Sentencia SL16927-2017/56160 de octubre 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CASACIÓN LABORAL

SL16927-2017

Rad.: 56160

Acta Nº 15

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá D.C., dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Solicitó casar totalmente la sentencia del tribunal, para que en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, condene a la demandada a pagar a la actora “el mayor valor resultante de deducir de la pensión de jubilación otorgada por la empresa al difunto Belisario Parra Alfonso, la de vejez reconocida por el ISS al mencionado, con los reajustes legales y/o convencionales, a partir del momento en que se suspendió el pago de las mesadas, esto es desde el 16 de septiembre de 1999”, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Con tal propósito formuló dos cargos, replicados oportunamente por la demandada, los cuales se proceden a estudiar.

VI. Cargo primero

Acusó la sentencia recurrida de ser violatoria por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, y por la falta de aplicación de los artículos 1º de la Ley 33 de 1973; 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985; 18 del Acuerdo 049, aprobado por el Decreto 758 de 1990; 259, 260 y 275 del Código Sustantivo del Trabajo; 12 de la Ley 171 de 1961; 1º de la Ley 5ºde 1969; 10 de Ley 10 de 1972; 1º de la Ley 13 de 1985 y 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política.

En la demostración aduce que no existe inconformidad con las conclusiones fácticas a las que llegó el tribunal, especialmente respecto a que la demandada reconoció a Belisario Parra Alfonso una pensión de jubilación voluntaria, hasta que el ISS asumiera la pensión de vejez, obligándose a partir de ese momento a pagar el mayor valor, si lo hubiere; que al citado señor, el ISS le reconoció la pensión de vejez a partir de enero de 1992; y que a la accionante le reconoció la pensión de sobrevivientes desde el 16 de septiembre de 1999.

Afirma que el mayor valor existente entre la pensión de jubilación que se reconoció al causante por parte de la demandada y la pensión de vejez, tiene un carácter vitalicio, porque esa es la parte no cubierta por el Instituto de Seguros Sociales en relación con la pensión de jubilación que primitivamente fue reconocida al trabajador fallecido y que la propia ley denomina el mayor valor a cargo del patrono o empleador; que el carácter vitalicio de la sustitución pensional, en la parte no cubierta por la pensión de vejez, ni por la pensión de sobrevivientes, lo estatuyó inicialmente el artículo 1ºde la Ley 33 de 1973, del cual hizo cita.

Explica que posteriormente se expidió el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, el cual ordenó en su artículo 5º, que la pensión de jubilación allí señalada fuera compartida, entendiéndose que aquella conserva el carácter de vitalicia, así sea la parte o diferencia a cargo del patrono; que la misma regulación se encuentra en el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de igual año.

Indica que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, si bien se refieren al tema de la sustitución pensional, nada dicen en cuanto a la parte que está a cargo del patrono, pero ello no puede significar la pérdida por parte de la cónyuge supérstite del mayor valor o diferencia entre las dos pensiones, porque tal hermenéutica significaría ni más ni menos que la disminución del monto de la pensión de jubilación primitivamente reconocida al causante por la empresa, “obligación que solo se disminuye o comparte cuando el ISS reconoce la pensión de vejez”.

Asevera que los aportes que se hicieron al ISS, son los que permiten acceder a una pensión de vejez, “en montos primitivamente reconocidos, sobre la parte que en virtud de los artículos 5 del Acuerdo 29 de 1985 y 18 del Acuerdo 49 de 1990, permitió que se dedujera de la pensión de jubilación reconocida por la empresa. Solo en ese monto, el resto de la obligación jubilatoria, gracias a la misma normatividad siguió en cabeza de la demandada”; que por la misma razón, no se puede ahora pretender suprimir la “parte correspondiente al mayor valor”, que quedó a cargo del patrono y que obviamente fue sustituida en virtud de la muerte del causante.

VII. Segundo cargo

Se acusa de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea el mismo elenco normativo denunciado el cargo anterior.

En la demostración del ataque se cita idéntica argumentación pero aludiendo a la interpretación errónea, por lo que se hace innecesario volver a referirla.

VIII. La réplica

Se presenta en forma conjunta para los dos cargos. Aduce que el tribunal no pudo incurrir en los dislates jurídicos que le endilga la censura, pues su decisión se basó en una valoración literal de lo pactado entre el trabajador fallecido Belisario Parra y la empresa demandada, acuerdo que no comprendió la compartibilidad de la pensión más allá de la muerte del trabajador, lo que constituye “una exégesis plausible y razonable dentro de las reglas de la sana crítica que de manera alguna configuraría un error de hecho y menos aún un desatino de orden jurídico”.

IX. Consideraciones

Dada la vía escogida para el ataque, la Corte parte de los siguientes supuestos fácticos indiscutidos: i) que Industrias e Inversiones Samper S.A. le reconoció al señor Belisario Parra Alfonso una pensión voluntaria de jubilación, a partir del 4 de diciembre de 1984, conforme al acta de conciliación celebrada en el juzgado once laboral del circuito de Bogotá, con el compromiso de responder únicamente por el mayor valor cuando el ISS asuma el pago de la pensión de vejez; ii) que mediante Resolución 004563 de 1993, el ISS reconoció al afiliado la pensión de vejez a partir del 21 de enero de 1992; iii) que el señor Parra Alfonso falleció el 16 de septiembre de 1999, fecha a partir de la cual la citada entidad de seguridad social le otorgó pensión de sobrevivientes a la actora en calidad de cónyuge del causante; y iv) que la demandada no canceló a la accionante el mayor valor entre la pensión de jubilación y la de vejez que venía pagando al causante.

En este asunto desde ya ha de advertirse, que el tribunal se equivocó al negar la sustitución pensional de una pensión de jubilación voluntaria o extralegal, la cual tiene el carácter de compartida, basado en un error puramente jurídico o “juris in judicando”, con el argumento de que la “compartibilidad de la pensión se encontraba referida únicamente a la pensión de vejez” y que en el acto con que se concedió la jubilación no se mencionó que dicha compartibilidad se podía extenderse a la de sobrevivientes.

Lo anterior porque con relación a esta temática relativa a la trasmisión de las pensiones de jubilación de origen extralegal, o como en este caso voluntaria reconocida por el empleador al causante través de conciliación laboral, esta Sala ha sostenido reiteradamente, que tales pensiones son susceptibles de transmisión por causa de muerte, en las mismas condiciones que se predica respecto de las pensiones legales. De igual forma, ha precisado que la excepción a esa regla general de transmisibilidad es que las propias partes pacten una condición expresa, en la que se consigne la temporalidad o extinción de la prestación, de manera que, contrario a lo argumentado por el juzgador de segunda instancia, ante la falta de acuerdo sobre dichos aspectos, no es dable inferir que como no se mencionó que la compartibilidad podía extenderse a la pensión de sobrevivientes, “ello determinó la extinción de la obligación que la empresa demandada había adquirido en la conciliación”.

Sobre el tema de pensiones extralegales respecto de las cuales no haya sido objeto de previsión o estipulación, la transmisión a los herederos, esta Sala en Sentencia CSJ SL 8294-2014 rad. 44537, recalcó que por virtud de los:

[…]

“…principios de complementariedad y subsidiaridad, la legislación suple el vacío del acuerdo entre las partes, en relación al tema de la sustitución pensional, sin que ellas puedan alegar para no reconocerlas su no estipulación, la simple ausencia de voluntad o acuerdo, dada la preeminencia de la ley y su carácter suplementario, tratándose especialmente del tema pensional, constitucional y legalmente protegido […]. Además, la circunstancia de no haber en el texto convencional estipulación a favor de la sustitución pensional, no necesaria e indefectiblemente podía interpretarse como la exclusión ipso facto de la posibilidad de reconocimiento de la misma con la muerte del causante -según asumió el tribunal, - pues tampoco definieron lo contrario”.

Y en la sentencia SL4365-2016 rad.50757, en la que se reiteró lo dicho en la sentencia CSJ SL, 26 ene. 2005, rad. 23718, al estudiar un caso similar al que hoy ocupa la atención de la Corte, expuso:

[…]

El debate por lo tanto se circunscribe a establecer si en casos como el que se examina debe entenderse que la pensión voluntaria queda afectada por una condición resolutoria implícita en virtud de la cual dada la naturaleza intuitu personae del reconocimiento la muerte del beneficiario directo trae como consecuencia inexorable la extinción del derecho, sin que interese desde luego que dicha condición no aparezca expresamente contemplada en el acto respectivo.

Para empezar, hay que concordar con el recurrente en que las pensiones legales o convencionales difieren de las propiamente voluntarias en tanto para la configuración de las primeras es menester la existencia de unas normas previas y generales que las consagren, las cuales deben establecer los requisitos que es necesario cumplir para el nacimiento particular y subjetivo del derecho, al paso que en las segundas no se requiere de ese elemento normativo anterior porque, por decirlo de alguna manera, las mismas son fruto del capricho, o mejor de la decisión unilateral del empleador de conceder una ventaja más allá de aquello a lo que está obligado legal o convencionalmente, quedando en consecuencia sujeta la génesis del derecho únicamente a la mera voluntad del otorgante. De ahí que en lo concerniente a este tipo de pensiones se haya admitido y se admita que quien las concede las someta a alguna condición resolutoria, por ejemplo el cumplimiento de determinada edad o la asunción por la seguridad social de una pensión de vejez, para que en presencia de ellas se produzca su extinción o modificación. Pero precisamente por su carácter voluntario y en algunos casos unilateral, por no estar ceñida a ninguna regulación normativa previa, las condiciones en que se confiere deben quedar precisadas con toda exactitud y detalle en el acto que le da nacimiento, sin que sea posible suponer que en ellas va inserta una condición suspensiva implícita pues ello implica desconocer el principio de derecho, consagrado incluso positivamente, que estatuye que cualquier persona, en uso de la autonomía de su voluntad, puede obligarse a hacer un reconocimiento a favor de un tercero, siempre que no resulte comprometido el orden jurídico o haya vicios en el consentimiento, o falta de capacidad; libertad que adquiere mayor relevancia en el ámbito del derecho del trabajo donde a partir del mínimo consagrado legalmente es posible obtener por la vía de la negociación colectiva o del simple albedrío del empleador condiciones de trabajo más beneficiosas, sin que haya en ello ningún signo de ilicitud. Regla que sin lugar a duda era la vigente para la época en que se hizo el reconocimiento pensional cuya transmisión origina este proceso, cuando el Estado no había fijado ninguna directriz en materia de pensiones voluntarias, lo cual solamente se dio con la expedición del Acuerdo 029 de 1985 del ISS.

De manera que tratándose de pensiones voluntarias de jubilación, el alcance, cobertura y duración de las mismas, sobre todo las nacidas antes de 1985, debe ser fijado con toda precisión en el acto en que ellas son reconocidas, sin que sea posible deducir exigencias o limitaciones no contempladas en dicho acto, pues el ordenamiento jurídico solo vino a ocuparse de esa cuestión en el citado año, y eso para disponer por vía general la compartibilidad de dicha prestación con la de vejez que llegara a otorgar el ISS. Por lo mismo, si en tal acto de reconocimiento no es impuesta ninguna limitación, no se contraviene ninguna norma jurídica si se concluye, como hizo el tribunal, que su carácter es vitalicio, ni tampoco si se establece que la prestación se transmite a los causahabientes del jubilado fallecido en las mismas condiciones en que se sustituye la pensión legal o convencional.

Y más adelante señaló:

[…]

Sobre la transmisión de las pensiones voluntarias en los eventos en que fallece su titular, esta corporación se ha pronunciado con anterioridad, por ejemplo en fallo del 9 de marzo de 1978 donde dijo:

Conviene examinar ahora, si las pensiones de origen distinto al mandato de la ley, como las convencionales o las simplemente voluntarias, también son transmisibles y deben incrementarse en la misma forma que las legales.

“Es sabido que las leyes del trabajo contienen el mínimo de derechos y garantías que merecen los asalariados (CST, art. 13), los cuales pueden ampliarse o superarse a virtud de convenciones colectivas, acuerdos individuales entre empleado y empleador, conciliaciones ante autoridad laboral y aun por voluntad unilateral del patrono expresada en el reglamento de trabajo o en acto de simple liberalidad.

“Así pues, en tratándose de pensiones de retiro o de jubilación, el patrono puede dispensar el requisito de tiempo mínimo de servicios o el de edad exigido por la ley y aún ambos requisitos para pensionar en forma vitalicia a quien labora en su favor, ya por acuerdo particular de voluntades de uno y otro o ya mediante convenio refrendado por juez o inspector del trabajo, con las características de conciliación y la fuerza de cosa juzgada prevista para ella por los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral.

“Pero de todos modos el derecho a pensión vitalicia de retiro reconocida por el patrono al trabajador tiene la misma naturaleza de la pensión por jubilación que impone la ley a cargo del empleador cuando el asalariado cumple las condiciones de edad y tiempo de servicios exigidos por ella para poder disfrutarla, y debe en consecuencia regirse por las mismas normas de la pensión legal en cuanto atañe a las repercusiones y alcances de ese derecho con posterioridad al fallecimiento de su titular, aun en la hipótesis de que el empresario al conceder voluntariamente la pensión, diga obrar “a título de mera liberalidad”, porque de todos modos nació para el antiguo servidor una prerrogativa vitalicia de recibir pensión y el status de pensionado tiene para los servidores particulares las consecuencias post mortum que determinan las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, que ampliaron, como quedo visto, lo estatuido en normas anteriores”.

Criterio reafirmado en el fallo del 11 de febrero de 2002 (exp. 16720) en el que se explicó:

“De allí que no sea jurídicamente válido afirmar que las pensiones reconocidas voluntariamente por el empleador no pueden ser consideradas como sujetas al régimen de sustitución pensional por subrogación objetiva del riesgo, contemplado en el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, por el mero hecho de que su beneficiario fallezca antes de empezar a disfrutarla, pues en dicho caso, como también se ha sostenido, “no corresponde a la finalidad de la ley esperar a que la viuda y los huérfanos se hayan diezmado por el hambre y la necesidad para empezar a cubrir deshumanizadamente una prestación social a los sobrevivientes que puedan quedar con derecho de acrecer entre sí”; más aún cuando ella tiene su origen en la prestación de los servicios del trabajador y no en un mero acto de generosidad del empleador, como en el presente caso ocurre”.

Tales pautas no cambian con la expedición de la Ley 100 de 1993 y aunque se involucre ese cuerpo legal como norma aplicable atendiendo el hecho de que el pensionado falleció el 27 de marzo de 2001, la solución sería la misma que se dejó señalada.

Así las cosas, debe concluirse que el tribunal incurrió en los yerros jurídicos que se le enrostran, en la medida en que si bien la voluntad de las partes, plasmada en el acta de conciliación, fue el sustento para que la empresa demandada otorgara al trabajador su pensión jubilatoria, asumiendo el mayor valor cuando el ISS reconozca la pensión de vejez, ello no podía llevarse al extremo de que, fallecido su titular y en ausencia de acuerdo de las partes, no fuera procedente la sustitución pensional del total de la pensión o su mayor valor y feneciera allí tal derecho vitalicio, por el solo hecho de no existir acuerdo al respecto entre las partes, lo que conduce a casar la sentencia impugnada.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario de casación por cuanto los cargos salieron avante.

X. Sentencia de instancia

Encontrándose definido el derecho a sustituir la pensión voluntaria con carácter de compartida, que en vida disfrutó el señor Belisario Parra Alfonso, a favor de su cónyuge como se dijo en sede de casación, debe advertirse que la fuente del derecho pensional extralegal a favor del causante se acredita con el acta de conciliación obrante a folios 170 a 182 del cuaderno del juzgado.

En efecto, mediante conciliación celebrada el 5 de diciembre de 1984, ante el juzgado once laboral del circuito de Bogotá, entre Belisario Parra Alfonso y la sociedad demandada se acordó, entre otros aspectos, dar por terminado por mutuo consentimiento la relación de trabajo existente entre dicho trabajador e Industrias e Inversiones Samper S.A., así mismo que por contar éste con más de veinte años de servicio, sin que tenga la edad contemplada en el Decreto 3041 de 1966 para adquirir la pensión de vejez, la empresa le concedió “a manera de pensión extralegal”, a partir del 5 de diciembre de 1984, una pensión voluntaria de jubilación “en cuantía del 75% o sea con las características contempladas en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo hasta el día que el instituto de los (sic) Seguros Sociales, asuma la pensión de vejez, o sea cuando el trabajador cumpla los 60 años de edad. Obligándose la empresa a partir de dicha fecha a pagar el mayor valor que resulte de la pensión que reconozca el ISS y la que esté pagando la empresa en la fecha de la compartición”.

De tal modo, resulta claro que el causante y la empresa demandada no pactaron ninguna condición de temporalidad frente al pago de la pensión de jubilación o su mayor valor, lo que permite colegir que a la muerte del trabajador, la prestación trasmite a sus beneficiarios en las mismas condiciones en que la venía disfrutando el pensionado fallecido.

Ahora, como el ISS asumió el pago de la pensión de vejez del causante a partir del 21 de enero de 1992, de acuerdo a la compartibilidad convenida en el acta de conciliación, desde esa fecha la empresa demandada quedó obligada a pagar únicamente la diferencia que resulte entre la pensión de jubilación y la de vejez.

De otro lado, debe decirse que en este asunto no se discute la calidad de beneficiaria de la actora, pues contrajo matrimonio con el causante y convivió con él hasta el día de su fallecimiento, lo que no fue controvertido por la accionada, y en tales condiciones no hay duda que le asiste el derecho a que la empresa le sustituya la pensión voluntaria vitalicia que su cónyuge disfrutaba en vida, en virtud de que como ya se indicó, al convenirse el pago de la jubilación a favor de aquel no se pactó cláusula de temporalidad alguna, pues solo se aludió al carácter compartido que tendría la prestación desde la data en que el ISS asumiera el pago de la pensión de vejez, y en esas condiciones será sustituida.

Como para la fecha de la muerte del pensionado, ya se había reconocido la pensión de vejez, lo que se trasmite a la cónyuge es el mayor valor respecto a lo que venía cancelando por la jubilación.

Así las cosas, y dado que el causante falleció el 16 de septiembre de 1999, las diferencias pensionales por el mayor valor causadas, serán las comprendidas desde la citada fecha hasta el 30 de septiembre de 2017.

De otro lado, en relación a la súplica de los intereses moratorios, no hay lugar a emitir condena por este concepto, dado que, conforme al criterio jurisprudencial vigente, solo tienen cabida frente a pensiones expresamente reguladas en la Ley 100 de 1993, que no es el caso, tal como se ha dicho en las sentencias CSJ SL 28 nov. 2002, rad. 18273, CSJ SL 24 mayo 2007, rad. 30325, CSJ SL 1 sep. 2009, rad. 37045, ratificadas en fallos CSJ SL 19 oct. 2011, rad. 49152 y CSJ SL 30 ene. 2013, rad. 39662, SL1690-2017 y SL14509-2017, 13 sep. 2017, rad. 49499. De igual forma la Sala tiene dicho, que estos no proceden cuando se trata de mora en el pago de reajustes o diferencias pensionales como se dijo en sentencias CSJ SL13098-2016, rad.47442 y SL13742-2017, rad. 47944.

Teniendo en cuenta que la empresa accionada propuso la excepción de prescripción, se declaran prescritas las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 11 de octubre de 2001, toda vez que la demanda inicial se presentó en igual día y mes del año 2004, sin que exista prueba alguna de que previamente se hubiera presentado alguna reclamación que interrumpiera el término.

Por las razones expuestas se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se declarará que la actora tiene derecho a que la demandada le sustituya la pensión voluntaria de jubilación que venía cancelándole al causante Belisario Parra Alfonso, la cual tiene el carácter de compartida con la de sobrevivientes reconocida por el ISS. En consecuencia, se condenará a la accionada a pagar a favor de la demandante la suma de $ 140.238.845,73 por concepto de las diferencias causadas no prescritas, entre la pensión de jubilación y la de sobrevivientes, en el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2017. Así mismo, se ordenará que Industrias e Inversiones Samper S.A. en liquidación continúe pagando mensualmente el mayor valor que resulte por compartibilidad pensional, con una mesada pensional para el año 2017 que asciende al valor de $ 800.488,92. Se confirmará las demás absoluciones impartidas por el a quo.

Todo lo anterior es dable consignarlo en el siguiente cuadro:

1
 

2
 

No se generan costas en la alzada y las de primera instancia serán a cargo de la demandada.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2011, por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por María Ana León de Parra contra Industrias e Inversiones Samper S.A. en liquidación.

En sede de instancia,

RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia dictada por el juzgado octavo laboral de descongestión del circuito de Bogotá, el 14 de abril de 2008, en cuanto absolvió de las diferencias pensionales demandadas.

2. En su lugar, DECLARAR que la accionante tiene derecho a que la demandada le sustituya la pensión voluntaria de jubilación que venía cancelándole en vida a su cónyuge Belisario Parra Alfonso, la cual tiene el carácter de compartida con la de vejez reconocida por el ISS.

3. CONDENAR a Industrias e Inversiones Samper S.A. en liquidación a pagar a favor de la demandante la suma de $ 140.238.845,73 por concepto de las diferencias causadas entre la pensión voluntaria de jubilación y la de sobrevivientes del ISS, desde el 11 de octubre de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2017. Así mismo, la accionada deberá continuar pagando mensualmente desde octubre del presente año, el mayor valor que resulte por compartibilidad pensional, en la suma mensual $ 800.488,92 para el año 2017 con los incrementos de ley.

4. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 11 de octubre de 2001.

5. CONFIRMAR las demás absoluciones impartidas por el a quo.

6. Costas como quedó dicho en la parte motiva de este proveído.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».