Sentencia SL16613-2017/64833 de octubre 4 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL16613-2017

Rad.: 64833

Acta 13

Magistrada Ponente:

Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo

Bogotá D.C., cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Debe comenzar la Sala por señalar, que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho en casación laboral es necesario que el cargo exponga las razones que lo demuestren, y a más de esto, como lo ha expresado la Corte, que la existencia del yerro aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o la errada valoración de pruebas calificadas, como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial.

Una vez revisada la motivación de la sentencia recurrida, se aprecia que el tribunal para confirmar la decisión absolutoria del a quo, en esencia estableció:

(i) Que ante la inminente liquidación de la empresa EADE S.A. ESP, se planteó una oferta amigable a sus trabajadores, consistente en la terminación voluntaria de sus contratos laborales a cambio de una indemnización, (ii) Que la entonces empleadora, presentó una fórmula de arreglo para obtener el retiro voluntario a cambio del pago de una suma de dinero, oferta que no es violatoria del consentimiento del trabajador, pues bien pudo rechazarla como lo hicieron algunos otros trabajadores, (iii) Que las partes suscribieron conciliación laboral ante funcionario competente (inspector del trabajo), sin que de la misma se advierta la vulneración de derechos ciertos e irrenunciables del trabajador y, (iv) Que si bien los testigos del proceso cuentan que EADE S.A. les prometió verbalmente que serían vinculados nuevamente a EPM, tal acuerdo quedó por fuera del acta de conciliación, por lo que carece de exigibilidad y no tiene virtud alguna de anularla, pues no se concretó bajo qué condiciones ni en qué fecha lo cumplirían.

La censura para rebatir lo concluido por el juez colegiado, propone los (10) errores de hecho enunciados anteriormente, orientados a demostrar el presunto engaño de que fue objeto el actor con el fin de que suscribiera el acta de conciliación que dio por terminado el contrato de trabajo, la existencia de vicios del consentimiento que generan la nulidad de la conciliación, el restablecimiento del contrato de trabajo y su continuación, la facultad y autorización legal del apoderado para obrar como conciliador y la sustitución patronal; para lo cual acusó la errónea apreciación de los documentos obrantes en el plenario, así como los testigos.

Si bien es cierto, el recurrente alega que los errores evidentes de hecho “fueron fruto de la indebida apreciación de los documentos obrantes en el plenario”, los que no individualizó, entiende la Sala que se trata del acta de conciliación suscrita entre las partes, por ante el Ministerio de la Protección Social (dirección territorial del trabajo y seguridad social de Medellín), la liquidación definitiva de prestaciones sociales, al igual que los referidos a la liquidación de la Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP y a la continuación en la prestación de servicios que la citada ofrecía por parte de las Empresas Públicas de Medellín.

Planteadas así las cosas, al remitirse la Sala a las pruebas calificadas adosadas a la actuación, se encuentra objetivamente que no logran demostrar ninguno de los yerros fácticos atribuidos a la decisión del tribunal, lo cual da al traste con la acusación, lo anterior si tiene en cuenta lo que a continuación se indica.

Revisado el texto del acta de conciliación que suscribiera el demandante y la Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. ESP, que obra a folios 14 a 18 y 171 a 175 del cuaderno de las instancias, y la forma como se plasmó el acuerdo a que llegaron las partes, resulta razonado que el ad quem entendiera que ningún engaño sufrió el demandante al suscribirlo, pues no obstante que señaló que se podía colegir que la empresa EADE S.A. ESP sería liquidada, el planteamiento de finalizar el contrato voluntariamente a cambio de una indemnización no tiene la virtud de anularlo, pues el mismo se celebró ante autoridad competente, quien lo firmó en señal de aprobación, documento que no atenta contra los derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, porque ello es exactamente lo que se colige de su contenido.

En efecto, lo que objetivamente surge de tal documento, es la voluntad inequívoca del accionante de aceptar el ofrecimiento y finiquitar por mutuo acuerdo el contrato de trabajo que lo unía a la empleadora, el día 5 de enero de 2006; es así que en la diligencia, quien actúa como apoderado general de EADE S.A. ESP, se refiere a las transformaciones iniciadas desde el año 2000, para enfrentar con éxito los cambios institucionales y el mercado, que la convención colectiva estipula la tercerización entre otros del cargo de agente técnico categoría 1 - cargo transitorio (operador), como el que desempeña el señor Sánchez Flórez; que con el fin de mitigar el impacto económico de los trabajadores afectados, la junta directiva por Acta 222 de 30 de noviembre de 2005, autorizó al gerente general para realizar acuerdos con los trabajadores y terminar el contrato voluntariamente pagando al trabajador una bonificación y cubriendo por seis meses la afiliación al sistema de seguridad social; ante lo anterior, el trabajador, decidió en forma “libre, espontánea y voluntaria acogerse al mismo” y por lo tanto acuerda con la Empresa la terminación del contrato de trabajo, por mutuo acuerdo; luego de manera conjunta, las partes manifiestan:

Que desarrollan esta conciliación de buena fe y sin presión alguna para ninguna de ellas, llegando al siguiente acuerdo:

EL TRABAJADOR laboró al servicio de la empresa desde el veintiuno (21) de agosto de 1990, teniendo como último cargo el de agente técnico (operador) y el cinco (5) de enero de 2006 se da por terminado por mutuo acuerdo, el contrato de trabajo que unió a los conciliantes. LA EMPRESA pagará al trabajador, como bonificación, la suma ofrecida que equivale al total de SETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C ($ 70.795.346); y además cubrirá el costo de su afiliación al sistema de seguridad social por seis meses a partir de su retiro, previo el cumplimiento de los requisitos indicados en las manifestaciones de LA EMPRESA. La suma indicada por bonificación será cancelada dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación del contrato de trabajo, y reajustada de acuerdo con los días que se laboren entre la fecha de la firma del acuerdo y la fecha de terminación de la relación laboral.

La referida acta fue firmada por las partes el día 11 de enero de 2006, en audiencia pública especial que fue dirigida y aprobada por el inspector de trabajo de la ciudad de Medellín, y que como se dijo da fe de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, y en ella se dejó constancia que los comparecientes alcanzaron el acuerdo conciliatorio para zanjar sus diferencias en cuanto a la terminación del contrato, debido a que el de agente técnico categoría 1 ocupado por el actor, era transitorio, así como del pago de la suma conciliatoria convenida en la suma de $ 70.795.346; cantidad que coincide con la cifra adicional incluida en la liquidación definitiva de prestaciones sociales bajo el concepto “LIQ. DEFINITIVA INDEMNIZACIÓN DE COMÚN ACUERDO” (folios 60 y 61 cuaderno de las instancias), documento que aparece suscrito por el accionante en señal de recibido.

Como se reitera, de la lectura de dicho instrumento conciliatorio, lo que se concluye es que la finalidad del mismo, fue la terminación del contrato de trabajo por “mutuo acuerdo” entre las partes, es decir, ratifican la declaración de éstas, de dar por terminado el vínculo laboral.

Como bien lo dijo el tribunal, no puede tratarse de un engaño el hecho de que la empresa frente a su inminente liquidación, haya planteado una oferta amigable a sus empleados, consistente en la terminación voluntaria del contrato laboral a cambio de una indemnización, y en consecuencia no es dable pregonar un vicio del consentimiento en la suscripción de la referida acta de conciliación, cuando quien acude lo hace en forma libre y voluntaria sin dar muestra de la más mínima inconformidad. Pero además, en su texto no se indica, ni de él se deduce, que el contrato finalizaba por decisión del empleador, pues como quedó expresado, medió la voluntad de ambas partes, sin registro de inconformidad alguna en el acto del acuerdo ni a la firma de la liquidación definitiva de prestaciones sociales.

Además de lo indicado, del documento al que se hace referencia, resulta de suma importancia la manifestación del demandante, en el sentido que: “analizado el ofrecimiento mencionado decidió en forma libre, espontánea y voluntaria acogerse al mismo y por lo tanto acuerda con la Empresa la terminación del contrato de trabajo, por mutuo acuerdo” y, “acepta la bonificación ofrecida por la empresa por valor de SETENTA MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C ($ 70.795.346)”, lo cual ratifica una vez más la total ausencia de alguna circunstancia que permitiera colegir la supuesta presión o engaño alegado en la demanda para reclamar la nulidad del acuerdo conciliatorio firmado.

No sobra recordar, que la alteración y el temor que la fuerza o violencia generada en una persona, debe ser de tal magnitud que la manifestación de la voluntad no se puede tener como libre, espontánea y natural, sino que es producto de la presión, coacción o del constreñimiento, situación que en este asunto no aconteció, porque como se dejó precisado, el demandante tuvo la oportunidad de manifestar cualquier hecho que pudiera afectar su consentimiento ante un funcionario del trabajo, y sin embargo no procedió de esta manera; además, la prueba calificada en casación no demuestra las aseveraciones del recurrente en cuanto a que se le hizo creer que el puesto que desempeñaba sería suprimido, que se realizaron diversas reuniones con su familia, con funcionarios de la entidad y comunicados diversos sobre las indemnizaciones que se pagarían, con los que se le pudiera haber inducido en error de tal magnitud, que viciara su consentimiento.

Así las cosas, queda claro que del acto conciliatorio en comento, no se desprende que alguna de las partes, en especial el demandante, estuviere en desacuerdo con su contenido, como tampoco que tuviera la convicción de que la relación laboral finalizaba en una forma diferente a la acordada en referida diligencia ante el inspector del trabajo, o que se tratara de una decisión unilateral y sin justa causa por parte del empleador por alguna razón en particular.

Como conclusión de lo aquí discurrido, el acuerdo de voluntades suscrito entre el promotor del proceso y la Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP, que se considera válido y lejos de cualquier vicio del consentimiento, fue correctamente apreciado.

De otro lado, si bien es cierto la documental allegada al expediente da cuenta que la Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP, para la época de los hechos se encontraba en proceso de liquidación, tal situación no significa presión alguna para la firma del acuerdo conciliatorio, puesto que no existe un elemento de prueba del que pueda concluirse que ello influyó en el ánimo del actor o significó que no pudiera obrar con plena libertad, pues lo trascendental es que el consentimiento puro y simple del trabajador esté expresado en el acuerdo conciliatorio, y que al examinarlo el funcionario conciliador lo encuentre ajustado y no violatorio de ningún derecho, lo cual se cumplió a cabalidad en este asunto, pues el arreglo amigable no vulneró derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

Conforme lo dicho, al no haber quedado demostrados con prueba calificada los yerros fácticos enrostrados, esto es, con un documento auténtico, confesión o inspección judicial, la Corte está vedada para adentrarse en el estudio de los testimonios, según la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

De tal suerte, que el tribunal valoró de manera razonada el caudal probatorio en que se apoyó, de conformidad con la libre apreciación de la prueba que consagra el artículo 61 del CPTSS, y por ende, no pudo cometer ninguno de los yerros fácticos endilgados por la censura.

En punto al cuestionamiento que hace la apoderada de la parte demandante con el recurso de casación, referido a que quien se presentó como representante del empleador no mostró el documento que lo facultara para negociar y que tampoco apareció en parte alguna autorización expresa para conciliar del comité de conciliación de la empresa, son situaciones que no fueron debatidas ni muchos menos resueltas en las instancias, razón por lo que proponerlas ante esta Sala, resulta extemporáneo y adentrarse en ello, sería tanto como vulnerar el derecho a la defensa de la contraparte quien no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre tales aspectos.

Por todo lo dicho, el cargo no puede prosperar.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia emitida el 28 de junio de 2013 por la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por Juan Carlos Sánchez Flórez contra Empresas Públicas de Medellín.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».