Sentencia SL 17082-2014 de noviembre 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL17082-2014

Rad.:46031

Acta 40

Bogotá, D.C., cinco de noviembre de dos mil catorce.

Extractos: «IV. Recurso de Casación.

Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación.

El desacuerdo de los actores con la determinación colegiada los conduce a impetrar recurso extraordinario con la finalidad de que esta Sala de la Corte case en su totalidad la sentencia que impugnan y, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado.

Con la anunciada intención formula dos cargos de vía indirecta, replicados por la demandada, respecto a los cuales, en razón a predicar la violación por la misma vía, en el sub concepto de aplicación indebida de unas mismas normas, y comportar una finalidad común al acusar la consideración colegiada relativa a la ausencia de prueba de los derechos convencionales reclamados; se efectuará pronunciamiento conjunto, como pasa a verse a continuación:

VI. Cargo Primero y Segundo.

Acuso la sentencia recurrida por violación indirecta de la ley al aplicar indebidamente el artículos (sic) 467, 468, 469, del Código Sustantivo del trabajo, 470 del mismo modificado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965, 64 del Código Sustantivo del trabajo, reformado por el artículo 6º de la Lev 50 de 1990, en relación con lo dispuesto en los artículos 61, 62, del mismo Código Sustantivo del Trabajo; y 61 del Código Sustantivo Procesal del trabajo y el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1.965. Como consecuencia de la violación indicada la sentencia infringió también los artículos 65, 127 del Código Sustantivo Del trabajo modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990; 61 del Código Procesal del trabajo y el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1.965, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 45, 47, 55, 109, 140, del mismo Código Sustantivo del trabajo; 53 y 83 de la Constitución Política, 1618, 1620 y 1622 del Código Civil, aplicables por la analogía dispuesta en el artículo 19 del Código Sustantivo del trabajo».

En lo relacionado con el primero de los cargos refiere que:

Se incurrió en la violación indicada como consecuencia de los siguientes errores graves de hecho:

1º. No dar por demostrado estándolo, que los actores eran afiliados a la organización sindical Asociación de Profesores de La Universidad Libre “Asproul” y beneficiarios de la convención colectiva de trabajo Firmada el 4 de diciembre de 1997, vigente a la terminación del contrato de trabajo las demás obrantes en el expediente.

2º. No dar por demostrado estándolo, que por vía convencional los actores devengaban el mismo salario que los docentes al servicio del estado, según el escalafón docente que demostraran tener.

3º. No dar por demostrado estándolo, que los contratos de trabajo de los actores que era a término fijo, por acuerdo Convencional se convirtieron a término indefinido.

4º. No dar por demostrado estándolo, que previo a dar por terminado el contrato de trajo, la entidad demandada tenía que dar cumplimiento al procedimiento pactado convencionalmente.

5º. No dar por demostrado, estándolo, que los contratos de trabajo se terminaron de manera unilateral e ilegal.

6º. No considerar, estándolo demostrado, que la demandada no probó durante el debate procesal la justa causa que motivó la finalización del contrato de trabajo de los actores.

7º. No tener por demostrado, estándolo, que la demandada si se obligó por convención colectiva de trabajo a garantizar y respetar la estabilidad en el contrato de trabajo de los profesores a su servicio.

Los anteriores errores Fueron cometidos por la falta de apreciación de las siguientes pruebas calificadas; las cuales fueron solicitadas, decretadas, practicadas e incorporadas al expediente con las garantías del debido proceso:

Convención Colectiva de Trabajo firmada el 4 de diciembre de 1997 vigente para los años 1998-1999, época en el cual fueron despedidos los actores, entre la Corporación Universidad Libre y la Asociación de Profesores de la Universidad Libre título II (fls. 447 a 470 cdno. p.pal.). Este documento no fue apreciado en forma total; pero fundamentalmente las siguientes clausulas:

La cláusula 5 que trata sobre el campo de aplicación es decir los profesores de la universidad y los profesores del Colegio, (obrante a fl. 449 cdno. p.pal). Clausula 7 dispone sobre la prevalencia de las normas convencionales, obrante a folio 448 del cuaderno principal. Cláusula 30 en la cual se Fijó lo relativo a la estabilidad laboral, de las partes firmantes del acuerdo en el parágrafo 11 de esta cláusula determinaron que los contratos de trabajo del personal docente de Medio Tiempo y Tiempo Completo, continuaría de a término indefinido.

La cláusula 32 del citado acuerdo convencional señaló un procedimiento para garantizar la defensa de la docente inculpada y para la imposición de sanciones o la cancelación de su contrato de trabajo. Y determinó que la sanción aplicada o la cancelación del contrato de trabajo pretermitiendo los trámites de este artículo se tendrá como no existente y el docente deberá ser reintegrado, obrante (fls. 457-458 del cdno. p.pal).

Cláusula 37 las partes acordaron que para todos los efectos se computaría todo el tiempo servido a la universidad. (fl. 460 cdno. p.pal).

Clausula 39 aquí las partes acordaron la calidad de los docentes según la intensidad horaria así. Profesores de Tiempo Completo, es aquel con una dedicación no inferior a 12 horas, ni mayor de 15 horas durante la semana, Profe Sores de Medio Tiempo, es aquel con una dedicación no inferior a 7 horas, ni superior a 11 horas. (fl. 460 Exp.).

Clausula 45 relativa a salarios en su literal d), fijo (sic) que a partir del 1 de enero de 1998 los profesores de los colegios devengarían el 100% del salario señalado a la categoría del escalafón del sector oficial. (fls. 462-463 del cdno. p.pal.).

Clausula 49 allí las partes crearon la prima de antigüedad para los docentes, de acuerdo al tiempo de servicio. (fl. 463-464).

Convención colectiva de trabajo firmada entre las partes el 20 de diciembre de 1995, vigente para los años 1996-1997 obrante a folios 471-489 del cuaderno principal. En este acuerdo colectivo se fijaron condiciones similares, que fueron indicadas en la última convención aplicable a los actores; cuyas clausulas fueron anteriormente narradas.

Demanda inicial concretamente el capítulo de los hechos, documental obrante del folio 13 a 26 del cuaderno principal. Interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de entidad demandada obrante a folio 42 del cuaderno principal. Con esta prueba se demostró la existencia de los contratos de trabajo, salario, iniciación y finalización de los mismos.

Para el caso del actor César Gallego Gales, no se apreciaron las siguientes pruebas:

Fotocopias de la hoja de vida, contratos de trabajo obrantes a folios 23 a 36.

Resolución 0009 del 30 de junio de 1992, emitida por el Ministerio de Educación- Junta Seccional de Escalafón. (fls. 28 anexo 1 y 42 del Exp.).

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. (fl. 22 cdno. p.pal).

Afiliación del actor a la organización sindical y beneficio de los acuerdos convencionales vigentes. (fl. 524 del cdno. p.pal).

En relación con el actor Agustín Almanza Ospino, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida, contratos de trabajo las cuales obran a Folios 91 a 115 del anexo 1 y Folios 496 a 524 del expediente.

Escalafón docente del actor, certificado 00061 del 9 de febrero de 1993. 8 Folios 108-109,497v 524 del Cuaderno Principal).

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. (fl. 92 del cdno. p.pal).

Afiliación del actor a la organización sindical. (fl. 496 de] cdno. p.pal).

En relación con el actor Pedro Emiro Martínez Calaraca, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida del actor, contratos de trabajo visibles a folios 57 a 90 del anexo 1 y 498 541 del expediente.

Escalafón docente que poseía el actor, obrante a Folio 77,87 y 541 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. El cual milita a folio 58 del expediente.

Afiliación del demandante a la organización sindical y sus consecuencias Obrante a folio 498 del expediente.

En relación con la actora Dacia Elena Andrade Andrade, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida de la actora, contratos de trabajo visibles a folios 116 a 136 de] anexo 1 y 498 y 541 del expediente.

Escalafón docente que poseía la actora, obrante a folio 129, 121 del anexo 1, 510, 511, 512 y 513 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. El cual milita a Folio 1, 16 del expediente.

Afiliación de la demandante a la organización sindical sus consecuencias. Obrante a 1 folio 508 del expediente.

En relación con a atora Mayda del Carmen Hernández Arrieta- se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida de la actora, contratos de trabajo visibles a folios 137 a 166 dci anexo 1, 514 del expediente.

Escalafón docente que poseía la actora, obrante a folio 151,159, y 42 dci expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. El cual milita a Folio 137 del expediente.

Afiliación de la demandante a la organización sindical x sus consecuencias. Obrante a Folio 514 del expediente.

En relación con la actora Rosalba Salgado Pérez, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida de la actora contratos de trabajo visibles a folios 167 a 188 del anexo 1 y 502 503 del expediente.

Escalafón docente que poseía la actora obrante a 1 folio 171, 185 y 503 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. El cual milita a Folio 167 del expediente.

Afiliación de la demandante a la organización sindical sus consecuencias. Obrante a Folio 502 del expediente.

En relación con la actora, Glenis Pérez Orozco se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida de la actora, contratos de trabajo visibles a folios 196 a 199 de] anexo l y 610 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. El cual milita a folio 189 de] expediente.

Afiliación de la demandante a la organización sindical y sus consecuencias. Obrante a folio 610 del expediente. En relación con la actora Mirta Isabel Chico Acevedo, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida de la actora, contratos de trabajo visibles a folios 200 a 223 del anexo 1 y 582, 386, 591 y 592 del expediente.

Escalafón docente que poseía la actora obrante a Folios 2I6, 212, 591, y 592 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. El cual milita a folio 200 del expediente.

Afiliación de la demandante a la organización sindical y sus consecuencias. Obrante a folio 586 del expediente.

En relación Con el actor Cipriano Cáceres I, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida del actor, contratos de trabajo visibles a Folios 224 a 237 dci anexo 1, 320 del expediente.

Escalafón docente que poseía el actor, obrante a folio 235 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. FI cual milita a Folio 224 del expediente.

Afiliación del demandante a la organización sindical sus consecuencias. Obrante a Folio 520 del expediente.

En relación con la actora Lérida de Jesús Caraballo de Suárez, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja de vida de la actora, contratos de trabajo visibles a folios 238 a 254 del anexo 1º del expediente.

Comunicación de la terminación dci contrato de trabajo. El cual milita a Folio 2’8 del expediente.

Afiliación del demandante a la organización sindical y sus Consecuencias. (Obrante a fl. 612 Exp.).

En relación con la actora, Yennis Maria Bloom Monsalve se dejaron de apreciar las siguientes pruebas: Fotocopias auténticas de la hoja de vida de la actora, contratos de trabajo visibles a Folios 25D a 279 del anexo 1 y 512, 577 y 578 del expediente.

Escalafón docente que poseía 1a actora, obrante a Folio 278, 511 y 577 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo. El cual milita a 1 (sic) olio 256 del expediente. Afiliación de la demandante a la organización sindical sus consecuencias obrante a Folio 572 del expediente.

En relación con el actor Ramón de La Rosa Puello, se dejaron de apreciar las siguientes pruebas:

Fotocopias auténticas de la hoja dc ida del actor, contratos de trabajo visibles a folios 28() a del anexo 1 y 585 del expediente. Escalafón docente que poseía el actor, obrante a Folio 302 del expediente.

Comunicación de la terminación del contrato de trabajo El cual milita a Folio 281 del expediente. Afiliación del demandante a la organización sindical y sus consecuencias Obrante a folio 95 del expediente. Certificación de los salarios devengados por los actores, fijado en los contratos de trabajo y certificaciones expedidos por la demandada.

Fotocopia auténtica sobre los salarios devengados por los docentes del sector educativo oficial, el cual militan de Folios 616 a 620 del Cuaderno Principal.

Para iniciar su discernimiento destaca, de las consideraciones del ad quem que conducen a éste a entender que los docentes se encontraban vinculados con la Universidad a un contrato a término fijo, el fragmento en el que se alude a la ausencia de prueba de la convención colectiva de 1994-1995, que establece como fuente de los derechos pretendidos y hallar probado que el Reglamento.

Docente de la demandada, base también de las reclamaciones de la actora, no comprende a los Profesores de Colegio.

Menciona entonces, en el propósito referido, la definición legal de la convención colectiva, a su contenido y a los requisitos para su validez.

Luego resalta la plena demostración del carácter de beneficiarios de la Convención Colectiva por parte de los demandantes; que el «fundamento esencial de las pretensiones…se encuentran plasmadas en la cláusula 32 del título II de la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre las partes a momento de la terminación del contrato de trabajo (Convención Colectiva 1997-1998) y de la cual se beneficiaban los actores.- El punto central de la Litis consiste en resolver, si los demandantes eran beneficiarios de los acuerdos convencionales, si los contratos de trabajo al momento de la terminación eran a término indefinido o no, si los actores tenían derecho a un salario igual al que devenga el sector educativo oficial de acuerdo a la categoría del escalafón , si a la terminación de los mismos fue de manera unilateral e ilegal. Y determinar sí, conforme a lo pactado entre la organización sindical y la demandada, previa a la cancelación de los contratos de trabajo, con o sin justa causa se aplica o no el procedimiento convencional».

Una vez definido lo anterior, continúa el recurrente, y establecida la validez de las cartas de terminación de los contratos de trabajo; «la condición de beneficiarios de la convención colectiva de los actores que éstos tenían derecho a un salario igual al que devengaban los docentes del sector oficial de acuerdo a la categoría en el escalafón; que el despido fue de manera unilateral e ilegal; el juzgador necesariamente se encontrara (sic) frente a la omisión que se hizo del procedimiento pactado para imponer esa cancelación contractual. Lo que necesariamente conduce a casar la sentencia de primera instancia».

Advierte luego que se equivoca el ad quem al aplicar los artículos 101 y 102 del CST, desconociendo el carácter de beneficiarios de los demandantes de la convención colectiva que contemplaba la garantía a la estabilidad laboral de estos, la naturaleza de indefinida de sus contratos de trabajo; la equivalencia de su salario con los del sector oficial conforme al Escalafón y el procedimiento previo que debía surtirse a los propósitos del despido.

Yerra el superior, continúa el impugnante, al aplicar indebidamente el artículo 64 del CST. «Esta norma se refiere a la vigencia de la condición resolutoria implícita en el contrato de trabajo, al hacer uso de ella no existe obligación legal que indique en adelantar trámite alguno».

El error de hecho del Ad quem es grave por cuanto por sí mismo y sin facultad alguna para hacerlo califica el despido de los accionantes como ajustado a la ley es decir por vencimiento del plazo pactado (arts. 101 y 102, en armonía con el art. 61 del CST, mod. Art. 5º Ley 50/1990), siendo evidente que el propio patrono, lo señaló como efectuado como uno de los modos de terminación del contrato de trabajo. Poco importa que hubiese procedido a cancelar al despedido la indemnización indicada en la convención colectiva Con el anterior error el juez Colegiado avala la conducta del empleador, haciendo convertir lo ilegal en legal y lo injusto en justo.

Las cartas de despido expresan una determinación unilateral propia del patrono, que no pueden ser modificadas ni interpretadas por el Juzgador. Siendo en el caso de autos claros y determinantes los términos en que la demandada, auto calificó su determinación y la señaló como legal y justa no corresponde al juez proceder a cambio de ninguna naturaleza.

Convencionalmente la Universidad demandada se obligó a garantizar la estabilidad de sus docentes y a permitirles un procedimiento para su defensa cuando fueren inculpados de alguna falta. Señaló también el reintegro de los mismos por haber sido despedidos pretermitiendo ese procedimiento.

Al proseguir, el recurrente transcribe fragmento de sentencia de esta Sala de la Corte de mayo 20 1983 en torno a la interpretación del reintegro.

Así como apartes de sentencia de casación en proceso que se adelantara contra la misma demandada, correspondiente a CSJ SL; 8 de agosto de 2005, Rad, 26202 en referencia a clausula 25 de convención colectiva en la que, al parecer, se disponía reintegro de trabajadores despedidos con prescindencia de procedimiento previsto al efecto.

Luego alude al principio de favorabilidad en los términos del artículo 21 del CST; al artículo 61 del CPL que si bien permite la valoración libre de las pruebas ello no puede entenderse en forma absoluta «que conduzca incluso a dar apariencia de legalidad a lo absurdo».

Que el superior quebrantó el artículo 2º de la Ley 153 de 1887 y el numeral 2º del artículo 45 de la Ley 57 de 1887 al ignorar los principios básicos de la hermenéutica al no optar por la norma posterior en conflicto con otra de disposición contraria; «es decir se le debió haber aplicado la cláusula 32 de la Convención Colectiva…en su integridad; procedimiento que no fue realizado».

Y, finalmente, que el empleador obró de mala fe, subraya el impugnante, puesto que era pleno conocedor del acuerdo suscrito con la organización gremial.

En cuanto al segundo de los cargos atribuye el quebrantamiento de las mismas normas del primero pero como consecuencia de incurrir en los «siguientes errores de derecho graves, notorios y protuberantes en que incurrió el Ad quem:

1. No dar por establecido, estándolo (sic) demostrado, que, los actores eran afiliados, miembros del sindicato firmante de los acuerdos colectivos firmados y beneficiario de los mismos.

2. No dar por establecido, estándolo (sic) demostrado, que, aplicación de la convención colectiva de trabajo, prevalencia de las clausulas convencionales, duración indefinida de los contratos de trabajo, estabilidad laboral, el procedimiento previo a la cancelación de los contratos de trabajo, prima de antigüedad, calidad de docentes de acuerdo a la intensidad horaria, incremento salarial de los docentes del colegio fue adquirido como producto de la negociación colectiva.

Refiere que los errores relacionados fueron producto de la falta de apreciación de la Convención Colectiva firmada el 4 de diciembre de 1997 «vigente para los años 1998-1998, época en el cual fueron despedido (sic) los actores, (suscrita) entre la Corporación Universidad Libre y la Asociación de Profesores de la Universidad Libre Título II (fls. 447 a 470 del cdno. p.pal) este documento no fue apreciado en forma total pero fundamentalmente las siguientes cláusulas:

Cláusula 5ª campo de aplicación: Profesores de la universidad y del Colegio (fl. 449); Cláusula 7ª: prevalencia de las normas convencionales; Cláusula 30: Estabilidad Laboral: Contratos de trabajo de personal docente de Medio Tiempo y Tiempo completo continuaría a término indefinido; Cláusula 32: Procedimiento para la imposición de sanciones o cancelación del contrato de trabajo: «Y determinó que la sanción aplicada o la cancelación del contrato de trabajo pretermitiendo los trámites de este artículo se tendrá como no existente y el docente deberá ser reintegrado (fl. 457-458); cómputo de tiempo servido a la Universidad, para todos los efectos.; Cláusula 39: calidad de docentes según intensidad horaria: profesores de Tiempo Completo con dedicación no inferior a 12 horas ni mayor de 15 semanales; Medio Tiempo no inferior a 7 horas ni mayor a 12; Cláusula 45 relativa a salarios «Los profesores de los Colegios devengarían el 100% del salario señalado en la categoría del escalafón del sector oficial (fl. 462-463 ); Cláusula 49: Prima de Antigüedad de acuerdo con el tiempo de servicio ».

De igual manera refiere como no apreciada la «Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 20 de diciembre de 1995, vigente para los años 1996-1997 obrante a folio 471 de 1989. Con esta documental se demuestra los mismos derechos enunciados en la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1996-1997, los cuales fueron citados en cada una de las cláusulas».

Para la demostración del cargo parte del mismo fragmento de las consideraciones del ad quem, que destaca en el primero, relativo a la ausencia de prueba de la convención colectiva 1994-1995 y a encontrase acreditado que el Reglamento Docente de 1994, base también de las pretensiones formuladas, no comprende a los Profesores del Colegio.

Luego refiere que: «Como el presente cargo se plantea por la vía indirecta por haber incurrido en error de derecho, el juzgador de segunda instancia, situación que amerita la necesidad de sintetizar los errores cometidos por el Ad quem»

Relaciona a continuación los requisitos de la convención colectiva para su validez y en cuanto al depósito de ésta manifiesta: «La ley no definió en qué consistía este acto, a falta de dicha definición legal, debe entenderse por depósito, aquel acto por el cual las partes firmantes …entregan la guarda del contenido del documento al Depositario, sin que este acto conlleve a un acto solemne, es decir imprimir un texto con términos específicos; basta con concluir que el documento fue entregado allí, para que se conserve».

Luego transcribe apartes de la Sentencia CSJ SL; 24 de agosto de 2010, Rad, 43731 que considera hace relación «a la falta de aplicación de la convención colectiva y el error de derecho»; así como la CSJ SL; 7 de septiembre de 2010 rad, 39607.

Afirma, entonces, que: «Al revisar el expediente se observa la manifestación de realizar el depósito de la convención colectiva de trabajo firmada entre las partes, para la vigencia 1996-1997 y 1998-1999, donde los representantes del citado acuerdo estamparon su firma, el Ministerio del ramo colocó un sello de recibido y al finalizar en cada una de las convenciones se encuentra la constancia dada por el Ministerio del ramo sobre el depósito de las mismas. De acuerdo a esto se concluye que las convenciones colectivas si fue (sic) depositada y goza de la solemnidad legal, para tener prueba y dársele el valor que corresponde».

Para finalizar, agrega que el error del ad quem, «no terminó aquí, ya que aplicó indebidamente los artículos 102 y 1p02 del CST, concluyendo que los contratos de trabajo habían sido pactados año a año, es decir por el período académico».

VII. Réplica.

Todos los cargos están sustentados sobre la aludida deficiencia probatoria. Sin embargo, el Tribunal fundamentó también su sentencia con el Reglamento Docente contenido en el Acuerdo 11 del 2 de noviembre de 1994, estatuto que, conforme lo dejó sentado el Tribunal, no se aplica a los profesores de los colegios de bachillerato,…

Lo anterior indica que el cargo está incompleto en cuanto dejó intacto uno de los sustentos del fallo impugnado, omisión que conllevará necesariamente a la Corte a rechazarlo…

VIII. Consideraciones.

En primer término, y en cuanto a lo expuesto por el oponente, es preciso señalar que si bien el recurrente no efectúa expresa manifestación en relación con la conclusión probatoria del ad quem, relativa a la exclusión de los profesores de colegios para la aplicación del Reglamento Docente (fls. 110 a 113); debe indicarse que el razonamiento del impugnante, encaminado a demostrar que el superior se equivoca al concluir en la deficiencia probatoria de los derechos demandados, constituye una implícita alusión a la afirmación del Tribunal según la cual el a quo se valió de las disposiciones del Reglamento Docente para suplir la inexistencia de los preceptos de la convención de 1994-1995 que consagraban los beneficios reclamados.

En la disertación del recurrente aparece claro que su propósito es demostrar que obran otros medios de prueba, no advertidos por el ad quem, que acreditan los derechos pretendidos.

Sin embargo si pueden observarse otras imperfecciones de orden técnico cuya entidad no es suficiente, como se verá, para inhibir el examen propuesto ubicada en el segundo de los cargos que pese a denunciar la presencia de errores de derecho en la sentencia impugnada termina por formular supuestos desatinos claramente fácticos como cuando expresa:

1. No dar por establecido, estándolo (sic) demostrado, que, los actores eran afiliados, miembros del sindicato… O; 2.- No dar por establecido, estándolo (sic) demostrado, que, aplicación de la convención colectiva de trabajo, prevalencia de las clausulas convencionales, duración fue adquirido como producto de la negociación colectiva.

La confusión del recurrente entre estas dos nociones de error, lo condujo a desarrollar un discurso que combina el argumento de estricto derecho; como cuando refiere:

«La ley no definió en qué consistía este acto, a falta de dicha definición legal, debe entenderse por depósito, aquel acto por el cual las partes firmantes…entregan la guarda del contenido del documento al Depositario, sin que este acto conlleve a un acto solemne,…»

Con los razonamientos dirigidos a demostrar la equivocación de Tribunal que, al no examinar la convención colectiva del 4 de diciembre de 1997, «vigente para los años 1998-1998, época en el cual fueron despedido (sic) los actores, (suscrita) entre la Corporación Universidad Libre y la Asociación de Profesores de la Universidad Libre Título II (fls. 447 a 470 cdno. p.pal.) no apreció las cláusulas en las que se encuentra, para el impugnante, fundado el derecho.

De manera invariable esto ha dicho la Corte al respecto:

El error de hecho se da cuando se tiene por probado un hecho que no ha tenido ocurrencia o cuando no se tiene por demostrado uno que no sólo ocurrió sino que está ameritado. Y el error de derecho se define como aquél que da por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, ya que en este evento no puede admitirse su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de tal naturaleza siendo el caso de hacerlo. CSJ SL 12 de septiembre de 1988, Rad 2.430.

No obstante lo anterior, tal dificultad técnica es superable al derivar del propio desarrollo del cargo que el propósito del impugnante se orienta a demostrar, en esencia, los errores de Hecho que ha formulado y no de Derecho, como lo enunciara.

De otra parte, en lo que respecta al análisis de ambos cargos, debe anticiparse el éxito de la acusación al acreditar el recurrente yerro en la inferencia del ad quem, y consiguiente determinación absolutoria, según la cual los derechos pretendidos carecían de sustento convencional.

En efecto, recuérdese que son conclusiones del tribunal las siguientes:

1. Que la convención colectiva 1994-1995, al carecer de la nota de depósito correspondiente, se tiene como jurídicamente inexistente.

2. Por lo arriba indicado, no pueden acreditarse los derechos reclamados.

3. Que el Reglamento Docente no suple la ausencia de la referida convención al excluir de sus previsiones a la categoría de los —Profesores de Colegio— que corresponde a la de los demandantes.

4. Son los contratos de trabajo, que firmaran los actores con la demandada, «el real acuerdo de voluntades expresado por ellos…”

5. En consecuencia la relación de trabajo se encuentra gobernada por los artículos 101 y 102 del CST.

6. En arreglo a las señaladas disposiciones los contratos se extinguieron en los términos de la duración prevista legalmente, esto es, por el período académico.

Pues bien, el recurrente demuestra que entre folios 447 a 470 se encuentra documental, no valorada por el tribunal, relativa a la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita el 4 de diciembre de 1997 vigente para los años 1998-1999 «época en el cual fueron despedido (sic) los actores, (suscrita) entre la Corporación Universidad Libre y la Asociación de Profesores de la Universidad Libre»; por lo que sería la aplicable a los actores, a quienes no se les discute su condición de afiliados a la organización sindical y su carácter de beneficiarios de la convención colectiva, cuyos contratos de trabajo terminaron el 30 de noviembre de 1998, extremo final igualmente no controvertido.

Que en dicha Convención Colectiva (1998-1999) aparecen formuladas las siguientes disposiciones: Cláusula 5ª campo de aplicación: Profesores de la universidad y del Colegio (fl. 449); Cláusula 7ª: prevalencia de las normas convencionales (fl. 440); Cláusula 30: Estabilidad Laboral: Contratos de trabajo de personal docente de Medio Tiempo y Tiempo completo continuaría a término indefinido (fls. 456 y 457); Cláusula 32: Procedimiento para la imposición de sanciones o cancelación del contrato de trabajo: «Y determinó que la sanción aplicada o la cancelación del contrato de trabajo pretermitiendo los trámites de este artículo se tendrá como no existente y el docente deberá ser reintegrado (fls. 457-458); cómputo de tiempo servido a la Universidad, para todos los efectos; Cláusula 39: calidad de docentes según intensidad horaria: profesores de Tiempo Completo con dedicación no inferior a 12 horas ni mayor de 15 semanales; Medio Tiempo no inferior a 7 horas ni mayor a 12; Cláusula 45 relativa a salarios «Los profesores de los Colegios devengarían el 100% del salario señalado en la categoría del escalafón del sector oficial (fls. 462-463); Cláusula 49: Prima de Antigüedad de acuerdo con el tiempo de servicio».

Aparte de establecerse, de igual manera, que en efecto el Acuerdo Colectivo al que se hace referencia (1998-1999), y que fuera dejado de examinar por el tribunal, cumple con el requisito del depósito «donde los representantes del citado acuerdo estamparon su firma, el Ministerio del ramo colocó un sello de recibido» (fl. 470).

Lo visto, destruye la totalidad de las conclusiones probatorias del superior puntualizadas en precedencia por lo que se impone casar la sentencia y efectuar las correspondientes consideraciones de instancia.

Prosperan los cargos.

Se casará la sentencia.

Sin costas en el recurso, ante el resultado del mismo.

IX. Sentencia de Instancia.

En instancia, y en arreglo a los razonamientos de la apelación (fls. 701 a 703) con respecto a la decisión del juez que condenara a la demandada Corporación Universidad Libre: al pago de la indemnización por despido injusto; a la prima de antigüedad; diferencias salariales; auxilio de transporte e indemnización moratoria; debe señalarse que, se tiene demostrada la condición de afiliados a la organización sindical y beneficiarios de las convenciones colectivas de cada uno de los actores, mediante certificación de la Asociación de Profesores de la Universidad Libre Asoproul (fls. 496, 498, 502, 507, 512, 514, 520, 525, 572, 586, 595, 610 y 612); que, de otra parte, obran en el expediente los Acuerdos Colectivos 1996-1997 (fls. 471 a 489) con nota de recibo oportuno (fl. 489) y 1998-1999 (fls. 447 a 470) con igual constancia de haber sido depositada en arreglo a la ley, vigente para la fecha de la terminación de la relación laboral —30 de noviembre de 1998—; que en su carácter indiscutido de profesores de colegio de la accionada le son aplicables, en conformidad con la cláusula 5ª del último de los estatutos (fl-448), sus disposiciones, esto es: Cláusula 7ª: prevalencia de las normas convencionales (fl. 440); Cláusula 30: Estabilidad Laboral: Contratos de trabajo de personal docente de Medio Tiempo y Tiempo completo continuaría a término indefinido (fl. 456 y 457); cómputo de tiempo servido a la Universidad, para todos los efectos; Cláusula 39: calidad de docentes según intensidad horaria: profesores de Tiempo Completo con dedicación no inferior a 12 horas ni mayor de 15 semanales; Medio Tiempo no inferior a 7 horas ni mayor a 12; Cláusula 45 relativa a salarios «Los profesores de los Colegios devengarían el 100% del salario señalado en la categoría del escalafón del sector oficial (fls. 462-463 ); Cláusula 49: Prima de Antigüedad otorgada en porcentaje de su salario mensual de 10%. 20%, 30% y 35% por 5, 10, 15, 20 o más años, respectivamente.

No encuentra reparo la Sala en el carácter indefinido que el Juez le asigna a los contratos de trabajo en virtud a la cláusula 30, parágrafo II de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999,- (fls. 456- 457)i.

Sin embargo el a quo, como lo afirma el recurrente, pese a indicar para algunos contratos de trabajo, adelante descritos, que estos sufrieron «una interrupción de un año», no modifica la fecha de iniciación de los mismos, por lo que se impone examinar cada uno de los casos referidos:

Martínez Galaraga;(1) Hernández Arrieta; Chico Acevedo; Caraballo de Suárez; Bloom Monsalve y De la Rosa

Puello:

En cuanto a:

Martínez Galaraga, ha de establecerse su vinculación con la demandada en dos oportunidades: una primera de un (1) año contada desde el 1º de febrero de 1991 y concluida el 30 de noviembre de ese mismo año y otra que se iniciara el 1º de febrero de 1993 para concluir el 30 de noviembre de 1998; fecha de finalización de la relación laboral no discutida para ninguno de los demandantes (fls. 57, 63, 64, 66, 66ª 72, 74, 75 anexo 1).

Hernández Arrieta presenta la misma situación del anterior de dos relaciones contractuales: la primera que se inicia el 2 de febrero de 1991 y concluye el 30 de noviembre del mismo año y la segunda que comienza el 1º de febrero de 1993 para extinguirse el 30 de noviembre de 1998 (fls. 137, 143, 147, 149, 152, 155 a 158 anexo 1).

Chico Acevedo igual situación del nombrado inmediatamente anterior; (fls. 201, 203, 206, 210, 211, 213, 214, 217 anexo 1).

De la Rosa Puello: Primer contrato: 1o de febrero de 1991 concluido el 30 de noviembre de ese mismo año; Segundo contrato: 1º de febrero de 1993 para concluir el 30 de noviembre de 1998 (fls. 280, 282, 283 285 a 294 anexo 1).

En lo que respecta a las demandantes Caraballo de Suárez y Bloom Monsalve, no obstante indicar el juez el hecho de la interrupción por un año de sus respectivos contratos en 1997 y 1992, respectivamente (fl. 660); a folios 261, para la primera, obra documento en el que consta contrato de trabajo de febrero de 1997 a noviembre 30 de dicho año y, para la segunda, a folio 255, certificado en que se hace constar que para 1992 recibía un sueldo promedio de $ 67.392,00 con un valor de hora cátedra de $648,00; por lo que permanecerá sin alteración el extremo inicial fijado por la primera instancia.

Consecuencia de lo anterior es, conforme a lo últimamente indicado, la modificación, para cada uno de los reseñados, del extremo inicial del contrato que terminara, para todos ellos y de acuerdo a los hechos y peticiones de la demanda, el 30 de noviembre de 1998, variando el tiempo de servicio a tener en cuenta a los propósitos de las pretensiones a las que fuera condenada la demandada y examinadas ahora en razón del recurso de apelación (fl. 701 a 703), así:

Las relaciones laborales de Martínez Galaraga; Hernández Arrieta; Chico Acevedo y De la Rosa Puello; se entienden desarrolladas bajo contratos de trabajo de duración indefinida y comprendidas entre el 1º de febrero de 1993 y el 30 de noviembre de 1998, esto es, 5 años y 10 meses. Los demás demandantes permanecen sin modificación.

Aparte de lo visto, respecto a la conclusión de docentes de medio tiempo o tiempo completo de los demandantes, a la que arriba el juez y que el apelante cuestiona en razón a la contradicción que encierra el haberlos calificado a todos como profesores catedráticos por horas para luego, (desconociendo que éstos (los catedráticos) según la convención colectiva 1998-1999 cláusula 56 literal c, son aquellos con una intensidad horaria equivalente a 7 horas); darles el tratamiento de profesores medio tiempo y/o tiempo completo; debe indicarse que la clasificación de catedráticos la desprende el juez de la lectura de los documentos contractuales de cada uno de los actores la que queda desvirtuada con la aseveración del hecho 22 de la demanda, que no obtiene respuesta de la accionada, estableciendo, para cada uno de los docentes que incoan el proceso, una intensidad horaria superior a 15 horas que los designa como profesores de tiempo completo; sin que el impugnante de la sentencia de primer grado hubiese indicado el medio de prueba que dejare sin sustento tal afirmación; la que por el contrario puede corroborarse, en cuanto al medio tiempo o tiempo completo a folios 500, 505, 509, 556, 563, 571, 581, 594.

De otra parte si los contratos de trabajo correspondían a la modalidad de duración indefinida y fueron extinguidos de manera unilateral sin invocar una justa causa, no se encuentra reparo en la determinación del Juez que condena a la indemnización por despido injusto, con la observación para su cálculo de las modificaciones en cuanto al extremo inicial de los contratos y con ello el tiempo de servicio ya vista.

No se reprocha de igual manera la condena a la demandada en relación con la prima de antigüedad a la que acceden los demandantes en su condición de beneficiarios de la convención colectiva y en virtud al artículo 49 de la misma (fl. 464), sin que a pesar de las modificaciones relacionadas con el tiempo de servicio ya vista puedan afectar la señalada condena que imparte el juez después de establecer que todos y cada uno de los actores contaba a la fecha de la terminación del contrato de trabajo con más de 5 años de servicio, circunstancia que no varía en ninguno de los casos.

En relación con las condenas relativas a la nivelación salarial según escalafón y al auxilio de transporte el impugnante sólo manifiesta su inconformidad sin expresar las motivaciones que lo condujeron a ello.

Sin embargo el apelante, además de referirse a su desacuerdo con la decisión que dispone la sanción moratoria a la demandada, sí expresa con toda claridad las razones de su disentimiento: «En relación con esta última (sanción moratoria) el juzgador la decreta sin hacer alusión alguna a la buena fe del demandado quien desde el mismo momento en que se presenta al proceso negó y así lo corroboró en su interrogatorio de parte, la existencia de contratos de trabajo a término indefinido con todos los demandantes».

En realidad, el a quo, para condenar a la demandada al pago de la sanción moratoria, realiza la siguiente consideración: «Toda vez que efectivamente se comprobó que la entidad demandada adeudaba a los actores cantidades relacionadas con diferencias salariales, auxilio de transporte, y primas de antigüedad, se condenará a la misma al reconocimiento y pago de la sanción prevista en el art. 65 del Código Sustantivo del Trabajo,…». (fl. 686)

Con lo que queda en evidencia que la sanción moratoria fue impuesta de manera automática, esto es, sin realizar valoración alguna en torno a las razones que llevaron a la Corporación demandada a no pagar las sumas de dinero por los conceptos aquí señalados, con miras a establecer si la empleadora se encontraba revestida de buena fe en tal proceder.

Con ello el a quo se apartaba del genuino sentido del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que, como de manera insistente lo advierte esta Sala, requiere del examen previo a la conducta del empleador; en Sentencia CSJ SL de 30 de julio de 2004, rad 22903, esto dijo:

En efecto, conforme lo tiene adoctrinado esta Corporación, la indemnización moratoria en manera alguna comporta una sanción automática que tenga su fuente en el sólo incumplimiento o retardo en el pago de salarios y prestaciones debidos, siendo la fuerza mayor o el caso fortuito la única posibilidad de su exoneración, como que antes de su imposición debe el juzgador examinar las razones que condujeron al empleador a incumplir o a demorar el pago de tales acreencias. De tal modo, si encuentra que en su proceder militan circunstancias atendibles que justifiquen la omisión en cuestión, vale decir, se halla demostrada la buena fe, podrá exonerársele de dicha sanción,...

Y en el sentido expuesto, al estudiarse el proceder de la demandada queda claro, sin que remita a duda, que ésta se encontró informada de razones plausibles para no reconocer y pagar los emolumentos a los que ha sido condenada en esta ocasión; originados en creer razonablemente que el carácter de los contratos, suscritos con los demandantes, correspondía al previsto en el artículo 101 del CST, con duración limitada por el período escolar.

Basten estas razones que no encuentran caprichosa ni irracional la conducta de la entidad educativa, que anualmente con los actores suscribía los referidos contratos circunscritos en el tiempo académico; para revocar la determinación del juez del conocimiento y absolver a la demandada de la sanción moratoria a la que fuera condenada.

Finalmente y, como se dijo, se modificarán las sumas que por indemnización por despido injusto se condenó a la demandada con relación a Martínez Galaraga; Hernández Arrieta; Chico Acevedo y De la Rosa Puello; aplicando al efecto la legislación vigente a la fecha de la terminación del contrato, 30 de noviembre de 1998, esto es artículo 6º Ley 50 de 1990:

Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez (10), se le pagarán veinte (20) día adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción;

Martínez Galaraga, cuyo tiempo de servicio de acuerdo a lo ya visto se estableció en 5 años, 10 meses y no como se estimó por el a quo en 7 años y 10 meses, con un salario de $240.000 mensuales (fl. 631); equivale a $1.133.280

$240.000/30=$8.000 $8.000x45 (días)=$360.000- (primer año).

$8.000x20=160.000x4 años siguientes al primero=$640.000.

10 meses equivales a 16,66 días x$8.000=$133.280.

Luego: $360.000+$640.000+$133.280=$1.133.280.

Hernández Arrieta, se determinó un tiempo de servicio de 5 años, 10 meses y no como se estimó por el a quo en 7 años, 9 meses 29 días; en un salario de $203.826 equivalente a $962.466,37.

$203.826/30=6.794,20x45 días (primer año)=$305.739.

$6.794,20x20=$135.884 x 4 años siguientes al primero=$543.536.

10 meses equivales a 16,66 díasx$6.794,20=$113.191,37.

Luego: $305.739+$543.536+$113.191,37=$962.466,37.

Chico Acevedo se concluyó en un tiempo de servicio de: 5 años, 10 meses y no como se estimó por el a quo en 7 años, 9 meses 29 días con un salario de $203.826 equivalente a: $962.466,37.

$203.826/30=6.794,20x45 días (primer año)=$305.739

$6.794,20x20=$135.884 x 4 años siguientes al primero=$543.536

10 meses equivales a 16,66 díasx$6.794,20=$113.191,37

Luego: $305.739+$543.536+$113.191,37=$962.466,37.

De la Rosa Puello se estableció en 5 años, 10 meses y no como se estimó por el a quo en 7 años, 10 meses con un salario de $203.826 equivalente a $962.466,37.

203.826/30=6.794,20x45 días (primer año)=$305.739.

$6.794,20x20=$135.884 x 4 años siguientes al primero=$543.536.

10 meses equivales a 16,66 díasx$6.794,20=$113.191,37.

Luego: $305.739+$543.536+$113.191,37=$962.466,37.

Sin costas en el recurso, ante el resultado del mismo.

X. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley Casa la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de septiembre de 2009, en cuanto al revocar la sentencia del juez de primera instancia, absolvió a la demandada; en instancia se modifica la decisión del juez en cuanto a la condena por indemnización por despido con respecto a los siguientes demandantes: Pedro Emiro Martínez Galaraga=$1.133.280; Mayda del Carmen Hernández Arrieta=$962.466,37; Mirta Isabel Chico Acevedo=$962.466,37. y Ramón de la Rosa Puello=$962.466,37; se revoca, por las razones expuestas, la sanción moratoria a la que se condenara a la demandada y en consecuencia se absuelve a ésta de tal pretensión; confirma en lo demás la sentencia del a quo, en el proceso instaurado por Agustín Almanza Ospino, César Gallego Gales, Pedro Emiro Martínez Galaraga, Dacia Elena Andrade Andrade, Mayda del Carmen Hernández Arrieta, Rosalba Salgado Pérez, Glenis Pérez Orozco, Mirta Isabel Chico Acevedo, Cipriano Cáceres C, Lérida de Jesús Caraballo, Yennis María Bloom Monsalve y Ramón de La Rosa Puello , Contra la Corporación Universidad Libre.-

Sin costas en el recurso, ante el resultado del mismo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

1 Cláusula 30: Estabilidad. A partir de la firma de la presente convención todo el personal docente tendrá derecho a permanecer en su cargo hasta tanto se dé alguna de las causales consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo (D. L. 2351 Art. 7º/65) adicionadas con las siguientes:
Parágrafo I.-
Parágrafo II.- Duración de la relación laboral.- Los contratos del personal docente de Medio Tiempo y Tiempo Completo en cuanto a contrato de trabajo se refiere continuarán siendo a término indefinido.