Sentencia SL17060-2017 de julio 12 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Gerardo Botero Zuluaga

SL17060-2017

Rad.: 45634

Acta 25

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

XII. CONSIDERACIONES

Al compartir idéntico propósito, soportar las acusaciones en normas similares y al ser complementarios los argumentos, procede esta Sala de la Corte a estudiarlos en su conjunto, para de esa manera superar las deficiencias advertidas por la réplica, relacionadas con la impropiedad de la sentencia de la que pide la casación y el soporte fáctico en el primer cargo que fue eminentemente jurídico.

No asiste sin embargo razón al opositor en cuanto a la insuficiencia de la proposición jurídica, pues allí se indicaron los preceptos relacionados con el plazo presuntivo, y además con la indemnización moratoria, que están en el centro del debate jurídico suscitado en las instancias; tampoco puede aceptarse que es un medio nuevo en casación la alegación que realiza la entidad de la inaplicación del Decreto 797 de 1949, por así imponerlo los Estatutos de la entidad, tal como emerge de la relación jurídica que gravitó en el proceso desde su inicio.

Son dos los reparos que se le realizan a la sentencia de segunda instancia, el derivado de la contabilización del plazo presunto y el relacionado con la inviabilidad de la sanción moratoria, esto porque para el tribunal fue patente que existió solo una relación laboral, la cual no varió como lo planteó la entidad con el objeto de dar por terminado el contrato de trabajo, y ello condujo a la ausencia de pago de la indemnización por despido injusto, del que derivó la moratoria.

Estima la Sala que el plazo presuntivo es un supuesto jurídico en el que se regla la vinculación con el Estado, en su dimensión de empleador, y a partir de la cual se infiere que las relaciones de trabajo tienen un período de vigencia de 6 meses; es decir por mandato de ley se contempla una presunción sobre el período contractual, ante la ausencia de estipulación sobre el término de duración, lo cual da cuenta de las particularidades de las contrataciones de trabajo públicas, justificadas ante el vacío, en el interés general.

En efecto, es artículo 43 del Decreto 2127 de 1945, el que dispone que el contrato laboral celebrado por tiempo indefinido, o que no tenga fijación de término, se entiende prorrogado con sus mismas condiciones por períodos iguales, de 6 meses en 6 meses, ante la continuación de la prestación del servicio, ya sea porque existe un consentimiento expreso o tácito, tras la expiración del referido plazo presuntivo, es decir que, como en el contrato a término fijo, solo si una de las partes manifiesta expresamente no querer prorrogar la relación esta culmina, de lo contrario se renueva, pues se entiende que si no utilizó la opción que le permitía la ley, expira la oportunidad.

De manera que cuando una parte se acoge al plazo presuntivo semestral o cuando lo hace valer, no hay despido y por lo mismo no hay lugar a indemnización alguna. Por lo mismo, también, existe una sustancial diferencia entre la terminación de un contrato cuando opera el plazo presuntivo extintivo y la terminación de un contrato que acaba por la invocación de una justa causa, ya que en este caso sí está de manifiesto la declaración unilateral, por lo que si la causa invocada no es suficiente, según la ley, caben las indemnizaciones legales. Y como la finalización del plazo pactado o la expiración del plazo presumido por la ley, implican acuerdo de voluntades, no puede asimilarse este modo de terminación del contrato con los que no lo conllevan, y es por eso por lo que la constante jurisprudencia de la Corte ha dicho que, respecto de otros modos de terminación legal, del contrato, hay lugar a las indemnizaciones legales, porque esas las impone la ley en los casos en que no hay justa causa.

La parte recurrente no obstante estima que hubo error del juez de apelaciones al no advertir que el plazo presuntivo debía contabilizarse desde el 15 de enero de 1996 y no, como lo hizo desde el 1º de septiembre de 1993; sin embargo de las pruebas que denuncia no se extrae una conclusión opuesta a la de la sentencia, pues la Resolución 094 de 8 de febrero de 1999, que corresponde a la autorización para la liquidación definitiva de prestaciones sociales de Juan Manuel Martínez Mora, da cuenta que él “estuvo vinculado a la Empresa Colombiana de Vías Férreas desde el 3 de diciembre de 1991, en el cargo de jefe de estación I grado 4 categoría salarial A, según acta de posesión Nº 215 de la misma fecha y Resolución Nº 0853 del 19 de noviembre de 1991”; así mismo que firmó contrato de trabajo a término indefinido, el 15 de enero de 1996, y allí incluso se tuvo en cuenta como “fecha de ingreso 3 de diciembre de 1991”, es decir que la propia entidad conocía de antemano el hito inicial de la relación, y que la misma no varió ante la suscripción de un contrato de trabajo, sin solución de continuidad.

Así mismo, para el juzgador de segundo grado, conforme al documento de folio 11 y siguientes, el actor fungió como tecnólogo I grado categoría salarial 10, desde el “1 de septiembre de 1993” según allí consta y el cual fue suscrito el 1 de septiembre de ese año, de manera que desde tiempo atrás tenía el carácter de trabajador oficial, el cual no varió, dado que trabajaba en una empresa industrial y comercial de Estado.

Por demás el contrato individual de trabajo (fls. 11 y ss.), que se denuncia en su cláusula 4ª, estableció que “el trabajador contratado se compromete a prestar sus servicios por un término indefinido. De acuerdo con los artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945 y demás normas concordantes se presume que este contrato se pacta por un plazo de seis (6) meses y podrá ser prorrogado por periodos iguales de seis (6) meses a partir de la firma del mismo”, es decir que se mantuvo el que ya venía operando, pues simplemente se regularizó la firma de un contrato, que no tiene la virtualidad para alterar las iniciales condiciones.

En un asunto de similares contornos esta Sala de la Corte así se pronunció CSJ SL 18, nov, 2009, rad. 34343:

(...) en el contrato que suscribieron las partes no hay ningún elemento de juicio que permita inferir que variaron ellas la fecha de iniciación de la relación laboral o que acordaron que el término presuntivo de duración se contaría desde el momento en que se firmó el documento, pues, en lo atinente a su vigencia y duración, solamente se asentó que el contrato se pactaba a término indefinido de acuerdo con los artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945; pero esa condición ya la tenía desde sus inicios por razón de que así debía presumirse de conformidad con la ley. Por lo tanto, debe entenderse que con la firma del contrato simplemente se formalizó la existencia de la relación de trabajo regida por un vínculo contractual, pero no se introdujo ninguna modificación a la naturaleza del contrato, ni, mucho menos, a la fecha de iniciación del vínculo jurídico. 

En esa misma línea de pensamiento esta Sala de la Corte ratificó en decisión CSJ SL 22, nov, 2011, rad. 44746 que el simple cambio de denominación del cargo no era suficiente para variar la fecha hito de la relación:

La recurrente critica al tribunal por no haber tomado el 20 de junio de 1995 como fecha inicial de su vinculación laboral, para computar el plazo presuntivo previsto por el artículo 40 del Decreto 2127 de 1945, como trabajadora oficial de la demandada y, al contrario, haber acogido para el efecto el 15 de enero de 1996, día en que las partes suscribieron un nuevo contrato de trabajo a término indefinido (folio 280), que no modificó la relación contractual que existía, dado que sólo añadió al anterior una cláusula de reserva, por lo cual el juzgador de segundo grado desconoció que el último período presuntivo de su contrato se ejecutó entre el 14 de diciembre de 1998 y el 14 de junio de 1999, sin completarse, porque sólo laboró hasta el 14 de enero de 1999, por decisión unilateral de la empleadora.  

Revisados los medios de convicción del proceso encuentra la Corte que le asiste razón a la censura porque, a pesar de que el tribunal concluyó que la actora se desempeñaba como trabajadora oficial desde el 20 de junio de 1995, erradamente concluyó que el contrato de trabajo que firmaron las partes el 15 de enero de 1996 varió la situación laboral, de tal suerte que, para efectos del cómputo del plazo presuntivo de duración del contrato establecido en el artículo 40 de Decreto 2127 de 1945, debía tenerse en cuenta la fecha de la firma del contrato y no la del inicio de la relación laboral. 

Esa conclusión resulta a todas luces equivocada porque en el contrato que suscribieron las partes no hay elemento de juicio alguno que permita inferir que variaron ellas la fecha de iniciación de la relación laboral o que acordaron que el término presuntivo de duración se contaría desde el momento en que se firmó el documento, pues, en lo atinente a su vigencia y duración, solamente se asentó que el contrato se pactaba a término indefinido de acuerdo con los artículos 40 y 43 del Decreto 2127 de 1945; pero esa condición ya la tenía, desde sus inicios, el vínculo laboral de la actora, por razón de que así debía presumirse en conformidad con la ley.  

Por lo tanto, debe entenderse que con la firma del contrato simplemente se formalizó la existencia de la relación de trabajo, pero no se introdujo modificación alguna a la naturaleza del contrato ni, mucho menos, a la fecha de iniciación del vínculo jurídico, porque simplemente se cambió la denominación del cargo ejercido por la promotora del pleito, lo que no es suficiente para entender que se estaba modificando el término inicial de la relación laboral que ya existía entre las partes. 

Lo anterior para evidenciar que en ningún equívoco incurrió el juez de apelaciones cuando contabilizó el plazo presuntivo, teniendo como referente el 3 de diciembre de 1991 y no el 15 de enero de 1996, como lo aspiraba la entidad.

En lo que sí advierte error esta Corte es en la imposición de la sanción moratoria a la entidad, sin advertir que la equivocación en la contabilización del plazo presuntivo no se fundó en un actuar malicioso, o con el ánimo de defraudar los intereses del trabajador, sino bajo la convicción de que la suscripción de un nuevo contrato desde el 15 de enero de 1996 imponía la variación de los extremos y, de contera, del plazo presuntivo legal.

A través de múltiples pronunciamientos esta Sala ha sostenido que la sanción moratoria procede únicamente cuando la conducta del empleador no solo atente contra el trabajador por sustraerse del pago de las acreencias que le corresponden, sino fundamentalmente porque esta omisión se haya fundado en la intención de afectarlo, aspecto que no aparece patente y por el contrario está desvirtuado, como lo sostuvo la parte recurrente. En ese orden la acusación es parcialmente próspera.

En instancia y de acuerdo con lo atrás explicado, procede la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, de 21 de septiembre de 2007, en cuanto absolvió de la sanción moratoria.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad parcial de la acusación.

XIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en cuanto condenó a la sanción moratoria, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORA contra EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS —hoy LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE—.

En instancia confirma la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, de 21 de septiembre de 2007, en cuanto absolvió de la sanción moratoria.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.

Salvamento de voto

Sea lo primero advertir, que si bien al momento de firmar la providencia manifesté mi intención de aclarar el voto, lo cierto es que, luego de revisar nuevamente el texto final, lo procedente es salvar el mismo.

Conforme tuve oportunidad de manifestarlo en la sesión en la que se debatió el tema, respetuosamente me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, por cuanto considero que el verdadero sentido y alcance del llamado plazo presuntivo, entendido como la prórroga de que son objeto los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales, no tiene aplicación cuando quiera que entre las partes se haya pactado un contrato de trabajo a término indefinido, como ocurrió en el asunto ahora decidido. 

Ello es así, porque en la cláusula tercera del contrato suscrito entre las partes (fls. 56 a 60, cdno. 1) consta que inequívocamente lo pactaron a término indefinido, y si bien tal acuerdo lo hicieron descansar en lo dispuesto en los artículos 40 y 43 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, referidos en su orden al plazo presuntivo y a su prórroga, dichas disposiciones reglamentarias y anteriores, no pueden surtir efectos frente al mandato legal posterior contenido en el artículo 2º de la Ley 64 de 1946 vigente, en lo pertinente, desde entonces hasta ahora.

En efecto, la citada norma, modificatoria del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945, en lo que concierne a lo ahora debatido, dispuso que cuando en el contrato de trabajo «no se estipule término o este no resulte de la naturaleza misma del servicio contratado, (...), se entenderá celebrado por seis (6) meses». Dicho en otras palabras, el plazo presuntivo y su prórroga solo aplican en las formas contractuales taxativamente señaladas en la norma, de manera que no cobija los contratos de trabajo a término indefinido por estar excluidos de su específica relación.

Es más, en mi opinión, ni siquiera en vigencia del artículo 8º original de la Ley 6ª de 1945, podían aplicarse las disposiciones reglamentarias en comento, en razón a que las mismas constituyen una evidente extralimitación de la potestad reglamentaria de la ley.

 Ciertamente los artículos 40 y 43, entre otros, del Decreto 2127 de 1945, referidos en su orden al plazo presuntivo así como a sus prórrogas, hicieron extensivas dichas previsiones para los contratos celebrados «por término indefinido» pese a que la norma legal reglamentada tan solo se refirió a dos categorías de contratos: (i) a los que no tuvieran estipulado término de duración alguno y (ii) aquellos cuya duración no resultare de la naturaleza misma del servicio contratado.

Es más, examinada la situación a la luz de la actual Constitución Política, por lo ya expuesto, ese desbordamiento de la potestad reglamentaria transgrede directamente el artículo 189-11 de la Constitución Política, así como el 150 ibídem, en este caso porque el ejecutivo se ocupó de regular un asunto que en vigencia de la Constitución del 1886 y de la actual, tenía y tiene carácter de reserva legal, de modo que bien podría examinarse la resolución del asunto, a la luz de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º Superior. 

De otra parte, si bien el llamado plazo presuntivo no fue objeto de pronunciamiento expreso en la Sentencia C-003 de 1998, mediante la cual la Corte Constitucional halló ajustado al ordenamiento superior el contrato a término fijo que no exceda de 2 años consagrado en el artículo 2º de la Ley 64 de 1946, también es cierto que tal determinación, a más de lo ya dicho, envuelve dos situaciones diferentes que, en mi criterio, se deben destacar.

Una, que el plazo presuntivo de seis en seis meses, solo se predica de los contratos de trabajo en los que «no se estipule término» de duración «o este no resulte de la naturaleza misma del servicio contratado», y dos, que no aplica para los contratos de trabajo a término indefinido, como lo fue en el caso bajo estudio, tal y como sin dubitación alguna emana del texto legal en comento, que por cierto fue como lo condicionó la Corte Constitucional en la Sentencia C-003 de 1998, en la que textualmente en lo pertinente resolvió, que la constitucionalidad decidida es bajo «el entendido de que la disposición no impide la celebración de contratos de trabajo a término indefinido con la Administración Pública, cuando así lo estipulen expresamente las partes».

En efecto, al punto dijo la Corte Constitucional:

Si la administración requiere de la contratación indefinida de trabajadores oficiales, no se ve razón suficiente para obligar a la liquidación periódica, cada seis meses, de todos los trabajadores que así haya vinculado. Si la naturaleza del servicio impone la contratación a término indefinido, es claro que resulta contrario a los principios constitucionalmente consagrados de celeridad, economía y eficacia, estar procediendo a la mencionada liquidación semestral. Siendo ello así, la norma no admite tal interpretación, sino la más acorde con la filosofía que inspira a la Carta Política en materia laboral, que propugna, entre otras cosas, por la garantía de la estabilidad de los trabajadores, así como por el principio de razonabilidad, conforme al cual la norma bajo examen no obsta para la celebración de contratos de trabajo a término indefinido, si así lo acuerdan expresamente las partes. 

Así las cosas, en mi criterio, la interpretación según la cual el plazo presuntivo aplica en los contratos de trabajo expresamente pactados a término indefinido, es contraria a la garantía de estabilidad laboral consagrada en el artículo 53 de la Carta, así como a los principios que inspiran la función pública consagrados en el artículo 209 ibidem. 

En suma, bajo los derroteros esbozados considero que la Sala no debió casar la sentencia en cuanto impuso el pago de la indemnización moratoria, para, en sede de instancia confirmar la absolución que por tal concepto impuso el a quo, toda vez que la conducta de la demandada no puede catalogarse dentro de los postulados de la buena fe bajo el supuesto de que el contrato de trabajo culminó por la configuración del vencimiento del plazo presuntivo, dado que: (i) las partes pactaron expresamente el contrato de trabajo a término indefinido; (ii) tal interpretación resulta contraria al mandato legal consagrado en el artículo 2º de la Ley 64 de 1946; y (iii) la hermenéutica en tal sentido, es contraria a la garantía de estabilidad laboral consagrada en el artículo 53 de la Carta, así como a los principios que inspiran la función pública, consagrados en el artículo 209 de jus idem, tal y como lo dejó dicho la Corte Constitucional en la Sentencia C-003 de 1998 ya citada.

En los anteriores términos, dejo consignadas las razones que me apartan de la decisión mayoritaria de la Sala.

Fecha ut supra.

Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Magistrada.