Sentencia SL16561-2017/55443 de octubre 11 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

SL16561-2017

Rad. 55443

Acta 14

Bogotá, D.C., once de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de Casación.

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones.

La inconformidad de la censura, con la sentencia del Tribunal, está centrada en determinar lo siguiente: (i) si éste erró su juicio al encontrar probados los motivos que llevaron a la actora a renunciar al cargo de secretaria que desempeñaba en la demandada, lo cual configuró un despido indirecto; y (ii) si se equivocó al no hallar acreditado que la demandante, por ser una trabajadora de dirección, confianza y manejo, era la directamente obligada a efectuar la afiliación al sistema de seguridad social y como no lo hizo no procedería la condena por pensión sanción.

(I) Despido indirecto.

Previo a dilucidar lo anterior, es oportuno señalar que no se encuentra en discusión que Blanca Marina Olaya González, estuvo vinculada laboralmente a la Asociación de Pensionados de la Superintendencia Financiera, desde el 28 de febrero de 1997 hasta el 2 de mayo de 2008, fecha en que presentó renuncia a su cargo, según comunicación del 23 de abril de ese mismo año.

Precisado ello, la Sala comienza por recordar que el contrato de trabajo puede llegar a su fin por diferentes razones; bien porque mutuamente lo acuerdan las partes o por la decisión unilateral de alguna de ellas con justa o sin justa causa. En este último evento, tanto empleador como trabajador tienen la obligación de manifestar a la otra parte, la causal o motivo de esa determinación sin que posteriormente pueda alegarse válidamente causales distintas.

El despido indirecto o auto despido producto de la renuncia del trabajador, se configura cuando el empleador incurre en alguna o algunas de las causales previstas en el literal b) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 que modificó el artículo 62 del CST y, aunque, en principio se ha señalado que al trabajador le basta con acreditar la terminación del contrato de trabajo para impetrar judicialmente los efectos de su terminación injusta, en este caso también le corresponde demostrar que la decisión de renunciar obedeció a justas causas o motivos imputables al empleador; pero sí este último, a su vez, alega hechos con los cuales pretende justificar su conducta, es incuestionable que a él le corresponde el deber de probarlos; situación muy diferente acontece cuando el empleador rompe el vínculo contractual en forma unilateral, invocando justas causas para esa decisión, en cuyo caso el trabajador sólo tiene que comprobar el hecho del despido y al patrono las razones o motivos por él señalados (CSJ SL, 22 abr. 1993 rad. 5272, reiterada en Sentencia CSJ SL, 9 ago. 2011, rad. 41490 y CSJ SL18344-2016).

En ese orden, debe determinarse si las pruebas señaladas por la recurrente como dejadas de valorar unas, y erróneamente apreciadas otras, permiten inferir que la renuncia que presentó la actora obedeció a una decisión libre y voluntaria, y no a una “renuncia inducida debido a que tal determinación no fue producto de su actuar voluntario sino de la presión o fuerza ejercida por la empleadora en relación con el cambio de modalidad en la vinculación contractual” como lo concluyó el Tribunal.

Para esclarecer lo anterior, la Sala comienza por transcribir la misiva del 23 de abril de 2008, a través de la cual la actora puso fin al vínculo laboral (fl. 30), que al efecto dice:

Doctor.

Hugo Edmundo Arturo Muñoz.

Director General

Asociación de Pensionados de la Superintendencia Financiera de Colombia.

E.S D.

Respetado Doctor.

De conformidad con la ley, doy por terminado mi contrato de trabajo a Término Indefinido, con la Asociación de Pensionados de la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente desde el 27 de Febrero de 1997, con justa causa, teniendo en cuenta las varias comunicaciones de fecha 10 de Marzo de 2008, de 12 de Febrero de 2008, de 19 de Marzo de 2008, de 08 de Abril de 2008, en las cuales se me imputan hechos no cometidos por mí, adulterando o falseando la verdad, obligándoseme a firmar un nuevo contrato de prestación de servicios, cuando ya existe un contrato a término indefinido, omitiendo el tiempo de servicio anterior, o sea, desde el 27 de febrero de 1997, para perjudicarme y en contra del contrato a Término Indefinido, suscrito con el señor Octavio Garcés Plitt, antiguo Director, el cual se firmó en duplicado, como manda la ley, uno para la Asociación, y el otro, para la suscrita renunciante.

Pretende, aplicarme causales de exclusión, más me remito a las causales legales previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, y sus modificaciones posteriores, porque mis actuaciones se sujetan estrictamente a la Ley. En efecto, se me endilgan errores matemáticos que no he cometido, otros de índole legal y no estoy dispuesta a infringir la ley ni a que se me cercenen mis derechos laborales, me ha enviado por interpuestas personas coacciones para que firme el nuevo contrato, olvidando que en los Registros Contables de la Entidad que Usted, dignamente preside, consta en los pagos que se me han efectuado por salarios y por prestaciones, en fin, el ambiente de trabajo es insostenible y médicamente afecta mi salud.

En consecuencia, le ruego el favor de comunicar a la Junta Directiva de la Asociación de Pensionados de la Superintendencia Financiera de Colombia, mi decisión de presentarle mi renuncia efectiva a partir del 2 de mayo del 2008, a fin de entregar el cargo y capacitar a mi reemplazo.

Cordialmente

Blanca Marina Olaya Gonzalez (lo resaltado es del texto).

Para acreditar tales hechos, la parte actora allegó la comunicación fechada el 19 de marzo de 2008 (fl. 37), suscrita por el director general de la demandada, en la que se le requiere a la demandante, lo siguiente:

Señora

Blanca Marina Rodríguez

Secretaria

Asociación de pensionados de la superintendencia financiera de Colombia.

Ciduad(sic)

Referencia: Firma del Contrato.

Apreciada señora:

Atentamente, le solicito firmar el Contrato de Prestación de Servicios a la Asociación de Pensionados de la Superintendencia Financiera de Colombia, “Apensuper” de conformidad a las decisiones de la Junta Directiva consignadas en el Acta 440 del 23 de enero de 2008, Decisiones que fueron conocidas y refrendadas por la Asamblea General Oridinaria que se llevó a cabo el 28 de del mismo mes y año, lo mismo que el horario de atención a los afiliados.

Cabe señalar, que no obstante su negativa, el contrato en cuestión se encuentra a disposición para su firma en este Despacho.

Finalmente, es importante anotar que la negativa a la firma del citado contrato constituye un incumplimiento a la decisión de la Junta Directiva. (lo resaltado es del texto).

También arrimó la comunicación adiada el 8 de abril de 2008 (fl. 31 a 32), igualmente suscrita por el director general de la accionada, en la que, entre otros aspectos, se le reitera a la demandante lo siguiente:

Señora

Blanca Marina Rodríguez (sic)

Secretaria

Asociación de pensionados de la superintendencia financiera de Colombia

Ciudad

Referencia: Aclaración requerimiento y nuevo requerimiento.

Apreciada señora:

Me refiero a la llamada de atención del 10 de marzo y al requerimiento de fecha 20 de marzo ambas del presente año, mediante los cuales le llamé la atención en el sentido de que: en varias oportunidades, le he manifestado que en los trabajos que usted elabora en razón a sus funciones, debería tener más cuidado, especialmente los que tengan relación con los envíos de las “Libranzas” a la Oficina Coordinadora Grupo de Pensiones de la Superintendencia Financiera, y mi solicitud de que usted firme el Contrato de Prestación de Servicios a la Asociación de Pensionados de la Superintendencia Financiera de Colombia, “Apensuper”, de conformidad a las decisiones de la Junta Directiva consignadas en el Acta 440 del 25 de enero de 2008.

Es importante anotar, que la decisión de firmar el Contrato en cuestión, fue conocida y refrendada por la Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo el 28 de febrero del año en curso. En esta intimación por un error involuntario o lapsus calami, se citó erróneamente su nombre, pero incuestionablemente el requerimiento anotado la tenía a usted como destinataria.

En este orden de ideas, el requerimiento que suscita estos comentarios tiene plena legalidad y validez. Hecha esta precisión, le solicito explicaciones porqué hasta la fecha no he recibido respuesta de su parte respecto a los hechos que lo motivaron, situación que, en mi parecer, constituye un incumplimiento a los Estatutos de la Asociación y a una orden impartida por mí en mi condición de superior inmediato suyo, comportamiento que constituye incumplimiento a los deberes que le impone el ejercicio a su cargo.

Así las cosas, le solicito que en un término que vence el día 25 de abril de 2008 explique las razones por las cuales hasta la fecha no ha rendido las explicaciones pertinentes sobre las deficiencias en su trabajo y a la negación de la firma del citado contrato, contenidas en los requerimientos citados.

Allegó igualmente el contrato de prestación de servicios que la convocada a juicio insistía en que la actora lo firmara (fl. 33 a 34), en el cual, entre otros aspectos, se destaca que ésta es contratada para desempeñar las funciones de secretaria de la “Asociación de pensionados de la superintendencia financiera de Colombia”, esto es, el mismo cargo y funciones que estaba desempeñando bajo el vínculo laboral que tenía hasta ese entonces.

El análisis objetivo y ordenado de la documental que se transcribe en precedencia, muestra con meridiana claridad que no se equivocó el fallador de segundo grado al concluir que en el caso de autos, se produjo una renuncia inducida y no una dimisión voluntaria como lo sostiene la recurrente; ello es así, en tanto resulta evidente que la determinación de renunciar no fue producto de un actuar libre y voluntario de la señora Olaya González, sino que fue el fruto de la presión o fuerza sistemáticamente ejercida por la empleadora encaminada a cambiar la modalidad del vínculo que la unía a ella, ante lo cual, la actora en un acto de valerosidad y defensa de sus derechos, optó por finalizar el vínculo laboral por causas imputables a la empleadora, antes que someterse a las reglas de una vinculación que desconociera su real situación laboral.

Pero ello no lo es todo, las órdenes de apremio que el gerente general de la demandada le impartió a la actora el 20 de marzo y 8 de abril de 2008, a fin de que suscribiera el contrato de prestación de servicios; además de ser ilegales, en razón a que bajo ninguna perspectiva podía constreñirla a cambiar la modalidad de contratación que ella tenía, estaban amparadas en dos actas de la asamblea general de la demandada, las cuales ni siquiera son claras en disponer la mutación de un contrato de trabajo a uno de prestación de servicios, como a continuación se pasa a explicar:

En efecto, el acta 440 del 23 de enero de 2008 (fl. 129 a 135), da cuenta que el numeral 10 del orden del día a tratar por la asamblea, refería al “Establecimiento de contratos laborales y asignación de honorarios” (se resalta); a su turno, al desarrollar el citado punto, se titula “10. Celebrar contrato de prestación de servicio y fijación de honorarios”, estableciendo luego una suma mensual de “honorarios” para el director, subdirector, secretaria y auxiliar de cafetería, y a su vez se comisiona a los doctores Alfonso Quijano Estévez y Antonio José Gutiérrez Bonilla para “elaborar los nuevos contratos”. De tal acta no puede inferirse que la decisión de la asamblea, con la participación de la actora, fue cambiar el vínculo subordinado que tenía por uno de prestación de servicios, como lo intenta hacer ver la censura e infructuosamente lo pretendió el gerente general de la convocada a juicio, en las misivas del 19 de marzo y 8 de abril de 2008.

Tampoco da cuenta de ello, el acta 34 del 28 de febrero de 2008 (fl. 136 a 150), pues en ella se consigna lo siguiente:

Se informa a la Asamblea además, que la nueva estructura de la Asociación se adecúa a lo previsto en los estatutos en su artículo 13 sobre los órganos que dirigen, administran y controlan la Asociación. La Junta Directiva le solicitó al señor Octavio Garces Plitt que presentara una propuesta sobre la nueva estructura u organigrama de la Asociación, incluyendo en la misma el nuevo horario de trabajo y los salarios que devengaran los trabajadores al servicio de la Asociación a partir de la fecha en que la Junta Directiva adoptó tales decisiones.

Precisamente sobre tal propuesta se hizo la nueva reestructuración, quedando de la siguiente manera:

Director$1.200.000

Sub-director$1.000.000

Secretaria$700.000

Auxiliar$500.000

Finalmente, si en gracia de discusión se aceptara que la asamblea general de la demandada, a la cual efectivamente asistió la demandante en calidad de socia, hubiese tomado la determinación de mutar el contrato de trabajo a uno de prestación de servicios, tal decisión no tendría ninguna fuerza vinculante para la actora en calidad de trabajadora subordinada, pues como acertadamente lo señala la réplica, la decisión de la asamblea no puede estar por encima de los derechos mínimos laborales de la trabajadora Olaya González, máxime que, el artículo 13 del CST es claro en señalar que “No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca (...)” los derechos mínimos consagrados en el ordenamiento laboral, ello sin olvidar que “Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables (...)” como claramente lo recuerda el artículo 14 ibídem.

Todo lo anterior, lleva a la Sala a concluir que no se equivocó el Tribunal al encontrar probados los motivos que llevaron a la accionante a renunciar al cargo de secretaria desempeñado en la asociación demandada que configuró un despido indirecto, lo que por demás descarta que el sentenciador de alzada, hubiese cometido los cinco primeros yerros fácticos enunciados en el cargo.

(ii) Afiliación a la seguridad social.

Con los tres errores fácticos restantes, la censura le reprocha al Tribunal el no haber advertido que, por ser la actora una trabajadora de dirección, confianza y manejo, era quien estaba obligada a informarle a la empleadora a cuál fondo de pensiones quería afiliarse; pero no sólo ello, sino que también tenía el deber de realizar todas las diligencias necesarias para lograr la afiliación al sistema de seguridad social, más como no lo hizo, ninguna omisión en la afiliación podía atribuírsele a la convocada a juicio, todo ello para buscar la exoneración de la pensión sanción a la cual fue condenada por el sentenciador de alzada.

Para aclarar lo anterior, es pertinente recordar lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, bien en su versión original, ora en los términos modificados por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003, el que resulta meridianamente claro en establecer que son afiliados obligatorios “Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos”; a su turno, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, prevé que durante la vigencia de la relación laboral, es obligación del empleador afiliar a su trabajador y efectuar las cotizaciones al sistema general de pensiones, y finalmente, el artículo 22 de la citada Ley 100, establece que “El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio (...)” ( Lo resaltado es de la Sala).

Se precisa lo anterior, para recordarle a la censura que no es el trabajador dependiente quien tiene la obligación de afiliarse a la seguridad social, las obligaciones de éste, entre otras, son la prestación personal del servicio en las condiciones y términos para las cuales fue contratado; al paso que, al empleador, entre otras obligaciones, le corresponde pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales, y para el caso que nos ocupa, afiliar y sufragar cumplidamente los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensiones y riesgos).

Dicho de otra manera, lo que en verdad pretende la parte recurrente para relevarse de cubrir la pensión sanción a la cual accedió el sentenciador de alzada, es poner en cabeza de la trabajadora, una de las obligaciones inherentes y esenciales del empleador, esto es la referida a la afiliación y cotizaciones a la seguridad social, para lo cual echa mano de los artículos 5º y 6º de los estatutos de la demandada (fl. 87 a 101) y los artículos 22 y 25 de la reforma a los mismos (fl. 104 a 121), artículos que, por demás, regulan temas referidos a derechos y obligaciones de los asociados, no de los trabajadores dependientes de la demandada, como hábilmente lo pretende hacer ver el ataque, de manera infundada.

Refuerza lo anterior, lo dicho por esta Sala de la Corte en Sentencia CSJ SL7885-2015, cuando al efecto se precisó:

Finalmente, estima pertinente la Sala recordar, que de conformidad con el art. 17 de la L. 100/1993, modificado por el art. 4º de la L. 797/2003, durante la vigencia de la relación laboral, es obligación del empleador afiliar a su trabajador y efectuar las cotizaciones al sistema general de pensiones, y es también el único responsable de realizar el pago de tales aportes —incluido el porcentaje que le corresponde al trabajador—, tal como lo prevé el art. 22 de la L. 100/1993.

Ello significa que si el empleador incumple las obligaciones que el Sistema de Seguridad Social le impone, debe soportar no sólo el pago de tales aportes, también las demás sanciones a que haya lugar, tal como lo precisa el art. 23 ibídem.

Es más, si la Sala por holgura abordara el estudio del artículo 30 de los estatutos (fl. 97vto), que es el que consagra las “Las funciones del Secretario General”, cargo desempeñado por la actora, se advierte con facilidad que, ninguno de sus literales dispone que una de sus obligaciones era realizar todas las diligencias para afiliarse a la seguridad social, como lo insiste la parte recurrente, menos emerge confesión al respecto, del interrogatorio de parte que rindió la demandante (fl. 209 a 211). Se reitera, tal obligación está y debe quedar en cabeza de la empleadora, no de la trabajadora dependiente.

En este orden de ideas, concluye la Sala que no se equivocó el Tribunal al considerar que era obligación de la Asociación demandada velar por la afiliación de su trabajadora al sistema de seguridad social, sin que sea de recibo el argumento de que tal obligación estaba a cargo de la demandante por desempeñar un cargo de dirección, confianza y manejo, máxime que, advierte la Sala, la accionada, tiene una estructura jerarquizada y está conformada por personas conocedoras y expertas en el área del derecho.

Lo dicho en precedencia, es suficiente para inferir que el Tribunal no incurrió en los tres yerros fácticos restantes, pues no se equivocó al concluir que la demandada era la obligada a afiliar a su trabajadora al sistema de seguridad social, mas como no lo hizo, debe soportar la consecuencia jurídica contemplada por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, esto es, reconocer la pensión sanción.

Por último, cabe agregar, que como no se demostró con prueba calificada, esto es, documento auténtico, confesión judicial e inspección judicial, alguno de los yerros fácticos endilgados, no es posible abordar el estudio de la crítica a la prueba testimonial, conforme a la restricción legal contemplada en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandada recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $7’000.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, que se cancelarán en favor de la demandante replicante en el recurso.

IX. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que Blanca Marina Olaya González le adelanta a la Asociación de pensionados de la superintendencia financiera (Apensuper).

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».