Sentencia SL1699-2016/49306 de febrero 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL1699-2016

Rad. 49306

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 004

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil dieciséis.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Margarita Quintero de Estrada y Óscar León Estrada, contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso que los recurrentes le siguen al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones y a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP “ISA”.

I. Antecedentes

La señora Margarita Quintero de Estrada y Óscar León Estrada, demandaron al ISS, hoy Colpensiones, y a Interconexión Eléctrica S.A. ESP “ISA”, para que se condenara al primero, y solidariamente a la segunda, al reconocimiento de la sustitución pensional y/o pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su hijo Orlando de Jesús Estrada Quintero, a partir del 29 de septiembre de 2002; al pago del retroactivo de las mesadas presentes y futuras, junto con los incrementos de ley, que debe ser liquidado con base en todos los ingresos que recibía el causante, la indexación y los intereses moratorios.

Como fundamento de sus pretensiones adujeron que su hijo, nacido el 21 de septiembre de 1949, falleció el 29 de septiembre de 2002; que se encontraba pensionado por la empresa mencionada desde el 23 de noviembre de 1998, en cuantía inicial de $ 906.249, en virtud al plan de “pensión de jubilación anticipada especial” que ofreció la empresa con fundamento en el pacto colectivo de trabajo; que fue afiliado por su empleadora para los riesgos de invalidez, vejez y muerte hasta cuando cumpliera los requisitos para la pensión de vejez a cargo del ISS; que para la fecha del deceso había cotizado 1742 semanas, contaba con 54 años de edad y percibía la pensión de jubilación anticipada por cuenta de la empresa, la cual fue liquidada con base en el 75% del IBL, que deberá ser incrementado al 85% del promedio real devengado, tenido en cuenta para la liquidación de la pensión; que el 75% del IBL para la fecha del fallecimiento correspondía a $ 1.352.396 mensuales; que a la data del deceso, el causante se encontraba cotizando al ISS; que este Instituto les negó la pensión de sobrevivientes argumentando que no dependían económicamente de su hijo; que igual determinación adoptó la empresa demandada con base en la investigación administrativa que adelantó el ISS; que los funcionarios del ISS no se percataron que para la fecha en la que falleció su hijo, en el hogar se sufragaban gastos que sin el aporte del causante no era posible satisfacer, y que según la Corte Constitucional, no se requiere que la dependencia sea total y absoluta, según lo dijo en la Sentencia C-111/06.

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las anteriores pretensiones por considerar que los demandantes no dependían económicamente del causante. En cuanto a los hechos admitió que los accionantes son los padres del causante; que el último empleador fue Interconexión Eléctrica S.A.; que estuvo afiliado y cotizó 1742 semanas al ISS; el reconocimiento de la pensión anticipada de jubilación; que los accionantes reclamaron la pensión demandada, que les fue negada por no depender económicamente del de cujus, pues el padre era pensionado por ese Instituto. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, no haber acreditado la demandante el lleno de los requisitos legales para el otorgamiento de la sustitución pensional, prescripción, indexación, pago y compensación, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

Por su parte, la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP “ISA”, a través de apoderado judicial también se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos admitió que los accionantes son los padres del causante; que le fue reconocida una pensión de jubilación anticipada en virtud del pacto colectivo de trabajo desde la fecha y la cuantía indicada en la demanda; que reclamaron la pensión de sobrevivientes pero les fue negada por no ser dependientes económicamente de su hijo, y que el artículo 47 de la Ley 100 exige dependencia económica de los padres respeto de los hijos para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, no totalidad de requisitos para acceder a la sustitución, prescripción y buena fe.

II. Sentencia de primera instancia.

Fue pronunciada el 27 de noviembre de 2009, y con ella el Juzgado condenó al ISS a reconocer y pagar a los accionantes la pensión de sobrevivientes durante el período comprendido entre el 26 de marzo de 2004 y el 31 de octubre de 2009, tiempo durante el cual se generó un retroactivo de $ 137.397.268,08, y a continuar pagando la pensión desde el mes de noviembre de 2009 en cuantía de $ 2.026.461,30, con los incrementos legales, la mesadas adicionales y los intereses moratorios desde el 26 de marzo de 200 (Sic), y hasta cuando se haga efectivo el pago de la pensión. También condenó a la empresa demandada a pagar el mayor valor causado entre la pensión que venía cancelando y la que le corresponde al ISS. Absolvió de las demás pretensiones y condenó en costas a la entidad vencida en el proceso.

III. Sentencia de segunda instancia

La alzada se surtió por apelación de las demandadas y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal revocó la del a quo, y en su lugar las absolvió de todas la pretensiones con imposición de costas a los demandantes.

Dejó en claro que el problema a resolver giraba alrededor de la dependencia económica de los demandantes respecto de su hijo, la cual encontró demostrada el a quo.

También precisó que en atención a que el causante falleció el 29 de septiembre de 2002, las normas aplicables eran los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, sin modificaciones, según los cuales, los ascendientes del pensionado o afiliado tienen vocación de ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, siempre que no existan otros con mejor derecho, y además, que dependieran económicamente del causante.

Para la verificación de la presencia de este requisito, desestimó la declaración de Lilian Janet Estrada Quintero, hija de los demandantes y hermana del de cujus, pues por razón del parentesco tiene interés en la demanda, razón por la que de su dicho no puede desprenderse prueba que lleve a una certeza de la dependencia predicada.

Respecto del testimonio de Ana de Jesús Montoya de López, vecina de los accionantes, estimó que no ofrecía la credibilidad necesaria para concluir que el apoyo brindado por Orlando Estrada Quintero a sus padres tuviera la calidad de indispensable, pues el padre tiene ingresos propios equivalente a dos salarios mínimos y posee vivienda propia, circunstancias que lo hacían independiente económicamente, pues su obligación la tenía frente a su esposa, en tanto la hermana del causante, como ella misma lo afirmó, dejó la casa al cumplir los 18 años de edad. Que si se aceptara que los accionantes tienen a su cargo tres nietos, uno de ellos discapacitado, debe tenerse en cuenta que esa obligación no podía trasladarse al fallecido, “pues conforme a la ley, no son los sobrinos beneficiarios de la prestación que hoy se solicita, y en estas condiciones, si bien los menores son obligación del abuelo, no pueden motivar la concesión de la pensión del afiliado fallecido”.

Concluyó entonces que la única testigo que pudiera dar fe de la dependencia económica de los actores en relación con el hijo fallecido, no proyectaba la confiabilidad necesaria para cimentar en su dicho la confirmación de la sentencia de primera instancia.

IV. El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

En la demanda con la cual lo sustenta, que fue replicada, la parte recurrente pide a la Corte que case la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia confirme la proferida en primera instancia.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación.

VI. Primer cargo

Por la vía directa y en el concepto de interpretación errónea, acusa la sentencia de violar los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, en relación con los artículos 11, 12, 13, 25, 50, 141 y 142 de la misma ley; artículos 18 a 21 del CST y, artículos 40, 42, 48 y 53 de la C.P.

Advierte que no discute ninguna de las conclusiones fácticas a las que llegó el ad quem para revocar la sentencia del juzgado, pues la discusión gira en torno en cuanto al sentido y alcance que ese le dio al concepto de dependencia económica para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes.

Empieza por reproducir los apartes pertinentes de la sentencia del Tribunal, en relación con la conclusión sobre la ausencia de prueba de la dependencia económica de los demandantes respecto del causante, preguntándose a cuál dependencia se refería el tribunal, cuyo criterio es el de que tiene que ser de una entidad indispensable para la subsistencia de los padres, pero no la que ha establecido esta Corte.

Que para el Tribunal no fue determinante si el aporte que el hijo realizaba para la manutención de sus padres se correspondía con el concepto de dependencia económica que exige la ley para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, pues para el juzgador tuvo más peso el hecho de que el padre percibía unos ingresos, lo cual, según el juzgador, hacía a los demandantes autosuficientes, fundamento que en su sentir es jurídico, siendo esta la razón por la que direccionó el cargo por la vía directa.

Asevera que el tema de la dependencia económica tenía que estudiarse bajo la óptica de la importancia del aporte o apoyo económico que el pensionado le brindaba a sus padres y no solamente teniendo en cuenta los ingresos del padre, que sería lo único que los convertiría en autosuficientes, tan pronto se produjera el deceso del hijo que les ayudaba para su sostenimiento. En respaldo de lo anterior copia un párrafo de una sentencia de la Corte Constitucional que no identificó, en donde se afirma que la independencia económica se refiere a la autonomía necesaria para sufragar los costos de la propia vida a través de la capacidad laboral o de un patrimonio propio, que garantice una vida en condiciones dignas y justas, características que en el caso presente no se dan por las particularidades del hogar de los demandantes, en el que existen menores de edad a su cargo, lo que determinaba que el ingreso del señor Óscar León Estrada resultaba insuficiente para cubrir las necesidades básicas de su hogar, si requerir de ayuda, en este caso de su hijo.

Que si bien no discute que los tíos no tienen obligación alimentaria para con los sobrinos, en el presente caso debe analizarse que al asumir el padre del causante la obligación de sus nietos, el aporte de este (de cujus) resultaba definitivo para mantener condiciones dignas de existencia propias y las de su cónyuge, pues esa carga le resultaba muy onerosa que exigía aportes complementarios suministrados por Orlando de Jesús Estrada, hecho este en el que radica la importancia de la ayuda que según la jurisprudencia de esta Corte genera dependencia económica, cumpliéndose así con este requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Afirma que sería distinto si el demandante no hubiera asumido la carga de los nietos, pues en ese caso la ayuda económica que proporcionaba el hijo fallecido resultaría intrascendente frente a los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en punto a la pregonada dependencia.

Se refiere a las sentencias del 11 de mayo de 2004, Rad. 22132 y a la C-0111 de 2006 de la Corte Constitucional, para aludir a que la dependencia económica no debe ser total y absoluta, y que por el hecho de que los padres perciban otras ayudas monetarias, no puede descartarse la presencia del requisito exigido por el artículo 47 de la Ley 100 ibídem, pues no obstante que el Tribunal advirtió que la dependencia no podía ser completa y que debía examinarse en cada caso, la terminó calificando de modo tal que la subordinación económica le pareció insuficiente el aporte del hijo para la economía del hogar conformado por los accionantes y los nietos de estos menores de edad.

Finalizó su demostración, afirmando lo siguiente:

“…no hay duda que el Tribunal Superior de Medellín modificó el alcance verdadero de la exigencia legal sobre la dependencia económica pues a pesar de referirse al entendido que la Corte Suprema le ha dado al concepto señalando que la misma no es total y absoluta, al aplicarlo al caso concreto lo califica desbordando el sentido común al desconocer la importancia del aporte que, para la subsistencia de los demandantes, tenía el aporte económico que les realizaba.

De haber interpretado cabalmente lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el alcance y contenido del término “dependencia económica”, el Tribunal habría confirmado la sentencia del a quo que reconoció el derecho en los términos del escrito de la demanda”.

VII. Segundo cargo

Por la vía indirecta acusa la sentencia del Tribunal por aplicación indebida de los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, en relación con los artículos 11, 12, 13, 25, 50, 141 y 142 de la misma ley; artículos 18 a 21 del CST, y artículos 40, 42, 48 y 53 de la C.P.

Violación de la ley que afirma se dio por la indebida apreciación de la Resolución 003430 de marzo 2 de 2004, obrante a folio 23 y siguientes, y la comunicación 005899-1 de marzo 24 de 2004 (Folio 36), suscrita por el Director Gestión Talento Humano de ISA, al igual que las declaraciones de Ana de Jesús Montoya de López y Lilian Yaneth Estrada Quintero.

Equivocación apreciativa que afirma, condujeron al ad quem a cometer los siguientes errores de hecho:

1. No haber dado por demostrado a pesar de estarlo, que los demandantes dependían económicamente de su hijo fallecido.

2. Haber dado por demostrado sin estarlo que los demandantes son autosuficientes y que no dependían económicamente de su hijo fallecido.

Para la demostración del cargo copia lo pertinente de los documentos denunciados por su errónea apreciación, alusivos a la ausencia de la dependencia económica porque el padre del causante percibía una pensión de vejez equivalente a dos salarios mínimos legales, y además, era quien cubría las necesidades básicas del hogar.

Dice que a esa conclusión equivocada arribó el Tribunal, porque la ayuda del hijo fallecido concurría con el aporte del actor a la manutención del hogar del que hacían parte menores de edad, complementando el ingreso para satisfacer las necesidades mínimas de manera digna.

En cuanto a la declaración de Ana de Jesús Montoya de López, expresó que coincide en lo fundamental con la de Lilian Janeth Estrada Quintero, sin que se le pueda restar valor probatorio a su dicho por el simple hecho de ser hija de los demandantes, pues quien mejor que los miembros de la familia para que sean testigos de las circunstancias sobre la dependencia económica, la cual se deduce con meridiana claridad de estos testimonios, las cuales desvirtúan lo dicho por el juzgador en cuanto la misma no se demostró.

Acude a la sentencia CSJ SL, 5 dic. 2007, rad. 30385 para afirmar que la ayuda económica que los hijos proporcionan a sus padres no desvanece la dependencia económica por el hecho de que estos tengan ingresos propios.

VIII. La réplica

En cuanto al primer cargo, el apoderado del ISS afirma que el fundamento del fallo acusado descansa únicamente en una conclusión probatoria, deducida de la apreciación de las declaraciones, sin que el Tribunal hubiera interpretado el concepto de la dependencia económica, como se afirma en el cargo, y que cosa distinta es que haya deducido que lo recopilado en el haz probatorio le daba la suficiente convicción para determinar que en este caso no existía la aludida dependencia, por ello el cargo está equivocado en su orientación, pues el sustento medular de la sentencia es fáctico.

Respecto del segundo cargo, se sostiene que con los documentos denunciados por el recurrente se demuestra la dependencia reclamada, no obstante que la investigación administrativa que adelantó el ISS arrojó como resultado que la manutención de los demandantes no provenía de los ingresos del de cujus, y de otra parte, los testimonios denunciados no son prueba calificada en casación.

Entre tanto, el apoderado de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP “ISA” también clama porque los cargos sean desestimados, en razón a que el primero se dirigió por la vía directa en el que se aceptan todos los presupuestos fácticos, y más sin embargo el soporte del fallo es en lo fundamental fáctico, pues de la apreciación de las pruebas concluyó que no estaba demostrado el requisito de la dependencia económica previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y que, además, la argumentación del ataque es un alegato propio de instancias.

En cuanto al segundo cargo, dice que los documentos que denuncia la censura por su errónea apreciación, concluyen que los demandantes eran autosuficientes económicamente, y si el Tribunal se apoyó en esos medios de prueba no pudo incurrir en ningún error de apreciación, y de otra parte, no explica cuál pudo ser la distorsión en el texto de los documentos que pudo haber hecho el ad quem.

Respecto de los testimonios, también asevera que no es posible su estudio puesto que no se trata de prueba calificada en casación.

Por último sostiene que el juez de la apelación no cometió ninguno de los errores de hecho puesto que se trata de dos personas que efectivamente cuentan con medios económicos para atender sus necesidades básicas, y en esa medida no es posible concluir que exista la mentada subordinación económica, pero que en todo caso, tampoco se presentó un error evidente en la apreciación de estas pruebas.

IX. Consideraciones

La Sala examinará conjuntamente los dos cargos, no obstante estar orientados por vías distintas, dado que denuncian similar cuerpo normativo y buscan el mismo objetivo.

El primer cargo carece de vocación de prosperidad, pues no obstante estar direccionado por la vía directa en el concepto de interpretación errónea, senda que supone total conformidad con la valoración probatoria del ad quem, hay que tener de presente que lo expuesto por el ad quem es eminentemente fáctico, en tanto no halló prueba que demostrara la pregonada dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido, y en cambio de los documentos obrantes a folios 23 y siguientes 36, coligió que los demandantes, desde el punto de vista económico, eran autosuficientes porque el padre del de cujus devenga una pensión equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales, y además poseía vivienda propia.

Por tanto, debió orientarse el ataque por la senda indirecta para tratar de socavar la apreciación que hizo el Tribunal de estos dos medios de prueba, pues sin lugar a dudas el soporte esencial del juzgador fue de orden fáctico.

Además, y como lo advierte el apoderado de Interconexión Eléctrica S.A. en su escrito de oposición, las consideraciones de la censura se asemejan mucho más a un alegato propio de instancia, que al ejercicio hermenéutico que debe hacer quien acude a esta sede extraordinaria pretendiendo el quiebre de una sentencia, pues no debe olvidarse que esta llega a la Corte protegida por la presunción de acierto y legalidad, siendo necesario en la vía directa y en el concepto de interpretación errónea, que el recurrente demuestre fehacientemente los errores de exégesis en los que incurrió el ad quem, y no sustente su ataque en consideraciones de tipo personal a base de suposiciones e inferencias.

Con todo, y frente a la afirmación del censor en cuanto que por tener a su cargo los demandantes a tres de sus nietos menores de edad, circunstancia que en su sentir tornaba en insuficientes los ingresos provenientes de la pensión de vejez, siendo indispensable por este motivo el aporte que les daba el causante, es lo cierto que ni el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ni la reforma introducida por la Ley 797 de 2003, incluyó en el orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los sobrinos, ni tampoco refleja que por tener los beneficiarios del causante otras personas a su cargo, la dependencia económica se torna en inexorable, como lo pretende infructuosamente la censura.

Así lo dijo esta Corte en sentencia CSJ SL, 15 Feb. 2001, rad. 35991, en la cual expuso:

“Ello, por cuanto el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al señalar los beneficiarios de la protección de supervivencia en unos órdenes precisos y excluyentes, empezando por el reconocimiento al cónyuge, compañero o compañera permanente y los hijos del causante que se encuentren en las situaciones específicas allí previstas, para pasar, ante la ausencia de estos y aquellos, a considerar, primeramente, a los padres que tuvieran dependencia económica de aquel y, solo en su defecto, y en último lugar, a los hermanos inválidos en similares circunstancias a las de los anteriores, no hace sino reconocer que la protección del sistema de seguridad social por muerte del cotizante o pensionado a través de la pensión de sobrevivientes, surge en tanto y en cuanto dicho hecho priva de los ingresos con los cuales subsistían aquellas personas de su núcleo familiar que en el orden legal señalado estaban ‘directamente’ a cargo del causante.

En efecto, el artículo en cuestión de la Ley 100 de 1993 —en su redacción original, como igualmente lo hizo en la introducida por la modificación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003—, preveía que eran: “beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a- (…) b- (…) c- A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este. d- A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de este”.

Por manera que, vistas así las cosas, es la situación de necesidad a la que se ven expuestas las personas que dependían económicamente del causante al dejar de percibir lo que aquel les prodigaba para su subsistencia, y no propiamente los lazos de familia, lo que constituye el interés jurídicamente tutelado por el legisladora través de dicha figura de la seguridad social. Y siendo ello así, no cabe considerar dentro de esta modalidad de protección a otras personas o familiares del fallecido que pudieran servirse de manera indirecta o eventual de su patrimonio, pues es requisito sine qua non para que ella surja a la vida jurídica, la afectación inmediata y ostensible que a su supervivencia genera la interrupción del flujo de recursos económicos que regularmente el causante les proveía, la cual solo es entendible de quienes en su núcleo familiar dependían directamente de este de acuerdo al orden previsto en la ley.

Y al aludir la disposición en cita a los padres del causante no los cualifica o discrimina en su posición respecto de la jefatura de la familia, simplemente exige la existencia de un vínculo de dependencia económica con este, por consiguiente, no tendrán aptitud jurídica para aspirar a la prestación de supervivencia aquellos padres que fueren económicamente independientes o que dependieren en tal aspecto de otro miembro del grupo familiar”.

Entre tanto, en el segundo cargo orientado por la vía indirecta, la censura acusa al Tribunal de apreciar erróneamente la Resolución del ISS Nº 3430 de marzo 2 de 2004, obrante a folios 23 y siguientes, y la comunicación de la empresa demandada mediante la cual le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, apoyada en el mencionado acto administrativo, vista a folio 36, equivocación que en su opinión condujo al juzgador a no dar por demostrada la dependencia económica de los padres respecto del causante, pues del núcleo familiar conformado por los demandantes hacían parte tres nietos menores de edad.

Del contenido de la resolución mencionada, se desprende que el ISS negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con base en que con la investigación administrativa se pudo determinar que el demandante devengaba una pensión equivalente a dos veces el salario mínimo legal, y además, habitaba en casa propia, concluyendo que los accionantes no eran dependientes económicos del hijo fallecido.

De dicha valoración no se desprende un error de hecho, o por lo menos con el carácter de evidente, pues ciertamente el mismo permite afirmar que los demandantes no eran subordinados económicos del causante por tener ingresos mensuales que le permitían subvenir las necesidades básicas del hogar conformado por los promotores del juicio.

Como quiera que la comunicación mediante la cual la empresa negó la pensión de sobrevivientes tuvo sustento en la investigación administrativa que llevó a cabo el ISS, es razón por la que tampoco se avizora un error evidente de hecho en su valoración, en tanto el resultado de dicha investigación no fue desvirtuado, o cuando menos no se demuestra en casación que el tribunal se hubiera equivocado en ese ejercicio de apreciación probatoria.

En virtud de lo anterior, es decir, por no demostrarse los errores de valoración con prueba calificada en casación, la Corte no puede adentrarse en la testimonial denunciada por la censura por su equivocada estimación, por no ser un medio probatorio hábil en esta sede.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

Costas a cargo de la parte demandante, en su liquidación inclúyase la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000), por concepto de agencias en derecho.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso que los señores Margarita Quintero de Estrada y Óscar León Estrada, le siguen al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones y a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP ISA.

Costas en casación como se indicó en la parte considerativa.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno.