Sentencia SL1689/56021 de mayo 16 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 3

Rad.: 56021

Magistrado Ponente:

Dr. Donald José Dix Ponnefz

Acta 14

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el Banco de Bogotá, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia revoque de manera íntegra lo resuelto por el juez de primer grado, y en su reemplazo, se absuelva al banco de todas y cada una de las pretensiones planteadas en la demanda inicial. Las costas se resolverán como corresponda.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de,

[…] los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, y 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por los artículos 6º de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002, en relación con los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo cual condujo a la infracción directa de los numerales 1 y 5 del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.

Asevera que la anterior trasgresión se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo plenamente, que el demandante incurrió en unos hechos tipificados en los numerales 1 y 5 del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. No dar por probado, estándolo, que el actor fue despedido con base en una justa causa aceptada por este.

3. No dar por comprobado, estándolo, que la carta de despido se fundamentó en unos hechos aceptados por el señor Cantero, y en esta se citó expresamente el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.

Aduce que estos errores se cometieron por la equivocada apreciación del acta de descargos de folios 106 a 110, la carta de despido (fls. 111), y el interrogatorio de parte (fls. 137 a 138).

Expone que el tribunal se dedicó a analizar la validez del Reglamento interno de trabajo, tema que para el recurrente resulta “absolutamente irrelevante”, por cuanto en la diligencia de descargos, el demandante aceptó de manera expresa, no haber realizado su labor en los términos estipulados por el banco, lo que significa que reconoció de forma explícita su responsabilidad, es decir, que confesó extrajudicialmente, que hubo un faltante de dinero debido a una supuesta orden del gerente de la oficina, “que no comunicó oportunamente a su empleador para evitarle daños y perjuicios”; que la justificación que dio el actor, en virtud de “un deber de subordinación”, no fue demostrada, además que no se trataba de una obligación “ciega y absoluta” que debía obedecer.

Alega que en la carta de despido, erróneamente valorada por el tribunal, se relataron los hechos en los cuales se basó la determinación de finalizar el vínculo laboral, que a su vez se fundamentaron en el artículo 58 del CST.

Por lo anterior, reitera que la discusión sobre la validez del reglamento interno de trabajo resulta intrascendente, por cuanto el banco siguió la directriz de esta corporación, en sentencias CSJ S.L., 25 oct. 1994, Rad. 6847, y CSJ S.L. 2 oct. 1997.

Por último, se refiere al interrogatorio de parte, del que aduce se tipificó una confesión judicial cuando el demandante: i) aceptó que conocía el manual de funciones, ii) que realizó el arqueo de efectivo con información errada, iii) que no estaba permitido por parte del banco la suscripción de vales ni que estos reposaran en la caja principal, y, iv) que hubo faltante de dinero.

Por lo dicho, considera que la conducta desplegada por el actor fue ilegal, y por tanto, eximía al banco del pago de la indemnización por despido injusto.

VII. Réplica

Afirma el opositor que el tribunal no cometió ninguno de los errores de hecho que se le endilgan, ni incurrió en la valoración errónea de las pruebas que se acusan; que en atención al recurso de apelación de la demandada, el ad quem limitó su estudio, siguiendo los términos del art. 66A del CPTSS, a la validez probatoria del Reglamento de trabajo, aportado con la contestación de la demanda.

Expone que lo que para el recurrente resulta irrelevante, es el resultado del alcance que el ad quem le dio al recurso de apelación planteado por el banco accionado, por lo que con el recurso extraordinario se debió atacar la apreciación errónea de la alzada y la infracción medio de la mencionada norma procesal laboral, y demostrar la “validez del reglamento de trabajo aportado con la contestación de la demanda”, lo que en efecto no hizo, por lo tanto, la sentencia se mantiene incólume.

Considera que el censor, pretende en esta sede, modificar la justa causa alegada por la comisión de una falta calificada como grave en el reglamento de trabajo, por la violación grave de las obligaciones legales establecidas en los numerales 1 y 5 del art. 58 del CST; que en la carta de despido, se mencionó de forma general el art. 58 ibídem, sin especificar los numerales en referencia; que de la carta de despido y acta de descargos, lo que se desprende es lo que concluyó el tribunal, pues la causal alegada para despedir no fue la violación grave de las obligaciones consagradas en la norma en comento, sino la comisión “de una falta calificada como grave por el reglamento interno”.

VIII. Consideraciones

Pese a la vía escogida, no se controvierte en esta sede, que entre las partes existió, desde el 1º de julio de 1981 un contrato de trabajo a término indefinido, el cual fue terminado unilateralmente por el Banco de Bogotá, el 6 de abril de 2009, al inculpar al demandante de haber cometido las faltas descritas en la misiva que se encuentra a folio 111.

La decisión del tribunal que confirmó la condena que por indemnización por despido injusto profirió el juez de primer grado, estuvo apoyada en dos argumentos centrales:

i) que el Reglamento interno de trabajo aportado por la demandada a folio 112, no tenía validez alguna, por cuanto no se encontraba suscrito por el representante legal de la demandada ni por ninguna otra persona, como lo dispone el art. 269 del CPC, ni tampoco se cumplió con aportar la certificación del Ministerio de Protección Social, sin que hubiera lugar a tener en consideración lo establecido en el art. 54 del CPTSS, por referirse dicha preceptiva legal al valor probatorio de las copias, que no a la autenticidad del mencionado documento cuando carece de firma, lo que evitaba remitirse al art. 289 del canon procesal civil; y,

ii) que las justas causas de despido, independientemente si eran graves o no, debían estar soportadas en el Reglamento interno de trabajo, por habérsele imputado la causal 6ª del literal a) del artículo 62 del CST, especialmente, en el “punto” que refiere “a cualquier falta grave calificada en ese sentido en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos”, lo que no permitía expresar una opinión razonada ni apreciaciones subjetivas, por requerirse estar “calificada como grave en el reglamento interno de trabajo”, de acuerdo con lo expresado en Sentencia CSJ SL, 10 mar. 2009, Rad. 35105.

De acuerdo con lo anterior, el recurrente en casación tenía la carga de destruir los argumentos que se erigieron como soportes fundamentales del fallo impugnado, que al no ser controvertidos, siguen brindándole apoyo a la decisión impugnada. La calificación de intrascendente, que hace el censor respecto al tema de la validez del Reglamento interno de trabajo, que soslayó el tribunal por ausencia de firma y del certificado expedido por la cartera ministerial del ramo, no tiene asidero alguno, al ser evidente que fue uno de los pilares principales que desarrolló y elucidó el ad quem, cuando resolvió las inconformidades que se plantearon por la corporación bancaria en el recurso de apelación.

Las reflexiones del ad quem involucran aspectos estrictamente jurídicos, que no pueden ser abordados a través de un cargo orientado por la vía de los hechos, en tanto que recaen en razonamientos de puro derecho, que evidentemente soslayó el casacionista.

Desde otra arista, estima la Sala que el juez de apelaciones no realizó el análisis correspondiente para calificar la falta que se le endilgó al demandante, cuestión que tampoco es abordada por el recurrente, luego, al incurrir el censor en las omisiones señaladas en precedencia, la consecuencia no es otra, que el cargo fracase, como quiera que dejó de lado la carga ineludible de desquiciar todos los soportes de la providencia cuya anulación procura, como se dijo en precedencia.

Cumple agregar, que si bien se le atribuye al tribunal haber soslayado que el actor cometió faltas tipificadas en los numerales 1 y 5 del artículo 58 del CST, la labor analítica que desarrolló el ad quem, tuvo como marco de partida la alzada interpuesta por el banco accionado, en apego a lo dispuesto en el art. 66 A del CPTSS, aspecto que tampoco es afrontado en el recurso extraordinario.

En tal contexto, le correspondía al censor en su aspiración de anular la sentencia que impugna, destruir todos los argumentos, bien de hecho o de derecho que sirvieron de base al juzgador para adoptarla, lo que significa que aquellos pilares que permanezcan libres de crítica, seguirán sirviendo de puntal a la decisión atacada, como en efecto, ocurre en este asunto, por lo que la misma se mantiene incólume por las presunciones de acierto y legalidad que la revisten.

Por lo dicho, el cargo debe desestimarse.

Las costas en el recurso extraordinario de casación, están a cargo del recurrente, con la inclusión de la suma de $ 7.500.000, a título de agencias en derecho, y para lo cual se dará aplicación al artículo 366 del CGP.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 24 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario que instauró Carlos Ramiro Cantero Ramírez contra el Banco de Bogotá S.A.

Costas como se señaló en la parte motiva de la sentencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».