Sentencia SL17026-2016/39333 de noviembre 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL17026-2016

Rad.: 39333

Acta Nº 43

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá D.C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

De manera principal, pretende que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Subsidiariamente, a la luz del quinto cargo, aspira que la Sala case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto tasó los perjuicios morales en la suma de $ 40.800.000, para cada una de las demandantes y, en sede de instancia, se limite su monto a $ 12.000.000.

Con tal propósito formula cinco cargos que no fueron replicados. La Sala estudiará conjuntamente los tres primeros en cuanto persiguen el mismo fin, acusan la violación de similar elenco normativo y se apoyan en argumentos que se complementan entre sí.

VI. Cargo primero

Acusa que la sentencia es violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, bajo el concepto de aplicación indebida del artículo 216 del CST, en relación con el 57 ibídem.

Expresa que dicha violación se dio a causa de haber cometido los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo que Seguridad Nacional Ltda. actuó con la diligencia y cuidados necesarios para garantizar razonablemente la seguridad y la salud del trabajador Hernando Giraldo Osorio.

2. Dar por demostrado sin estarlo que el puesto de trabajo desempeñado por el señor Hernando Giraldo Osorio requería el suministro de mayores elementos de previsión que los entregados por la empresa, entre ellos, de manera especial, de un chaleco antibalas.

3. No dar por demostrado que el señor Hernando Giraldo Osorio recibía permanentemente capacitaciones para mejorar la seguridad en el cumplimiento de sus funciones.

4. Dar por probado sin estarlo que la dotación a un trabajador de un arma de fuego hace siempre necesario que simultáneamente se le suministre un chaleco antibalas.

5. Dar por probado sin estarlo que Seguridad Nacional Ltda. no tuvo diligencia en cuanto a las medidas necesarias para garantizar la “seguridad de la edificación”.

6. No dar por demostrado estándolo que el señor Hernando Giraldo Osorio recibió de Seguridad Nacional Ltda. todos los elementos que razonablemente se requerían para garantizar su seguridad en la prestación del servicio.

7. Dar por demostrado sin estarlo que Seguridad Nacional Ltda. no obró con la diligencia y cuidado necesarios para evitar razonablemente la ocurrencia de accidentes de trabajo al señor Hernando Giraldo Osorio.

En la demostración del cargo, en cuanto al primer error, expresa que el juzgador no apreció la Resolución 039 del 17 de diciembre de 2003, a través de la cual el entonces Ministerio de la Protección Social determinó que los hechos en que perdió la vida Giraldo Osorio “no son violatorios a las normas sobre el sistema general de riesgos profesionales”.

En cuanto al segundo, afirma que se cometió porque no apreció la diligencia de inspección judicial y las fotos obrantes en el expediente, que dan cuenta de que el sitio donde prestaba sus servicios el causante, era un lugar seguro, de acceso restringido, que permitía visibilidad y un eficaz resguardo para el trabajador en la garita desde la cual cumplía sus funciones, en condiciones que no exigían excepcionales medidas de protección para el trabajador, como sería el caso del chaleco antibalas.

En relación con el tercero, acusa que se originó en la falta de valoración de la confesión de la demandante Ofelia Ríos, quien claramente señaló que el padre de sus hijas, además de haber prestado el servicio militar en la Marina contaba con más de 15 años de experiencia en el oficio de vigilante y había realizado “todos los cursos que necesitaba”; que esa confesión junto con “la certificación del Eje Cafetero Avisec Ltda. sobre los cursos y el pensum (sic) recibido por el trabajador” —también inapreciada por el juzgador— le habría permitido establecer que la empresa se preocupó permanentemente por su servidor y lo capacitó con el fin de dotarlo de los conocimientos y elementos razonablemente necesarios para la labor que desempeñaba.

En lo que respecta a los errores cuarto y quinto, afirma que se equivocó el tribunal al concluir indiciariamente que la sola entrega del arma de fuego conllevaba a que el trabajador fuera “presa fácil de los maleantes”; que ese indicio se controvirtió con la diligencia de inspección judicial a través de la cual se demostró que la puerta de acceso y salida del parqueadero era de “barrotes” de acero, que debía permanecer cerrada con candado y que se encontraba a 11 metros de la garita donde debía permanecer el vigilante, y que el lugar era seguro y no ameritaba especiales medidas de seguridad.

En lo que concierne a los errores sexto y séptimo, asevera que se cometieron porque el ad quem no valoró la Resolución 039 de 2003 a través de la cual el entonces Ministerio de la Protección Social se abstuvo de sancionar a la demandada, en tanto estableció “la capacitación y experiencia del occiso como vigilante por más de quince años, así (…) como la correcta afiliación al Sistema de seguridad Social”, a través de la cual concluyó que los hechos en los que perdió la vida Giraldo Osorio “no son violatorios a las normas sobre el sistema general de riesgos profesionales”.

En relación con los mismos errores, acusa al juez de alzada de no haber analizado la investigación sobre el accidente de trabajo que adelantó Rubén Darío Arango Calderón, la cual permite constatar que al trabajador, no solo se le brindó un revolver 38, que además, se le dotó de un radio Kenwood 31001863 para comunicación interna que permitía, frente a cualquier situación extraña, pedir respaldo inmediato, dotación que no podía ser desconocida por el tribunal al afirmar que en “acciones tan rápidas como las de un asalto, poca oportunidad poseía la víctima de utilizar los otros medios colocados a su alcance, pues con tal lógica nunca habría en realidad protección suficiente en los casos de asaltos, ni tampoco sería garantía de protección un chaleco antibalas”.

Controvierte luego el estudio probatorio que de los testimonios hizo el ad quem para señalar que, se analizaron en forma descontextualizada; que seis declaraciones dan cuenta de que la empresa capacitaba a sus trabajadores en escuelas especializadas; que los supervisores pasaban revista cuatro veces al día en el puesto de trabajo y le indicaban al vigilante la obligación de mantener cerrada la puerta de acceso y con candado, lo que evidencia “la total diligencia de la empresa para garantizar la seguridad de los trabajadores”; que todos los testimonios son contestes en asegurar que el lugar de trabajo era seguro y que no existían condiciones que hicieran recomendable el uso de un chaleco antibalas; que al trabajador además del revólver calibre 38 se le entregó un radio de comunicación que garantizaba apoyo inmediato, en conclusión, que la empresa, “respecto de la seguridad del señor Hernando Giraldo Osorio, tuvo la diligencia y cuidado que un hombre juicioso emplea en sus negocios y por lo tanto no le es atribuible culpa alguna el fatídico suceso en que perdió la vida a manos de delincuentes”.

VII. Cargo segundo

Acusa la Sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 57 ibidem.

Expresa que a tal transgresión se arribó a causa de haber incurrido en los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por probado sin estarlo que en el desempeño de la labor encomendada al señor Hernando Giraldo Osorio, era previsible que con su propia arma de dotación, o con armas de victimarios se le causara la muerte con un disparo en su pecho.

2. Dar por probado sin estarlo que si Seguridad Nacional Ltda. hubiera suministrado un chaleco antibalas al señor Hernando Giraldo Osorio éste (sic) no habría resultado muerto con ocasión del ataque sufrido el día 19 de septiembre de 2003.

3. No dar por probado estándolo que Seguridad Nacional Ltda actuó con la diligencia y cuidado necesarios para garantizar razonablemente la seguridad del señor Hernando Giraldo Osorio en la prestación de sus servicios como vigilante en la Clínica los Rosales.

Considera que tales yerros se cometieron porque el ad quem no apreció las siguientes pruebas:

1) Documento de “atención de urgencia adultos” del señor Hernando Giraldo Osorio el día 19 de septiembre de 2003, obrante a folio 162 vto (tatuaje).

2) Acta de Inspección a cadáver, del departamento de policía de Risaralda, sección policía judicial e investigación criminalística, obrante a folios 19 y 180.

3) Inspección judicial (folios 114 a 117).

4) Fotos (folios 94, 95 y 96).

5) Investigación del accidente de trabajo (folios 81 a 84).

Comienza por afirmar que para obtener la indemnización plena de perjuicios, es necesario que el actor pruebe: (i) la culpa del empleador en la ocurrencia del daño y (ii) el nexo de causalidad entre la culpa y daño causado.

En ese contexto, para demostrar los errores primero y tercero, referidos al actuar diligente y cuidadoso de la demanda, reitera similares argumentos a los que utilizó al desarrollar el primero cargo, esto es, que tal actuar se acreditó con la inspección judicial, fotografías, confesión de la demandante, acta de inspección judicial y las declaraciones de testigos.

En cuanto al nexo causal, afirma que se equivocó el tribunal al no reparar que con los medios de prueba cuya falta de valoración acusa, se evidencia que la muerte de su ex trabajador se produjo por un hecho atribuible a terceros, lo cual descarta “que existiera nexo de causalidad entre la falta de suministro de [chaleco antibalas] y el daño sufrido, esto es, la muerte del trabajador”. Además, refiere:

“(…) se desprende que los delincuentes ingresaron al parqueadero, estuvieron cuerpo a cuerpo con el vigilante y le dispararon a quemarropa, pues no de otra forma se explica el ahumamiento en la camisa y el tatuaje dejado por el disparo; razón por la cual, ninguna injerencia en el nefasto resultado habría tenido el hecho de que el señor Hernando Giraldo Osorio hubiera portado un chaleco antibalas, pues tal prenda a tan corta distancia y en las circunstancias de tener “un revolver en la cabeza” ninguna garantía podía prestar al trabajador, por lo que, tampoco por ese aspecto se configura el requisito de causalidad necesario para configurar la responsabilidad plena del empleador en la muerte del padre de las actoras, pues con o sin chaleco antibalas, se habría tenido el mismo resultado.

Apoya la demostración, en lo dicho por la Sala en Sentencia CSJ SL, Rad. 26126, de la cual omite indicar fecha de expedición.

VIII. Cargo tercero

Expresa que la sentencia recurrida es violatoria de la ley sustancial en forma directa y bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 21 literal c, 56 inciso 1, 58, 62 inciso 1 del Decreto 1295 de 1994, en relación con los artículos 1, 24, 25, 26 27 y 28 del mismo compendio, y el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1607 de 2002, que lo llevó a la interpretación errónea del numeral 2 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con lo dispuesto en los artículos 6, 90 y 96 del Decreto Ley 356 de 1994, y los artículos 11 y 77 del Decreto Ley 2535 de 1993; Decreto 1979 de 2001, falta de aplicación del artículo 15 de la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo, todo lo cual condujo a la indebida aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Advierte de entrada que no cuestiona los supuestos fácticos y precisa que existe una clara diferencia entre la responsabilidad objetiva del sistema de riesgos profesionales previsto en la Ley 100 de 1993 y la subjetiva que consagra el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que —afirma— inexplicablemente mezcla el tribunal.

Expone que las señaladas disposiciones del Decreto 1295 de 1994, contienen las obligaciones a cargo del empleador frente al sistema de riesgos profesionales destinado a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las enfermedades y accidentes de trabajo e indica que las obligaciones derivadas del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo según el cual debe “procurarse al trabajador, locales apropiados y elementos adecuados de protección (…) en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud” del trabajador, no puede significar —como se desprende de la Sentencia del tribunal—, “que para no incurrir en culpa suficientemente comprobada, el empleador este (sic) obligado a la cobertura total de los riesgos que están implícitos en su actividad, porque, y ello debe resaltarse, la existencia del sistema de riesgos profesionales, por definición, parte de la base de que toda actividad laborar (sic) conlleva la posible ocurrencia de accidentes o enfermedades propias de la labor”.

Precisa que en la legislación colombiana no existe norma constitucional, legal o reglamentaria que imponga a las empresas de seguridad privada, en los casos de vigilancia fija, la obligación de suministrar chalecos antibalas, que es así como el Decreto Ley 356 de 1994 en sus artículos 6, 90 y 96 y el Decreto Ley 2535 de 1993 en sus artículos 11 y 77, determinan las modalidades para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, fijan las condiciones para la prestación del servicio, el armamento y las municiones a utilizar, pero no imponen la obligación de suministrar los citados elementos de seguridad.

Luego, concluye:

En síntesis, al no existir norma que expresamente imponga a las empresas de vigilancia privada, en los casos de vigilancia fija, la obligación de suministrar a sus trabajadores chalecos antibalas y al estar acreditado como se expresó en las premisas fácticas en que se basó el tribunal para proferir su sentencia, que el sitio donde se prestaba el trabajo era seguro, que el trabajador era capacitado, que fue dotado con arma de fuego y radios de comunicación y que contaba con supervisores de apoyo, comportamientos, que prima facie muestran, la diligencia y cuidados razonables que exige el artículo 57 del C.S.T. por parte del empleador, en los términos del artículo 216 del C.S.T. no es dable atribuirle al empleador en este caso una culpa suficientemente comprobada en los hechos en que perdió la vida el padre de las actoras (las resaltas son del texto).

IX. Consideraciones de la Corte

La indemnización total y ordinaria de perjuicios ocasionada por accidente de trabajo, prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes, de modo que cuando se reclama esta indemnización ordinaria, debe el trabajador demostrar la culpa al menos leve del empleador, y a este que tuvo la diligencia y cuidados requeridos, para que quede exento de responsabilidad.

No obstante, cuando se le imputa al empleador una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a él le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, mediante la aportación de pruebas que acrediten que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores (CSJ SL7181-2015 y CSJ SL, 7 oct. 2015, Rad. 49681).

En ese contexto, debe dilucidar la Sala: (i) si la empleadora actuó con la diligencia y cuidado necesarios para garantizar la seguridad y la integridad física de su trabajador, y (ii) si se configuró el nexo causal entre la muerte del trabajador y la culpa del empleador, al no haberle suministrado un chaleco antibalas.

En este orden, no es materia de discusión que: (i) Hernando Giraldo Osorio estuvo vinculado a la demandada a través de varios contratos de trabajo desde el 8 de mayo de 1997 hasta al 19 de septiembre de 2003; (ii) que el trabajador desempeñaba el cargo de guarda de seguridad; (iii) que falleció a consecuencia de las lesiones propinadas con arma de fuego por delincuentes que ingresaron a las instalaciones de la edificación sometida a vigilancia de la empresa demandada; (iv) que la empresa le suministró dotación de un revolver calibre 38 largo para la ejecución de sus labores, y (v) que no le suministró un chaleco antibalas.

1. ¿Actuó la demandada con la diligencia y los cuidados necesarios para garantizar la seguridad e integridad física de su trabajador?

Al analizar los diferentes medios de prueba cuyo juicio de valor acusa la censura, objetivamente la Sala encuentra lo siguiente:

1) La resolución número 039 del 17 de diciembre de 2003, emanada del otrora Ministerio de la Protección Social (fls. 89 a 91), pone de presente que el móvil que causó la muerte de Giraldo Osorio fue “el hurto” de su arma de dotación por parte de varios delincuentes quienes simulando ser empleados de una empresa de servicios públicos, ingresaron al sitio donde prestaba sus servicios parqueadero de la Clínica los Rosales-. Los delincuentes encontraron resistencia por parte del vigilante, quien se negó a entregarles el arma de dotación, al punto que se generó una lucha cuerpo a cuerpo que estuvo acompañada de varios disparos, que terminaron con la vida de Giraldo Osorio y de uno de los asaltantes, relato que coincide con el informe del accidente de trabajo (fls. 81 a 84).

2) Con la resolución objeto de análisis, el ente gubernamental se abstuvo de sancionar a la demandada por cuanto los hechos que terminaron con la vida del padre de las demandantes “no son violatorios a las normas sobre el sistema general de Riesgos Profesionales”; o dicho de otro modo, porque no encontró demostrada la falta de diligencia y cuidados necesarios para garantizar la seguridad e integridad física de su trabajador, toda vez que la empleadora cumplió con las normas sobre riesgos laborales a los cuales estaba expuesto Giraldo Osorio.

3) De otra parte, si el fallador de segundo grado hubiese analizado la inspección judicial (fls. 114 a 116) y las fotografías de las que sí se valió el a quo (fls. 94 a 96), habría establecido que las medidas de protección del lugar donde prestaba sus servicios Giraldo Osorio, eran adecuadas para su seguridad e integridad, dado que contaba con una puerta de barrotes de acero que tenía una dimensión aproximada de 8 metros de ancho por 3 de alto; el acceso era restringido y se encontraba asegurado con candado; tenía una garita interior ubicada a 11 metros de distancia de la puerta de entrada desde la cual Giraldo Osorio debía cumplir sus labores de vigilancia, todo lo cual permite colegir que la empleadora sí adoptó las medidas pertinentes para precaver los peligros que razonablemente pudo prever.

Ese análisis fáctico, deja sin piso la conclusión del tribunal en punto a la falta de diligencia y cuidado de la empresa accionada, en cuanto a la seguridad de la edificación, pues como se vio, en el proceso se acreditó que las instalaciones donde prestaba sus servicios el causante, sí contaban con las medidas de resguardo requeridas para protegerlo de los riegos propios de la actividad de vigilancia; otra cosa es aquellas sucumbieron ante los artilugios que usaron los delincuentes, como lo fue el utilizar prendas de una empresa de servicios públicos, para engañarlo y, así, agredirlo letalmente y despojarlo de su arma de fuego.

4) Igualmente, si el tribunal hubiese valorado el interrogatorio de parte absuelto por la demandante Ofelia Ríos Osorio (fls. 118 a 119), hubiera advertido que la sociedad cumplió con las obligaciones que le imponen los numerales 1 y 2 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, así como las previstas en los artículos 21, inciso 1 del artículos 56, 58 y 62 del Decreto 1295 de 1994, ya que sin reparo confesó que Giraldo Osorio “tenía mucha experiencia ya que iba a cumplir 15 años en la empresa, y había hecho todos los cursos correspondientes que necesitaba” (se resalta); esto es, estaba suficientemente capacitado en el ejercicio del cargo de guarda de seguridad, como se acredita también con las constancias de los diferentes cursos que él adelantó (fls. 75 a 80).

5) Lo dicho por Ríos Osorio se corrobora con las declaraciones de varios de los deponentes, quienes fueron contestes al afirmar sobre el particular y, además, en precisar que la empresa capacitaba a sus trabajadores en escuelas especializadas; que los supervisores pasaban revista cuatro veces al día en el puesto de trabajo y le indicaban al vigilante la obligación de mantener cerrada la puerta de acceso y con candado; que el lugar de trabajo era seguro y no existían condiciones que hicieran recomendable el uso de un chaleco antibalas dado que era un punto de trabajo “preventivo” y no se consideraba como de “alto riesgo”; que al trabajador además del revólver calibre 38 se le entregó un radio de comunicación que garantizaba apoyo inmediato, tal y como de ello dan cuenta los testimonios de Luis Arturo Betancourt Orozco (fl. 121), Jairo Antonio Buitrago Londoño (fl. 125), Rubén Darío Arango Calderón (fl. 137) y Luis López Marín (fl. 153).

En esas condiciones, para la Sala, se equivocó el tribunal al concluir que la demandada no demostró que actuó con la diligencia y cuidados necesarios para garantizar la seguridad y la integridad física de su trabajador, en tanto al plenario está debidamente acreditado que: (i) cumplió con las medidas para evitar riesgos laborales; (ii) suministró a su trabajador los elementos de protección necesarios para cumplir con su labor; (iii) capacitó al causante , y (iv) el sitio de trabajo contaba con las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, de modo que bajo la perspectiva fáctica con la que se orientaron los dos primeros cargos, no está acreditada la culpa de la empleadora que dé lugar a la condena de la indemnización plena de perjuicios reclamada.

2. ¿Se configuró el nexo causal entre la muerte del trabajador y la culpa del empleador, al no haberle suministrado un chaleco antibalas?

Ha de señalarse que la relación de causa-efecto que debe existir entre la culpa del empleador y el daño causado al trabajador con el accidente de trabajo, además de ser un elemento sine qua non de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios, constituye una pauta de justicia en la medida que, nadie está obligado a resarcir un daño cuando no ha dado causa o contribuido a él.

Así las cosas, desde ya se advierte que también erró el fallador de segundo grado al concluir que el nexo causal del fatal accidente de trabajo, se configuró porque la empleadora dotó al trabajador de un arma de fuego y, sin embargo, no le suministró el correspondiente chaleco antibalas.

Así es porque ni la legislación colombiana ni la jurisprudencia han establecido exigencias de tal connotación, conforme a continuación se explica.

1) Ni el Decreto 2535 de 1993 ni el Decreto 356 de 1994, así como tampoco el Decreto 1979 de 2001, a través del cual se expidió el manual de uniformes y equipos para el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada, impone a las empresas de vigilancia la obligación de dotar de chalecos antibalas a quienes se les suministre armas de fuego y presten sus servicios en puestos fijos.

Ello significa que sí incurrió el ad quem en el error jurídico que le endilga la censura en el tercer cargo, dado que no existe normativa alguna que obligue a las empresas de vigilancia que doten a sus trabajadores asignados a puestos fijos con armas de fuego, suminístrales un chaleco antibalas, la cual tampoco surge de las obligaciones especiales previstas en los artículos 56 y 57 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo dio por sentado el tribunal, toda vez que lo que dichas disposiciones imponen, es procurar a los trabajadores elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma tal que se les garantice “razonablemente” su seguridad y su salud.

2) Ahora, si bien es cierto, que la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que la vigilancia en determinados casos, bajo circunstancias fácticas precisas constituye una actividad de alto riesgo, en casos tales como los de las compañías que prestan servicios de escoltas a personas o bienes o se resguardan valores, dinero, joyas, etc., en razón a que los vigilantes se encuentran expuestos de manera latente a la delincuencia común y organizada, tal y como se dijo en la Sentencia CSJ-SL del 26 de mayo de 1999, Rad. 11158, lo cierto es que esa orientación no aplica en el sub lite, porque las actividades de vigilancia que desarrollaba el causante en el parqueadero de la clínica Los Rosales, así como las particulares circunstancias en las que perdió la vida, no se avienen a las condiciones descritas.

En conclusión, se equivocó el tribunal al dar por demostrado que el nexo causal entre la muerte del trabajador y la culpa del empleador estuvo dado por el hecho de haberle suministrado un arma de fuego y no haberlo dotado de un chaleco antibalas.

Los cargos prosperan.

La Sala queda relevada de estudiar los restantes.

Sin costas en casación.

X. Sentencia de instancia

Son suficientes las razones expuestas en sede de casación para confirmar la sentencia de primer grado y desestimar la apelación de la demandante (fls. 199 a 207), dado que como quedó visto, no existió culpa patronal de parte de Seguridad Nacional Ltda. en los hechos en los que perdió la vida su trabajador Hernando Giraldo.

Sin costas en la segunda instancia, las de primera estarán a cargo de la parte demandante.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil ocho (2008) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario que adelanta Ofelia Ríos Osorio en representación de Andrea y Viviana Giraldo Ríos, contra Seguridad Nacional Ltda.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2008, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.

2. COSTAS como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».