Sentencia SL17403-2017/47274 de agosto 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 47274

Acta: 27

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

El censor controvierte la conclusión del juez de alzada que negó las reliquidaciones pretendidas de sus prestaciones, entre ellas las cesantías y la pensión de jubilación, por no encontrar acreditados mayores valores que los reconocidos por la demandada, y aunque en su mayoría las disquisiciones que realiza tienen que ver con errores de hecho, observa la Sala que no tiene lugar en esta vía elegida, el debate estrictamente jurídico sobre lo que debe o no considerarse salario a la luz de lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, así como tampoco el linaje de las normas que regulan a la empresa con sus trabajadores.

El primer orden de yerros que se atribuyen a la sentencia, se dirigen a enervar lo relacionado con los componentes que no se tuvieron en cuenta para liquidar la pensión de jubilación, pero se observa que los documentos que se denuncian como valorados equivocadamente, que constan de folios 59 a 81, no están suscritos, ni manuscritos por la demandada, tampoco fueron reconocidos por ella, y eso mismo debe decirse de las documentales de folios 702 a 727, lo cual les resta eficacia probatoria, en los términos del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por la integración normativa autorizada por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tal como lo ha considerado esta Sala, en similar asunto y contra la misma demandada, esto es en punto a la necesidad de que los documentos deben estar firmados o manuscritos y para ello puede consultarse la Sentencia CSJ SL3696-2016, lo que deja sin piso la acusación, pues frente a los rubros que dijo haber recibido y que no fueron computados, no existe prueba o en todo caso la posibilidad de contrastarlas con las liquidaciones.

Los de folios 39 a 58, a diferencia de los anteriores, contienen el membrete de la entidad, están identificados por número y corresponden a los períodos de marzo a diciembre, de allí que aunque pudiera desprenderse la certeza sobre quien los elaboró, lo cierto es que no aportan mayores elementos para el debate que pretendió realizar el censor, relacionado con la equivocada contabilización de sus prestaciones, y de contera de la pensión de jubilación.

Debe recordar la Sala, que el error de hecho en casación, capaz de desatar la anulación de un fallo de segunda instancia, es aquel que se presenta cuando el juzgador ha hecho decir a la prueba algo que ella no expresa, u oculta algo que evidentemente indica y, como se observa, ninguno de tales supuestos se da en el caso, pues aunque se esgrime que la liquidación de la referida prestación no tuvo en cuenta todo el tiempo laborado, ello se queda en una simple afirmación, pues el censor no rebate la conclusión central del juzgador, bien porque las documentales que denuncia no tienen la eficacia jurídica, o porque en lo relacionado con los periodos no computados, no se controvirtió la inferencia de que lo fueron por causa de suspensiones del servicio, permisos no remunerados y sanciones disciplinarias; de ahí que permanezca la conclusión inalterada.

De manera insistente lo ha explicado esta Sala, que al estar revestida de las presunciones de legalidad y de certeza, solo es posible el quebrantamiento de la sentencia de segundo grado cuando efectivamente se demuestre que se quebrantó el ordenamiento jurídico, lo que evidentemente no ocurrió en el presente asunto, en la medida en que el recurrente no cuestiona los pilares del fallo, pues simplemente se limitó a decir que “no se hizo la liquidación del demandante teniendo en cuenta el tiempo realmente trabajado y los factores salariales reales, razón por la cual las prestaciones sociales, especialmente la pensión de jubilación, resultaron inferiores al valor que corresponde”, lo cual, como se explicó no encuentra asidero en el expediente, constituyendo entonces afirmaciones genéricas que no pueden ser corroboradas.

Tampoco se advierte equivocado el entendimiento que el juez de apelaciones le imprimió al artículo 118 de la convención colectiva de trabajo, pues si no se incluyó en la base salarial la bonificación por jubilación que recibió a la terminación de la relación laboral, ello obedeció a que entendió que aquella no constituía factor salarial, pues aquel indicó que “la connotación salarial que se le quiere imprimir a las prestaciones extralegales de prima de antigüedad del artículo 102 de la convención y las prerrogativas de la cláusula 118 no están previstas en la convención colectiva base del pedimento, que si las partes hubieran querido incluirles el carácter salarial, así lo hubieran dispuesto en forma expresa en la convención”.

En efecto, el referido precepto extra legal dispone que “Las primas, viáticos, viáticos sindicales y subvenciones que reciba el trabajador constituyen factor de salario en la proporción que señala la ley” y, en ese sentido, entendiendo a la bonificación por jubilación, como una expresión de las subvenciones y por la que se pide, en apoyo de la referida clausula 118 que se tenga como factor salario, esta Sala ha considerado que la única interpretación posible, es la que justamente le imprimió el Tribunal, esto es, que la definición del carácter salarial o no de los componentes reconocidos debe realizarse consultando lo que contempla el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 127 y 128, así por ejemplo en decisión CSJ SL13696-2016 en la que se citó la SL 17, abr., 2012, rad. 37451 se indicó:

En lo que se refiere a la exclusión de la bonificación por jubilación del promedio salarial para liquidar las prestaciones sociales finales y la pensión de jubilación, el ad quem manifestó que se trata de un pago que se hace por una sola vez cuando el trabajador recibe la pensión y como tal no es constitutivo de salario pues carece de las características correspondientes, además las partes en la norma convencional no le dieron otro alcance, lo que reafirma su naturaleza no salarial.

Y aunque el recurrente no refuta de manera directa estas consideraciones del tribunal, ha de decirse que en análisis del juzgador no resulta descabellado, ni disparatado, porque en realidad del parágrafo 3º del artículo 121 de la convención colectiva (fl. 430 vto. se colige que el pago de la bonificación se produce como efecto del otorgamiento de la pensión, es decir por esta sola ocasión y califica además el reconocimiento como un obsequio de donde bien puede inferirse su calidad no salarial, a lo que debe sumarse que ninguna estipulación convencional consagra lo contrario, aparte de que tampoco puede entenderse que esté incluida —la bonificación— en las previsiones del artículo 118 convencional, en cuanto se refiere a que las primas y subvenciones que reciba el trabajador constituyen factor de salario en la proporción que señala la ley, pues en realidad no es claro que la bonificación referida sea asimilable o equiparable a alguna de tales nociones, ya que no se trata de una prima, de viáticos o de una subvención.

En todo caso y conforme se ha adoctrinado por la Sala, también en determinación CSJ SL1319-2016, la referida bonificación por jubilación no podía comprenderse como factor salarial por no se retributiva del servicio y por ello tampoco pudo cometerse el equívoco que se endilga.

Con soporte en la propia convención, además, fue que el juez plural avaló la liquidación realizada, que se denuncia a folio 96, y en la que se extrae que se tuvieron en cuenta el tiempo de recargo nocturno y festivo, el sobretiempo diurno, los descansos trabajados, los dominicales y festivos, los sobretiempos diurnos convencionales, de domingos y festivos, los nocturnos convencionales y los de domingos y festivos; tal inferencia no se torna equivocada pues no existe probanza que dé cuenta de un valor superior, y tampoco surge errado entender, como se hizo, que ni la bonificación salarial, ni la de jubilación estuviesen incorporadas, pues estas no revisten la naturaleza salarial que pretende.

Lo anterior también se extiende para contestar al censor, que no todo lo que devengara el trabajador debía ser tenido como base para la liquidación, pues su límite, como bien lo clarifica la norma atrás transcrita, es el que imponga la ley, que le resta tal carácter a las sumas ocasionalmente recibidas, como las bonificaciones, las primas o gratificaciones ocasionales, ni todo aquello que se reciba no para su beneficio personal, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, e incluso tal precepto estima que no se incorporan los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados extra legalmente, o en el contrato, cuando las partes lo hayan así expresado, que es precisamente lo que el juzgador entendió del contenido de las cláusulas convencionales.

Finalmente, en lo relacionado con el auxilio de cesantías, el recurrente hace consistir el error en la falta de apreciación de las documentales de folios 55 a 81, que como se anunció desde el inicio, constituyen documentos no suscritos o manuscritos, ni reconocidos por la demandada, haciendo imposible cualquier pronunciamiento de la Sala sobre su contenido.

Por lo visto el cargo no prospera.

IX. Cargo segundo

Denuncia “la sentencia impugnada por violación directa de la ley sustancial en la modalidad de falta de aplicación del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con los artículos 57-4, 132, 141, 142 y 467 de la misma obra; en relación con los artículos 1º, 3º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 55, 56, 59-1m 61, 62, 65, 127, 128, 132, 138, 139, 143, 144, 149, 186, 189, 190, 192, 193, 218, 249, 253, 259, 306, 340, 342, 353, 354, 373-3, 468, 469, 476, 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política de la República de Colombia, artículos 1º, 2º, 13, 25, 26, 29, 38, 39, 48, 53, 55, 58”.

Argumenta que el Tribunal no tuvo en cuenta en su decisión, el contenido del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, relacionado con los efectos de la prórroga automática de la convención colectiva de trabajo que traía de consuno la aplicación del reajuste salarial por IPC, lo que lo llevó a inaplicar el artículo 124 convencional, y que el referido precepto sustantivo en momento alguno “señala que la vigencia de la convención que se reemplazará una vez culmine la negociación colectiva sea parcial; tampoco hace exclusión de algún tipo de cláusulas; la norma inaplicada es clara al señalar los efectos de la denuncia hecha en tiempo y con el lleno de los requisitos legales exigidos; simplemente permite que la convención continúe vigente en su integridad hasta cuando se firme el nuevo acuerdo convencional”, que en suma ello imponía que su salario se incrementara desde el 1º de enero de 2003.

X. La réplica

Refiere que no es viable la acusación, por cuanto se alude en ellas a principios, y además a disposiciones constitucionales que no tienen el carácter de sustanciales.

XI. Consideraciones

En principio debe señalarse la impropiedad en que incurre el recurrente al cuestionar, por la vía directa, la falta de utilización de la convención colectiva de trabajo, específicamente la cláusula 124, pues esta Corte ha reiterado que aquella es equiparable a una prueba, aunque revista el carácter de norma jurídica de alcance particular; de allí que su cuestionamiento deba hacerse por la vía de los hechos.

En todo caso, haciendo abstracción de tal falencia, lo que el censor endilga al juzgador es la infracción directa —que corresponde a la falta de aplicación— del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, pues de haber tenido en cuenta dicha disposición legal, habría considerado que una de las consecuencias de la falta de denuncia de la convención colectiva vigente, es que esta “continuará vigente hasta que se firme una nueva convención”, de suerte que la cláusula sobre incremento salarial pactada en el acuerdo de 2001-2002, se entiende que siguió vigente hasta cuando se firmó el laudo arbitral.

Delimitada así la controversia, debe decirse que si en gracia de discusión se acepta que el ad quem no aplicó el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, posición que resulta plausible dado que ninguna mención se hizo del mismo, tal omisión no tendría la repercusión que alega el recurrente, porque ciertamente el tema de los incrementos salariales convencionales tiene una vigencia temporal que se circunscribe a lo que hayan acordado las partes, sin que en este caso específico sea dable prorrogarlos por fuera de lo querido por los propios contratantes y que en el asunto concreto se circunscribieron a los años 2001 y 2002, aspecto este que no fue objeto de discrepancia.

Precisamente para morigerar el impacto que puede sufrir el salario durante el trámite de la negociación, la jurisprudencia ha permitido la retrospectividad del incremento del mismo, sea que se convenga directamente por las partes o que se imponga a través de laudo arbitral, lo que de por sí enfatiza y acentúa aún más la temporalidad de tales convenios y su no prórroga. Sobre lo anterior, explicó la Sala, en sentencia de 6 de mayo de 2002, radicado 18380: “…la jurisprudencia de la Corte a partir del fallo de 19 de julio de 1982 proferido por la Sala Plena de Casación Laboral, ha aceptado que los aumentos salariales puedan tener efecto retrospectivo con el fin de corregir el desequilibrio económico que eventualmente puedan sufrir los trabajadores con la prolongación de la solución del conflicto colectivo, cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un tribunal de arbitramento, mediando incluso en algunos casos la huelga”.

Luego si el aumento de salario puede tener efecto retrospectivo, es apenas elemental que la disposición vigente en el acuerdo anterior no es susceptible de prórroga, porque de lo contrario se producirían dos tipos de reajuste de salario, el automático y el acordado por las partes o decretado por los árbitros, lo cual no consultaría los postulados de la equidad. No sobra agregar que en el presente caso, los árbitros ordenaron una compensación salarial, como lo determinó el Tribunal, sin que este tópico sea materia de discrepancia, por lo tanto no había lugar al reajuste automático reclamado, ni el mismo puede desprenderse del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, como ya se dijo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Álvaro Antonio Quiceno Osorio, contra la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».