Sentencia SL16560-2017 de octubre 11 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16560-2017

Radicación 52765

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., once de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

La Sala debe comenzar por advertir, que en sede de casación, no se discute la competencia que se atribuyó el tribunal para conocer del presente asunto, por razón de la vinculación de la ESE Francisco de Paula Santander.

Pese a que la vía escogida es la indirecta, tampoco hay controversia en torno a los siguientes aspectos fácticos que determinó el tribunal: (i) que la accionante prestó servicios al Instituto de Seguros Sociales hasta el 26 de junio de 2003; (ii) que el cargo desempeñado por la demandante fue el de auxiliar de servicios asistenciales; (iii) que con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, la actora se incorporó a la planta de personal de la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, sin solución de continuidad, pasando a ser empleada pública; y (iv) que en esa última calidad la promotora del proceso prestó servicios hasta el 20 de noviembre de 2005.

La censura principalmente reprocha, que el tribunal hubiera concluido que los derechos que se pretendían se hubieran planteado de manera genérica, situación que impedía su liquidación y consecuente establecimiento de diferencias salariales y prestacionales; razonamiento al que arribó, a su juicio, como consecuencia de la errada valoración de la pieza procesal de la demanda inicial y las pruebas que acreditan que efectivamente se adeuda a la demandante un mayor valor por salarios a partir del 26 de junio de 2003, cuando se le dejó de aplicar la convención colectiva de trabajo del ISS, lo que genera diferencias insolutas por concepto de salarios, prestaciones sociales legales y convencionales, e indemnización por el despido que le efectuó la ESE Francisco de Paula Santander.

Debe recordarse que el fallador de alzada, luego de: (i) considerar que la justicia ordinaria del trabajo era competente para resolver la presente contienda, por cuanto el vínculo de la demandante tuvo origen en el contrato de trabajo que se desarrolló con el demandado Instituto de Seguros Sociales y que aquello que se reclama mediante esta acción judicial consiste en el cumplimiento de cláusulas convencionales; y (ii) establecer que la actora fue beneficiaria de la convención colectiva de trabajo que tenía suscrita el ISS con Sintraseguridad Social, cuya vigencia se prorrogó hasta tanto se firmara una nueva convención, conforme el estudio de constitucionalidad que llevó a cabo sobre el tema la Corte Constitucional; despachó de forma desfavorable las súplicas incoadas.

Lo anterior porque el ad quem estimó que en la forma como fueron planteadas las pretensiones y los hechos que la soportaban, impedía la reliquidación de los derechos procurados por la accionante, quien no cumplió con la carga que le correspondía en la debida estructuración del escrito de demanda introductoria, dado que su formulación era genérica, y no permite establecer con claridad o precisión las súplicas incoadas como tampoco los motivos para llegar a las diferencias imploradas, para así poder determinar lo adeudado por concepto de reajuste de salarios, prestaciones e indemnización por desvinculación a favor de la demandante, y la procedencia de la indemnización moratoria.

Desde ya debe decirse que el tribunal cometió los yerros fácticos endilgados con el carácter de ostensible, por cuanto efectivamente apreció con error la pieza procesal de la demanda inaugural, por las siguientes razones:

1. Previamente a abordar el análisis del escrito de demanda inicial, pertinente resulta señalar que la parte demandante es quien marca el thema decidendum, ya que el principio dispositivo del derecho procesal, en materia de los juicios del trabajo y de la seguridad social, está gobernado por la regla que impone al interesado en la resolución de un conflicto jurídico de esta naturaleza, el deber de precisar al incoar la acción, el tema de decisión y establecer los hechos debidamente individualizados en que funda su pretensión, quedando eso sí a salvo la facultad que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 50, habilita a los jueces de primera y única instancia, para decidir extra o ultra petita.

Del mismo modo, debe memorase que plantear la controversia en términos genéricos, sin explicar cuál es la causa de la pretensión, y hacerlo de manera abstracta, esto es, en forma débil e inconsistente, lesiona frontalmente los derechos de defensa y contradicción, ya que pone a la contraparte en la imposibilidad de asumir una oposición congruente frente a lo que se implora, con lo cual se inobserva lo estatuido en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que busca que las pretensiones y los hechos de la demanda introductoria sean planteados con claridad y precisión, lo cual al no cumplirse impide al juzgador dilucidar sí a la accionante le asiste el derecho a lo reclamado.

Sobre el tema, en sentencia de la CSJ SL, 25 de octubre 2011, radicación 40109; reiterada en la SL9318-2016, 22 de junio de 2016, radicación 45931; y en la SL16497-2016, 19 de octubre 2016, radicación 45165, se puntualizó:

Conviene agregar, que las pretensiones de una demanda, además de reunir las exigencias propias de su formulación, requieren ser claras y precisas y traer consigo los supuestos fácticos que las apoyen o las respalden, que es lo que finalmente permite al juez del trabajo resolverlas, pues la claridad y precisión de las peticiones y los hechos son fundamentales. De allí que se sostenga que una demanda deficiente perjudica al propio accionante, en la medida que el juez no puede sustituirlo en la afirmación de los hechos omitidos, ni modificarlos cuando la manifestación es defectuosa, a más que ello iría en contra del derecho de defensa que le asiste al demandado.

(…).

Igualmente, en casación del 23 de mayo de 2001 radicado 15771, reiterada en sentencia del 13 de octubre de 2006 radicación 28130, la Sala puntualizó:

“(....) El derecho de defensa y el debido proceso exigen que la relación jurídica procesal quede delimitada ab initio en el juicio. Es por eso que el demandante, al elaborar su demanda laboral, debe ser cuidadoso no sólo al formular las pretensiones, sino de manera muy especial al presentar los hechos que constituyen la causa petendi. Si bien las falencias en cuanto a las primeras pueden ser reparadas en los juicios del trabajo por el juzgador de primer grado, en el desarrollo de la facultad extra petita, a condición de que los hechos que le sirven de apoyo hayan sido planteados y discutidos en juicio, no puede ese mismo funcionario, ni ningún otro, corregir el rumbo del proceso trazado por el accionante, alterando la causa petendi en que éste fincó su acción”.

2. Descendiendo al caso que nos ocupa, la Sala observa que las pretensiones de la demanda inicial (fls. 4 a 6, cdno. del juzgado), que aparecen transcritas en el historial del proceso, se formularon a continuación de la solicitud para que se declarara: (i) la existencia de una relación laboral entre las partes, que tuvo vigencia del 3 de octubre de 1994 hasta el 20 de noviembre de 2005; (ii) la sustitución patronal derivada del Decreto 1750 de 2003 que ordenó la escisión del ISS; y (iii) que la actora era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo celebrada por el ISS con la organización sindical Sintraseguridad Social.

Tales peticiones se enumeraron del 3.5 al 3.18, y aun cuando su redacción no es la más afortunada, es perfectamente viable colegir de su texto, exactamente lo que se pretende en esta acción judicial, que no es algo distinto que el pago de un mayor salario al que la actora considera tener derecho a partir del 26 de junio de 2003, cuando operó la escisión del ISS por virtud del Decreto 1750 de 2003, ello en los porcentajes de aumento salarial que establece la convención colectiva de trabajo del ISS, que conforme a lo planteado en el libelo trae como consecuencia la reliquidación de salarios, prestaciones sociales legales y convencionales, así como de la indemnización por despido, y la incidencia en el pago de otros beneficios de índole convencional hasta la fecha de desvinculación definitiva, al igual que la cancelación de las indemnizaciones moratorias, la expectativa pensional, la indexación, lo que resulte ultra o extra petita, y las costas.

Dichas pretensiones que son totalmente comprensibles, se encuentran soportadas en los hechos narrados en el capítulo que la parte actora denominó «2. HECHOS BASE DE LA RECLAMACIÓN», en el que se individualizaron del numeral 2.1 hasta el 2.21, que fueron sintetizados en los antecedentes de la presente decisión de casación, los cuales no dejan duda alguna de las aspiraciones y argumentos de la demandante, para que sean definidos mediante este proceso judicial.

Así las cosas, le asiste razón a la recurrente, al indicar que las pretensiones y los hechos de la demanda inaugural no fueron genéricos, sino que por el contrario, están formulados de forma tal que permiten su estudio, lo que lleva a concluir que el tribunal incurrió en los yerros fácticos enrostrados, y el cargo, en este sentido, es fundado.

Ahora bien, pese a que lo precedente le da la razón a la censura en su acusación, no resulta posible casar la sentencia recurrida, en los términos del alcance de la impugnación, pues si se acometiera el estudio de instancia, la Corte encontraría que, como la demandante desde el 26 de junio de 2003 se incorporó automáticamente a la planta de personal de la codemandada ESE Francisco de Paula Santander, por virtud de la escisión del Instituto de Seguros Sociales en los términos del Decreto 1750 de 2003, se tendría que a partir de esa fecha el régimen salarial y prestacional que le debe ser aplicado es el propio de los empleados públicos, y en tales condiciones no es posible imponer los aumentos salariales que se persiguen como si la accionante continuara siendo «trabajadora oficial», con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales u otros emolumentos, pues, se repite, esta calidad no la mantuvo la actora, sino que la perdió al adquirir por mandato legal la condición de empleada pública, ello a partir de la fecha arriba indicada, además que los derechos implorados a través de esta acción judicial son ulteriores.

En consecuencia, la demandante mientras fue trabajadora oficial del ISS y beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, tenía derecho a los incrementos salariales en la forma dispuesta en ese estatuto, pero más allá no es dable extender tales beneficios en la forma planteada por la parte actora, en tanto se desconocería lo preceptuado en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que limita la extensión de las convenciones colectivas a dichos trabajadores oficiales.

Al respecto, se itera que esta Sala de la Corte ha definido en repetidas oportunidades, que los servidores del Instituto de Seguros Sociales incorporados a las plantas de personal de las empresas sociales del Estado, mutaron su condición de trabajadores oficiales a empleados públicos, salvo los que ejercían labores propias de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, que no es el caso de la demandante que se desempeñaba como auxiliar de servicios asistenciales. En el mismo sentido, ha adoctrinado que esos nuevos empleados públicos tienen un régimen salarial y prestacional establecido legalmente, por lo que no pueden ser beneficiarios de los derechos consagrados para los trabajadores oficiales en las convenciones colectivas de trabajo, cuya vigencia en criterio de esta corporación, frente a derechos no adquiridos ni consolidados antes de la escisión del ISS y del cambio de naturaleza del vínculo laboral, se insiste, no puede ir más allá del momento en que mutaron a empleados públicos. En la sentencia CSJ SL, 23 de julio de 2009, radicación 35399, reiterada, entre otras, en la sentencia CSJ SL16267-2014, radicación 44837, se precisó:

De conformidad con el tenor literal del artículo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las ESEs, se regirán por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de Seguros Sociales.

La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición concerniente a lo que se debería entender por <derechos adquiridos> que contenía el citado artículo 18, según la Sentencia de Constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente:

“(….) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

“De conformidad con lo dicho, esta corporación estima que la expresión (...) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18” (resalta la Sala)”.

De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los <derechos adquiridos> que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados.

Además, nótese que la mencionada motivación, cuando se refiere a quienes están cobijados por la convención colectiva, alude exclusivamente a los <trabajadores> para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta corporación no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados públicos de las ESEs se puedan beneficiar de ahí en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando éstos ostentaban la condición de trabajadores oficiales.

Bajo esta órbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relación a quienes por mandato legal se les cambió la naturaleza del vínculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va más allá del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados públicos.

Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los <contratos de trabajo>; se colige que los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litis en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública.

Por consiguiente, tratándose de un empleado público de las ESE, los derechos consolidados o causados después de la entrada en vigencia del tantas veces mencionado Decreto 1750 de 2003, no es dable otorgarlos teniendo como fuente la convención colectiva de trabajo.

Finalmente, en lo que incumbe a la Sentencia de Exequibilidad C-349 del 20 de abril de 2004, cabe decir que por virtud de que la misma se remite a lo expuesto en la Sentencia C-314 de 2004, sirven las mismas consideraciones para estimar que el respeto de los derechos adquiridos que allí se mencionan, se concibe en los términos antes expresados (resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas, como los incrementos o aumentos salariales reclamados con incidencia en la liquidación de prestaciones sociales u otros emolumentos, se hicieron exigibles con posterioridad al 26 de junio de 2003, no hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de los mismos conforme a la convención colectiva de trabajo, de quien como la demandante no mantuvo su calidad de trabajadora oficial.

Por todo lo dicho, aún cuando el cargo es fundado, no puede prosperar, por los motivos indicados en este proveído.

Por lo precedente, no hay lugar a costas en el recurso extraordinario.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso promovido por SANDRA PATRICIA TIRADO GÓMEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER —en liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.»