Sentencia SL1715-2016/48715 de enero 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48715

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 2

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende que la Corte case totalmente el fallo recurrido y, en sede de instancia, revoque el de primer grado y, en su lugar, acceda a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, oportunamente replicado, que la Sala procede a estudiar.

VII. Cargo único

Señala que la sentencia es violatoria de la ley por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los arts. 21, 32, 55, 58, 162 del CST 7º del D. 2351/1965, 28 de la Ley 789/2002, 60 y 61 del CPL y 53 de la C.P.

Asevera que dicha violación se dio a causa de haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

“1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que a pesar de haberse ‘aclarado’ en la ‘clausula (sic) de salario integral’ que el cargo era de dirección, confianza y manejo, de todas maneras se estableció una jornada de cuatro horas diurnas y de 5 p.m. a 9 p.m.

2. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la exclusividad pactada expresamente estaba referida a los horarios acordados en el contrato de trabajo.

3. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la justa causa establecida en el contrato de trabajo, consiste en prestar el servicio a otras entidades, personas o establecimientos diferentes a la Universidad Central, durante el horario establecido.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor prestó sus servicios a otras entidades, o personas, durante el horario comprendido con la Universidad Central”.

Señala que tales errores se cometieron por no haber valorado correctamente el contrato de trabajo; los contratos de prestación de servicios y la certificación expedida por el Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, junto con los testimonios rendidos por Wilson Ramírez y Consuelo Escobar, y por no haber valorado la declaración de Zoraida Urrea.

En la demostración del cargo, expresa que si bien es cierto el art. 162 del CST excluye a los trabajadores de confianza y manejo de la jornada máxima legal, ello no implica que deban laborar 24 horas al día y 168 a la semana, menos aun cuando las partes pactaron determinada jornada de trabajo. Ello, para significar que la cláusula de exclusividad del servicio estaba restringida al horario de trabajo establecido en el contrato de trabajo.

Afirma que la cláusula contractual que consagra como ‘falta grave’ prestar servicios a otra entidad o persona durante la jornada laboral “le quedó mal redactada a la Universidad y en el peor de los casos a las partes”; que ese defecto no se subsana con consecuencias que la norma no establece; que no “estamos ante una cláusula clásica de exclusividad”, sino frente a una simple ‘advertencia de que el asalariado durante su jornada de trabajo» no podía “prestar servicio a otra persona natural o jurídica”.

Señala que la concepción de exclusividad, no sería aplicable al caso bajo estudio, porque ello implicaría la vulneración del derecho del trabajador para disponer, con fundamento en el libre desarrollo de la personalidad, del tiempo restante no comprometido con la universidad, el cual es suyo y solo él puede determinar en qué lo invierte o a qué lo aplica. “De otra manera, sería concluir que como la universidad pactó (compró) ocho (8) horas diarias, puede disponer de las 24 al día y en ninguna parte se establece semejante desafuero”.

Asevera que la falta endilgada solo podría cometerse “prestando el servicio a terceros durante el horario de trabajo que fue lo acordado expresamente y así consta en el contrato de trabajo del cual la sentencia dedujo otra conclusión”.

De otra parte aduce que en el expediente no hay prueba que demuestre que el actor prestó sus servicios a personas diferentes durante el horario de trabajo pactado con la Universidad Central, pues la ejecución de los contratos de prestación de servicios con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá se desarrollaban sin sujeción a horario de trabajo y con plena autonomía e independencia, al punto que podía ejecutarlo desde su propia casa. Agrega que los testimonios de Zoraida Urrea y Wilson Ramírez, son claros en afirmar que el demandante cumplía a cabalidad sus funciones con el ente universitario.

En cuanto a la declaración de Consuelo Escobar Benítez, expresa que carece de veracidad porque no precisó fechas en las cuales el actor presentó deficiencias en sus labores y atendió “reuniones en otra empresa”, a más de que no laboraba en la misma área que el demandante.

VIII. Réplica

Para oponerse al cargo señala que el tribunal no erró al valorar las pruebas allegadas al proceso, porque de sus análisis resulta evidente que el actor incurrió en la falta grave endilgada en la carta con la cual se dio por finalizado el vínculo laboral, dado que está plenamente demostrado que violó la cláusula de exclusividad pactada con la demandada.

IX. Consideraciones

Tal y como quedó visto al historiar el proceso, no son materia de discusión los siguientes hechos: (i) que Iván Ricardo Suárez Sánchez suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la demanda desde el 1º de septiembre de 1992 hasta el 23 de marzo de 2007 cuando terminó por decisión unilateral de la accionada; (ii) que dicho contrato contempló en la cláusula primera que el demandante se obligaba “en forma exclusiva a la prestación personal de sus servicios dentro del horario establecido”; (iii) que la cláusula octava precisó que constituía “falta grave el hecho de que el trabajador preste sus servicios a otras entidades, personas o establecimientos deferentes a la Universidad Central durante el horario de trabajo establecido”; (iii) que el 1º de febrero de 1996, las partes acordaron pago de salario integral, que el demandante debía presentarse todos los días laborales para desempeñar las funciones de dirección, confianza y manejo en el cargo de director del departamento de sistemas en el horario de “4 horas en la jornada diurna y en la jornada nocturna de 5.00 p.m. a 9.00 p.m.”, y (iv) que el actor suscribió con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá varios contratos de prestación de servicios y que el último —Nº 077 del 7 de febrero de 2007—, sirvió de fundamento para poner fin a la relación laboral.

En ese contexto, le corresponde a la Sala dilucidar si la cláusula de exclusividad de servicios pactada entre las partes, fue ignorada por el demandante al suscribir sendos contratos de prestación de servicios con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y, por ende, constituyó justa causa de terminación del contrato laboral, tal y como lo concluyó el colegiado.

Pues bien, de antaño ha señalado la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, “que conforme al artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo, la regla general es que una persona puede prestar servicios a varios patronos, a menos que se hubiera pactado expresamente lo contrario, caso en el cual, en consideración del principio de la buena fe contractual, consagrado en el artículo 55 del estatuto sustancial del trabajo, y por tratarse de un pacto que no contraría regla de derecho alguna, al trabajador le queda vedada la posibilidad de prestar servicios a otro empleador, de la misma especie de los que ejecuta a aquél con quien convino la exclusividad, y si los llegare a prestar, indudablemente, estaría incurriendo en un incumplimiento contractual, que si se encuentra catalogado como grave, faculta al patrono para dar por terminado, unilateralmente y con justa causa, el contrato de trabajo”(1).

Luego, de acuerdo con la doctrina de la Sala, para que pueda constituirse la justa causa de despido basada en la violación de la cláusula de exclusividad deben concurrir al menos dos circunstancias de hecho: (i) que las partes hubieren pactado la susodicha cláusula y, (ii) que pese al pacto, el trabajador hubiere prestados servicios “de la misma especie de los que ejecuta a aquél con quien convino la exclusividad” a otro empleador.

En el sub lite, como antes se dijo, no existe duda de que las partes pactaron una cláusula de exclusividad que, mirada en su tenor literal, indica que estaba circunscrita o limitada al horario de trabajo establecido en el contrato de trabajo.

En efecto, establece el contrato en sus cláusulas primera y octava lo siguiente:

“Primera – El trabajador se obliga en forma exclusiva a la prestación personal de sus servicios dentro del horario establecido especialmente en las siguientes labores:

(…)

Octava – Las partes acuerdan considerar como falta grave el hecho de que el trabajador preste sus servicios a otras entidades, personas o establecimientos diferentes a la Universidad Central, durante el horario de trabajo establecido”.

En ese orden, y como quiera que el contenido de las cláusulas trascritas no fue objeto de discusión, para determinar si el trabajador violó el acuerdo suscrito con la universidad demandada era menester establecer, de una parte, si la ejecución de las actividades contractuales derivadas de los contratos de prestación de servicios suscritos con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá se realizaron durante el horario de trabajo establecido en el contrato de trabajo y, de otra, si esas actividades eran de la misma especie de las que ejecutaba en condición de director del departamento de sistemas del ente universitario demandado.

En punto a lo primero, el colegiado partió del hecho de que el demandante tenía un cargo de dirección, confianza y manejo —circunstancia que como antes se dijo, no fue objeto de discusión— y, así, con base en las reglas de la sana critica dedujo que esa fue “la razón por la cual la Universidad requirió de la presencia del demandante todos los días de la semana y de la disponibilidad exclusiva dentro de unos horarios que fijó el empleador en ejercicio de su poder de dirección y subordinación, motivo por el cual acordaron que el hecho de prestar servicios a otro empleador, constituía en sí mismo, una falta grave (…)”.

Ahora, si bien la Sala ha sido reiterativa en señalar que los jueces en las instancias están revestidos de la potestad de libre apreciación de los medios probatorios conforme a lo dispuesto en el art.61 del CPT y S.S., y que por tal razón la Corte, en principio, no puede casar la providencia de segunda instancia, también ha dicho que la sentencia del tribunal se infirmará cuando sea manifiesta la disociación entre la aprehensión del juez y el medio de instrucción calificado en el que basó su decisión, error en el que incurrió el Colegiado en el sub lite al basar su decisión en la naturaleza del cargo directivo, de confianza y manejo que desempeñaba el actor, y omitir que la exclusividad de servicios pactada estaba circunscrita, exclusivamente, al desempeño de actividades con otra entidad, personas o establecimientos, dentro del horario de trabajo convenido de “4 horas en la jornada diurna y en la jornada nocturna de 5.00 p.m. a 9.00 p.m.”.

En otras palabras, erró ostensiblemente el ad quem al deducir de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el actor y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, “que por las numerosas obligaciones acordadas, su compromiso demandaba emplear un tiempo significativo”, como si ello fuera suficiente para dar por demostrado que se desarrollaban durante el horario de trabajo convenido de “4 horas en la jornada diurna y en la jornada nocturna de 5.00 p.m. a 9.00 p.m.”.

En efecto, ninguna de las pruebas en las que basó el tribunal la decisión impugnada, logran demostrar que el actor violó la cláusula de exclusividad durante el horario de trabajo señalado.

Así se afirma, porque: (i) el contrato de trabajo y los otros que lo adicionaron, inequívocamente informan que la exclusividad quedó limitada al horario de trabajo de “4 horas en la jornada diurna y en la jornada nocturna de 5.00 p.m. a 9.00 p.m.” acordado; diferente sería la conclusión si dicha cláusula no hubiese sido condicionada por las partes; (ii) el contrato de prestación de servicios 077 de 2007 suscrito entre Suárez Sánchez y la entidad oficial de Bogotá, enseña los acuerdos de los contratantes, pero no evidencia en forma alguna que el accionante debía desarrollar sus obligaciones contractuales todos los días laborales durante el horario pactado con su empleadora de “4 horas en la jornada diurna y en la jornada nocturna de 5.00 p.m. a 9.00 p.m”, que era el lapso sometido a la exclusividad; y (iii) la certificación expedida por la Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, da cuenta que las actividades contratadas con el accionante, se desarrollaban de manera autónoma y si sujeción a horario de trabajo.

Y en lo que a las pruebas testimoniales corresponde —que bien puede analizar la Sala, dada la prosperidad del ataque frente a las que sí lo son—, es preciso señalar que ninguno de los deponentes afirmó que el accionante desarrollaba sus actividades contractuales con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, durante el horario de trabajo convenido con la demandada.

En efecto, afirmó el tribunal que Wilson Ramírez manifestó “que él acompañaba a ciertas reuniones al ingeniero demandante, en vista de la naturaleza de sus funciones”. Pero omitió decir en su proveído que ese testigo también afirmó que “En las horas de la mañana siempre estaba el ingeniero Ivan (sic) es lo mas (sic) puntual que yo puedo decir. Adicionalmente en el area (sic) de telecomunicaciones hay trabajos en horario no laboral y en días no laborales sábados, domingos días festivos y con supervisión del director del departamento”. También soslayó el juzgador de segunda instancia que a la pregunta “¿dígale al juzgado desde que (sic) lugar o en que (sic) momento el señor suarez (sic) realizaba sus labores al fondo que ha hecho mención?”, ese mismo testigo respondió: “no lo sabría decir, es el desarrollo de su actividad profesional (…)”.

En lo que respecta a la declaración de Consuelo Escobar Benítez, se limitó el colegiado a destacar que en su dicho, la testigo refirió que asistía a varias reuniones con el demandante, que él acudía en compañía de otra persona, que con frecuencia tenía que salir a contestar el teléfono, relató algunas de las funciones que le correspondía ejecutar, “y que tenía conocimiento de que el demandante atendía reuniones con otra empresa y que una vez tuvo que llamarlo al teléfono que encontró al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito”.

Sin embargo, al revisar esa declaración no advierte la Sala que la llamada en referencia se efectuó porque Suárez Sánchez no se encontraba en la universidad demandada dentro de su jornada laboral; tampoco consta que el actor la hubiere contestado desde las dependencias de Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá; lo que de esa declaración emana, según lo que se le preguntó a la testigo, es que ella llamó al ente distrital para verificar si el accionante “era supuestamente el director del departamento de sistemas de otra entidad”.

Por último, en la declaración de Zoraida Urrea que la censura acusa por falta de estimación —pese a que sí fue valorada—, se lee que la deponente en condición de secretaria del departamento de sistemas del que era director el demandante, en relación con el horario en el que Suárez Sánchez desempeñaba su funciones afirmó: “el (sic) normalmente estaba en la universidad, como era el director el (sic) siempre estaba en la mañana y en las tardes creo que iba y por las noches”. En cuanto a las preguntas relacionadas con el horario de trabajo que él utilizaba para atender las obligaciones del contrato que tenía con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, textualmente respondió: “no tengo conocimiento, de como (sic) prestaba el servicio en cuanto horario solo se (sic) que tenía una asesoría en el fondo” y, así mismo aseveró, que tampoco tenía conocimiento de que esas actividades de asesoría las ejecutara “desde su oficina en la universidad”.

De modo que sí está probado que el accionante cumplía con el horario de trabajo establecido en la Fundación Universidad Central y, no está acreditado que dentro de esa jornada laboral, desde las instalaciones de la demandada desarrollaba las obligaciones contractuales que tenía con la entidad oficial del Distrito Capital, se concluye, tal y como lo señala la censura en los cuatro errores de hecho que le endilga a la sentencia, que erró el juez de alzada en la valoración del acervo probatorio en el que fundamentó su decisión, porque su análisis conjunto, pormenorizado y ponderado, informa que el actor no violó la cláusula de exclusividad circunscrita o limitada al horario de trabajo establecido de “4 horas en la jornada diurna y en la jornada nocturna de 5.00 p.m. a 9.00 p.m.”.

Aun cuando lo anterior es suficiente para la prosperidad del cargo, en armonía con la línea jurisprudencial atrás reseñada, pertinente resulta destacar que las actividades contractuales pactadas entre el actor y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, no resultan ser “de la misma especie de los que ejecuta a aquél con quien convino la exclusividad”, pues mientras esas eran de asesoría, las convenidas en el contrato de trabajo con la Universidad Central, eran las de dirección, confianza y manejo propias del cargo de director del departamento de sistemas.

En consecuencia, prospera el cargo, sin costas en sede de casación.

X. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia, basta señalar que al estar demostrado que el actor no infringió la cláusula de exclusividad pactada con su empleadora, el despedido deviene en injusto.

Por tanto, se revocará la decisión absolutoria de primera instancia y, en su lugar, se declarará que el despido fue injusto y se condenará a la universidad al pago indexado de la correspondiente indemnización, previa consideración de los extremos del contrato de trabajo —1º de septiembre de 1992 a 23 de marzo de 2007— (fls. 9 a 11 y 7 a 8) y el último salario integral devengado por el accionante equivalente a $ 7.391.000 (fls. 18 a 20 y 34 a 38).

En virtud del parágrafo transitorio del art. 28 de la L. 789/2002, la liquidación se efectuará conforme a los postulados del literal d) del art. 6º de la Ley 50/1990, debidamente indexada, conforme se indica a continuación:

SL1715-2016-1
 

En síntesis, se condenará a la Universidad Central pagar a Iván Ricardo Suárez Sánchez $ 144.617.233.33 por concepto de indemnización y $ 56.590.65 por concepto de indexación calculada a 22/01/2016, sin perjuicio de la que se cause hasta cuando efectivamente se verifique su pago; para un total de doscientos un millones doscientos siete mil doscientos setenta y ocho pesos con noventa y ocho centavos ($ 201.207.278,98).

Costas en las instancias a cargo de la demandada.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 18 de junio de 2010 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Iván Ricardo Suárez Sánchez contra la Fundación Universidad Central.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá el 11 de julio de 2008. En su lugar, declarar que la terminación del vínculo laboral que unió a las partes fue sin justa causa.

2. CONDENAR a la Fundación Universidad Central pagar a Iván Ricardo Suárez Sánchez $ 144.617.233.33 a título de indemnización por despido injusto y $ 56.590.65 por concepto de indexación calculada a 22/01/2016, sin perjuicio de la que se cause hasta cuando efectivamente se verifique su pago; para un total de doscientos un millones doscientos siete mil doscientos setenta y ocho pesos con noventa y ocho ($ 201.207.278.98).

3. Costas, conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

1 CSJ SL – Rad. 390078 de 23/11/2010