Sentencia SL16748-2014/43021 de agosto 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43021

Acta 29

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Carlos Enrique Eguis Sánchez, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 14 de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que le promovió a Cementos del Caribe S.A.

I. Antecedentes

El actor demandó para que se le reintegre al cargo que ostentaba cuando fue despedido sin justa causa, o a otro de igual o superior categoría, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales legales y extralegales debidas, los aportes a seguridad social; subsidiariamente se condene a cancelar a su favor $ 36.357.021,37 por indemnización por despido sin justa causa, el reajuste a las cesantías definitivas y sus intereses, sanción moratoria, lo ultra y extra petita; en ambos casos las costas procesales.

Indicó que laboró para la empresa demandada desde el 10 de diciembre de 1979 hasta el 19 de enero de 2004, en el cargo de ayudante 1º de producción - despachador de almacén; el salario promedio que devengó en el último año ascendió a $ 1.125.256; era afiliado al sindicato; fue despedido sin justa causa, pese a que siempre observó buena conducta y cumplió cabalmente sus obligaciones; se le imputó haber despachado órdenes con enmendaduras, así como otras circunstancias por las cuales, con antelación, había sido sancionado; que no cometió falta alguna pues las solicitudes de suministro que sirvieron de soporte para adelantarle el proceso disciplinario, tuvieron “previa autorización del ingeniero responsable, señor Octavio Ramos, a quien además pertenecen los números y letras que hacen las respectivas correcciones en las solicitudes de suministro”, y que era frecuente “que sucedieran estas correcciones y el artículo se despachaba previa autorización del ingeniero responsable”, lo cual aclaró en su oportunidad; que es injustificada la decisión que adoptó la empresa, además por cuanto “durante más de 24 años fue una persona dedicada a trabajar con honestidad y esmero en la empresa lo que le valió el reconocimiento de sus méritos al darle aprovechamiento a los recursos a su disposición”; que las cesantías se le liquidaron sin tener en cuenta todos los factores salariales y que, por sobre todo, la demandada ignoró la cláusula 45 convencional relativa al procedimiento para sanciones y despidos, pues los descargos se hicieron extemporáneamente y no se permitió la comparecencia del Ingeniero “quien era el representante de la empresa y fue la persona que realizó las solicitudes de suministro que originaron el despido” (fls. 49 a 52).

Cementos del Caribe S.A., al contestar, se opuso a las pretensiones; aceptó la existencia de la relación laboral, a través de un contrato a término indefinido y el último salario devengado; negó que la terminación del vínculo fuera injusta, y que el trabajador hubiese mantenido siempre buena conducta; dijo constarle que “en vigencia de la relación laboral que el demandante estuvo afiliado al Sindicato de Trabajadores de Cementos del Caribe”; refirió que el trámite disciplinario atendió los parámetros dado que “el procedimiento convencional determina que la citación a descargos sea dentro de los seis (6) días siguientes al conocimiento de la comisión de una falta”. Como excepciones planteó las de: prescripción especial de la acción de reintegro, inexistencia de obligaciones, pago, buena fe, prescripción, compensación y la que denominó genérica (fls. 62 a 71).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla condenó a la empresa al pago de la indemnización por despido sin justa causa, en cuantía de $ 40.457.454,29, debidamente indexados, absolvió de las restantes peticiones y gravó con costas a la parte vencida (fls. 159 a 167).

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, conoció de la apelación de ambas partes y en decisión de 14 de agosto de 2009, revocó la de primer grado para en su lugar absolver a la demandada; no impuso costas (fls. 205 a 207).

Partió de los hechos indiscutidos relacionados con la existencia del contrato de trabajo, los extremos, el cargo desempeñado por el actor así como el último salario que devengó, y luego advirtió que como la reclamaciones de la demanda derivaran de la existencia de la convención colectiva de trabajo, vigente para los años 2002 y 2004, específicamente el artículo 45, era necesario que se allegara al plenario en legal forma.

En ese orden refirió que tan solo se adjuntó “un cuadernillo impreso foliado con los números 21 a 48”, y le restó validez por no reunir los requisitos contenidos en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo; que al ser una prueba solemne no podía acogerse la aportada, lo que apoyó con una jurisprudencia de esta Corte, de 20 de mayo de 1976, que reprodujo parcialmente.

Enfatizó que “al no allegarse la convención colectiva de trabajo, fuente de los derechos reclamados, no pueden prosperar las peticiones que tienen como fundamento dicha convención, al igual que las que dependen del éxito de las anteriores, pues al no aducirse la fuente del derecho en debida forma, al juzgador le está vedado entrar a reconocer los derechos extralegales reclamados”, por lo que encontró equivocada la conclusión del Juzgado, amparado en un documento carente de las formalidades para surtir efecto.

IV. Recurso de casación

Concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente la casación total de la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, modifique la de primer grado y acceda a las pretensiones principales de la demanda. Subsidiariamente solicitó la confirmación de ese fallo.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante formuló 4 cargos que fueron replicados oportunamente, según constancia secretarial visible a folio 48 del cuaderno de la Corte.

V. Cargos primero y segundo

Acusó, en ambos, a la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial del orden nacional, por la vía directa, en el primero en la modalidad de interpretación errónea y en el segundo por aplicación indebida “del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, consecuencia del cual infringió directamente los artículos 4º, 25, 29, 53 y 228 de la Constitución Nacional, y conllevó a la inaplicación del parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, del numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, del artículo 24 de la Ley 712 de 2001, del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con los artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 251, 252, 253, 255, 256, 257, 268, 269 y 276 del Código de Procedimiento Civil”.

Explicó que la equivocación del juzgador fue restar validez a la convención colectiva allegada al plenario, sin atender lo dispuesto por el artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social relativo a la reproducción simple, sin formalidad, de ese tipo de instrumentos, que por tanto se reputan auténticos; aludió a la imposibilidad de acoger criterios restrictivos para la interpretación de normas que tienen que ver con derechos convencionales, y que la sentencia que le sirvió de apoyo al Tribunal no tiene en cuenta los cambios normativos, entre ellos el que introdujeron las leyes 446 de 1998 y 712 de 2001, ni los postulados constitucionales, en tanto la convención que se aportó es fuente de derechos y obligaciones, y aun cuando no tenía nota de depósito, se debió acudir al contenido del precepto 256 del Código de Procedimiento Civil, y que además “no existe formalidad alguna para allegar la convención colectiva al proceso y que basta una reproducción simple para que se le dé todos los alcances de derechos, obligaciones y deberes en ella contenidos, la interpretación más favorable que corresponde a lo dispuesto en la norma constitucional que ordena aplicar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación de las fuentes formales del derecho y la norma del mismo rango que ordena la prevalencia del derecho sustancial, que deben aplicarse también en el marco de la protección constitucional del derecho al trabajo”.

Acotó que, en todo caso, la copia allegada no fue tachada ni desconocida por la demandada en su oportunidad procesal y por ende no era viable restarle los efectos jurídicos que nunca fueron cuestionados.

Explicó que “no hay controversia sobre la fecha de ingreso del trabajador y que al momento del despido había cumplido más de 10 años continuos de servicios al mismo empleador, tampoco hay discusión entre las partes sobre la firma de la convención colectiva de trabajo o sobre la existencia de un procedimiento convencional para despedir contenidos en ella, ya que la demandada acepta la existencia tanto de la convención colectiva de trabajo como el procedimiento en ella estatuido, el cual es citado por la demandada en sus diferentes actuaciones, todo lo cual debió llevar a concluir al ad quem que ante el incumplimiento del procedimiento para despedir al actor es acreedor a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 y al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965”.

VI. La réplica

Hizo una oposición conjunta, pues estimó que las acusaciones carecían de técnica. Copió un fragmento de una decisión de esta Sala, de 22 de enero de 2003, radicado 19451 y continuó con que no era posible tener como infringidas normas constitucionales, dado que no son de aplicabilidad inmediata, discernimiento que apoyó con la transcripción de la Sentencia 16252 de 9 de octubre de 2001, lo mismo realizó con la 20059 de 10 de abril de 2003, tras reprochar la imposibilidad de indicar violadas por interpretación errónea y aplicación indebida el mismo compendio normativo.

Para todos los cargos indicó “la equivocada presentación de los mismos, con las normas que regulan la prueba de documentos en el procedimiento civil”.

También se refirió al fondo de la controversia, de la cual acotó que era admisible la interpretación que el juzgador realizó respecto de la convención colectiva aportada sin la nota de depósito y que tal aspecto se abordó en la sentencia de 11 de febrero de 1993, radicado 5411.

Concluyó que “en relación con la aplicación del principio laboral que indican los artículos 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo es solo cuando exista un conflicto de normas aplicables de igual jerarquía en el ordenamiento jurídico colombiano al caso objeto del conflicto, sin ser válido ir a la equidad, justicia, costumbre o principios generales, para desconocer o modificar el mandato de la norma positiva o reemplazar el deber de probar que tiene la parte a que afirma un hecho positivo para que produzca una consecuencia jurídica”.

VII. Consideraciones

La Sala se pronuncia de manera conjunta sobre los dos cargos propuestos, dado que, acuden a similar cuerpo normativo, y presentan idéntica sustentación.

El opositor cuestiona que se incorporen preceptos constitucionales a las acusaciones, en tanto carecen de aplicabilidad inmediata directa, sin embargo debe decirse que la fórmula utilizada por el censor refiere normas sustanciales del orden nacional, contentivas de los derechos que reclama, lo que acompaña con las de rango superior, sin que ello implique un desacierto como se pretende, pues es evidente que las invoca en su argumentación, como soporte supralegal, que en modo alguno puede constituirse en talanquera para proceder a su estudio.

Respecto al reparo según el cual el censor alude a la interpretación errónea y a la aplicación indebida del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, se observa que ello se hizo en cargos separados, lo que no configura irregularidad alguna, pues lo que esta Sala ha destacado es la imposibilidad de que en un mismo cargo se denuncie la violación de idéntica disposición, en las distintas modalidades, dado que ello entraña un imposible jurídico, y atenta contra la estructura lógica del medio impugnativo, que es lo que se visibilizó en la jurisprudencia que para el efecto acompañó el replicante, la cual, por tanto, no se ajusta a lo aquí planteado.

Ahora la Sala no pasa inadvertido que independientemente de la manera como se estructuró la acusación, lo cierto es que se extrae con toda claridad que son dos los cuestionamientos esenciales que hace: el primero relativo a la equivocada hermenéutica que le imprimió al artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en punto a los documentos incorporados en copia simple, y el segundo sobre la imposibilidad del Tribunal de desconocer la aceptación que hizo la demandada “sobre la existencia de unos procedimientos convencionales en dicha convención para despedir, ya que la demandada acepta la existencia de la convención colectiva de trabajo y del procedimiento pactado en dicha convención, todo lo cual permite establecer que jurídicamente la norma convencional era aplicable al caso controvertido, siendo por tanto el actor acreedor a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 y al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, lo cual necesariamente debió llevar al ad quem a condenar en forma principal al reintegro”.

En lo atinente a lo que reprobó inicialmente la censura, cabe afirmar que la autenticidad de los documentos y reproducciones simples, en los términos del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se predica también de las convenciones colectivas de trabajo, de modo que es válida su incorporación informal, bajo el condicionamiento de que en ella esté atestiguado el cumplimiento de los requerimientos legales, esto es, que contenga la constancia de haberse depositado en el Ministerio de Trabajo dentro del término de los 15 días siguientes a su firma, tal como lo dispone el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, e incluso así pueden tenerse por cumplidas las solemnidades requeridas, relativas a su celebración por escrito, la extensión de un número de ejemplares iguales al de las partes y, se reitera, que su depósito se hizo en tiempo, luego evidentemente ese no pudo constituir el desacierto jurídico del ad quem.

En lo que si asiste razón al impugnante es en que si la propia demandada dio por sentado desde el inicio, de manera espontánea, la existencia de un procedimiento disciplinario convencional, no le era posible al juzgador aludir a un aspecto que estaba fuera de controversia, incluso de la propia parte a la que le era oponible.

Así las cosas, al ser indiscutido el trámite disciplinario, por la plena aceptación y reconocimiento que las partes realizaron, al punto que destinaron todos sus esfuerzos a recabar sobre el cumplimiento o no del procedimiento convencional en ella establecido para la imposición de sanciones o para efectuar el despido, no podía el ad quem incursionar en esa materia que aquellos proscribieron.

En efecto, es patente que al hecho segundo de la demanda según el cual “mi mandante con contrato de trabajo a término fijo laboró al servicio de la sociedad demandada de manera continua en el lapso comprendido entre el 10 de diciembre de 1979 al 19 de enero de 2004”, la empresa contesta: “En cuanto a que los extremos de la relación laboral fueron diciembre 10 de 1979 y enero 19 de 2004 es cierto precisando que el contrato de trabajo terminó por justa causa con posterioridad al cumplimiento de ciertas etapas previstas en la convención colectiva como previas al despido por justa causa” (resaltado fuera del original).

Al contestar el hecho 8º la demandada, referente a la cláusula 45 del convenio colectivo del trabajo señala “no es cierto como se redacta y explico porque no lo es: El procedimiento convencional determina que la citación a descargos sea dentro de los seis (6) días siguientes al conocimiento de la comisión de la falta. Este término se cumplió. La asesoría que el supervisor o jefe de sección se prevé dentro del procedimiento convencional no es un requisito, es simplemente una opción y de acuerdo con las circunstancias específicas del caso a esclarecer”.

En el caso que nos ocupa el demandante en ningún momento planteó requerir de tal asesoría y ella no era necesaria por las características del asunto cuyas principales pruebas radicaban en el examen de documentos que fueron expuestos durante los descargos”.

De allí se extrae, en lo esencial, que la demandada confesó de forma espontánea la existencia de tal procedimiento, así como de la convención que lo preveía.

Por lo visto los cargos son prósperos y por tanto esta Sala queda relevada de estudiar los restantes.

VIII. Sentencia de instancia

En sede de instancia, cabe destacar, además de lo referido en casación que en el propio cuerpo de la carta de despido se consignó “mientras se surten los términos contemplados en la cláusula Nº 45 de la Convención Colectiva de Trabajo, la empresa remunerará desde la fecha (dic. 27/2003) y hasta el día 19 de enero de 2004 los salarios y prestaciones correspondientes sin prestación de servicio (…) con el fin de dar cumplimiento a la cláusula 45 de la Convención Colectiva de Trabajo, usted fue asistido por los señores Hugo del Valle y Gabriel Suárez, directivos sindicales” lo que robustece la deducción de que el contenido de la convención fue aceptado por ambas partes.

Ahora bien, conforme a lo que fue objeto de cuestionamiento por la parte demandada en el recurso de apelación, cabe indicar que el artículo 45 convencional dispone:

Antes de aplicar una sanción disciplinaria o un despido, la empresa dará oportunidad al trabajador inculpado, quien acompañado de dos (2) directivos del sindicato deberá ser oído en descargos ante el Jefe de Relaciones Industriales o el Jefe de Personal con la asesoría del supervisor o jefe de la sección de donde dependa el inculpado si las circunstancias así lo requieren. De esta diligencia se levantará un acta suscrita por las partes, donde se dejará constancia del resumen de las mismas.

En cumplimiento a lo anterior se observará el siguiente procedimiento a) La empresa dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha en que tuviere conocimiento de la comisión de una falta citará por escrito al trabajador inculpado con copia al sindicato, a fin de ser oído en descargos; b) surtida la diligencia anteriormente citada la empresa determinará y notificará la sanción o despido aplicable para el caso, dentro de los seis (6) días hábiles siguientes.

Contra la resolución por medio de la cual la empresa impusiere alguna sanción o despido procederá el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación ante el mismo funcionario que la impuso. Negado o decidido el recurso de reposición en forma no favorable para el trabajador sancionado o despedido este tendrá oportunidad de apelar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante el gerente o representante legal de la empresa quien calificará en última instancia la sanción o despido.

La empresa dispondrá de seis (6) días hábiles para responder en cada uno de los recursos al trabajador inculpado. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria o despido que se imponga pretermitiendo dicho trámite.

Amparado en dicha preceptiva el juzgado consideró que los hechos imputados al actor como constitutivos de justa causa para terminar su contrato, tuvieron ocurrencia el 16 y 20 de octubre de 2003, pero que la diligencia de descargos solo se efectuó el 19 de diciembre de ese año, es decir, transcurridos más de 2 meses desde la presunta comisión de la falta, sin que se cumplieran los términos convencionales, y que aunque la demandada aludió a haberse enterado en una auditoría, ese argumento solo lo apoyó uno de los testigos, quien indicó que mensualmente las realizaban, encontró duda en si tal procedimiento se hacía empezando o terminando el mes y que en cualquiera de las dos hipótesis aquel fue extemporáneo y aunque en la apelación la empresa sostuvo que el término si fue observado y que actuó tan pronto tuvo conocimiento de la situación, ello carece de respaldo probatorio, pues en la comunicación del despido se alude a que se enteró por “una revisión efectuada por la auditoría interna de la empresa”, sin especificar la fecha, ni adosar ese soporte; la única referencia que se hace a tal rito, proviene de lo afirmado por Ricardo Rueda Romero, quien sostuvo que la causa del retiro del trabajador se adoptó con base “a los análisis de auditoría que mensualmente se hacen en almacén, dicho departamento de auditoría encontró anomalías o inconsistencias en documentación de solicitudes de suministros”, y cuando se le cuestionó sobre la demora en su realización dijo “No, no sé porque ese es un tema que se maneja entre el departamento de recursos humanos y el departamento de auditoría interna” (fl. 135), afirmaciones que no permiten corroborar que en efecto el trámite disciplinario convencional se realizó en los términos previstos en la disposición atrás citada.

Debe indicarse, en relación con lo que predica la parte pasiva, respecto a la laxitud de la inmediatez que debió tenerse en cuenta, que no es posible dispensar el requisito convencional que fijó una serie de parámetros para llevar a cabo los trámites sancionatorios, pues no es del resorte del juzgador suplir la voluntad de las partes inmersas en el acuerdo, esto es, que si como en este caso se convino que el procedimiento debía iniciar dentro de los 6 días hábiles siguientes al conocimiento de la causa, era deber de la demandada acreditar el cumplimiento de tal plazo, lo que, tal como lo advirtió el a quo, no realizó, en tanto se limitó a argüir “que el proceso de auditoría interna implementado en la compañía para la sección de despachos es uno que se verifica, no de manera simultánea, sino posterior y se surte mensualmente, sin que ello implique necesariamente que las operaciones auditadas en el respectivo mes corresponden a aquellas verificadas en el mes calendario inmediatamente anterior”, sin demostrar que, en este evento, el control fue posterior al vencimiento de la mensualidad, y los motivos por los que ello aconteció, lo que imposibilita acoger el argumento propuesto.

En lo atinente al recurso del demandante, es pertinente indicar que no solo hubo violación al procedimiento convencional, en los términos descritos en la norma atrás citada, sin que pueda exculparse la tardanza de la empresa, sino que, además, no se observa la justeza del despido como pasa a verse.

La comunicación que se le extendiera a Eguis Sánchez, el 27 de diciembre de 2003, fue del siguiente tenor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna de la Empresa a las órdenes de suministro entregadas por el Almacén General se encontraron dos órdenes de solicitudes de suministro, la Nº 1911805 de fecha 16 de octubre de 2003, la Nº 1911850 de fecha 20 de octubre de 2003, con evidente signo de adulteración; la primera solicitud en el renglón de descripción se puede apreciar fácilmente que en la misma aparece una enmendadura con correctos y sobrescrito la palabra soldadura; en el renglón unidad se puede apreciar igualmente una corrección y sobrescrito las letras KG; en el renglón cantidad solicitada se aprecia un borrón repintado en el Nº 5. En la solicitud de suministro Nº 1911850 de fecha 20 de octubre de 2003 aparecen en el renglón descripción una enmendadura y sobrescrito la palabra soldaduras. En sus descargos reconoce que ambas solicitudes fueron despachadas por usted y reconoce que en las mismas notó las enmendaduras, pero no les dio mayor importancia. Falta está sumamente grave si tenemos en cuenta que usted es reincidente, en efecto con fecha 1º de septiembre de 1999 fue citado a descargos por omitir los procedimientos de Almacén originando faltantes en inventario los siguientes ítems 308688, 308110, 308430, 308041, 308062, 308602, 308562 y 308774”.

A continuación la carta refiere eventos del año 1999, 2000 y 2002, y concluye que “lo anteriormente anotado constituye una grave falta que viola claras normas legales y reglamentarias, por lo que la empresa ha perdido la confianza depositada en usted. Por tal motivo la misma ha decidido dar por terminado su contrato por justa causa a partir del día 19 de enero de 2004. Mientras se surten los términos contemplados en la cláusula Nº 45 de la Convención Colectiva de Trabajo, la empresa remunerará desde la fecha (dic. 27/2003) y hasta el día 19 de enero de 2004, los salarios y prestaciones correspondiente sin prestación de servicio”.

No obstante, lo que se extrae de las pruebas adosadas al plenario es que aun cuando el demandante despachó las órdenes de suministro, éstas tienen firmas de autorización del superior; si ello se aprecia junto con lo referido en el manual de funciones y requisitos, para el empleo que se ejecutaba, no emerge duda que aunque una de sus obligaciones era la de responder “por la verificación de registros de solicitudes de suministros bajo las normas preestablecidas”, lo cierto es que en ese manual se advierte que “recibe supervisión constante del jefe del almacén, las instrucciones por lo general son escritas y verbales”, luego es claro que, tal como lo describió en los descargos, aunque notó las enmendaduras de las pluricitadas órdenes de suministros no les dio mayor importancia “ya que esto se ha presentado en varias ocasiones y con autorización de los mismos jefes ingenieros y teniendo que el código si corresponde a la descripción del artículo y este no se encuentra enmendado, no puse objeción porque el único ánimo que tuve en esos momentos fue colaborar y no poner obstáculos al despacho”.

Es decir la conducta asumida por el actor no solo está justificada en que las órdenes fueron autorizadas, conforme se extrae de la documental que milita a folio 119, sino que además, aquel explicó que aun cuando existían enmendaduras en la escritura, lo cierto es que el código de la máquina, si era el correcto, lo que además claramente se colige de dichas solicitudes, y fue lo que corroboró Eguis Sánchez, esto es, que aun cuando advirtió sobre el defecto en la transcripción del pedido, en aras de dinamizar la labor les dio trámite al evidenciar que correspondían al código asignado, el cual no dejaba duda de lo requerido, y eso mismo debe decirse en punto a la cantidad de 5 Kg, dado que aunque en la casilla “cantidad solicitada” aparece con tachón el número 5, en la correspondiente a “cantidad despachada” está claramente ese número.

Lo anterior fue precisamente lo que explicó el trabajador al rendir descargos “con referencia a la solicitud 1911850 yo rectifiqué el código del artículo en el sistema, la OT que si corresponde a la máquina, igualmente verifiqué la cantidad, el centro de costo y firma del ingeniero, y que el código del artículo correspondía a la descripción, la cantidad despachada fue de 5 Kg que de igual manera descargué en la tarjeta kárdex como es el procedimiento, al momento de hacer entrega de la soldadura verifiqué que el usuario escribió su nombre, firma y código legibles, seguidamente proseguí a descargar en el sistema considerando que la solicitud de suministro estaba bien tramitada lo cual ratifico que sí fue despachada por mi en esas condiciones. Con referencia a la solicitud Nº 1911805 del 16 de octubre de 2003, utilicé el mismo procedimiento que el anterior que es el que se utiliza como norma en el almacén pero la cantidad solicitada que estamos observando en estos momentos en dicha solicitud al momento de hacer el despacho la cantidad solicitada no estaba en las condiciones que está actualmente (ilegible). En cuanto a la enmendadura de la descripción de ambas solicitudes yo la noté, sin embargo no le dí mayor importancia ya que esto se ha presentado en varias ocasiones y con autorización de los mismos jefes ingenieros y teniendo que el código sí corresponde a la descripción del artículo y este no se encuentra enmendado, no puse objeción porque el único ánimo que tuve en esos momentos fue colaborar y no poner obstáculos en al despacho. Sírvanos informarnos sr. Eguis si usted recuerda haber entregado los elementos descritos en cada una de la solicitudes de suministro a la persona que aparece como recibida por Rafael Villanueva. R/ Si claro yo le entregué personalmente al señor Rafael Villanueva” (fl. 120).

Ese aserto lo corrobora el propio Rafael Villanueva Montenegro al decir que el hecho que originó el retiro del actor fue “supuestamente por un vale que la empresa dice que está enmendado, ese vale fue despachado con firma y sello del ingeniero Octavio Ramos jefe ingeniero del taller, ese vale fue despachado porque me lo entregaron directamente a mí y fue entregado al ingeniero Ramos en su escritorio, porque ese vale de esa soldadura iba para reparar un tractor de una de las firmas de cementos del caribe que se llama Villasantos, cuando uno pedía un vale para la firma de Villasantos le tenía que sacar una fotocopia al vale original para poder cobrar ellos la cuenta a Villa Santos” (fl. 141).

Luego desde ningún aspecto surge reprochable la conducta del trabajador, menos si se tiene en cuenta que para ese momento llevaba más de 24 años en la empresa, y que sumado a la falta de cumplimiento del procedimiento, habilita el reintegro.

Respecto a lo desaconsejable de su reincorporación, no encuentra esta Corte ningún motivo para avalar tal situación, pues la conducta del trabajador no fue reprobable, ni existe siquiera evidencia que su reintegro genere una situación adversa en el marco de la relación de trabajo. Por demás, la motivación expuesta por el a quo, relativa a que el actor con posterioridad fue pensionado por invalidez, no es admisible para negar tal garantía, pues esta Sala ha considerado que no existe incompatibilidad entre tales prerrogativas, en la medida en que la única prohibición que existe en ese sentido es con la de vejez, sin que sea viable acudir a una hermenéutica restringida.

En consecuencia se modificará el numeral primero de la decisión de primer grado, dictada el 19 de junio de 2007, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y en su lugar se dispondrá el reintegro del actor al cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación o a otro de similar o superior categoría, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales desde el 19 de enero de 2004 y hasta su reinstalación, previa compensación de lo recibido por concepto de cesantías y sus intereses, recibidas al momento de su retiro, según se desprende de folio 10.

Sin costas en el recurso extraordinario, en las instancias a cargo de la parte demandada.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 14 de agosto de 2009, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que Carlos Enrique Eguis Sánchez le promovió a la sociedad Cementos del Caribe S.A. En sede de instancia se modificará el numeral 1º de la decisión de primer grado, dictada el 19 de junio de 2007, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y en su lugar se dispondrá el reintegro del actor al cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación o a otro de similar o superior categoría, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales desde el 19 de enero de 2004 y hasta su reinstalación, previa compensación de lo recibido al momento de su retiro, según se indicó en la parte motiva.

Sin costas en el recurso extraordinario; en las instancias a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de Sala.—Jorge Mauricio Burgos Ruiz.—Elsy del Pilar Cuello Calderón.—Clara Cecilia Dueñas Quevedo.—Gustavo Hernando López Algarra.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.—Carlos Ernesto Molina Monsalve.