Sentencia SL1728-2016/70384 de enero 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 70384

SL1728-2016

Acta 2

Magistrada Ponente:

Dr. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Superior de Cundinamarca, en sentencia de 10 de febrero de 2015 (CD Nº 3, fl. 448) declaró ilegal la suspensión o cese de actividades solicitada por la empresa accionante, declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó en costas a la parte demandada.

Para fundamentar su decisión, comenzó por señalar los alcances del derecho de asociación sindical contenido en el art. 39 Superior y se refirió a las causales de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo contenidas en el art. 450 del CST. Igualmente, afirmó que la participación de la organización sindical o de los trabajadores en un cese colectivo de actividades no requiere de prueba solemne y que si bien aquel que se declara por causa de incumplimiento de las obligaciones del empleador es una de las modalidades de suspensión, no es cualquier incumplimiento el que justifica que los trabajadores puedan promoverlo y que “su legitimidad está sujeta a los requisitos formales señalados, como que el cese no busque como objetivo los señalados prohibidos en el art. 450 del CST”.

A continuación, dio por acreditado la ocurrencia del cese de actividades entre el 16 y el 29 de julio de 2014, en las minas de propiedad de la demandante ubicadas en los municipios de Guachetá y Cucunubá y que dicha suspensión fue declarada “con aducción de causa en el incumplimiento del empleador en algunas obligaciones laborales con sus trabajadores, concretamente las indicadas en la denominada presentación de puntos”.

Luego de referirse a lo adoctrinado por esta Sala en sentencia CSJ SL, 26 feb. 2014, rad. 62864, se ocupó de las tres causales invocadas por Colombia Coal Company S.A., para solicitar la declaración de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo.

Así, se ocupó en primer lugar de la causal contenida en el lit. c, num. 1º del art. 450 del CST, esto es, “cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo”. Al respecto, luego de referirse al contenido del art. 7º de la L. 584/2000, señaló:

“(...) el arreglo directo no se constituye [en] una de las etapas previas y obligatorias a la declaratoria de un cese de actividades, salvo para el caso de la huelga entendida como tal. En tal sentido, el art. 431 del CST dispone que no puede efectuarse una suspensión colectiva de trabajo cualquiera que sea su origen sin que antes se hayan cumplido los procedimientos que regulan los artículos siguientes.

En el presente caso se trata de un cese colectivo de trabajo promovido por la organización sindical, la cual en el transcurso de la presente audiencia intentó darle el carácter de simple protesta y aun así, dadas las características y la participación de algunos de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados; no obstante ello, no era indispensable que se adelantara al menos un intento de acercamiento a efecto de que la empresa aquí demandante tuviera la oportunidad al menos formal de plantear su posición.

El mecanismo utilizado por la parte demandada lo fue como una forma de presión para culminar un proceso de negociación colectiva que se presentara entre los trabajadores de la empresa reunidos o no a través de un sindicato y la empresa o representantes de la misma con el fin de solucionar sus diferencias. Empero, por no tratarse de una huelga como tal, previo a iniciar el cese colectivo no era indispensable el intento de tal acercamiento como ya quedo dicho.

Debe tenerse en cuenta que la Sala no encuentra justificación en que los temas incluidos en la presentación de puntos a efectos de legitimar el cese de actividades —que quedó plenamente acreditado como parcial—, pues tales pretensiones, además de no contar todas con un contenido netamente económico, cuentan con mecanismos legalmente consagrados y desarrollados judicialmente como las acciones, que no implican necesariamente suspender actividades con miras al logro de los objetivos propuestos. Nótese también que tal presentación de puntos se dio con posterioridad a la iniciación del cese que lo fue desde las primeras horas de la mañana, correspondiente al primer turno laboral del día 16 de julio de 2014.

En gracia de cualquier discusión, a pesar de que los demandados no demostraron cuales habían sido los incumplimientos por parte de la empresa, alegados en la presentación de puntos, por esta causa el cese de actividades del que se viene dando cuenta no puede ser declarado ilegal”.

En punto a la causal contenida en el lit. d, num. 1º del art. 450 del CST, que consagra que la suspensión de actividades es ilegal “cuando no haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los términos previstos en la presente ley”, comenzó por recordar el contenido del art. 444 del CST y concluyó conforme a dicha disposición, que si las partes dentro de un conflicto de trabajo no logran un acuerdo sobre sus diferencias laborales como resultado de los diálogos previos, pueden optar por la declaratoria de huelga o la conformación de un tribunal de arbitramento y que, para tales efectos, se requiere “votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores”.

Luego, señaló que se encuentra acreditado que Sintracoal es un sindicato minoritario y que, no obstante, no “efectuó una votación por parte de la mayoría de los trabajadores de la empresa ni de la asamblea general de los afiliados que permita verificar que sus peticiones serian sometidas a un cese colectivo de actividades”, por lo que concluyó que sí se encuentra configurada la causal para declarar la ilegalidad del cese de actividades promovido entre los días 16 al 29 de julio de 2014.

Igualmente, aludió al contenido de la sentencia CSJ SL, 12 dic. 2012, rad. 58697, para señalar que una huelga “no puede cumplirse de manera espontánea o sorpresiva, salvo obviamente que por razones de necesidad de urgencia debidamente acreditadas, los particulares hechos que la motivan lo exijan y no por requerirse lo contrario, la Corte entiende es un plazo razonable y para nada excesivo el fijado en la disposición legal, resulta valido afirmar que se afecta de manera alguna el derecho de huelga causado por el incumplimiento patronal”.

En cuanto a la tercera causal de ilegalidad aducida por la empresa accionante prevista en el lit. f del num. 1º del art. 450 del CST, esto es, cuando el cese no se limite a la suspensión pacífica de trabajo, refirió que de las pruebas allegadas se tiene que aquel fue promovido de tal manera toda vez que la organización sindical no impidió el acceso de los trabajadores que no se encontraban participando en dicho cese de actividades y pese a que bloquearon las maquinas relacionadas con la extracción y transportación de carbón, ubicadas en las minas de propiedad de la empresa demandante, “nada de ello tuvo una connotación de violencia o perturbación por no haber disturbios propiamente dichos sino que se trató de actos propios del movimiento sindical y típico de la dinámica de este tipo de situaciones”.

Finalmente, concluyó:

“Por lo anterior, y con fundamento en la segunda de las causales alegadas, concluye la Sala que el cese de actividades promovido por el sindicato de trabajadores de la empresa Colombia Coal Company debe declararse ilegal conforme a la causal d) del art. 450 del CST, pues si bien el cese de actividades es un medio de presión con que cuentan los trabajadores para acceder a la protección de sus derechos cuando se consideran le han sido conculcados no puede desconocerse que antes de iniciarse cualquier suspensión colectiva de trabajo se tome la decisión de proceder de conformidad por parte de la mayoría de los trabajadores sindicalizados o de la totalidad de los trabajadores de la empresa, lo cual en el presente no aconteció. Contrario a esto lo que se evidenció fue un cese colectivo intempestivo por parte de los trabajadores de la empresa Coal Company, en desarrollo de sus actividades laborales”.

V. Recurso de apelación

En la misma audiencia pública, el apoderado de la parte demandada, interpuso el recurso de apelación, en los siguientes términos:

“En primer lugar es importante tener en cuenta de (sic) que el sindicato sí presentó manifestación en cuanto al incumplimiento de los deberes por parte del empleador pues a bien se encuentra en el expediente la solicitud de intervención urgente ante el Ministerio del Trabajo por parte de la organización sindical con fecha de 10 de marzo de 2014, en la que se manifestaba el incumplimiento de la convención colectiva.

Es importante tener en cuenta que la convención es vital para poner de presente y proteger la solidez de un sindicato pues este es uno de los fines principales de una organización sindical al momento de constituirse pues con ello se busca el mejoramiento de la calidad de los trabajadores en su lugar de trabajo. Luego entonces hubo una convención, hubo un agotamiento de una etapa de arreglo directo y en la convención uno de los motivos fue solucionar los mismos problemas que se pusieron de manifiesto en la contestación de la demanda y en las asambleas informativas llevadas a cabo por parte de la organización sindical a la cual represento.

Uno de esos puntos fue la situación de los trabajadores con restricciones médicas, si se tiene en cuenta que sí se incumplía el tratamiento destinado a las restricciones medicas de algunos trabajadores hizo necesaria la intervención de la organización sindical de manera inmediata para llevar a cabo las diferentes asambleas informativas que hicieron en las fechas mencionadas en el escrito de demanda, si se tiene en cuenta que en la fecha 24 de julio de 2014 no se permitió ingreso a trabajadores por parte de la empresa y que esta fecha aparece dentro de la demanda como uno de los días en los que hubo el mentado cese de actividades no puede atribuírsele al sindicato pues la misma empresa fue quien dio orden a los trabajadores de no ingresar a las labores, luego entonces puede entenderse como un disfraz que se le quiso poner en dichas fechas al sindicato para tratar de poner de manifiesto un cese de actividades en días como ese.

Además de esto, se debe tener en cuenta que igual como se demostró que no hubo violencia, que no hubo manipulación a ninguna de las instalaciones de la empresa y que las manifestaciones, las protestas que se llevaron a cabo fueron en una sola de las minas o en alguna de las minas, esto no implicó afectación a la empresa pues nunca se cesaron totalmente las actividades”.

VI. Se considera

Sea lo primero señalar que el a quo dejó por sentado que “por no tratarse de una huelga como tal, previo a iniciar el cese colectivo no era indispensable el intento de acercamiento previo” y que la realización de la suspensión de labores fue pacífica, por lo que concluyó que no se verificaron las causales de ilegalidad del cese de actividades contenidas en los literales f y c, del num. 1º del art. 450 del CST; no obstante, el recurrente demandado, como sustento de la apelación, expone argumentos tendientes a demostrar que el sindicato había manifestado previamente el incumplimiento de los deberes por parte del empleador y que la suspensión colectiva de labores se realizó en forma pacífica y parcial, en tanto “las protestas” se llevaron a cabo sin violencia y en una sola de las minas de la demandada; empero como quiera que tales supuestos fueron precisamente los que dio por acreditados el Tribunal, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno sobre los mismos.

Así las cosas, en lo que interesa a la resolución del recurso de apelación elevado por la parte demandante, se tiene que el a quo, para imprimirle el carácter de ilegal al cese de actividades surtido entre el 16 y el 29 de julio de 2014, por parte de Sintracoal al interior de la empresa demandante, expuso la ocurrencia de la causal contenida en el lit., d, ibídem, pues advirtió que no se surtió la votación pertinente a fin de que el cese de actividades que se verificó, hubiese sido declarado por la mayoría de los trabajadores de la empresa o por “la asamblea general de afiliados”, en tanto constituye un hecho indiscutido que Sintracoal es un sindicato minoritario.

Ahora bien, el apelante centró su ataque en el hecho de que el cese de actividades tuvo como fin solucionar los puntos puestos de presente en las asambleas informativas, entre ellos, la situación de los trabajadores con restricciones médicas y que el 24 de julio de 2014, fue la empresa quien no permitió el ingreso de los trabajadores a sus lugares de labor. Por tanto, desde ya advierte la Sala que la argumentación probatoria y jurídica del recurso de apelación, se torna insuficiente a los efectos perseguidos, tal como se pone de presente a continuación.

Sea lo primero señalar que tal como lo adoctrinó esta Sala en sentencia CSJ SL11680-2014, legal y doctrinariamente, se reconocen cuatro modalidades de ceses de actividades laborales: (i) la declarada en desarrollo de un conflicto colectivo económico de trabajo y en aplicación del artículo 429 del CST; (ii) la que se realiza por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones laborales o de la seguridad social frente a sus trabajadores, de acuerdo a lo prescrito en el lit. e del art. 379 del CST, modificado por el art. 7º de la L. 584/2000; (iii) el cese de actividades referido a la solidaridad con la huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento inmersos en un conflicto colectivo de trabajo con su empleador (CSJ SL868-2013), y (iv) la suspensión prevista para expresar posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que inciden en forma directa en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación o profesión de actividades (CC C-858/08).

Así, tal como lo definió el Tribunal de primera instancia, en este asunto, el cese de actividades que se verificó en la empresa accionante corresponde al segundo tipo de los descritos, esto es, el realizado por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones laborales o de la seguridad social frente a sus trabajadores, modalidad que fue explicada en forma detallada en la sentencia CSJ SL, 10 abr. 2013, rad. 59420, en la que se sostuvo:

“2) La cesación que se declara por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones laborales para con sus trabajadores, ya sea por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, u otro emolumento o beneficio.

En relación con este segundo tipo de huelga, es pertinente reiterar que no es cualquier incumplimiento del empleador el que justifica que los trabajadores o el sindicato puedan promover la suspensión colectiva de actividades. Para que esta modalidad de cese se considere legítimo, el empleador ha de adoptar ‘una conducta manifiestamente contraria a sus obligaciones (...) y que afecte el normal desenvolvimiento de las relaciones con sus trabajadores, acorde con la valoración que haga el juez en concreto como podría ser, a título de ejemplos enunciativos, el no pago de los salarios o de los aportes correspondientes a la Seguridad Social Integral, en cuanto con ello se perjudica la subsistencia vital para el trabajador o su acceso a la salud. Pero en cualquier caso habrá que estarse a las situaciones concretas que se presenten para analizar las posiciones de las partes y deducir de ahí si el incumplimiento empresarial posibilita la cesación colectiva de labores por parte de los trabajadores’ (CSJ Laboral, 3 de junio 2009, Rad. 40428). Lo que quiere decir que no todo incumplimiento de una obligación laboral a cargo del empleador, lleva consigo la declaración de legalidad del consiguiente cese de actividades”.

Ahora bien, dicho tipo de suspensión, está ceñida a la observancia de unos procedimientos mínimos, pues la huelga no solo constituye una expresión del derecho de libertad de asociación tendiente a ejercer medidas de presión orientadas a enervar el incumplimiento patronal, sino que además constituye un mecanismo temporal que debe propender, de principio a fin, por la concertación laboral, en aras de dar solución a concretos intereses insatisfechos.

De ahí que la determinación de su decreto, debe ser producto de una voluntad colectiva mayoritaria respetuosa y no solo la liberalidad de los trabajadores que a ella se someten, en la medida que se encuentran también en juego los derechos de propiedad y libertad empresarial, el bien común y, por supuesto, el debido proceso ante un empleador sometido válidamente pero de manera forzosa a una suspensión del normal ritmo empresarial.

En esa dirección, se tiene que el art. 431 del C. S. del T. establece que “no puede efectuarse una suspensión colectiva de trabajo, cualquiera que sea su origen, sin que antes se hayan cumplido los procedimientos que regulan los artículos siguientes”. Luego, resulta incuestionable que para la declaración, inicio y desarrollo, del cese de actividades resultado del incumplimiento del empleador de sus obligaciones con los trabajadores, los interesados también están en el deber de observar y dar cabal cumplimiento, entre otros, al requisito de democratización de la decisión, es decir, que cuando el conflicto ha sido iniciado por los trabajadores no sindicalizados, tal determinación deberá adoptarse por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa y cuando en el conflicto los interesados son los trabajadores sindicalizados, la decisión sobre la huelga deberá tomarse por la mayoría absoluta de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.

Así mismo, cuando como en el presente caso, el conflicto haya sido iniciado por un sindicato minoritario, es decir que no agrupe más de la mitad de los trabajadores de la empresa, la huelga deberá ser declarada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa conforme el lit. c del art. 452 CST, y fue precisamente dicho requisito contemplado en el lit c, num. 1º del art. 450 ibídem, como causal de ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo, el que echó de menos el sentenciador de primer grado para poder imprimirle legitimidad a la suspensión de laborales de que fue objeto la empresa demandante.

La observancia de tal requisito, ha sido objeto de estudio por parte de esta Sala, en el entendido que el mismo debe acatarse. Así, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 5686-2014, reiterada posteriormente en la CSJ SL 11763-2014, se sostuvo lo siguiente:

“Los trabajadores, por su parte, convocaron, como lo anunciaron a la demandante, a una Asamblea General de Trabajadores el 28 de julio de 2013, que vota unánimemente la aprobación del cese de actividades a partir del 3 de agosto de 2013; cumpliendo de esta forma con el trámite requerido al efecto. Según lo asevera la mayoría de La Sala” (resaltado fuera del texto original).

Y es que no podría ser de otra manera, pues tal como lo expuso la parte accionada en la contestación de la demanda (hechos 69 a 72), Sintracoal es una organización sindical de carácter minoritario, en tanto no agrupa a la mitad más uno de los trabajadores de la demandante y por ello, no cuenta con el número de afiliados necesarios para optar por la declaratoria de huelga; sin embargo, consideró que no había lugar a efectuar votación alguna por parte de los trabajadores para efectos de decidir la iniciación de la suspensión colectiva de laborales, en tanto alegó que lo llevado a cabo al interior de la empresa demandante durante los días 16 a 29 de julio de 2014, fueron “asambleas informativas” y no un cese de actividades como tal, argumento este que como quedó dicho en el itinerario procesal, fue desvirtuado en el trámite de la primera instancia y, no obstante ello, no fue materia de verdadera discusión en la alzada.

Aquí y ahora, cabe señalar que entre los supuestos que amparan los preceptos legales a que se ha hecho referencia se encuentran los principios democráticos del Estado social de derecho, luego no resulta admisible que un cese de actividades pueda ser un derecho practicado a la libertad de quienes lo ejercen, pues su desarrollo puede incluso causar afectación a derechos y libertades de personas que no son actoras del conflicto. De ahí que la decisión de su realización debe ser determinada por una participación libre y espontánea de los trabajadores que efectivice la primacía de la voluntad de la mayoría.

Lo anterior, simplemente para ratificar que ante la ausencia de una decisión mayoritaria de los trabajadores, el sentenciador de primer grado estaba en la obligación de restarle legitimidad a la suspensión actividades, pues se repite, aquella no fue la prevalencia del querer de la generalidad y, en tal perspectivita, la actuación realizada por la organización fue irregular, por lo que habrá de confirmarse la providencia impugnada.

Las costas de la alzada serán a cargo de la parte demandada. En su liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma seiscientos dieciséis mil pesos m/c ($616.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo, adelantado por Columbia Coal Company S.A. —“Sintracoal”— contra el Sindicato de Trabajadores de Columbia Coal Company Sintracoal, Julio César Cortés, Wilson Felipe Parra Laguna, Edison Albeiro Rodríguez Urbano, José Germán González, Humberto Rairán Chávez, Johnny Palacio Piedrahita, Giovanny Patiño, Luis Carlos Morales Largo, Manuel Guerrero Hernández, Edward Camilo López Pachón, Javier Enrique Homen Bastidas, Guillermo Homen Muñoz, Rigoberto Bustos Torres, Luis Evelio Arias Maldonado, Liz Troches Ovidio, Sandro Mauricio Ramírez Gaviria, John Wilinton Tirado Ramírez, Abel José Otálora Monroy, Carlos Eduardo Herrera Farías, Agustín Arévalo Rincón, Hipólito Garzón Cortés, Jairo Andrés Alonso Robayo, Yenny Katherin Quiroga Aragón, Benedicto Fonseca Martínez, Jaime Yate Cupitra, Antonio Barrera Mojica, José Dimas González Florián, Manuel Antonio Carreño Guarín, Víctor Martínez, Eduardo Alvarado, José Amador, Arlex Urcue, Uriel Guzmán Becerra, José Leonardo Soto Hoyos, José Amador, José Rubén Monroy, Albeiro Montoya, Germán Prieto, Daniel Prieto, Juan Carlos Usaquén, Juan Carlos Malaver, Pedro Arciniegas, Justiniano Fonseca, José Manuel Alonso, Gabriel Rodríguez, Luis Velosa, Isidro Alonso, Yesid Camilo Delgado, Mario Veloza, Fredy Malaver Ruiz, Luis Nazario Buitrago, Jorge Ballesteros, Raúl Rairán, Pedro Arias, Hernán Caicedo, John León, Wilson Buitrago, Iván Darío Martínez, Miguel Pinilla, Bernardo Ahumada, Juan Camilo Castiblanco, José Ramiro Panche, Jaime Riaño, Rafael Moscoso, Héctor Ahumada, Uriel Fonseca y Serafín Balaguera.

2. ORDENAR que por la Secretaría de la Sala se comunique la presente decisión al Ministerio del Trabajo.

3. Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».