Sentencia SL16803-2015 de noviembre 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL16803-2015

Rad. 69454

Acta 39

Bogotá, D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil quince (2015).

EXTRACTOS: «IV. EL RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el accionante que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda.

Con tal objeto, formula un cargo que dentro de la oportunidad legal fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO

Ataca la sentencia recurrida por violar la ley sustancial, por la vía directa y en el concepto de interpretación errónea del “artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los 3º del Decreto 813 de 1994, artículo 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; artículo 9º de la Ley 797 de 2003; artículo 141 de la Ley 100 de 1993; artículo 8º de la Ley 153 de 1998; artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Para sustentar la acusación, el recurrente indica que no discute ninguna de las siguientes conclusiones fácticas a las que llegó el ad quem: (i) que la parte demandante nació el 1º de abril de 1949; (ii) que empezó a cotizar después de abril de 1994 y, (iii) que cotizó 642 semanas, de las cuales más de 500 lo fueron entre los 40 y 60 años de edad.

Sostiene que la hermenéutica que el tribunal le imprimió al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es equivocada al exigir un requisito que no contempla, postura que, además, no corresponde al espíritu y finalidad del régimen de transición pensional. Ello, por cuanto el genuino sentido de la norma aludida indica que son dos los requisitos para acceder a él, esto es, una edad específica o un tiempo de servicios.

Indica que el camino hacia la pensión de vejez se recorre y se alcanza bajo la concurrencia de una edad y semanas de cotización o de servicios, lo que le permite edificar su derecho a la pensión de vejez y, por lo tanto, le genera una expectativa legítima a alcanzar ese derecho. Por ello, “es un error pensar que las personas que no se habían vinculado laboralmente o no hubieran cotizado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, NO TENÍAN EXPECTATIVA DE ADQUIRIR SU PENSIÓN DE VEJEZ pues el tener un recorrido en cuanto a la edad exigida por la ley ya le genera la posibilidad de recoger las semanas de cotización o el tiempo de servicios para lograr el derecho que garantice una vejez digna”.

Aduce que antes de la Ley 100 de 1993 el único régimen pensional existente en Colombia era el régimen de prima media con prestación definida, pues solo a partir de su vigencia se creó otro régimen pensional denominado de ahorro individual con solidaridad. Por ello, el régimen de pensiones llamado a regular las situaciones de las personas que se encuentran en transición, como el actor, no es otro que el de prima media con prestación definida.

Por último manifiesta que, de aceptarse que existan dos interpretaciones válidas posibles para que una persona se beneficie del régimen de transición pensional, la primera, hace referencia a la necesaria afiliación o vínculo laboral antes de la Ley 100 de 1993 y, la segunda, que ese requisito no es necesario pues la norma sólo exige cumplir con una edad o un tiempo de servicios, en aplicación de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y en armonía del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, deberá acogerse la interpretación que más favorezca los intereses del trabajador.

VII. RÉPLICA

A través de escrito de oposición, la parte demandada solicita no casar la sentencia. En sustento de su petición sostiene que el petente sólo comenzó a cotizar al sistema general de pensiones desde el 1º de noviembre de 1997, esto es en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin que con anterioridad hubiera efectuado aportes, lo que implica que no puede ser beneficiario del régimen de transición establecido por el art. 36 ibídem.

De lo anterior, concluye que la norma aplicable es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, requisitos que no cumple el demandante por cuanto sólo acumuló 655,71 semanas cotizadas.

VIII. CONSIDERACIONES

Dada la vía escogida por el censor, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos establecidos por el ad quem: (i) que al 1º de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años, y (ii) que empezó a cotizar a partir del “ciclo noviembre de 1997”.

Pues bien, el problema jurídico se contrae a determinar si para ser beneficiario del régimen de transición contemplado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario haber estado afiliado al régimen anterior con el que aspira pensionarse.

Al respecto, esta Sala de Casación en sentencia CJS SL8098-2014, en la que se rememoró la providencia CSJ SL2129-2014, reiterada recientemente en fallos CSJ SL9965-2015 y CSJ SL10483-2015, frente al mismo tópico hoy debatido y dentro de un proceso seguido contra el mismo demandado, precisó:

(...) la Sala tuvo la oportunidad de estudiar y definir el tema, y en un asunto análogo adoctrinó que para que se aplique el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea indispensable tener la condición de cotizante activo para el 1º de abril de 1994. En otras palabras, es posible acceder al derecho pensional con amparo en la citada transición, pero siempre y cuando la persona hubiera estado afiliada al sistema anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible hacer derivar un derecho de una calidad que nunca se tuvo. En sentencia reciente de la CSJ SL 220129-2014, del 19 de feb./2014, radicación 49815, en un proceso seguido contra el mismo Instituto de Seguros Sociales, se puntualizó: (...)

Nótese que la razón de ser para implementar un régimen de transición cuando opera un cambio legislativo en materia pensional, no es otra que la de proteger a quienes estuvieren próximos a pensionarse, respetándoles los requisitos que les exigía el sistema pensional que les aplicaba con antelación al nuevo, sin que ello signifique que para beneficiarse de esta garantía sea necesario estar cotizando en ese momento. 

Para que lo anterior justifique su operatividad, es decir, que se aplique el beneficio del régimen de transición, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea menester tener la condición de cotizante activo, en este caso, para el 1 de abril de 1994 (...). (Resaltado fuera del texto original).

En esas condiciones, reitera la Sala que el régimen que contempla el tránsito de legislaciones pensionales, tiene como finalidad que las personas próximas a cumplir los requisitos para pensionarse, se les respete su expectativa legítima de consolidarlo bajo las condiciones anteriores. De ahí que, para que se aplique el régimen de transición previsto en el art. 36 de la L. 100/1993, es necesario haber estado afiliado al régimen anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible derivar un derecho de una calidad que nunca se ostentó.

Aunado a lo anterior, se debe precisar que el tribunal censurado no desconoció el principio de interpretación favorable de las fuentes formales del derecho, porque este principio parte del supuesto de que en cabeza del intérprete se generan dos interpretaciones admisibles, lo cual no ocurre en este caso, por cuanto la única interpretación para la Sala es que para ser beneficiario del régimen de transición, es ineludible haber estado afiliado al régimen anterior con el que pretende pensionarse.

De manera que en este asunto, conforme a los supuestos fácticos que no son objeto de discusión —dada la vía escogida por el censor— y al no encontrar la Sala razones para cambiar el criterio jurisprudencial, se concluye que el tribunal no cometió el yerro jurídico endilgado y, en este orden de ideas, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandante, toda vez que la demanda de casación no salió avante y tuvo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000.oo.) M/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de julio de 2014, en el proceso ordinario adelantado por JOSÉ DARÍO URREGO CANO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidenta de sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas».