Sentencia SL17404 de noviembre 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

SL17404-2014

Radicación 44193

Acta 40

Bogotá, D.C., cinco de noviembre de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de RAFAEL MAURICIO ALONSO SALGADO contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovió contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR.

I. ANTECEDENTES

Para que se declarara que con la demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado entre el 3 de enero de 2003 y el 6 de enero de 2005, y terminado sin justa causa por iniciativa del empleador, el actor presentó demanda ordinaria y solicitó que se dispusiera su reintegro al cargo que ocupaba, junto con el pago de salarios, incrementos, prestaciones sociales, vacaciones, subsidios y beneficios legales y extralegales dejados de percibir, junto con los aportes a la seguridad social. En subsidio, pidió la indemnización por despido injusto y las previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. En cualquier caso, con indexación y costas del proceso.

Para sustentar sus peticiones, expuso que desde el 3 de enero de 2003 comenzó a trabajar para la demandada, hasta el 6 de enero de 2005 cuando fue despedido sin que mediara justa causa y sin que surtiera el trámite impuesto por el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto no citó a los testigos solicitados por el trabajador. Que la Caja incumplió la obligación del parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 y no consignó oportuna e íntegramente el valor de las cesantías causadas. Que se le efectuaron descuentos de la liquidación final de prestaciones sociales para cubrir libranzas. Por último, dijo, le adeudan los haberes laborales demandados (folios 3 a 4).

El apoderado de la convocada a juicio se opuso al éxito de las pretensiones y propuso las excepciones de cobro de lo no debido por ausencia de causa, pago, prescripción y buena fe.

Admitió los extremos temporales del contrato de trabajo y la liquidación y posterior reliquidación de prestaciones sociales, así como los descuentos practicados. Negó los restantes (folios 40 a 48).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Por sentencia de 10 de julio de 2009, el Juzgado Doce Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada e impuso costas al accionante (folios 100 a 102).

III. SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO

Mediante la decisión gravada, el ad quem confirmó la de primera instancia, con costas al recurrente (folios 6 a 17).

Luego de verificar que entre las partes medió un contrato de trabajo, ejecutado dentro de las fechas indicadas por el actor y aceptadas por la demandada, en virtud del cual el primero fungió como Asistente de Contratación de Servicios en la Gerencia de Apoyo Logístico, con un último salario básico de $1.736.100.oo, y que terminó por decisión unilateral del empleador, el ad quem se aprestó a estudiar la justeza del despido.

Reprodujo el texto de la carta en que la enjuiciada endilgó al trabajador la comisión de los hechos que motivaron el despido, que encontró probados con el acta que recogen los descargos rendidos (folios 10 a 13), pues admitió haberse ocupado de la interventoría en los contratos con «Amigos Equinoxialesy Thunder Light», autorizados inicialmente por $67.512.000.oo y $48.500.000.oo, respectivamente, sin embargo fueron en $150.000.000.oo y $75.000.000.oo, «sin haber ejecutado en debida forma el procedimiento establecido para solicitar ampliación de los montos», sin la autorización que necesariamente requería obtener para una ampliación tan significativa de parte del Subdirector Administrativo o el Director, lo cual era de su conocimiento y responsabilidad. En punto a la justificación esgrimida por el trabajador, expuso:

«Así entonces, es el mismo demandante quien admite que no cumplió con su obligación de controlar los montos autorizados para los contratos firmados con Thunder Light y con Amigos Equinoxiales, pues explica que inicialmente solicitó la autorización a que se ha hecho referencia, pero que previo a emitir la misma el Director le solicitó un cuadro comparativo de costos, para lo cual el actor solicitó unas cotizaciones y en razón a que estaban en temporada alta, las cotizaciones no llegaron y el actor olvidó por completo el asunto (folio 11).

En consecuencia, confesado por el mismo demandante que era él responsable de controlar los montos autorizados para los contratos antes referidos, y que por exceso de trabajo y un olvido, omitió culminar el trámite para solicitar la autorización de ampliación de dichos montos, y que en efecto, los contratos con Thunder Light y con Amigos Equinoxiales, fueron ejecutados por un valor mucho mayor al autorizado, sin que existiese la autorización para ese mayor valor, es evidente que el actor incurrió en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, catalogado como falta grave en el mismo contrato de trabajo celebrado por las partes, y para los efectos del numeral 6º del artículo 62 CST, esto es, cualquier violación grave de las obligaciones que incumben al trabajador, por tanto el despido deviene en injusto».

Sobre la inobservancia del trámite disciplinario consagrado en el Reglamento Interno de Trabajo, consistente en escuchar la versión de 2 de sus compañeros de trabajo, el juez de la apelación echó de menos la incorporación del documento que lo contiene al expediente. Añadió que conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, cuando se trata de un despido no es menester el adelantamiento de un proceso disciplinario reglamentario o convencional, en tanto el despido no es una sanción disciplinaria, como lo expresó, por ejemplo, en sentencia 11003 de 2 de septiembre de 1998, que reprodujo en parte. En tal virtud, concluyó, el despido del demandante fue material y formalmente justificado.

La aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, «en relación con el aviso al demandante del estado de los aportes a seguridad social y parafiscalidad al momento del despido» la estimó inviable con base en que estuvo precedido de justa causa para despedir al demandante, en la medida en que «la misma expresamente señala el evento en que el contrato de trabajo sea terminado en los términos del artículo 64 CST, esto es, sin justa causa, lo que, se reitera, no tuvo lugar en el presente asunto».

Por último, tras advertir que la inconformidad del actor radicaba en que la demandada tardó 6 meses en realizar el pago del dinero descontado de la liquidación de prestaciones sociales, expuso:

«Ante ello, encuentra la Sala que, como bien lo admite el propio demandante, al término de su vinculación laboral, se efectuó por parte de la demandada la liquidación de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales causadas en debida forma, y además, se realizaron los descuentos por concepto de libranzas, frente a los cuales el actor no presenta reparo alguno en cuanto a la falta de autorización para ello; por tanto, el hecho de que los referidos descuentos por concepto de libranzas, no hubiesen sido remitidos inmediatamente al beneficiario, en este caso Banco Tequendama, en nada incide ahora para reclamar el pago de las prestaciones sociales descontadas, pues el valor de dichos descuentos fue(ron) finalmente entregado(s) a su beneficiario (folio 22 y 23), y nunca se acordó que esos valores podrían ser entregados directamente al actor».

IV. EL RECURSO DE CASACIÓN

Propuesto por el demandante y concedido por el tribunal, fue admitido por la Corte, que procede a resolverlo. Por la causal primera de casación, formula un cargo, oportunamente replicado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita la casación total del pronunciamiento de segundo grado, en cuanto confirmó la absolución de primera instancia; en instancia, pide que se revoque la sentencia del juzgado y, en su lugar, se impongan las condenas deprecadas en la demanda inicial.

VI. ÚNICO CARGO

Por vía directa, denuncia interpretación errónea del «Artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Artículo 10 del Decreto 2351 de 1.965, y del Numeral 1º del Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, Modificado por el Artículo 29 de la Ley 789 de 2.002».

El recurrente no cuestiona las deducciones probatorias del Tribunal, de suerte que admite expresamente haber cometido la falta que dio lugar a su despido, en tanto no obtuvo autorización para adicionar en valor el contrato de marras. Sin embargo, afirma, el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo «exige como procedimiento previo el cumplimiento del procedimiento disciplinario, en cuyo caso particular debería darse aplicación a lo dispuesto por el Reglamento Interno de COMPENSAR que en su artículo 85 determina la necesidad de escuchar las versiones de dos trabajadores, si así lo solicita el inculpado, tal y como ocurrió en la diligencia de descargos rendidas por él». Agrega que la norma recién mencionada, ni ninguna otra, establece distinción entre una simple sanción disciplinaria y la terminación del contrato de trabajo, pues en ambos casos se trata de eventuales incumplimientos del trabajador a sus obligaciones; dado que si la disposición no distingue, al intérprete le está vedado hacerlo, la conclusión del ad quem debió ser enteramente diferente, «esto es, entendiendo que para poder proceder a la desvinculación del demandante alegando la comisión de una falta grave debería haberse cumplido la totalidad del procedimiento disciplinario establecido al interior de la compañía, es decir, escuchando la versión de dos testigos (…) tal y como se solicitó expresamente en la diligencia de descargos obrante a folio 13 del expediente)». Añade que si bien el patrono está investido de la facultad de poner fin unilateralmente a la relación de trabajo, cuando su ejercicio está precedido de la eventual comisión de una falta del trabajador, se trata de la imposición de la más grave de las sanciones, por manera que la solución no puede ser la misma.

En punto a los descuentos practicados en la liquidación final de prestaciones, aclara que la inconformidad tiene nada que ver en la existencia misma de la autorización para tales deducciones, sino «en que la autorización no fue utilizada en la forma prevista o para los efectos correspondientes», en la medida en que tales descuentos «sólo fueron remitidos al beneficiario en fecha muy posterior a ella, esto es el 30 de Junio de 2.005 (folio 90), sin que se haya suministrado u ofrecido siquiera una explicación de los motivos de dicha tardanza, especialmente cuando la deducción realizada en la reliquidación de dicha liquidación y por valor de $326.998.oo» (folio 19) si fue abonada oportunamente a la libranza del demandante, esto es el 15 de Febrero de 2.005 (folios 22 y 90)».

Lo anterior comporta, prosigue el censor, que por el lapso corrido entre el 12 de enero y el 30 de junio de 2005, la empresa se apropió de dichos dineros en forma ilegal, lo cual viabiliza la imposición de la sanción contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por el tiempo transcurrido entre el descuento y la fecha del pago efectivo.

VII. LA OPOSICIÓN

Critica al recurrente por equivocarse en la identificación de la sentencia que pretende aniquilar, pues no fue proferida por el Tribunal de Barranquilla, sino por el de Bogotá y porque lo pretendido en la declaración del alcance de la impugnación es incompatible, en la medida en que la invalidez del despido y el pago de la indemnización se repelen, como también deviene contradictorio que pretenda la sanción moratoria en forma paralela con la ineficacia de la terminación del contrato.

Aduce que el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo no fue siquiera mencionado por el juzgador, por lo cual no pudo haberlo interpretado erróneamente y que no es coherente que en la demanda alegue incumplimiento del trámite previsto en el referido precepto, y en la apelación se duela de la inaplicación del Reglamento Interno de Trabajo.

Insiste en que el pilar sobre el que se edificó la confirmación de la absolución radicó en la falta de aportación de dicho reglamento, que no en la intelección equivocada del artículo ibídem, por manera que el ataque debió enderezarse por la senda fáctica. Reprocha la asimilación que pretende hacer el impugnante entre el despido y la sanción disciplinaria, en tanto esta persigue mantener el orden en el lugar de trabajo al paso que el primero tiene el propósito de poner fin al vínculo laboral; advierte que la oportunidad de rendir descargos brindada al accionante es suficiente en términos de garantía del derecho de defensa y que el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo se refiere a la situación de un trabajador sindicalizado, a más que el inculpado renunció expresamente a esa eventual prerrogativa.

Advierte inconsistencia en el argumento de la censura que busca la imposición de la sanción por mora, con el razonamiento del ad quem para negar dicha pretensión, pues este fallador se fundó en la ausencia de deuda, que no porque hubiera desarrollado alguna interpretación al dispositivo legal que consagra la indemnización.

VIII. CONSIDERACIONES

El censor sin duda incurre en impropiedades, como pretender la reinstalación y la indemnización por despido injusto, a la par que reclama la sanción moratoria; y en tal sentido le asiste razón al opositor, pues el recurso ignora que varios de aquellos tienen el carácter de excluyentes.

Si con la solicitud se incursionara en el estudio del asunto, considera esta Sala que el ad quem coligió que el incumplimiento contractual imputado al demandante como justa causa del despido había sido aceptado por el trabajador en la rendición de descargos. En el plano formal, desestimó la inconformidad del actor, basada en la preterición del trámite previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, dado que este documento no fue traído al proceso, de suerte que no era posible comprobar si allí se estipulaba algún tipo de procedimiento que debiera preceder al despido.

Con todo, agregó que como el despido no es una sanción disciplinaria, no es necesario que previamente se adelante el trámite previsto en el reglamento o en el instrumento de negociación colectiva que rija en la empresa, pues además es una facultad que libremente puede ejercitar el empleador. 

La postura del colegiado de segundo grado coincide con lo que la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido durante décadas, en cuanto a que el despido no tiene naturaleza sancionatoria y por tanto no debe seguirse el procedimiento previo, entre otras en decisión de 15 de febrero de 2011, radicado 39394 se explicó: «la Corte ha precisado que la naturaleza del despido no es la de una sanción, por lo que para adoptar una decisión de esta índole el empleador, salvo convenio en contrario, no está obligado por ley a seguir un procedimiento de orden disciplinario; así se dijo, por ejemplo, en las sentencias del 10 de agosto de 2000, radicación, febrero 19 de 2002, radicación 17453 y julio 25 de 2002, radicación 17976, entre otras».

Tal postura ha sido reiterada, entre otras en sentencia de 7 de noviembre de 2012, radicado 34374, en la que se memoraron otras, y así se discurrió:

«El razonamiento consistente en que para despedir al trabajador cuando se invocan como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del patrono, las consagradas en los numerales 5° y 6° del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, no se requiere agotar un procedimiento previo resulta atinada, y no contraría la recta hermenéutica de dicho precepto”.

"En varias oportunidades ha señalado la Sala que el despido no se asimila a una sanción disciplinaria, y que el agotamiento imperativo de un trámite previo sólo se exige legalmente con arreglo al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo para la imposición de sanciones disciplinarias, no estando previsto legalmente tal procedimiento cuando se trata de una decisión de despido, el cual podrá reclamarse cuando se hubiera establecido en una convención, laudo, reglamento o cualquier otro estatuto interno. En casos de despido lo único que consagra la ley, es la obligación de cumplir el preaviso para ciertas justas causas, dentro de las cuales no se encuentran las invocadas en el sub lite”.

"En sentencia del 25 de julio de 2002, rad. 17976, señaló la Corte al respecto:

“(....) Valga agregar que el artículo 115 del CST, prevé el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias al trabajador, al cual debe ceñirse estrictamente el empleador cuando a ese fin apunta, descartando su aplicación cuando se trata del despido —que no es una sanción disciplinaria—, pues si la falta da lugar a la terminación del contrato de trabajo, la ley laboral no prevé ningún mecanismo o trámite previo a tal determinación».

De manera que ningún error cometió el juzgador de segundo grado, más si se tiene en cuenta que aquel no pasó inadvertido que el demandante aceptó la comisión de la falta, del que derivó la confesión frente al incumplimiento de sus deberes, sin que fuere menester realizar diligencia alguna.

En lo relativo a la sanción moratoria, no se advierte equivocada la inferencia del ad quem que lo llevó a su exoneración, en tanto refirió que el parágrafo 1º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo impone avisar el estado de aportes a la seguridad social y parafiscalidad en los eventos en que la relación se termine de manera unilateral e injusta, que no fue lo que halló en el sub lite.

Por demás no se exhibe desacertada la tesis que explicó, según la cual el propio actor admitió que la entidad pagó completo lo debido por prestaciones sociales y demás acreencias laborales, previa compensación de las libranzas.

Ahora cabe anotar, en punto a que el desembolso que de esos valores de libranza efectuó dicha entidad al Banco no se encuentra expresamente consagrado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo como generador de la sanción, sin que pueda por tanto imponerse.

Por lo visto los cargos no prosperan

Las costas en el recurso de casación serán a cargo de la recurrente en cuantía de $3.150.000.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de septiembre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral promovido por RAFAEL MAURICIO ALONSO SALGADO contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, Presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos RuizElsy del Pilar Cuello CalderónClara Cecilia Dueñas QuevedoGustavo Hernando López AlgarraLuis Gabriel Miranda BuelvasCarlos Ernesto Molina Monsalve.