Sentencia SL17291-2017/52991 de octubre 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL 2

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Arturo Guarín Jurado

SL17291-2017

Rad.: 52991

Acta 15

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de Casación.

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones.

Dejando de lado las falencias técnicas que se observan en el escrito con el que se pretende sustentar el recurso, las que a juicio de esta Sala resultan superables, pues entiende la Corporación que la censura procura que se revoque el fallo absolutorio de primer grado, se tiene que, en esencia, la impugnación busca demostrar que el Tribunal se equivocó al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando determinó el ingreso base de liquidación que se debía tener en cuenta para calcular la mesada pensional, pues a su juicio, y con apoyo en tesis fijadas por órganos ajenos a la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social, considera que, en tratándose de la pensión consagrada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se ha debido tomar el ingreso base de liquidación, que corresponde al 75% del salario promedio de lo devengado en el último año de servicio, y no el promedio de lo devengado en los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.

En torno al tópico planteado, esta Sala de la Corte ha sostenido, con insistencia, que el régimen de transición garantizó la aplicación de las disposiciones anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, tan sólo en tres aspectos puntuales, esto es, la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación, entendido este último como el porcentaje o “tasa de reemplazo”, y que la forma de obtener el IBL, que valga reiterar no es igual al monto de la mesada pensional, fue regulada expresamente en las disposiciones de la Ley 100 de 1993, por lo que no es posible acudir a normatividades precedentes para determinarlo.

En la Sentencia CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, reiterada en la SL9591-2016, esta Corporación ratificó su posición, en torno a esta precisa temática, en los siguientes términos:

Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.

Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.

Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.

Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: la ingreso base de liquidación.

De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en pensiones.

Y es claro, además, que al ingreso base de liquidación de la pensión se le quiso continuar otorgando una naturaleza jurídica propia, no vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es otro elemento de ésta, pero diferente e independiente; pues al paso que el ingreso base corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema, según el caso y el régimen aplicable, el monto de la pensión debe entenderse como el porcentaje que se aplica a ese ingreso, para obtener la cuantía de la mesada.

Por manera que no existe ninguna contradicción en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando señaló que el monto o porcentaje de la pensión de los beneficiarios sería el establecido en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados y el ingreso base de liquidación de la prestación, para casos como el de la demandante, el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo, si este promedio fuese superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor.

El anterior criterio ha sido reiterado en Sentencias tales como, CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 43336; CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238; CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 53037; CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 38684; CSJ SL570-2013; CSJ SL4649-2014; CSJ SL17476-2014; CSJ SL2982-2015; CSJ SL14131-2015; CSJ SL9411-2015; CSJ SL16900-2015, CSJ SL 2100-2015; CSJ SL5012-2015; CSJ SL 8689-2015; y CSJ SL8772-2015, entre otras.

Así las cosas, no incurrió el juzgador de la alzada en el dislate jurídico que se le increpa, razón por la cual el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fija como agencias en derecho la suma de $3.500.000 que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 9 de junio de 2011, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rafael Gómez Rondón, contra el Instituto de Seguros Sociales hoy, Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».