esther Salomé, Fidencio Santiago Charris, Laudith Sierra Barros, Darío Solano, Mironel Solano Muñoz, Wilfrido Solano, Arnelio Soto Corzo, Edgardo Suárez, Eliecer Toro Iguarán, José Vasquez Salas, William Viloria Roa y Fidel Zúñiga López contra Electrificadora del Caribe S.A. ESP - Electricaribe S.A. ESP.

Costas como se indicó en la motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».