Sentencia SL1715-2014 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 42706

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calderón

SL1715-2014

Acta 4

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Fue interpuesto por el demandante; concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, solicita que se:

(…) case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto en el ordenamiento primero revocó el numeral primero de la sentencia del a quo, que había ordenado pagar al demandante la suma de $5.256.276,58 por concepto de prestaciones sociales y modificó el ordenamiento segundo reduciendo la condena sobre indemnización por despido a $46.293.333 según la parte resolutiva (a pesar de que en los considerandos se concluye que es la cantidad de $25.610.667), modifique el ordenamiento segundo en cuanto se abstuvo de proferir condena en punto a los perjuicios morales, y la sanción moratoria y lo confirme en cuanto revocó parcialmente el numeral tercero de la sentencia de primer grado, para que en sede de instancia confirme el ordenamiento primero de la sentencia del a quo, y modifique el segundo en cuanto al monto de la indemnización y el tercero en cuanto se abstuvo de proferir condena en relación con los perjuicios morales, y la sanción moratoria y por tanto se acceda también a las pretensiones cuarta y quinta sobre sanción moratoria y perjuicios morales (fls. 88 y 89 cdno. 1). (…).

Como alcance subsidiario de la impugnación, (…) se case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto en el ordenamiento primero modificó el numeral segundo de la sentencia del a quo, reduciendo la condena sobre indemnización por despido (indirecto) a $46.293.333 según la parte resolutiva (no obstante en los considerandos a folio 61 y 62 también se indica a manera de conclusión la suma [de] $25.610.667), se confirme el ordenamiento segundo, para que en sede de instancia se revoque el ordenamiento primero y se modifique el segundo en cuanto al monto de la indemnización por despido de la sentencia del a quo, y por tanto se liquide correctamente dicha indemnización por despido. (…).

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló cuatro cargos, no replicados.

IV. Cargo primero

A juicio del censor, la sentencia impugnada viola indirectamente, por aplicación indebida, “(…) los artículos 13, 14, 43 del Código Sustantivo del Trabajo, 132 Nº 2 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado 18 de la Ley 50/90, 1º del D. 1174/91, 59-9, 62 literal B) numeral 6, 64, 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 1494, 1546, 1603, 1613, 1614, 2341, 2342, 2347 y 2356 del Código Civil, 16 de la Ley 446/98; 55, del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 60, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 19, 21, 141, 253, 467 a 471 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º, 48, 53 y 230 superior».

Le atribuye la comisión de los siguientes errores evidentes de hecho:

1) Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante renunció a los beneficios convencionales cuando suscribió el contrato de trabajo (fl. 6), lo que se ratificó en el numeral 7 de la Comisión del Acuerdo Marco Sectorial del 21 de noviembre de 1996, que excluyó de esos beneficios a las personas [que] ocupen cargos de dirección y confianza, como el demandante.

2) No dar por demostrado, estándolo, que el pacto de salario integral resultó ineficaz, por cuanto, no se tuvo en cuenta el factor prestacional real de la empresa, razón por la que el salario devengado se tiene como ordinario para efectos prestacionales, lo que permite liquidar las prestaciones sociales y derechos laborales del demandante.

3) No dar por demostrado, estándolo, que por no haber cancelado el salario integral mes a mes de manera correcta con el factor prestacional real de la empresa, la entidad no obró de buena fe en el pago de las acreencias laborales del demandante, no solo durante la ejecución del contrato sino a su terminación.

4) No dar por demostrado, estándolo, que las circunstancias que rodearon el despido indirecto del demandante, le ocasionó (sic) perjuicios morales, los que se demostraron fehacientemente en el plenario, todo lo cual permite su tasación.

Asevera que el ad quem apreció erróneamente:

1- Demanda (fls. 85 a 101 cdno. 1)

2- Contestación de la demanda (fls. 116 a 125 cdno. 1).

3- Contrato de trabajo a término fijo suscrito por las partes (fls. 6 a 9 cdno. 1).

4- Convención colectiva de trabajo vigente en la entidad entre 1998 a 2000 (fls. 38 a 80).

5- Dictamen pericial, sobre el factor prestacional de la empresa rendido el 22 de mayo de 2007 (fls. 188 a 199 cdno. 3).

6- Funciones que desempeñó el demandante en el cargo de subgerente de transporte y distribución (fl. 4 cdno. 1).

7- Comunicación de 19 de mayo/99 dirigida por el demandante al presidente y miembros de la junta directiva, por la que acepta la designación efectuada por el Acuerdo 25 de 5 de mayo/99, como primer suplente del gerente de Cedelca S.A. (fl. 10).

8- Comunicación de 25 de agosto/99 dirigida por el director administrativo de recursos humanos de la entidad demandada, por la que se le informa al demandante, que ha sido trasladado a recursos físicos (fl. 13 cdno. 1).

9- Comunicación de 3 de septiembre/99 dirigida por el demandante al gerente general de Cedelca S.A., por la que da por terminado el contrato de trabajo por causas imputables al empleador (despido indirecto) (fls. 26 y 27 cdno. 1).

10- Comunicación del 7 de septiembre de 1999 dirigida por el director administrativo de recursos humanos de la entidad demandada informando al demandante que se le inició una investigación disciplinaria (fl. 20 cdno. 1).

11- Dictamen pericial, para determinar los perjuicios morales, rendido el 9 de abril/07 (fls. 409 a 422 cdno. 2).

Pruebas no apreciadas:

1- Proyecto de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo (fl. 11 cdno. 1).

2- Comunicación del 31 de agosto/99 dirigida por el demandante al gerente general de Cedelca S.A., por la que solicita reconsiderar el traslado, a recursos físicos, porque afecta gravemente su integridad profesional y laboral (fls. 16 y 17 cdno. 1).

3- Comunicación de 1 de septiembre/99 dirigida por el subgerente administrativo y Talleres Cedelca S.A., al demandante, en la que se le ordena el traslado a la subárea de recursos físicos, y las 4 tareas que tiene que realizar con límite de cumplimiento al 31 de octubre/99 (fl. 15 cdno. 1).

4- Comunicación del 3 de septiembre de 1999 dirigida por el gerente general de la entidad demandada informando al demandante que no es procedente reconsiderar la determinación de su traslado a la subárea de recursos físicos, hasta tanto se adelante y lleve a término una investigación disciplinaria en su contra (fl. 20 cdno. 1).

5- Providencia del 30 de septiembre de 1999, por la que el gerente de la entidad demandada termina en forma anormal “por sustracción de materia” la investigación disciplinaria iniciado (sic) contra mi procurado (fls. 40 a 42 cdno. anexo sobre proceso disciplinario).

6- Comunicación de 1º de septiembre/99 dirigida por el gerente general de Cedelca S.A. al demandante, por la que le remite “copia del volante que circula en la ciudad de Popayán, junto con la respectiva copia (fls. 24 y 25 cdno. 1).

7- Testimonio rendido por la sicóloga María Olga Velasco de Cajiao (fls. 161 a 167 cdno. 1).

Con el propósito de demostrar los desaciertos fácticos, el impugnante aduce que la renuncia a los beneficios derivados de la convención colectiva de trabajo, plasmada en la cláusula 2ª del contrato de trabajo, y en el propio instrumento convencional (fl. 67), son ineficaces lo mismo que ocurre cuando se desconoce el mínimo del factor prestacional, tal cual lo asentó, esta corporación en Fallo 10799 de 10 de agosto de 1998, puesto que dicho factor es diferente en una u otra empresa; que la renuncia a la convención no puede ser válida para quienes devenguen salario integral, por lo cual, se impone colacionar dicho factor.

En tal virtud, sostiene la censura, procede la imposición de la sanción moratoria, debido a que la reseñada ineficacia “determina que la entidad no obró de buena fe, toda vez que con dicho proceder lo único que perseguía era beneficiarse, al cancelarle al demandante su salario y las prestaciones sociales en una cuantía inferior”. Copia dos pasajes del fallo de casación referido, y asegura que con ello quedan demostrados los 3 primeros errores de hecho denunciados, con la prueba calificada que denuncia y que “de haber sido apreciadas correctamente, habrían conducido a la confirmación de la cantidad dispuesta en la sentencia de primer grado en el ordenamiento primero”.

Anota que con el dictamen pericial (fls. 188 a 199 cdno. 3) fluye evidente el desfase de la entidad, dado que, conforme con el documento del folio 198 (cdno. 3), “el factor prestacional en Cedelca S.A. para ese año es de 60.74% lo que arroja un salario mínimo integral de $3.276.299.12 y para 1999 el factor prestacional corresponde a 59.83% para un salario mínimo integral de $3.779.340,oo”, que además, da lugar una indemnización por despido de $54.674.452, que debe indexarse. Con dicha alegación, dice el recurrente, queda al descubierto el desatino enrostrado, pues “sin duda, el elemento compensatorio pactado no suple realmente los beneficios, prestaciones y recargos integrados, lo que conlleva a la ineficacia del pacto de salario integral”; en consecuencia, dice, procede el pago de prestaciones sociales y la sanción moratoria, en tanto no está probada la buena fe patronal.

Sobre los perjuicios morales, se refiere al cargo que ocupó inicialmente al servicio de la accionada, al traslado a un empleo de inferior categoría, a los requisitos para desempeñar uno y otro, y a la designación como primer suplente del gerente de la entidad. Manifiesta que con lo anterior queda demostrado que durante la etapa inicial de la ejecución del contrato, recibió un trato respetuoso y digno, acorde a su condición de ingeniero eléctrico calificado; que con la misiva en la que se le informa sobre su traslado, comienza el trato indigno e irrespetuoso, calificado por el ad quem como una degradación del trabajador, atentatorio de su dignidad, y su estima, no obstante la permanencia de su remuneración.

Aduce que el juzgador de segunda instancia no apreció el documento sobre terminación del contrato por mutuo acuerdo, no firmado pero que hace evidente el interés de desvincularlo, y “(…) la más aberrante humillación contra la dignidad de cualquier persona”, pues no se le planteó algún tipo de beneficio económico. Trascribe el contenido de la carta en que reclamó por la desmejora de su estado laboral, inapreciada según el impugnante, y lo propio hizo con la comunicación del 1º de septiembre de 1999, con la que se le informan las “cuatro tareas”, que no funciones, sobre las que no tenía conocimiento, dada su especialidad. También asevera que se inapreció la comunicación de 3 de septiembre de 1999 (fl. 20), en la que el gerente le informa sobre la imposibilidad de reconsiderar la decisión de cambiarlo de puesto de trabajo, hasta tanto finalice la investigación disciplinaria adelantada contra el actor.

Imputa equivocada valoración de la comunicación de 3 de septiembre de 1999 (fls. 26 y 27), mediante la cual exteriorizó su decisión de poner fin a la relación de trabajo, pues el ad quem inadvirtió el impacto que le causó la conducta de su empleadora. Igualmente, dice, no se valoró en su verdadera dimensión la misiva adosada al folio 20, en la que se pone en conocimiento del actor el inicio de una investigación disciplinaria, que fue terminada por sustracción de materia, lo que prueba no solo la persecución desatada en su contra, sino el detrimento moral, puesto que si en realidad hubiera cometido una falta, el retiro no impedía la prosecución del proceso disciplinario. A todo lo anterior, asegura, se suma que en forma tendenciosa, el gerente le dio traslado del volante anónimo que circulaba en la ciudad, lo cual hace palmario una “flagrante violación a la dignidad del demandante”.

Al dar por descontada la demostración del cuarto yerro fáctico, alega que el Tribunal dejó de apreciar el testimonio de la sicóloga María Olga Velasco de Cajiao (fls. 161 a 167), y no valoró en profundidad el dictamen pericial que obra entre los folios 409 y 422. En relación con el primero, reproduce una parte de las preguntas y respuestas, y sobre el segundo, copia un pasaje de lo considerado por el perito, y pasa a alegar que de dichas pruebas se deduce que se produjo un daño moral, “que el Tribunal no quiso ver, al haber analizado erradamente las pruebas enlistadas y al haber ignorado las que no apreció, no obstante haber encontrado demostrado que lo sucedido con el demandante fue un cambio brusco y: ‘(…) no es ni más ni menos que una degradación del trabajador dentro de la empresa, que afecta su estima y su ejercicio profesional y por decir lo menos su dignidad’” (resalto) (fl. 54 cdno. del Trb.) (…), pruebas con la que, dice, se desvirtúa “la afirmación desafortunada del Tribunal”, la cual reproduce.

Expone que la consecución de un nuevo empleo como docente universitario, no fue inmediata, como lo vio el ad quem, sino que estuvo cesante durante 6 meses. Por último, copió fragmentos de las sentencias 6533 de 12 de diciembre de 1996, y 22014 de 12 de mayo de 2004, de la Sala de Casación Laboral, y otra de la Civil de esta corporación.

V. Se considera

Para nada aludió el sentenciador de segundo grado a la supuesta renuncia de beneficios convencionales, que menciona el impugnante en su demanda de casación. Si bien, la legalidad del salario integral pactado lo dedujo de la lectura de la cláusula 4ª de la convención colectiva de trabajo que milita a partir del folio 37, y del numeral 7º de la CAMS, en ningún momento infirió de dichos textos, la renuncia a beneficios convencionales alegada por el actor, sino que solamente se limitó a tenerlos como elementos de juicio fundantes de su conclusión, dada la perentoriedad de su texto, en tanto el primero de los referidos extendió los beneficios pactados en el convenio colectivo a todos los trabajadores de la empresa, “(…) salvo las exclusiones a que se refiere el numeral siete (7) de la CAMS del 21 de Noviembre de 1999”, documento que establece como sujetos de la exclusión “(…) a todas las personas que ocupen cargos de dirección y confianza hasta el segundo nivel jerárquico”.

A pesar de que la senda de ataque seleccionada era la indirecta, la impugnación no controvierte la anterior inferencia fáctica, que fue en la que se apoyó el ad quem para colegir que el demandante era ajeno al acuerdo convencional, y de ahí, deducir la inviabilidad de incluir como componente del factor salarial los beneficios consensuados en el instrumento de negociación colectiva y, de contera, concluir en el respeto del tope mínimo sobre salario integral fijado en la parte final del numeral 2 del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, de suerte que se tornaba improcedente ordenar el pago de prestaciones sociales, en los términos de dicha norma. Y aunque la censura incluye la convención colectiva como una de las pruebas mal valoradas, en el discurso demostrativo ningún reproche hizo a la lectura de dicha pieza probatoria, sino que se limitó a imputarle su ineficacia, cuestión debatible solo por la vía de puro derecho. Tampoco formó parte del listado de pruebas denunciado, el documento del cual, en últimas, el ad quem dedujo la exclusión del demandante de los beneficios de la convención, es decir, el artículo 7º del Acuerdo Marco Sectorial CAMS (fl. 66) que se reprodujo parcialmente; tampoco se refirió a él en la demostración del cargo.

En ese orden, en el punto comentado, permanecerá incólume la sentencia gravada, en la medida en que no se demostraron los 2 primeros errores de hecho imputados, a pesar, eso sí, de la manifiesta ilegalidad de la parte final de la cláusula 2ª del contrato de trabajo, según la cual “queda claro que EL TRABAJADOR renuncia expresamente a los beneficios de la convención colectiva de trabajo, por cuanto ella no consagra derecho (de) ciertos e indiscutibles”, dado que ese desafortunado enunciado no fue uno de los pilares de la decisión confutada. Desde luego, tampoco puede prosperar el tercero de los errores, en tanto, como lo concluyó el fallador de segundo grado, la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, está supeditada a la existencia de débitos por salarios o prestaciones sociales, hipótesis que evidentemente no se da en este caso.

Contrario a lo anterior, el juzgador de segunda instancia sí incurrió en el cuarto de los errores enrostrados por el accionante. Tal cual lo refiere el impugnante, la providencia gravada aludió a la suficiencia probatoria de la configuración del despido indirecto, generado en el ejercicio indebido del ius variandi, al trasladarlo a un cargo de menor categoría, que implicó pasar de ser integrante del nivel directivo, en su condición de subgerente de transporte y suministro y primer suplente del gerente general (fl. 10) “(…) a ser prácticamente dependiente de una subgerencia, (…); pese a que salarialmente no fue desmejorado, dicho cambio por cierto brusco, no es ni más ni menos que una degradación del trabajador (…), que afecta su estima y su ejercicio profesional y por decir lo menos su dignidad” (sin negrilla en el original). A pesar de ello, reflexionó más adelante, que:

“(…) este hecho no es suficiente motivo para establecer un padecimiento de extrema intensidad que logre afectar su psiquis del actor (sic), al punto de causarle perjuicios de índole moral, ya que si bien es cierto pudo verse afectado con la determinación de la empresa de cambiarlo de cargo, del examen efectuadas (sic) a las pruebas que en sentir del recurrente —demandante— no fueron tenidas en cuenta por la juez de primer grado, encuentra la Sala que no tienen la fuerza suficiente para generar sin dubitación alguna que en efecto el actor sufrió perjuicios morales, ya que como bien lo dice la falladora de primer grado, la dejación del cargo conlleva a un impacto normal que se da en el ser humano, el cual estima esta corporación como pasajero e incapaz de dejar secuela alguna, al punto que luego de superar el duelo natural, pasó a convertirse en docente universitario, tal como se anota en el dictamen pericial que obra a folio 410 del cuaderno 2, razón por la cual, la decisión de denegar el pago de perjuicios morales, encuentra pleno aval por parte de esta instancia”.

El desatino es ostensible, en la medida en que, por lo menos, resulta contradictorio colegir que, no obstante que la conducta empresarial resultó abiertamente nociva para la estima y la dignidad del empleado, en tanto comportó una degradación de su estatus laboral, no le ocasionó un daño moral resarcible, dado que necesariamente una agresión contra bienes tan valiosos inherentes a la persona, que cuentan con protección constitucional, en la dimensión que tuvo por acreditada el ad quem, no puede dispensarse con el argumento de que no fueron de “extrema intensidad”, para concluir que no procedía la imposición de los perjuicios morales.

El demandante fue objeto de veladas presiones para que se desvinculara de la empresa, inferencia que necesariamente procede del desmejoramiento de su condición laboral, urdida bajo el pretexto de una investigación disciplinaria iniciada el 31 de agosto de 1999, de lo que se le informó el 7 de septiembre siguiente (fl. 20), siendo que el traslado fue comunicado el 25 de agosto anterior (fl. 13), lo que, en términos de lógica, resulta una paradoja, toda vez que la causa sería posterior a la consecuencia.

El desacierto de orden fáctico consistió, entonces, en haber restringido notablemente el alcance de los documentos que denuncia el impugnante de mal valorados, que sirvieron al Tribunal no solo para dar por probado el entramado diseñado por la enjuiciada en aras de lograr que el actor abandonara su empleo, sino además, que produjeron un daño en la víctima de tan deleznable proceder, pero no le resultaron útiles para tener por demostrado los perjuicios morales irrogados al trabajador.

Se abre camino, en consecuencia, la valoración de las pruebas no calificadas que menciona el recurrente; así la conclusión del examen sicológico (fls. 409 a 422) practicado al accionante es del siguiente tenor:

Es claro que el ingeniero Santiago Martínez Cadena, a raíz de los incidentes laborales en Cedelca, sufrió padecimientos emocionales en diferentes intensidades de carácter psicológico como angustia, depresión, desesperación.

El conflicto laboral le produjo afectaciones emocionales por lo cual tubo (sic) la necesidad de buscar profesional en psicoterapia.

Estas situaciones también han afectado en el aspecto de la dinámica familiar.

En mi criterio, teniendo en cuenta la situación global del caso, en este caso existe un daño moral subjetivado, de carácter moderado en el tiempo presente y supuestamente severo (pasado) en el contexto inmediato de los conflictos laborales del proceso disciplinario y de la suspensión del contrato. Dichos daños emocionales se evalúan en términos cualitativos, como se describen en los resultados.

Por su parte, Olga Velasco de Herrera, de profesión sicóloga, declaró que el accionante había acudido a su consultorio, porque tenía “(…) problemas de concentración, depresión y sobre todo había caído en una profunda crisis de autoestima”, ocasionados en la pérdida del empleo “(…) que con gran expectativa había ganado para trabajar en Cedelca (…)”.

Del dictamen pericial extrajo el ad quem que el impacto por el trato de que fue objeto el actor, fue pasajero, en tanto “pasó a convertirse en docente”, sin advertir que, de acuerdo con la versión entregada por la testigo, su paciente permaneció cesante durante 6 meses; pero, además, estos medios de convicción resultan útiles para confirmar que sí se irrogaron perjuicios morales al recurrente.

En el plano jurídico, esta Sala es del criterio de que el daño moral siempre debe ser resarcido; por ejemplo, en la Sentencia CSJ SL, 12 de Mar 2010, Rad. 35795 se discurrió:

Pese a que encontró que la jurisprudencia civil ha reconocido la posibilidad de que se causen perjuicios morales por el incumplimiento de un contrato, seguidamente el Tribunal aseveró que en materia laboral la única indemnización reconocida es la que surge de la terminación del contrato de trabajo y que la acción pertinente, en este caso, no pertenecía al derecho laboral, dado que los perjuicios invocados no provienen directa ni indirectamente de un contrato de trabajo.

Para la Sala, al discurrir de esa manera, incurrió el Tribunal en los quebrantos normativos que se le imputan porque, en primer lugar, es claro que la obligación de indemnizar perjuicios morales en materia laboral no se contrae exclusivamente a la terminación del contrato de trabajo, ya que, como lo ha reconocido de tiempo atrás la jurisprudencia, acudiendo a principios generales del derecho, el daño moral siempre debe ser resarcido, independientemente de la fuente de su origen. Aparte de ello, en el Código Sustantivo del Trabajo hay normas de las que se desprende que, al lado de la extinción del vínculo jurídico, existen otros hechos que pueden dar origen a un daño moral que debe ser indemnizado. Tal el caso del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, prospera el cargo, y en este preciso aspecto se casará la sentencia del Tribunal.

VI. Segundo cargo

Por vía directa, interpretación errónea, acusa la violación de “(…) los artículos 64-3 y 132 Nº 3 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 50/90, en relación con los artículos 46, 19, 21, 62 literal b)-6, 127 y 132 2-1, 141, 253 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º del Decreto Reglamentario 1174/91, 26 del Decreto 836/91, 48, 53, y 230 superior y 49 de la Ley 789/02”.

Luego de advertir que están fuera de debate los hechos que tuvo por probados el ad quem, acota que su inconformidad se centra en que se hubiera dispuesto la liquidación de la indemnización por despido “sobre el 70% del valor del salario integral, que según la parte resolutiva de la sentencia corresponde a $46.293.33, o según el folio 62 corresponde a $25.610.667 y no sobre el 100% del último salario devengado por el demandante”. En lo pertinente, reproduce el párrafo correspondiente, y afirma que, no obstante lo contradictorio del pronunciamiento, es posible extraer que el fallador finalmente tomó como base para calcular la indemnización el 70% de $3.200.000.oo, además que no citó el precepto legal que aplicó. Para acreditar que no existe norma en ese sentido, trascribe los artículos 64 —antes de la modificación de 2002—, y 132 del Código Sustantivo del Trabajo, y el 1º del Decreto 1174 de 1991; expone que tal vez se hizo producir efectos a la norma sobre aportes parafiscales. Así finaliza:

Teniendo en cuenta el valor del último salario devengado por el demandante en 1999, que se demuestra en el cuarto cargo, encaminado por la vía indirecta, la indemnización por despido (…) no corresponde ni a la suma de $46.293.333, dispuesta en la parte resolutiva ni a la cantidad de $25.610.667 según los considerandos del folio 62, sino a la suma de $53.700.122, cantidad que como lo ordenó el ad quem deberá indexarse.

VII. Tercer cargo

Por vía directa, esta vez por aplicación indebida, denuncia la infracción del mismo elenco jurídico del cargo anterior. Los términos en que endereza la demostración, son iguales a los de la segunda acusación.

VIII. Se considera

Se analizan los dos cargos conjuntamente puesto que además igual se argumentan, según se explicó.

Para efectos de cuantificar la indemnización por despido injusto, expuso el ad quem:

(…), teniendo en cuenta que el salario base para determinar el monto de la indemnización corresponde al valor del salario integral en su totalidad, incluido el factor prestacional, y que en este evento, tal como quedó establecido, el acordado entre las partes en litigio se ajustó a derecho, dicho resarcimiento se hará con base en el pactado entre las partes, esto es $3.200.000.oo y no $3.712.000.oo como se hizo en primera instancia.

Así las cosas, si el contrato de trabajo se dio por terminado el 3 de septiembre de 1999 y el mismo finiquitaba el 17 de noviembre de 2000, quiere decir que faltaban 434 días para la finalización del mismo, (no 422 como coligió la a quo) la indemnización equivale a la suma de $46.293.333.oo ($3.2000.000/30x434 días); por lo tanto si bien es cierto que esta corporación comparte la condena impuesta a la entidad demandada por concepto de despido injusto, no ocurre lo mismo con el monto, en consecuencia, se dispondrá modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido que la indemnización por despido injusto no será de $52.215.465.oo sino de $46.293.333.oo.

Sin embargo, en su recapitulación el Tribunal sostuvo que “(…) por tratarse de un salario integral la liquidación de la indemnización en cuestión solo procede sobre el 70% del mismo, en consecuencia, el numeral segundo de la sentencia, se modificará en el sentido de que la condena (…) será de $25.610.667.oo y no de $52.215.465.oo, suma que pagará [con la] debida indexación, en los términos señalados en el numeral primero de la providencia que adicionó la sentencia”.

Como el numeral 1º de la parte resolutiva del fallo quedó claro que “(…) la indemnización por despido injusto que se debe pagar al demandante es de $46.293.333.oo y no de $52.215.465.oo (…)”, sin duda que ni aún la vía de la aclaración era viable, mucho menos es procedente en sede de casación cuestionar un lapsus indudablemente intrascendente, en tanto existe certeza incontrastable de que la condena indemnizatoria por despido indirecto quedó en $46.293.333.oo.

En cuanto a las acusaciones en concreto, es suficiente anotar que, en la medida en que el juzgador de segundo grado en ningún momento calculó la indemnización por despido con base en el 70%, sino que a partir del 100% del salario integral de $3.200.000.oo, monto no controvertido dada la vía escogida, encontró que debía disminuirse el quantum de la condena. De esa manera, se concluye que el sentenciador aplicó correctamente el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, y el 1º del Decreto 1174 de 1991, concretamente en lo que a la base para liquidar la indemnización por despido que, curiosamente, coincide con la postura del recurrente.

No prosperan los cargos.

IX. Cuarto cargo

Por aplicación indebida, acusa la violación indirecta de los artículos “64-3, 141,253 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 46, 127, del Código Sustantivo del Trabajo, 62 B) -6 132 Nº 2 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 50/90, 1º del Decreto. 1174/91, 26 del Decreto 836/91, 19, 21, 467 a 471 del Código Sustantivo del Trabajo, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo 174, 175, 176, 177 del Código de Procedimiento Civil, 48, 53 y 230 superior”.

Denuncia la comisión de los siguientes errores de hecho, evidentes:

1) Dar por demostrado, sin estarlo, que la indemnización por despido injusto (…) se debe liquidar con el salario integral pactado en el contrato de trabajo, suscrito el 17 de noviembre de 1998, por valor de $3.200.000.oo.

2) No dar por demostrado, estándolo, que la indemnización por despido injusto (…) se debe liquidar con el último salario integral devengado (…), en 1999, en cuantía de $3.712.000 y no el que se pactó inicialmente por $3.200.000 en 1998.

Desaciertos que dice fueron generados en la errónea apreciación del contrato de trabajo (fls. 6 a 9), así como en la falta de valoración de la comunicación por la que el director de recursos humanos de la enjuiciada le informó los derechos que le asisten por prestaciones sociales, y el histórico salarial del actor (fls. 36, 37, y 38, cdno. disciplinario).

Destaca lo contradictorio de los argumentos de la sentencia que combate, empero que si se entendiera que quiso decir que para calcular la indemnización se debe partir del 100% del salario integral convenido, “(…) sin deducir el 30%, porque en la parte resolutiva se condena por indemnización (…), a la cantidad de $46.293.333, tampoco se comparte que no se hubiera tenido en cuenta el último salario devengado en 1999 (…) en cuantía de $3.712.000, sino el pactado inicialmente en el año 1998 por valor de $3.200.000, lo que arroja una suma inferior a la real (…)”.

Tras copiar la reflexión del Tribunal sobre el punto, reprocha que hubiera ignorado que a partir del 1º de enero de 1999 su salario fue incrementado a $3.712.000.oo, tal cual da cuenta el documento de folio 38 del cuaderno contentivo del proceso disciplinario, no apreciado por el juzgador. Además, según los folios 36 y 37 del mismo cuaderno, sus vacaciones fueron liquidadas con base en un salario diario de $123.733.oo, que corresponde a un salario mensual de $3.712.000.oo, con el que se debe calcular la indemnización. Así las cosas, el monto de la indemnización debe ser de $53.700.122, que no de $46.293.333.oo, ni $25.610.667.oo.

X. Se considera

Luego de descartar la posibilidad de imponer condena por concepto de prestaciones sociales, toda vez que el salario de $3.200.00.oo pactado por las partes en la modalidad integral, se ciñó al parámetro delineado en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, al incursionar en el terreno de la indemnización por despido, el Tribunal cometió el error de asumir que, dado tal hecho, era aquella suma la que debía adoptarse como base para elaborar las operaciones aritméticas pertinentes, sin percatarse que, efectivamente como lo advierte la censura, a partir del 1º de enero de 1999, la retribución integral del actor pasó a ser de $3.712.000.oo, tal cual se evidencia del registro histórico de sus salarios, mismo que exhibe como verdad irrefutable que durante el año 1998 se le pagó el monto pactado en el contrato de trabajo, pero a partir de la fecha mencionada pasó a devengar justamente el salario integral que al juzgador de la instancia inicial le sirvió de soporte para obtener un total de $52.215.465.oo, como indemnización por despido indirecto.

La conclusión anterior adquiere total consistencia si no se ignora que, además, en la comunicación del 7 de octubre de 1999, el director de recursos humanos de la entidad le informó al actor que el valor del “preaviso” que debía sufragar por haber terminado en forma unilateral el contrato de trabajo era de $3.712.000.oo, equivalente a 30 días de salario.

Los yerros fácticos manifiestos denunciados, que fueron acreditados, se generaron al dejarse de apreciar la documental enlistada por el impugnante.

Este cargo es fundado, exitoso, y en este punto también se casará el fallo gravado.

XI. Decisión de instancia

En cuanto a la indemnización por los perjuicios morales irrogados al demandante, en forma por demás reiterada y uniforme, esta Sala de la Corte tiene definido que la tasación de los mismos corresponde al prudente arbitrio del juez. En consecuencia, se revoca la absolución deferida por el juez de primera instancia y, en su lugar, se condenará a la enjuiciada a pagar al demandante la suma de $10.000.000.oo, por dicho concepto

En cuanto, a la indemnización por despido indirecto, por la sencilla razón de que el demandante no mostró inconformidad con el monto deducido por el a quo por este ítem, no se accede a conceder la suma de $53.700.122.oo; como Tribunal de instancia, la Corte no pueda más que confirmar el monto impuesto por el juez de primer grado.

Toda vez que la demanda de casación prosperó parcialmente, no se imponen costas por el recurso extraordinario. En las instancias, como se resolvió allí.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 10 de agosto de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el proceso ordinario promovido por Santiago Martínez Cadena contra Centrales Eléctricas del Cauca Cedelca S.A. ESP, en cuanto absolvió por concepto de indemnización por perjuicios morales, y redujo la indemnización por despido indirecto de $52.215.465.oo a $46.293.333.oo. No la casa en lo demás.

Como Tribunal de instancia, revoca parcialmente el numeral 3 de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, el 11 de diciembre de 2007, en cuanto resolvió “Negar las demás pretensiones”, para en su lugar, condenar a la demandada a pagar $10.000.000.oo a título de indemnización por perjuicios morales. Y, confirma el numeral 2 de la misma sentencia.

Sin costas en casación».