Sentencia SL16559-2017/51523 de octubre 11 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16559-2017

Rad.: 51523

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá D.C., once de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la Dirección Distrital de Liquidaciones, concedido por el tribunal exclusivamente frente a Genaro Antonio Cabarcas Pinedo y Andrés Ezenarro Lenes. Admitido por esta Sala de la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Busca que la Sala case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado.

Con tal propósito formula tres cargos, que no fueron replicados y que la Sala procede a estudiar.

VI. Cargo primero

Por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, le atribuye a la sentencia impugnada la violación de:

[…] los artículos 143 de la Ley 100 de 1993; artículo 42 del Decreto 692 de 1994; como consecuencia de la anterior violación, también violo (sic) los artículos 1º de la Ley 33 de 1985; 45 del Decreto 1045 de 1978; 12 del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo expedido por el ISS; 31, 32, 33 de la Ley 100 de 1993 modificada por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; 488; 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 41 del Decreto 3135 de 1968; 102 Decreto 1848 de 1969; 1631, 2512, 2513, 2517, 2535, 2538, 2543, 2544 del Código Civil; 304, 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 aplicados por analogía del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social; y 151 ibídem, 292 del Código de Régimen Municipal y 8º de la Ley 153 de 1887.

Para fundamentar su acusación, luego de reiterar las consideraciones de la decisión atacada, la parte recurrente manifiesta que el tribunal incurrió en varios errores hermenéuticos al analizar el reajuste pensional consignado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, a saber: i) lo aplicó de manera automática, sin tener en cuenta que debía ser equivalente a la elevación de la cotización en salud, pues el propósito fundamental del legislador al establecerlo fue el de evitar la disminución de las mesadas pensionales; ii) le dio un carácter permanente y generó con ello la percepción de una doble partida anual, cuando el querer del legislador fue consagrar una medida transitoria, con el único fin de evitar menguas en el patrimonio de los pensionados; y iii) lo hizo extensivo a pensiones de naturaleza convencional, como las que perciben los actores, cuando el legislador nunca se refirió a ellas, pues solo se pronunció frente a las legales.

Aduce también que:

[…]

El correcto entendimiento de las normas de reajuste pensional, ventilado en el presente caso, consistió en el (sic) haber realizado una interpretación integral a la ley y haber concluido; que, efectivamente sí había reajuste a las mesadas pensionales. Pero en equilibrio el descuento efectuado para aporte en salud, desde luego fijado un tiempo transitorio, sin dejarlo permanente y como del 1º de abril de 1994 al 16 de octubre de 1998; desde luego teniendo en cuenta que la (sic) pensiones extralegales no se les aplicaba este incremento, y en el peor de los casos como no se había hecho el descuento para el aporte en salud a los actores, entonces operaría en forma integral la compensación.

VII. Consideraciones

Desde ya se advierte que el tribunal no incurrió en el error interpretativo que le endilga la censura, toda vez que su decisión de condenar a la parte demandada a incrementar las pensiones de Genaro Antonio Cabarcas Pinedo y Andrés Ezenarro Lenes, por una sola vez y en un porcentaje igual a la elevación de la cotización para el sistema de salud, se acompasa en un todo a lo previsto por los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994,

Al respecto, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 prevé:

“ART. 143.—A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente ley.

En similar sentido, el artículo 42 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, preceptúa:

“ART. 42.—Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieren causada la correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de dicha fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993.

A la luz de las normas anteriormente transcritas, resulta claro que los pensionados antes del 1º de enero de 1994, que es el caso de los dos demandantes frente a los cuales se restringió el recurso de casación, tienen derecho a un reajuste en su pensión igual al aumento del porcentaje de aporte a salud, con el propósito de que sus pensiones no sufran un deterioro económico por cuenta de los nuevos porcentajes, con destino al sistema de salud ordenados por la Ley 100 de 1993.

Tampoco hay error del tribunal, cuando al decir de la censura ordenó un reajuste pensional permanente, pues si hubiese leído con detenimiento la providencia objeto del recurso, hubiese advertido con facilidad que el sentenciador de alzada, en este caso y siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala, dispuso con absoluta claridad que dicho reajuste operaba por una solo vez, y así lo ordenó en la parte resolutiva de la misma.

Aquí, no puede olvidarse que el reajuste por salud está orientado a mantener el valor real de las pensiones, mediante una compensación equivalente a la elevación del aporte a salud dispuesto en la Ley 100 de 1993, por lo que “no se trata de una revaloración en el ingreso real del pensionado” (CSJ SL431-2013, 16 jul. 2013, Rad. 43872).

Por último, ninguna trascendencia tiene la naturaleza de las pensiones de jubilación reconocidas a Cabarcas Pinedo y a Ezenarro Lenes, pues a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, todos los pensionados, sin distinción, están obligados a asumir en su integridad la cotización para el sistema de salud y, precisamente, era esta situación la que pretendía atenuar el legislador a través del reajuste pensional que se discute en el proceso. Por ello, en procesos adelantados directamente contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP en liquidación, cuyo pasivo pensional lo asumió la aquí recurrente, esta Sala de la Corte ha defendido la viabilidad del reajuste sobre las pensiones reconocidas en los términos que le ordenó el juez colegiado (CSJ SL676-2013, 25 sep.2013, Rad. 44617, SL3935-2014, 19 mar. 2014, Rad. 45399, SL6800-2014, 28 mayo 2014, Rad. 48590, SL12204-2014, 10 sep. 2014, Rad. 45123, SL431-2013, 10 jul. 2013, Rad. 43872, SL554-2015, 28 en. 2015, Rad. 44666).

En conclusión, el tribunal no incurrió en la interpretación errónea atribuida por la censura, en consecuencia, el cargo no prospera.

VIII. Cargo segundo

Le endilga a la sentencia recurrida de haber violado directamente, en la modalidad de infracción directa, los artículos “[…]174, 175, 177, 188 y 304 modificado por el artículo 1º numeral 134 del Decreto 2282 de 1989, 305 modificado por el artículo 1º numeral 135 del Decreto 2282 de 1989, del Código de Procedimiento Civil retomados por analogía del artículo 145 del Código Procesal Laboral; 151 del Código Procesal Laboral y Seguridad Social”.

Puntualiza que la transgresión de tales preceptivas condujo a la infracción de:

[…] los artículos 43 de la Ley 100 de 1993; 42 de Decreto 692 de 1994; 1º de Ley 33 de 1985; 45 del Decreto 1045 de 1978; 12 del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo ano (sic) expedido por el ISS; 31; 33 de la Ley 100 de 1993 modificada por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; 488; 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 1631, 2535, 2538, 2543, 2544, 2512, 2513, 2517, 2518, del Código Civil, 292 del Código de Régimen Municipal y 8º de la Ley 153 de 1.887.

En la demostración del cargo, la recurrente comienza por recordar el carácter público y rogado en lo laboral, que ostenta la administración de justicia, así como la congruencia con la causa petendi que debe regir a la sentencia definitiva. De igual forma, arguye que el tribunal quebrantó las normas procedimentales incluidas dentro de la proposición jurídica, al dejar de aplicar la prescripción de créditos laborales establecida en el artículo 151 del CPTSS, teniendo en cuenta que el reajuste pensional se daba por una sola vez y había transcurrido el lapso establecido legalmente sin que se presentara reclamación alguna.

En ese orden, señala que la prescripción extintiva de obligaciones laborales “[…]es un medio de acabar con la acción referente a una prestación concreta, cuyo fin es buscar la seguridad jurídica y brindar la oportunidad, para que un trabajador activo o pensionado reclame su derecho que la ley le ha concedido […]”, apoya su discurso en apartes de las decisiones emitidas por esta Sala en sentencias CSJ SL, 10 mayo 2005, Rad. 25327, y 10 jul. 2007, Rad. 30914.

IX. Consideraciones

Bajo la premisa de que el tribunal declaró prescritas las diferencias pensionales exigibles con anterioridad al 7 de mayo de 2005, tanto para Genaro Antonio Cabarcas Pinedo como para Andrés Darío Ezenarro Lenes, en desarrollo de lo cual tomó como punto de referencia del plazo trienal, la fecha de presentación de la reclamación administrativa. La inconformidad de la censura radica en que el ad quem debió haber declarado prescrita la acción laboral con fundamento en el artículo 151 del CPTSS.

En este orden le corresponde a la Corte, dilucidar si la acción judicial encaminada al reajuste de la pensión por elevación de la cotización en salud está sujeta o no a la prescripción trienal consagrada en las normas procesales del trabajo y de la seguridad social.

Para tales efectos conviene recordar que de acuerdo con el artículo 48 de la CN, la seguridad social es un derecho de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que es un derecho subjetivo exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción, pero irrenunciable por cuanto no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.

Ahora bien, la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, implica no solo la posibilidad de ser reivindicado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, que el reconocimiento del derecho se haga de forma ajustada al ordenamiento jurídico.

En efecto, el calificativo irrenunciable de la seguridad social no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que, desde un enfoque material, busca su satisfacción completa, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protección, sean reales, efectivos y practicables.

En este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real o su valor se deteriora por elementos irruptores que inciden negativamente en su monto original, tal es el caso del incremento en la cotización a salud que introdujo la Ley 100 de 1993 en su artículo 204. Para enfrentar estos desafueros en la liquidación o los desajustes que obstruyan el disfrute pleno de los derechos sociales, sus titulares pueden requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que las prestaciones cumplan los objetivos que deben tener en un Estado Social de Derecho.

Dicho de otra manera, la acción judicial encaminada a lograr el reajuste de la pensión por elevación de la cotización en salud en los términos del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, no está sujeta a la prescripción trienal, lo que sí prescribe son los valores no reclamados dentro el plazo de los tres años previsto por el artículo 151 del CPTSS, de no ser así, se estaría vulnerando el derecho de los pensionados para perseguir y recuperar el valor real cuando ha sido disminuido a causa de tal incremento pensional.

Vale la pena agregar que, el carácter imprescriptible de la acción de reajuste pensional también se explica en función al hecho de que el valor real de la prestación es un aspecto inherente al estado jurídico del jubilado, lo cual permite a quienes hubieren cumplido los requisitos de reconocimiento de la pensión, solicitar que se declare ese estatus y se defina su valor correspondiente.

Sobre el particular, oportuno es recordar lo dicho por esta Sala en sentencia CSJ, SL. 6 feb. 1996, Rad. 8188, cuando al efecto señaló:

De los “hechos” que fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio sólo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los “estados jurídicos” cuya declaratoria judicial se demande - como los que emanan del estado civil de las personas, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. “Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, más no su prescripción”, dijo la Corte (Cas., 18 de diciembre de 1954). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprende los estados jurídicos, como el de pensionado.

[…] La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido —como obligación civil, más no natural— por no haberse ejercido durante cierto tiempo.

Es claro, en consecuencia, que cualquier persona en ejercicio de la acción —entendida como derecho subjetivo público— puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho público también se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar.

En este orden de ideas, las personas tienen derecho a que en todo momento se declare su estatus de pensionado y se defina el valor real de su pensión, teniendo en cuenta que este último aspecto es una propiedad indisoluble de la calidad que les otorga el ordenamiento jurídico.

Descendiendo al caso de autos, específicamente en cuanto al punto de la prescripción del incremento pensional previsto por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, es pertinente también recordar lo dicho por esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 26 sep. 2006, Rad. 27120, en la que se precisó:

[…] Cosa que es diferente al reajuste de dicha base en cumplimiento de una orden legal como la contenida en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 o de su actualización de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor […].

De manera que estos eventos, el del reajuste legal y el de la indexación, no modifican el derecho pensional tal cual se reconoce, sino que al ser una obligación de tracto sucesivo, que se puede ver afectada por fenómenos posteriores, como los señalados, es susceptible de ser reajustada en los casos expresos previstos por el legislador, para evitar el menoscabo del derecho pensional, que, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia es imprescriptible.

Además de estos puntos coincidentes, juega en defensa de la imprescriptibilidad de la acción de reajuste por incremento del aporte en salud, un motivo de peso que radica en que por mandato del artículo 58 de la Constitución Política, los derechos adquiridos deben respetarse y “no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

Precisamente, en aras de hacer valer esta garantía y evitar la pérdida de derechos sociales que han ingresado al patrimonio de sus titulares, resulta legítimo que los pensionados puedan reivindicar, en cualquier tiempo, sus derechos en las proporciones que por ley les corresponden. Con mayor razón, cuando el requerimiento se fundamenta en la inobservancia por parte de las entidades pagadoras, de las normas legales que garantizan la intangibilidad del valor intrínseco de las pensiones, en este caso del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994.

Cumple reiterar, que lo expuesto no significa que las diferencias pensionales exigibles no estén sujetas a la prescripción extintiva trienal, como acertadamente lo entendió y decretó el fallador de segundo grado. Ello, habida cuenta que, si bien el derecho o la situación jurídica de pensionado es imprescriptible, que comprende el reajuste pensional por salud de marras, se tiene que las manifestaciones o expresiones patrimoniales (llámese mesadas o diferencias pensionales) que se desprenden de ese status sí prescriben.

Finalmente, la Sala precisa que el fallador de segundo grado, en momento alguno transgredió el artículo 305 del CPC, hoy 281 CGP, toda vez que, acorde con las pretensiones, los hechos de la demanda y el debate procesal surtido, el juez de apelaciones entendió de forma correcta, que lo demandado era el incremento pensional a la luz del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, a lo que, tal como quedo visto al estudiar el primer cargo, accedió en los términos señalados en la sentencia objeto de casación.

Dicho de otra manera, el tribunal no infringió el principio procesal de la congruencia, por la simple razón de que lo solicitado en este juicio fue precisamente la suspensión de los descuentos a salud y su devolución, pretensiones que, desde luego, invitaban al juzgador de alzada a reflexionar si el monto de la pensión de los actores debía ser restablecido o reajustado. En este sentido, su decisión no desbordó el objeto de la litis y la calificación jurídica que realizó el ad quem lo hizo con apego al principio iura novit curia.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

X. Cargo tercero

Por la vía indirecta le imputa a la sentencia impugnada la violación de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida de:

“[…]los artículos 143 de la Ley 100 de 1993; 42 del Decreto 692 de 1994; 1º de la Ley 33 de 1985; 45 del Decreto 1045 de 1978; 12 del Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo ano (sic), expedido por el ISS; 31; 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; 14 de la Ley 100 de 1993; 41 del Decreto 3135 de 1968; 102 Decreto 1848 de 1969; 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo; 2512, 2513, 2517, 2518, 2535, 2538, 2543, 2544 del Código Civil; 292 del Código de Régimen Municipal; 8º de la Ley 153 de 1887; 151, 25, 31 y 60 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001; 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil modificados por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989”.

Violación que se dio por haber incurrido el tribunal, en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que a los actores la entidad empleadora hoy demandada, les descontó el 12% del valor de la mesada pensional, a partir del mes de enero de 1994 y subsiguientes con destino a cobrar el aporte en salud.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que a partir del 1º de abril de 1994, la demandada descontó el 12% del valor de la mesada pensional, para el cubrimiento del aporte a salud de los actores.

5. (sic) No dar por demostrado, estándolo, que el incremento en las mesadas pensionales de los actores, debería estar en equilibrio con el descuento que se hiciera, por el descuento para el cubrimiento en salud.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el incremento de la pensión, se efectuaba por un lapso hasta llegar a un equilibrio, con el descuento que se hiciera para el aporte en salud.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el paso del tiempo extingue las obligaciones laborales.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que los actores tenían derecho a un doble incremento pensional vitalicio.

9. Dar por demostrado, sin estarlo que las pensiones de los actores eran de vejez, jubilación, invalidez o muerte; cuando en realidad se trataban de pensiones extralegales y origen convencional.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandante Hortencia Rapalino Arrieta, fue pensionada antes del 1º de abril de 1994 (el resaltado es del texto original).

En relación con las pruebas que habrían generado los mencionados yerros, sostiene que el ad quem apreció erróneamente los comprobantes de pago obrantes a folios 53 a 94, puesto que de allí y de manera equivocada, concluyó que a todos los actores se les había efectuado descuentos por salud; dijo también que dejó de observar las resoluciones de reconocimiento de las pensiones, pues con ellas se demuestra que las reconocidas a los demandantes son de origen extralegal y tienen el carácter compartido con la de vejez que les reconoció el ISS.

Dice también que ignoró los hechos 4 a 5 de la demanda inicial, “[…] teniendo en cuenta que a los actores a partir del 1º de enero de 1994 al 1º de febrero de 1999, no se les hizo descuento para la cotización en salud, en consecuencia hubo una compensación y mal podría tenerse como equilibrio para la realización de un reajuste pensional […]”.

En el desarrollo del cargo, la parte recurrente insiste en que el tribunal no tuvo en cuenta que el reajuste pensional previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 debía ser equivalente a la elevación de la cotización en salud, así como que tenía un carácter temporal y estaba ceñido a la demostración plena del descuento de la cotización en salud.

Insiste en que la demandante Hortencia Rapalino Arrieta, no tiene derecho al reajuste pensional previsto por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, pues ella fue pensionada con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, insiste en que el tribunal ordenó el reajuste de manera automática, sin advertir su obligada equivalencia con la elevación de la cotización en salud y olvidando que las pensiones de jubilación de los actores tienen una naturaleza convencional; que debe ordenarse una compensación de obligaciones, en la medida en que la entidad demandada solo comenzó a efectuar descuentos para la cotización en salud a partir del 16 de octubre de 1998; que el reajuste no puede ser permanente, pues se generaría un doble ajuste anual de la asignación; y que debe decretarse la prescripción sobre todos los derechos reclamados, teniendo en cuenta que el reajuste operaba legalmente por una sola vez.

XI. Consideraciones

El sentenciador de segundo grado nunca concluyó que los descuentos por cotizaciones en salud se hubieran producido a partir de los meses de enero o abril de 1994 en un equivalente al 12%. En contraste con lo anterior, el juez de apelaciones lo que hizo fue ceñirse a lo relatado en la demanda que dio inicio al proceso y que fue debidamente probado, esto es, que los descuentos a salud operaron a partir del mes de octubre de 1998.

Tampoco el tribunal desconoció que con anterioridad al mes de octubre de 1998, la entidad pensionante no realizó descuentos para el sistema de salud y, en dicha medida, la segunda instancia hizo extensivo el reajuste pensional, por una sola vez, pero solo con posterioridad a dicha fecha, lo cual como quedó visto al estudiar las dos primeras acusaciones, está ajustado a derecho.

Por lo demás, los argumentos relacionados con la lectura sesgada que hace la censura del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, así como el carácter temporal del reajuste pensional, su extensión únicamente a las pensiones legales y los efectos de la prescripción, corresponden a asuntos jurídicos ajenos a la vía indirecta que nos ocupa, respecto de los cuales ya se dio respuesta en la resolución de los cargos que preceden.

Finalmente, la alegación referida a que la demandante Hortencia Rapalino Arrieta, no tiene derecho al reajuste pensional previsto por el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en tanto fue pensionada con posterioridad a la vigencia de la citada Ley 100, además de ser extemporáneo, carece de legitimidad y competencia para ser abordado por esta corporación, en razón a que el recurso de casación, se recuerda, solo fue admitió respecto de los demandantes Genaro Antonio Cabarcas Pinedo y Andrés Darío Ezenarro Lenes.

Por lo visto, se hace innecesario entrar a estudiar las pruebas denunciadas, ya que resultaría inane frente a lo planteado en el cargo, que se itera, ya se le dio respuesta al recurrente.

El cargo, en consecuencia, se desestima.

Sin costas en el recurso de casación en razón a que la demanda no fue replicada.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada, el 14 de diciembre de 2010, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral que Genaro Antonio Cabarcas Pinedo, Hortencia Elena Rapalino Arrieta, Andrés Ezenarro Lenes, Candelaria Barraza De Vargas y Luis Carlos Muñoz Cueto, le adelantan a la Dirección Distrital de Liquidaciones y al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Sin costas en casación.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».