Sentencia SL17242-2017/51288 de octubre 10 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 2

Rad.: 51288

SL17242-2017

Magistrado Ponente:

Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado

Acta 14

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por Carlos Julio Patiño Bohórquez, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (fls. 101 a 103 vto., cdno. del tribunal).

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la decisión emitida por el juez de primera instancia.

Solicita, en forma subsidiaria, se CASE la sentencia impugnada, para que en sede de instancia, la Corte, modifique el fallo del a quo y condene al BBVA Colombia S.A., a cancelar la suma de $ 17.299.000 m/cte., deducida ilegalmente de su liquidación final de prestaciones y al pago de la indemnización moratoria.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, cargos que fueron objeto de réplica, y que se estudiaran conjuntamente el primero y el segundo, y posteriormente el tercero y el cuarto.

VI. Cargo primero

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, instituida en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y artículo 7º de la Ley 16 de 1969, se formulan los siguientes cargos, por ser la sentencia acusada, violatoria de los derechos fundamentales del actor y de la ley sustancial de carácter nacional.

En la formulación del cargo manifiesta que la sentencia acusada:

[…] viola por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos: 4º, 13, 25, 53, 93, 229 y 230 de la Constitución Nacional; 1º, 9º, 13, 14, 19, 21, 47, 55, 61 subrogado por el artículo 5º de la ley (sic) 50 de 1990 y 6º ibídem; 62, 64 modificado por el artículo 28 de la ley (sic) 789 de 2002, 8º numeral 50 del Decreto 2351 de 1965; 3º de la ley (sic) 48 de 1968; 73.3 127, 128, 374.2, 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 18.6 de la ley (sic) 712 de 2001; 5º, 7º, 37 y 38 del Dl. 2351 de 1965; 1º y 3º de los convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la OIT, ratificados por las leyes (sic) 26 y 27 de 1976; 24 de la Declaración Americana de derechos y deberes del hombre; 8º de la ley (sic) 153 de 1887; 17, 1494, 1495, 1502, 1508, 1513, 1613 a 1617, 1546, 1626, 1627, 1648, 1649 y 1973 del Código Civil y 40 de la ley (sic) 169 de 1896.

En la sustentación del cargo expone que el debate jurídico se centra en establecer si procede la acción de reintegro convencional, basada en el artículo 8º, numeral 50, del D.L. 2351 de 1965, o estamos ante “una mejora a la tabla indemnizatoria legal para quienes fueran despedidos con más de diez años de servicio”, y si el reintegro ampara solamente a quienes tuviesen “acumulados más de diez (10) años continuos al servicio del empleador para la fecha de entrada en vigencia de la ley (sic) 50 de 1990”.

Que la decisión del ad quem se edificó en el pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia CSJ SL, 20 oct. 2010, y de la simple confrontación del fallo acusado con los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales, se evidencia el yerro hermenéutico en que incurrió el ad quem, pues el precedente invocado, no necesariamente debía servir de base para revocar el reintegro convencional dispuesto por el a quo.

Para sustentar su inconformidad, expresa que al tenor del artículo 17 del C.C., las decisiones judiciales solo tienen fuerza obligatoria respecto de las causas en las que fueron pronunciadas. Que, si bien es cierto, cuando existan tres decisiones uniformes sobre un punto de derecho emitidas por la Corte como tribunal de casación, si bien los jueces podrán aplicarla en casos análogos, no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.

Por lo demás, los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, según el artículo 230 de la Carta Magna, de donde se desprende que la jurisprudencia, como la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina, únicamente constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial.

Que con fundamento en la jurisprudencia tomada como precedente, el ad quem, le hizo decir a la norma transcrita lo que realmente no dice, y que la exegesis que hizo del numeral 5º del artículo 8º del D.L. 2351 de 1965, incorporado al texto convencional, es frontalmente contraria a su espíritu, a su tenor literal y a los principios generales que orientan y justifican el derecho al trabajo; que la norma convencional en comento establece que ante el despido injusto de un trabajador con antigüedad de diez o más años, el juez del trabajo queda facultado para optar entre la indemnización o el reintegro, consagrado, en el numeral 5º, artículo 8º del D.L. 2351 de 1965, precepto legal que se incorporó al texto convencional, del cual no se puede extraer, sin incurrir en craso error, una hermenéutica distinta a la existencia de la acción de reintegro.

Manifiesta que, como quiera que los sujetos de la contratación colectiva, al invocar el numeral 5º del artículo 8º del DL 2351 de 1965 y emplear la expresión “sin perjuicio”, dejaron a salvo el reintegro allí previsto, y el “si” utilizado subsiguientemente, es alternativo, encauzado a mostrar que el juez podía optar entre dos posibilidades y por ello se convino que “si el juez optare”, circunstancia que supone elegir entre dos puntos de referencia: indemnización o reintegro.

Que, entre las dos opciones consagradas en el precepto convencional, y a la luz del principio de favorabilidad debió el tribunal, escoger la interpretación más favorable para el trabajador, que en este caso era ordenar el reintegro de este al mismo cargo o uno de igual o mejor categoría, y al no ordenar dicho medio, violentó el precepto constitucional de la favorabilidad (fls. 9 a 22, cdno. de la Corte).

VII. Réplica

Manifiesta que el recurrente incurrió en desaciertos que demuestran que en la demanda de casación laboral presentada se incumple con los requisitos propios de la misma, que contiene errores que impiden hacer un estudio sobre el fondo del asunto.

Una falla técnica es la siguiente:

[…] cuando el censor, no obstante que en la proposición jurídica acusa varias normas, sin embargo, en la demostración del cargo no las toma en cuenta para señalar el error en la interpretación que plantea y solo se refiere a algunas de ellas, como ocurre con los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, 73.3, 74.4 del C.S. del T., 18.6 de la Ley 712 de 2001, 8º numeral 5º del Decreto 2351 de 1965, 1º y 3º de los Convenios 87 y 98 de 1949 de la OIT, 17 del Código Civil y el 4º de la Ley 169 de 1986, sin que se precise los motivos de la errada interpretación, dejando de lado otra serie de normas relacionadas que solo conducen a impresionar al lector, motivo por el cual se torna incompleta la sustentación.

También, argumenta que, en la demanda de casación, no se dice cuál fue lo errado de la interpretación de las normas enlistadas; sin embargo, se ataca la sentencia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea.

En el mismo sentido, aduce que el recurrente hace referencia al Convenio 98 de 1949 de la O.I.T., sin indicar el artículo vinculado, de la correspondiente norma sustantiva del alcance nacional, como también, menciona el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin señalar la ley por la que fue ratificada, por lo que se está, ante una norma mal citadas.

Más adelante, transcribe apartes de las sentencias CSJ STL, 20 oct. 2010, rad. 42233 y CSJ STL, 15 mar. 2011, rad. 41975, que resuelven temas sobre la indemnización por despido sin justa causa.

En el mismo sentido, menciona lo siguiente:

[…] Seria grave yerro de hermenéutica deducir que el aludido artículo 14 de la convención colectiva de trabajo, firmada el 9 de mayo de 1972, por haber citado el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, incorporó al acuerdo colectivo esta norma legal. Lejos de ello, esobvio que la disposición convencional solo alude a dicho precepto legal para extender el beneficio de la indemnizaciónespecial,consagrada en la disposición convencional, también para aquel trabajador que demanda el reintegro y el juez no accede a ello sino que “optaporlaindemnización”.

En conclusión, lo que manifiesta es que el artículo 14 convencional, no hace referencia al reintegro, sino a mejorar la indemnización por despido sin justa causa, como lo interpretó el tribunal, y la Corte ha admitido como hermenéutica verdadera de dicha norma convencional (fls. 69 a 82, cdno. de la Corte).

VIII. Cargo segundo

Manifiesta el recurrente que acusa sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en:

[…] la modalidad de aplicación indebida de los artículos: 4º, 13, 25, 53, 93, 229 y 230 de la Constitución Nacional; 1º, 9º, 13, 14, 1 9, 21. 47, 55, 61 subrogado por el artículo 5º de la ley (sic) 50 de 1990 y 6º ibídem; 62, 64 modificado por el artículo 28 de la ley (sic) 789 de 2002, 8º numeral 50 del Decreto 2351 de 1965; 3º de la ley (sic) 48 de 1968; 60 de la ley 50 de 1990; 21 ,73.3 127, 128, 374.2 464. 467. 468. 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 18.6 de la ley (sic) 712 de 2001; 5º, 7º, 37 y 38 del Dl. 2351 de 1965; convenios 87 de 1948 y 98 de 1949 de la OIT 24 de la Declaración Americana de derechos y deberes del hombre; 8º de la ley (sic) 153 de 1887; 14 de la ley (sic) 153 de 1887, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 1 74, 177 y 252 y s.s. del CPC 17 del Código Civil y 40 de la ley (sic) 169 de 1896.

Considera como errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que en la entidad demandada existe el reintegro del trabajador beneficiario de la convención colectiva de trabajo del 9 de mayo de 1972, artículo 14 literal d). cuando es despedido sin justa causa, con diez o más años de antigüedad.

2. No dar por demostrado. siendo evidente, que la intención de las partes que suscribieron la citada convención, fue incluir en su texto el reintegro por antigüedad, contemplado en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

3. Dar por demostrado. siendo contraevidente, que, en el mencionado artículo convencional, no se pactó una acción de reintegro autónoma para sus beneficiarios. sino una mejora a la tabla indemnizatoria legal para quienes fueran despedidos con más de 10 años de servicios.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las partes contratantes de la convención colectiva de trabajo aludida, incorporaron expresamente en el artículo 14, literal b) el numeral 5º, artículo 8ºdel Decreto 2351 de 1965.

5. No dar por probado. estándolo. que la alusión hecha al artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 en el artículo 14 literal d) de la convención colectiva del 9 de mayo de 1972, fue para consagrar la acción de reintegro.

6. Dar por probado, sin ser cierto, que el reintegro, solo “cobija a aquellos trabajadores que reúnan la exigencia legal” de tener acumulados “más de 10 años continuos al servicio del empleador para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990 (par. trans. art. 6º, 1.50/90)”.

7. No dar por demostrado. estándolo, que el reintegro impetrado en la pretensión principal de la demanda, se aplicaba al demandante, dada su condición de afiliado a la Unión Nacional de Empleados Bancarios “UNEB”.

Los yerros fácticos se derivaron a su vez, de la equivocada apreciación de los siguientes medios de convicción:

PRUEBA MAL APRECIADA: La convención colectiva de trabajo suscrita el 9 de mayo de 1972, entre el Banco Ganadero (hoy BBVA COLOMBIA) y las organizaciones sindicales denominadas ACEB y UNEB (Fls. 36 a 47).

PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR: a) La certificación de afiliación y paz y salvo expedida por la UNEB (fI. 22) y b) la sustentación por parte del Banco del recurso de apelación presentado ante el a-quo por la señora apoderada del BBVA COLOMBIA. (Fls. 694 a 704).

Para demostrar el cargo, se parte de confrontar la sentencia impugnada, con el texto convencional contenido en el artículo 14 literal d) de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 9 de mayo de 1972, y se concluye, sin mayor esfuerzo, que el ad-quem incurrió en aquello que la Corte Constitucional denomina una valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, pues independientemente de que las partes no hubiesen consignado el término “reintegro”, ni reproducido el texto legal que allí resplandece, de su tenor literal brota silvestre, que la intención de las partes fue consagrar el reintegro, pues de otra manera no se habría incorporado el numeral 5º del artículo 8º del D.L. 2351 de 1965 que expresamente lo consagra, sino que habrían incrementado la tabla indemnizatoria simplemente.

Por lo dicho, le estaba vedado al juez de segundo grado valorar la norma convencional en contra de los derechos fundamentales del trabajador, pues al ser despido sin justa causa y tener más de 10 años de servicio, se le facultaba al juzgador para optar entre la indemnización o el reintegro.

Esgrime el impugnante, que las partes utilizaron la expresión original “sin perjuicio”, para dejar a salvo el reintegro del “numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965”, y el “si” utilizado subsiguientemente, fue condicional, y alternativo, encauzado a mostrar que el juez podía optar entre dos posibilidades (indemnización o reintegro), obviamente la opción de reintegro que es la más favorable para el trabajador.

De igual manera expresa, que es desafortunado afirmar, de cara al artículo 14, literal d), de la Convención Colectiva de Trabajo del 9 de mayo de 1972, que lo pactado fue una mejora de la tabla indemnizatoria y, menos aún, que la cláusula convencional no tuvo la virtualidad de crear una propia y autónoma acción de reintegro, ni de reproducir el texto legal, porque esa conclusión, resulta arbitraria y caprichosa.

Se insiste en que no era necesario que las partes de la contratación pactaran expresamente, al pie de la letra, la acción de reintegro de manera más clara, ni que hubiesen reproducido el texto legal, porque su voluntad, de buena fe, se orientó a invocar el precepto legal referido, circunstancia que basta para comprender la finalidad perseguida y eso era lo que venían entendiendo jueces y magistrados, al unísono en todo el país, y si subyacía alguna duda, para desatar la controversia el juez colegiado debió escoger el sendero más favorable al trabajador despedido injustamente y no prohijar la comisión de una vía de hecho.

Si el ad quem no hubiese incurrido en los dislates que pregona el cargo, necesariamente habría confirmado la dedición del a-quo, y convalidado el reintegro convencional, aplicable al actor.

Por lo anterior y ante la equivocada valoración de las pruebas que enlista el cargo que debe considerarse un error de hecho manifiesto, lesivo a la majestad de la justicia y violatorio de los derechos fundamentales del trabajador demandante, debe la Corte casar la sentencia acusada (fls. 22 a 28, cdno. de la Corte).

IX. Réplica

A este cargo, se opone diciendo que, al igual que en el anterior, este contiene errores de técnica, ya que, el tribunal aplicó una jurisprudencia para tomar su decisión, lo que solo se puede atacar por la vía directa o de puro derecho y no por la indirecta como lo hace el recurrente.

Para ello reitera los mismos argumentos de la réplica al primer cargo, y manifiesta lo siguiente (fls. 82 a 94, cdno. de la Corte):

[…] El error que si aparece y es manifiesto, es el (sic) aquel en que incurrió la censura al optar por la vía indirecta y denunciar supuestos errores de hecho, los cuales sustenta con un discurso eminentemente jurídico, con amplio respaldo jurisprudencial, lo que es propio de la vía directa o de puro derecho.

De lo que se trata es de distraer la atención con un discurso que más parece defensivo de la instancia, para ocultar lo que viene dado con claridad meridiana en varias sentencias recientes proferidas por la H. Corte, en casos similares al presente, lo que ya de antemano impone el rigor del respeto por la jurisprudencia.

X. Consideraciones

No tiene razón la réplica en sus argumentos para no atender la demanda de casación, en tanto que, la lectura detenida de estos dos primeros cargos, permite a la sala el estudio de fondo de ambos ataques.

Así, la sala procederá a resolver, en forma conjunta, los cargos primero y segundo, los que a pesar de estar presentados por la vía directa e indirecta, se cimientan en similares argumentos jurídicos y fácticos.

El artículo 55 de la Constitución Política, garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, el que es consustancial con el de asociación sindical y con su ejercicio se potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a esta cumplir la misión que le es propia, la de representar y defender los intereses comunes de sus afiliados.

Se busca cumplir así, la finalidad de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, tal como lo regula el artículo 1º y 18 del CST.

Por su parte el artículo 467 del CST define a la convención colectiva de trabajo de la siguiente manera:

[…] es la que se celebra entre uno o varios [empleadores] o asociaciones [de empleadores], por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia.

De lo que se puede extraer, las convenciones colectivas de trabajo son acuerdos de voluntades celebrados entre un sujeto sindical y un empleador para regular las condiciones laborales que han de ordenar los contratos individuales de trabajo durante su vigencia.

Descendiendo al caso particular no existe discusión frente a los siguientes hechos, los que además se establecieron en la sentencia de segunda instancia: i) el tiempo de servicio del demandante a favor de la demandada, entre el 17 de septiembre de 1986 y el 24 de abril de 2007; ii) que la terminación de la relación laboral fue de forma unilateral e injusta; iii) que el empleador reconoció al extrabajador, por concepto de liquidación final de prestaciones sociales, la suma de $ 116.986.986; iv) que de la liquidación se le dedujo al suma de $ 31.084.062 por concepto de retención en la fuente; v) que el actor fue beneficiario de la convención colectiva y de los laudos arbitrales vigentes a la fecha del despido.

A pesar de lo extenso de los cargos, se puede extraer que la inconformidad del impugnante se cimienta en que el acuerdo convencional consagra el derecho al reintegro de los trabajadores que, con 10 o más año de servicios, son despedido sin justa causa, independientemente de la fecha de ingreso a la empresa y de la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, por tratarse de una cláusula autónoma que obedece a la voluntad de las partes contratantes y que no puede ser objeto de modificación por la expedición o derogatoria de la una ley posterior.

De lo anterior, se plantea como problema jurídico que deberá resolver la sala, si el tribunal erró al establecer que, en la cláusula 14 convencional no se pactó una acción autónoma de reintegró para aquellos trabajadores despedidos sin justa causa con más de 10 años de servicios, y que solo era procedente el reintegro para aquellos trabajadores que a la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990 tuviesen 10 de servicio o más.

Respecto a la interpretación del tribunal de la cláusula 14 de la convención colectiva de trabajo, de la que se pretende derivar el derecho al reintegro, su contenido es el siguiente:

“Artículo 14. […] si el trabajador tuviere 10 años o más de servicios continuos se le pagará 35 días adicionales de salarios sobre los 60 días básicos del literal a)-, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcional por fracción. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en cuyo caso, si el juez optare por la idemnización, esta se ajustará a lo acordado en el literal d) de la presente cláusula.”.

Esta Sala de la Corte, ha tenido la oportunidad de referirse a dicha cláusula y realizar un minucioso y cuidadoso análisis, fijando el alcance de la misma, entre otras, en las sentencias, CSJ SL, 20 oct. 2010, rad. 42333, reiterada en las CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 41975; CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 40957; y CSJ SL1230-2014, y CSJ SL 4836 - 2015 donde se pronunció, así:

La Corte, al analizar la cláusula 14 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el período 1972 (fls. 433 a 434, cdno. ppal.), prueba denunciada por la censura como erróneamente apreciada por el ad quem, observa que este, efectivamente, incurrió en un error ostensible, protuberante y manifiesto, pues de dicha cláusula no emerge la procedencia del reintegro solicitado por el demandante.

Se afirma lo anterior por cuanto esta Sala de la Corte ya ha tenido la oportunidad de analizar el contenido y alcance del texto convencional que le sirvió de fundamento al ad quem para ordenar el reintegro del actor y ha concluido que la única inteligencia que puede dársele a la referida norma convencional es la de que solo tienen derecho al reintegro allí previsto los trabajadores que para el 1º de enero de 1991, fecha de entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, tuvieran 10 o más años de servicio para el banco demandado, ya que la referida cláusula no había establecido una acción de reintegro autónoma.

En efecto, en CSJ SL, 20 de octubre de 2010, rad. 42333, reiterada en la CSJ SL, 15 de marzo de 2011, 41975 y CSJ SL, 24 de abril de 2012, rad. 40957, entre otras, al estudiar un caso de características similares a las del presente, consideró:

Para la decisión sobre el cargo, advierte desde ya la corporación que ha tenido en cuenta los diversos pronunciamientos proferidos por ella en asuntos similares en los que ha figurado la misma parte demandada y se ha ventilado la misma controversia, razón por la cual se procede nuevamente al examen de la cláusula 14 de la convención colectiva de trabajo de 1972, cuyo texto literal es el siguiente:

“Indemnización por despido sin justa causa:

“ARTÍCULO 14. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del banco, en los contratos a término indefinido la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

“a) 60 días de salario mensual cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un año.

“b) 20 días de salario básico mensual si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo y menos de 5, además de los 60 días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguiente y proporcional por fracción.

“c) Si el trabajador tuviere 5 años o más de servicio y menos de 10, se le pagarán 25 días adicionales del salario sobre los 60 básicos del literal a), por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

“d) Si el trabajador tuviere 10 años o más de servicio continuos se le pagará 35 días adicionales de salario sobre los 60 días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguiente al primero y proporcional por fracción. Todo lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en cuyo caso, si el juez opta por la indemnización, esta se ajustará a lo acordado en el literal d) de la presente cláusula”.

Una lectura desprevenida de la disposición acabada de trascribir, refleja sin equívoco que la intención de las partes fue la de aumentar la tabla legal de indemnización que consagraba el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el D. 2351/65, art. 8º), en tanto los días de indemnización según el tiempo de servicio señalados por dicha norma legal, fueron efectivamente incrementados en el precepto convencional.

Desde la anterior perspectiva, los literales a) a c) del canon convencional no ofrecen dificultad alguna para su entendimiento, pero si muestran una clara voluntad de circunscribir el alcance normativo a la indemnización por despido sin justa causa en términos puramente cuantitativos.

El literal d), en su primera parte, que comprende a los trabajadores que llevaren 10 o más años de servicios continuos, tampoco se exhibe complicado para su aplicación, en cuanto, igualmente, supera el marco legal indemnizatorio que era de 30 días adicionales por cada año de servicio sobre los 45 básicos del literal a), para fijarlo en 35 días adicionales por cada año de servicios sobre los 60 adicionales del literal a), tal como quedó acordado en el artículo convencional.

La segunda parte del literal d) del texto contractual, es el que ha concitado la controversia entre las partes al decir ella que todo lo anterior, es decir los montos indemnizatorios convenidos, ocurre sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º, numeral 5º del Decreto 2351 de 1965, en cuyo caso, si el juez opta por la indemnización, esta será la prevista convencionalmente.

No se desprende de la redacción del artículo 14 de la convención, que en verdad las partes celebrantes de dicho acuerdo hayan creado una acción de reintegro o que el texto legal quedó incorporado al convenio colectivo, pues nada indica que así se hubiera dispuesto, en tanto, se recuerda, lo que regula en realidad el mencionado precepto es una tabla indemnizatoria en casos de despidos sin justa causa.

En cambio, lo que sí está más ajustado al espíritu contractual, es que la mención que allí se hace del artículo 8º, numeral 5º del Decreto 2351 de 1965, obviamente le permite al trabajador afectado por un despido injusto con 10 o más años de servicio, incoar la acción de reintegro que la susodicha norma consagra, solo que al momento de decidir entre el reintegro y la indemnización, si el juez dispone negar el primero, la indemnización que debe pagar es la prevista en el artículo 14 de la convención colectiva de trabajo de 1972. Con esa forma de disponer, sin duda las partes celebrantes de la convención precavieron de una vez por todas que el trabajador amparado por la acción legal de reintegro y que pretende este derecho en proceso judicial, quedó cobijado subsidiariamente al restablecimiento del contrato de trabajo, por la tabla indemnizatoria convencional, lo que en otras palabras significa que al juez se le quitó la posibilidad de discutir si en el evento del pretendido reintegro legal, la norma correspondiente, esto es el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, se aplica en su totalidad en aplicación del principio de inescindibilidad de la norma, o si era posible tener en cuenta la cuantía contractual indemnizatoria, escindiendo la norma legal en observancia del principio de la acumulación o de la atomización para escoger lo que fuere más favorable al trabajador. Sin embargo, y ya está dicho plenamente, la manera como fue redactada la norma convencional, le impide absolutamente al juez abordar esa discusión y simplemente le ordena que negado el reintegro por desaconsejabilidad del mismo, el monto indemnizatorio a imponer es el pactado convencionalmente y no el que consagra la disposición legal.

Es que si las partes celebrantes de la convención hubieran querido pactar una acción de reintegro autónoma, nada impedía para que de manera clara así lo dispusieran o para que hubieran reproducido el texto legal o para que se dijera que formaba parte integral de la convención colectiva, condiciones frente a las cuales habría sido indiscutible la voluntad de los sujetos contractuales de entender regida las nuevas condiciones de trabajo bajo la égida, entre otros, del artículo 8º, numeral 5º del Decreto 2351 de 1965.

Pero, se repite, de la manera como quedó redactada la disposición convencional, emerge incuestionable que lo pretendido a través de la negociación colectiva, fue mejorar la tabla indemnizatoria legal prevista para los despidos sin justa causa por parte del empleador.

Establecido como está que la mención que hace la cláusula convencional del artículo 5º, numeral 5º del Decreto 2351 de 1965, no tuvo la virtualidad de crear una propia y autónoma acción de reintegro ni la de entender reproducido el texto legal, así como tampoco que rigiera las nuevas condiciones de trabajo de acuerdo con la convención, debe advertirse que en los casos en que un trabajador pretendiera el restablecimiento del contrato de trabajo, para su prosperidad obviamente tenía que sujetarse a los presupuestos establecidos en la mencionada disposición legal mientras esta tuviera vigencia y de igual manera mientras la cláusula convencional continuara rigiendo. Por tanto, si el artículo 8º, numeral 5º del Decreto 2351 de 1965 fue modificado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, es imperioso entender que los trabajadores beneficiarios de la convención que aspiraban judicialmente a obtener su readmisión en el trabajo que ejecutaba, tenían que acomodarse a los requisitos exigidos por la nueva preceptiva legal, especialmente en lo atinente a la acción de reintegro que dejó vigente para los asalariados que al momento de entrar en vigencia la Ley 50 de 1990, llevaban 10 o más años de servicio.

En ese orden de ideas, se ha precisar que la Corte no está señalando uno de los varios sentidos de la norma convencional comentada, sino que da por establecido que la misma no consagra el derecho al reintegro. Por consiguiente, rectifica cualquier otro pronunciamiento sobre el particular.

De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, que encaja perfectamente al presente asunto, concluye la sala que el tribunal no incurrió en los yerros fácticos que le endilga la censura en estos dos cargos.

De otro lado, de acuerdo a lo esgrimido por el censor frente al precedente jurisprudencial utilizado por el tribunal para dar solución al problema jurídico puesto a su consideración, es necesario recordar que con fundamento a lo regulado por el artículo 230 C.P., que consagra el sistema de fuentes formales del ordenamiento jurídico colombiano (entendida como aquellas reglas que integran el ordenamiento jurídico, que imponen conductas positivas o negativas a los miembros de un Estado determinado), no solo se refiere a la ley sino que, además, entre ellas se encuentra la jurisprudencia.

En ese orden de ideas, la Sentencia CC C-284 de 2015, se refiere al concepto de la jurisprudencia y su obligatoriedad, expresando lo siguiente:

La jurisprudencia comprende el conjunto de decisiones adoptadas por las autoridades a quienes les ha sido atribuido el ejercicio de la función judicial. A pesar de su calificación como criterio auxiliar, este tribunal ha concluido “que nuestro sistema normativo ha avanzado significativamente en este campo, al punto de superar las apreciaciones que consideraban de manera categórica a toda la jurisprudencia como criterio auxiliar de interpretación, para reconocer ahora, la fuerza vinculante de ciertas decisiones judiciales.”. Con fundamento en la interpretación conjunta de los artículos 1º, 13, 83 y 230 de la Constitución, la Corte ha dicho que el precedente judicial tiene una posición especial en el sistema de fuentes, en atención a su relevancia para la vigencia de un orden justo y la efectividad de los derechos y libertades de las personas. Por ello existe una obligación prima facie de seguirlo y, en el caso de que la autoridad judicial decida apartarse, debe ofrecer una justificación suficiente. Incluso la jurisprudencia ha reconocido que la acción de tutela procede contra providencias judiciales cuando estas violan el precedente aplicable.

Y en tal sentido, se puede concluir que el tribunal no infringe la ley sustancial, al tomar como punto de apoyo para dirimir el conflicto jurídico sometido a su consideración, cuando utiliza un precedente jurisprudencial.

De tal suerte, de no existir nuevas circunstancias sociales que lleven implícita una revisión o cambio del precedente por: ausencia de identidad fáctica; desacuerdo con las interpretaciones normativas utilizadas; y discrepancia de las reglas de derecho que constituyen la línea jurisprudencial, no se puede concluir que el tribunal erró al dar la solución al problema jurídico a la luz de la jurisprudencia aplicable al caso objeto de litis; por el contrario, actúo en armonía del ordenamiento jurídico acatando los mandato del artículo 230 de la C.P., como norma de normas.

Por todo lo anterior los cargos primero y segundo no están llamados a prosperar.

XI. Cargo tercero

Acusa la sentencia de transgredir por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 59, ordinales 1º y 9º, en relación con los artículos 1º, 4º, 25, 53, 229 y 230 de la Constitución Política; 1º, 9º, 13, 14, 19, 21, 47, 55, 65 (modificado por L. 789/2002, art. 29), 127 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007; 27 y 401, numeral 3º, de la Ley 488 de 1998 (estatuto tributario) (fls. 31 a 38, cdno. de la Corte).

En la demostración del cargo, dice lo siguiente:

[…] El desatino jurídico del H. Tribunal es abrumador, porque el precedente invocado no necesariamente debía servir de base para absolver al BBVA por este escandaloso descuento, inicialmente de $ 21.084.062 y, reducido en el curso del proceso, casi un año después a $ 17.299.000, porque en los términos del artículo 17 del Código Civil, “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en las que fueron pronunciadas”, estándole por tal motivo “prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía general o reglamentaria”. Ahora bien, de conformidad con el artículo cuarto (4º) de la Ley 169 de 1896, aun cuando constituya doctrina probable sobre un punto de derecho la que adopte la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación, mediante tres decisiones uniformes, no es obligatoria, si bien los jueces “podrán aplicarla en casos análogos” y la existencia de una doctrina probable, “no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”. Por lo demás, según el artículo 230 de la Carta Magna, “los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”, al punto que la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina, únicamente son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Seguidamente, manifiesta que el demandante no devengaba más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de los hechos, por lo que no le era aplicable el descuento del 20%, dado que, el artículo 401.3 de la Ley 488 de 1998 (estatuto tributario), estipula que “estarán sometidas a retención por concepto de impuestos sobre la renta, a una tarifa del veinte por ciento (20%) para trabajadores que devenguen ingresos superiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales”; del mismo modo, el tribunal no advirtió que para realizar la retención debió contar con la autorización escrita del trabajador, orden legal o mandamiento judicial, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 53 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo.

XII. Cargo cuarto

Acusa la sentencia de infringir por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 59 ordinales 1 y 9, en relación con los artículos 1º, 4º, 25, 53, 229 y 230 de la Constitución Nacional; 1º, 9º, 13, 14, 19, 21, 47, 55, 65 (modificado por L. 789/2002, art. 29). 127 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto 4965 del 27 de diciembre de 2007, 27 y 401, numeral 3º de la Ley 488 de 1998 (estatuto tributario) (fls. 38 a 44, cdno. de la Corte).

La transgresión apuntada se produjo a consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho en que incurrió el ad-quem:

1. Dar por demostrado, sin ser cierto, que el descuento de ($ 17.299.000 fl. 607, cdno. ppal.) era legal, y destinado a pagar la retención en la fuente.

2. Dar por probado, siendo contraevidente, que se trata de un pago forzoso impuesto por la ley, para el cual no se necesitaba autorización alguna, y que en consecuencia no existe lugar a reclamar su devolución.

3. Dar por acreditado, sin ser cierto, que como el excedente fue restituido al demandante el 24 de agosto de 2008 (FI. 79 anexo l), no hay lugar a reclamar cualquier devolución por este concepto”. (FI. 99. Sentencia del ad quem).

4. No haber dado por probado, siendo evidente, que el descuento era procedente, únicamente para trabajadores que devenguen ingresos superiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales.

5. No haber dado por demostrado, estándolo, que el actor al momento de su despido injusto, devengaba ingresos mensuales inferiores a diez (10) salarios mínimos legales mensuales.

6. No dar por probado, siendo evidente, que el banco demandado actuó de mala fe.

Los anteriores yerros fácticos se derivaron a su vez, de la equivocada apreciación de los siguientes medios de convicción:

Pruebas mal apreciadas: La demanda (fls. 3 a 26); la contestación (fls. 395 a 457), el certificado de ingresos y retenciones año gravable 2007 (fI. 607) y la consignación a depósitos judiciales a favor del Banco Agrario de Colombia (fI. 79 anexo 1).

Pruebas dejadas de apreciar: Liquidación final de prestaciones sociales (fI. 70); y la constancia expedida por la demandada (fls., 602 a 604).

En la demostración del cargo, el recurrente comienza diciendo, que el error fáctico que comete el tribunal es abrumador, en vista de que se encuentra demostrado y afirmado en la contestación del hecho 7 de la demanda, que el salario devengado por el actor siempre fue inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales hasta la terminación del contrato; así que, insiste en decir, que el descuento realizado fue ilegal e improcedente, fruto de la imprudencia, negligencia y falta de diligencia del empleador financiero.

Al final, concluye que el ad quem, apreció mal las pruebas, y de esta manera no pudo deducir que el empleador actuó imprudentemente y de mala fe, al descontar tan alta suma de dinero, por lo que es algo “lesivo a los derechos fundamentales del trabajador e infringió las normas singularizadas en la proposición jurídica, el cargo tiene vocación de triunfo para bien de nuestro Estado social de derecho”.

XIII. Réplica

El opositor asume la réplica de los cargos tercero y cuarto conjuntamente, manifestando que acusan las mismas disposiciones, se valen de análogos y relacionados argumentos para su demostración y buscan idéntico objetivo.

Al igual que los anteriores cargos, dice que es evidente que el recurrente incurrió en desaciertos que permiten demostrar el incumplimiento de los requisitos propios de una demanda de casación laboral, por lo que no tiene ninguna vocación de prosperidad.

Uno de esos errores, es que el asunto que intenta revivir, no fue objeto de apelación en su debido momento, por lo que entonces mal hace el recurrente al traerlos de nuevo en la demanda de casación, toda vez, que riñe no solo con la técnica de casación, sino además con el debido proceso al cual tiene derecho el demandado.

Para finalizar, manifiesta lo siguiente:

[…] en ultimas, lo que definió el tribunal en torno al pago de la suma de $ 21.084.062 que se dice fue ilegalmente deducida al trabajador por la entidad demandada, no resulta ser ajustado a la realidad, pues su destino es claro que va a pagar la retención en la fuente, lo que es un pago forzoso impuesto por la ley y para cuya deducción no se requiere de autorización o permiso, dado que es un deber legal del empleador, en respeto de las normas de carácter tributario, lo cual lleva a que no sea posible su devolución tal y como se refiere en la jurisprudencia que sirve de apoyo a la decisión del ad- quem (fls. 94 a 98, cdno. de la Corte).

XIV. Consideraciones

Los cargos tercero y cuarto a pesar de estar orientados por la vía directa y la indirecta respectivamente, se encuentran cimentados en los mismos argumentos y aspectos facticos, por lo que, por el principio de economía procesal, se estudiaran de manera conjunta.

El tribunal funda su decisión con respecto a la pretensión subsidiaria de la devolución de los dineros descontados al demandante de su liquidación final de prestaciones, en: i) que solamente se transfirió a la DIAN una proporción de la suma deducida de la liquidación final de prestaciones a título de retención en la fuente ($ 17.299.000); ii) que el excedente fue restituido al demandante mediante pago por consignación efectuado a nombre del mismo el 24 de agosto de 2008; iii) lo que excluye el derecho a reclamar cualquier devolución por ese concepto.

Por su parte la inconformidad del impugnante radica en que los descuentos por concepto de retención en la fuente, no contaron con su autorización y fueron ilegales, puesto que su asignación salarial no superaba los 10 salarios mínimos mensuales, cuando dicho impuesto solo procedía respecto de los trabajadores que percibían ingresos iguales o superiores a la mencionada cifra, por lo que el actuar de la demandada fue de mala fe y procede la condena de indemnización moratoria del artículo 65 del CST.

En primer lugar, se le precisa al impugnante que existen tres clases de descuentos que el patrono puede hacer sobre el salario de sus trabajadores: la primera, todos los descuentos que autorice el juez laboral, pues la intervención de este funcionario garantiza los derechos del trabajador; la segunda, los autorizados por el trabajador, siempre y cuando no se afecte el monto del salario mínimo legal o convencional ni la porción de este considerada inembargable, autorización que siempre debe constar por escrito; y la tercera, los descuentos autorizados por la ley.

Como en el caso objeto del recurso de casación se trata del descuento denominado retención en la fuente, el cual opera por ministerio de la ley, a la luz del artículo 401-3 del estatuto tributario, no se hace necesaria autorización por escrito del trabajador para proceder a realizarlos, tal como lo concluyó el ad quem.

Y en lo que incumbe al reintegro por deducciones de retención en la fuente, tiene establecido la sala que “se trataría de una cuestión de índole tributaria ajena a lo que propiamente constituye el objeto de este litigio, por no tratarse de un asunto de naturaleza laboral”, CSJ S.L., 29 jun. 2001, rad. 15499, y CSJ SL16528-2016.

En relación con la utilización del precedente jurisprudencial, la sala se ampara en los mismos argumentos expuestos para resolver los cargos primero y segundo.

Así, los cargos tercero y cuarto tampoco resultan prósperos.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente, por no salir avente y haberse presentado oposición, para lo cual se estima como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, las que se liquidaran en el juzgado de primera instancia, conforme lo precisa en el artículo 366 del CGP, aplicables a CPTSS por lo establecido en el artículo 145 de dicho estatuto.

XV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de enero de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Carlos Julio Patiño Bohórquez contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA S.A.

Costas como se expresó en la motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».