Sentencia SL16954-2017 de octubre 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE DESCONGESTIÓN DE CASACIÓN LABORAL

SL16954-2017

Radicación: 53280

Acta 15

Magistrada Ponente:

Dr. Dolly Amparo Caguasango Villota

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

El recurso fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

(…).

VII. Consideraciones

En esencia el recurrente sostiene que, contrario a la concluido por el juez de apelaciones, se cumplieron los requisitos fácticos necesarios para terminar el contrato de trabajo con justa causa, con ocasión del reconocimiento al demandante de la pensión de vejez e inclusión en nómina de pensionados; yerro que deriva de la indebida valoración y falta de apreciación de las pruebas que denuncia en el cargo.

En primer lugar, la Sala precisa que si bien, la convención colectiva de trabajo fue denunciada como prueba mal estimada, en realidad ninguna sustentación o demostración efectuó el recurrente a fin de acreditar las razones por las cuales dicho acuerdo no fue bien valorado, lo que no le permite a la Sala adentrarse en su análisis.

Ahora, revisadas las pruebas denunciadas, encuentra la Sala que mediante Resolución 15779 del 28 de agosto de 2005 el ISS le concedió pensión de vejez al actor en cuantía mensual de $ 1.230.820 para el año 2005, más los reajustes de ley. En dicho acto se dispuso: «Esta prestación se dejará en RESERVA hasta tanto el (la) asegurado(a) PÉREZ GIRALDO presente ante el ISS el Acto Administrativo mediante el cual se ACEPTA su RENUNCIA a la última entidad pública en la cual laboró, que en este caso es EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN» (fls. 15 y 16). Según costa en el vuelto del folio 16, dicha decisión fue notificada al promotor del proceso el 5 de diciembre de 2005.

Al respecto advierte la Sala, que no es cierto que el tribunal no hubiera apreciado dicha prueba, pues en realidad sí la tuvo en cuenta ya que hizo alusión a que la resolución que concedió la pensión fue emitida el 7 de octubre de 2005, y fue notificada al señor Pérez Giraldo el día 5 de diciembre de igual año.

En todo caso, al margen que el recurrente haya aducido la falta de valoración y no su errada apreciación, encuentra la Sala que en realidad de dicho documento surge que se reconoció la prestación por vejez, con efectividad a partir de la aceptación de la renuncia, decisión que fue notificada al convocante el citado 5 de diciembre de 2005.

Ahora, mediante el auto de 7 de octubre de 2005 (fl. 17), el ISS ordenó el ingreso del actor a la nómina de pensionados desde el 1º de noviembre de ese año, con una cuantía mensual de la pensión por la suma de $ 1.230.820. Además, dispuso que dicha prestación sería girada con la nómina de noviembre de 2005, que se paga en el mes de diciembre del mismo año. Para ello tuvo en cuenta que a través de la Resolución 15779 del 28 de agosto de 2005 le había concedido la pensión de vejez, la que «dejó en reserva hasta tanto acreditara el retiro de la entidad pública con la cual estaba laborando» y, de forma posterior se allegó la certificación en donde consta la «renuncia» del actor a partir del 1º de noviembre 2005. Dicha decisión, como se dijo, fue notificada personalmente al accionante el día 5 de diciembre de 2005.

Por su parte, en lo atinente a la Resolución 1061 de 14 de octubre de 2005 (fls. 10 y 11) expedida por la empleadora demandada, se advierte que el juez de apelaciones no se refirió a ella en su decisión; en dicho acto se resolvió dar por terminado el contrato de trabajo del accionante a partir del 1º de noviembre de 2005, por cumplir los requisitos del parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y lo previsto en la Sentencia CC C-1037 de 2003, por virtud del reconocimiento de la pensión de vejez y que mediante auto del 7 de octubre de 2005 fue ordenado el ingreso a nómina de pensionados a partir del 1º de noviembre 2005.

Luego, con la comunicación 01249167 del 14 de octubre de 2005, visible a folio 9, se le informó al convocante que mediante Resolución 1061 del 14 de octubre de 2005 se había decidido dar por terminado el contrato de trabajo desde el «31 de octubre de 2005», en razón al «reconocimiento de la pensión por vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales». Dicho documento fue recibido por el actor el día 14 de octubre de 2005 (fl. 85).

Ahora, según lo que evidencian las pruebas atrás reseñadas, respecto de los errores primero y segundo, en los cuales se le endilga al tribunal haber concluido que la pensión no la empezó a recibir efectivamente desde la fecha señalada por el ISS en la resolución que dispuso su inclusión desde el mes de noviembre de 2005, advierte la Sala que en realidad el tribunal se equivocó, pues a partir de que la notificación había sido realizada el 5 de diciembre de 2005, derivó que «el actor no recibió su pensión inmediatamente después de su inclusión formal en nómina de pensionados», lo que no es acertado, pues con la suficiente anterioridad esto es, desde el 7 de octubre de 2005, el ISS, a través del referido auto, ordenó la inclusión en nómina de pensionados a partir del 1º de noviembre de 2005, esto es, desde su retiro del servicio de la demandada.

Al respecto estima la Sala que la simple formalidad de la notificación no es lo relevante en estos asuntos, ya que lo importante es que se garantice la continuidad de los ingresos del trabajador, lo que en criterio de la Sala está probado en razón de su inclusión en nómina de pensionados, debiendo además destacarse que la empresa fue lo suficientemente cuidadosa para coordinar con la debida anticipación su decisión de despido con el acto de inclusión en nómina de pensionados, de tal forma que se le garantizara recibir los ingresos que le permitieran vivir dignamente.

Al respecto, debe recordarse que el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, a través de la cual se modificó parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, dispone:

PAR. 3º—Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.

Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.

Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia CC C-1037/03 con el condicionamiento de que «siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente».

En reciente Sentencia CSJ SL2509-2017, sobre el tema en cuestión se indicó que:

Del contenido de este texto normativo se infieren pacíficamente las siguientes notas distintivas:

(i) Se trata de una causal de terminación de los vínculos laborales de los trabajadores del sector privado y público. Por lo tanto, de esta causal puede hacer uso el Estado-empleador para finalizar la relación de trabajo de un servidor público, sea trabajador oficial o sea empleado público, y el empleador privado para finalizar el contrato laboral con su trabajador.

(ii) El empleador puede hacer uso de esta causal cuando al trabajador le «sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones», aspecto que debe armonizarse con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia Aditiva C-1037 de 2003, que condicionó la exequibilidad del precepto en estudio en el entendido que «además de la notificación del reconocimiento de la pensión no se puede dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique [al trabajador] debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente». En consecuencia, no basta con la notificación del reconocimiento de la pensión sino que es requisito sine qua non que el trabajador sea incluido en nómina, a fin de que no exista solución de continuidad entre la fecha de su retiro y aquella en la que empieza a percibir la pensión.

(iii) El vocablo «podrá» que utiliza la norma en sus incisos primero y segundo denota que el retiro del trabajador por reconocimiento de la pensión de vejez entraña una decisión discrecional del empleador. Luego, no se trata de una causal de forzoso acatamiento, sino de una facultad que la ley le brinda al empleador y de la cual puede hacer uso cuando estime conveniente que el servidor ha cumplido su ciclo laboral en la empresa o entidad.

Con todo, no debe perderse de vista que en el caso de los servidores públicos no es posible «recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley» (C.N., art. 128).

(iv) Es aceptable legalmente que el empleador solicite la pensión en nombre del trabajador, cuando quiera que este no lo haga dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Para tales efectos, el empleador cuenta con iniciativa para solicitar y tramitar en nombre de su trabajador la pensión (resaltado fuera del texto).

En consecuencia, resulta claro que lo relevante en estos casos es que se garantice la continuidad de los ingresos de la persona en su tránsito de condición de trabajador a pensionado, dicho en otras palabras, que no haya solución de continuidad entre la fecha de retiro del servicio y aquella en que empieza a percibir su mesada, lo cual se cumplió en el caso objeto de estudio.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo que acreditan las pruebas documentales denunciadas, surge de forma evidente que se cumplieron todos los requisitos necesarios para dar por terminado el contrato con justa causa con fundamento en la causal prevista en el parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

Se afirma lo anterior, porque como quedó visto el ISS reconoció la pensión de vejez al actor el 28 de agosto de 2005, el retiro del servicio de la demandada se produjo a partir de 1º de noviembre de 2005 y, desde ese mismo día, el Instituto de Seguros Sociales ordenó la inclusión en nómina de pensionado, a través el auto emitido el 5 de octubre de dicho año.

De conformidad con todo lo dicho anteriormente, es claro que se cumplieron todos los requisitos necesarios para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa con fundamento en la causal prevista en la norma atrás aludida y, por ende, se acredita el tercer error de hecho.

Sobre el particular, vale la pena rememorar lo señalado en Sentencia CSJ SL, 2 de junio de 2009, radicación 34629, reiterada en la CSJ SL3088-2014, en donde la Corte adoctrinó al respecto:

La interpretación del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, parágrafo 3º, que admite como justa causa el despido, el que el trabajador cumpla con los requisitos para acceder al derecho pensional, a la luz de la modulación que de ella hizo la Corte Constitucional en la Sentencia C-1137 de 2003, ha de conducir más que a formalidades específicas, a garantizar que la continuidad de los ingresos del trabajador, que ellos no vayan a sufrir interrupción por la pérdida de esa condición y la adquisición del status de pensionado; la empresa justamente, cuidó de que sus decisiones estuvieran acompasadas con las del ISS, de manera tal que al día siguiente de la terminación del contrato de trabajo se contaba con el reconocimiento de la pensión de vejez, en resolución que anunciaba su inclusión en nómina al disponer el pago de la mesada siguiente, en la oportunidad correspondiente, una vez vencido el primer mes como pensionado.

La comunicación del despido no puede sujetarse a la regla que supone el tribunal como la de notificación oficial y previa de la resolución de reconocimiento de pensión, si de manera informal es necesario que tanto la empresa como la institución de seguridad social actúen al unísono, acordando informal el momento en que cada una de ellas va a obrar, para señalar el uno la fecha de terminación del contrato y la consecuente desafiliación como trabajador, y la segunda fijar la fecha de reconocimiento de la pensión asegurando que para ese momento va a estar desafiliado, y no se van a causar más cotizaciones, y así liquidar el derecho pensional teniendo en cuenta la última cotización.

De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que no le asistió razón al ad quem al condenar a la demandada al reconocimiento de la indemnización convencional prevista por el despido sin justa causa, como quiera que en el presente caso no hubo solución de continuidad entre la fecha de retiro del servicio y aquella en que fue incluido en nómina a fin de percibir su mesada, y en tales condiciones no se configuró un despido injusto.

Por lo anterior, el cargo prospera y, por ende, la Sala queda relevada de analizar el primer cargo, por perseguir igual cometido.

Sin costas en el recurso extraordinario, como quiera que la demanda de casación prosperó.

VIII. Sentencia de instancia

Actuando la Corte, como tribunal de instancia, en grado jurisdiccional de consulta, son suficientes los argumentos esgrimidos en la esfera casacional, para confirmar íntegramente la decisión absolutoria de primera instancia.

Las costas de primera instancia estarán a cargo de la parte demandante. Sin costas en la consulta.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 27 de mayo de 2011, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HERIBERTO ARCÁNGEL PÉREZ GIRALDO contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En sede de instancia,

RESUELVE:

1. Confirmar el fallo proferido el 20 de octubre de 2009 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín, de conformidad con lo expuesto.

2. Costas como se indicó en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»