Sentencia SL17404-2017 /53269 de octubre 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN 4

Radicación n.° 53269

Acta 016

Magistrado ponente

Dr. Omar De Jesús Restrepo Ochoa

Bogotá, D. C., veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN  

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente, que la Corte case la sentencia emitida por el ad quem, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y serán estudiados de manera conjunta por perseguir un mismo fin y atacar un mismo grupo normativo.

VI. CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de:

[…] los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 19 y 260 del C.S. del T., 5 y 6 Ley 62 de 1945 8 Ley 171 de 1961, 78 del Decreto 1848 de 1969, 1 de la ley 33 de 1985, 1 de la Ley 4ª de 1976; 1,2, 3, de la Ley 71 e 1988, artículos 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil, artículo 831 del Código de Comercio, 11, 21, 36 de la Ley 100 de 1993, 25, 48 y 53 de la Constitución Nacional. 

Para la demostración del cargo dijo que en economías, como la colombiana, es tan evidente la depreciación de la moneda, que mediante la Ley 794 de 2003 modificatoria del Código de Procedimiento Civil, se estableció como hecho notorio los indicadores económicos. Así mismo, las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988 ordenaron que las pensiones se reajustaran en las cuantías en ellas señaladas.

Precisó que si bien no eran aplicable en el presente evento, porque entraron en vigencia en fecha posterior a la causación del derecho, los artículos 14, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, señalaron que las pensiones se deben actualizar de conformidad con el IPC.

Concluyó el cargo, aduciendo que a falta de norma expresa que regule el caso, el juez debió aplicar los principios de justicia y equidad, consagrados en los artículos 19 del CST y 8 de la Ley 153 de 1887, que permitirían actualizar la mesada pensional, pues la indexación no implica una carga adicional que deba sufragar el deudor «[…] ni tiene carácter sancionatorio, ni mucho menos es una ventaja o un privilegio para el acreedor, sino […] un pago completo de la obligación que el empleador debe sufragar y que, el trabajador, parte débil de la relación labora (sic), no tiene porque (sic) soportar». Apoyándose para ello en la sentencia de casación del 13 de noviembre de 1991 sin indicar radicado y en la CSJ SL 7996, 8 feb. 1996.

VII. CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de:

[…] los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 19 y 260 del C.S. del T., 5 y 6 ley 6ª de 1945, 8 Ley 171 de 1961, 78 del Decreto 1848 de 1969, 1 de la ley 33 de 1985, 1 de la Ley 4ª de 1976; 1,2, 3, de la Ley 71 e 1988, artículos 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil, artículo 831 del Código de Comercio, 11, 21, 36 de la Ley 100 de 1993, 25, 48 y 53 de la Constitución Nacional. 

Para el desarrollo del cargo presentó una argumentación similar a la del cargo anterior y concluyó señalando que:

[…] aunque esta pensión, del demandante, se haya causado antes de la vigencia de la Ley de seguridad Social e inclusive de la Constitución de 1991, no queda duda que está abrigada por la posibilidad de que su primera mesada se (sic) indexa, no puede perderse de vista que el examen de Constitucionalidad de los artículos 260 del C.S: del T. y 8 de la Ley171 de 1961, se hizo sobre unas normas que rigen desde hace más de 40 años y que por ello, al interpretarlas de manera sistemática, permiten colegir que la pretensión del actor es agible a derecho. 

VIII: RÉPLICA 

Se opuso a la demanda de casación por considerar que el Tribunal no cometió yerro alguno en la sentencia acusada.

IX. CONSIDERACIONES

El Tribunal fundamentó su decisión en el antecedente jurisprudencial CSJ 33674 de julio 30 de 2008 porque la pensión de jubilación concedida por Fabricato Tejicondor al señor Sánchez Franco, se causó el 29 de noviembre de 1990, es decir, antes de la entrada en vigencia de la actual Carta Política y para entonces, no existía mandato legal que así lo ordenara.

La censura radicó su inconformidad en varios aspectos: (i) que en economías como la colombiana, el envilecimiento de la moneda es evidente y por ello debe proceder la indexación de la primera mesada pensional; (ii) que cuando transcurre un lapso considerable entre el momento en que se hace exigible un derecho pensional y aquel en que se paga, es apenas natural que se actualice el valor a cancelar; y, (iii) que indexar la primera mesada pensional no implica ninguna carga adicional para el empleador pues lo único que se hace es actualizar el valor de la moneda sin que ello tenga carácter sancionatorio.

Precisa la Sala que, en la época en la que el ad quem emitió su decisión, ésta se encontraba acorde con la posición de esta Corporación, en materia de indexación de primera mesada pensional; pese a lo anterior, tal enfoque ha sufrido importantes variaciones, que repercuten en la prosperidad de la acusación.

En principio, se consideró procedente la indexación, por razones de justicia y equidad, sin diferenciar respecto a si la pensión era legal o extralegal, ni a la fecha de su causación o de su exigibilidad, por cuanto se consideró que la pérdida de poder adquisitivo impactaba a todas las pensiones y era una realidad antes y después de la Ley 100 de 1993 y la Constitución 1991.

Posteriormente, se modificó la jurisprudencia, estableciendo que la indexación de las pensiones era excepcional, que su único fundamento era la Ley 100 de 1993 y solo procedía respecto a pensiones legales causadas en su vigencia; esa postura fue luego morigerada, cuando se admitió la indexación de pensiones legales causadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, pero en vigencia de la Constitución de 1991, y luego, extendiendo la indexación a las pensiones extralegales, bajo las mismas condiciones de causación.

Finalmente, en la sentencia CSJ SL736-2013, reiterada en múltiples ocasiones, de forma pacífica, como en la SL13256-2017, esta Corporación revisó la anterior postura en materia de indexación de la primera mesada pensional, concluyendo que era procedente respecto a pensiones legales y extralegales, sin importar la fecha de su causación, y precisó:

[…] la Sala viene considerando que, por tener su fundamento en los principios de la Constitución Política de 1991, la indexación no resulta procedente para las pensiones de jubilación que se causaron con anterioridad a la vigencia de dicha norma.  

Una revisión de este último punto, impone a la Sala reconocer que la indexación resulta admisible también para pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, por encontrar suficientes fundamentos normativos que así lo autorizan. Esta nueva orientación de la Sala encuentra respaldo en los siguientes argumentos: 

i) Como lo había sostenido esta Sala de la Corte en las sentencias del 8 de febrero de 1996, Rad. 7996 y 5 de agosto de 1996, Rad. 8616, constituye un hecho notorio que los ingresos del trabajador sufren una pérdida significativa de su poder adquisitivo, cuando media un lapso considerable entre la fecha en la cual se retiran del servicio y aquella en la cual les es reconocida la pensión de jubilación. Asimismo, como también lo había reconocido la Sala, ese fenómeno impacta por igual a todas las pensiones de jubilación que se ven sometidas a la devaluación de la moneda, sin importar su naturaleza legal o extralegal, o la fecha en la que hubieran sido reconocidas, entre otras, porque la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es una realidad palpable con anterioridad y con posterioridad a la expedición de normas como la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993.  

Si las pensiones de jubilación se ven enfrentadas por igual al mismo fenómeno inflacionario, no existe, a primera vista, una razón o condición derivada de la fecha de su reconocimiento, que autorice un trato desigual, a la hora de adoptar correctivos como la indexación de los salarios tenidos en cuenta para la liquidación. Por lo mismo, para estos efectos, no deberían existir diferenciaciones o categorizaciones de pensionados, que pudieran resultar arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.  

En ese sentido, imponer una diferenciación, en función de la fecha de reconocimiento de la prestación, para los efectos de corregir los impactos negativos del fenómeno inflacionario, resulta abiertamente contraria al principio de igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969.  

Y ello es así porque la discriminación entre grupos de pensionados, que se había generado debido a la posición mantenida por la Sala, no atiende alguna finalidad legítima, que pudiera encontrar respaldo en los principios de la Constitución Política. Tampoco advierte la Sala que esa desigualdad tenga alguna justificación legal, clara y razonable, acomodada a los principios y valores que irradian nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se reduce a una diferencia insostenible e inadecuada entre pensionados que se ven enfrentados a la misma dificultad, y que tiene efectos negativos sobre su derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, como lo prevé el artículo 53 de la Constitución Política.

ii) A pesar de que la Corte ha tenido una preocupación especial por contar con una fuente normativa que legitime la indexación, el hecho de que se disponga respecto de los salarios tenidos en cuenta para liquidar pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de normas como la Constitución Política de 1991 o la Ley 100 de 1993, no implica desconocer abiertamente esa sana previsión, sino reconocer la existencia de otros parámetros normativos anteriores e igualmente válidos, como la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que tienen fuerza normativa, en los términos de los artículos 8 de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y que, como lo había concluido la Sala en su primigenia jurisprudencia, respaldan plenamente la actualización de las obligaciones dinerarias. 

Tras ello, la Corte no hace más que reafirmar que la fuente de la indexación no solo reposa en la ley, sino que también puede encontrar asidero en los principios de la Constitución Política de 1991 (ver sentencias del 20 de abril de 2007, Rad. 29470 y 26 de junio de 2007, Rad. 28452 y del 31 de julio de 2007, Rad. 29022) y, como con anterioridad se había discernido, en principios anteriores a ella como la equidad y la justicia, que han estado presentes durante toda la historia del derecho laboral colombiano y que encuentran pleno respaldo constitucional(1). La Corte Constitucional ha dicho, en ese sentido, que “(…) la tesis también expuesta en la jurisprudencia laboral y de acuerdo con la cual, en virtud de razones de justicia y equidad, debe disponerse la actualización de las prestaciones económicas, se ubica en el dirección trazada por la Constitución Política y, aún cuando está basada en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, es susceptible de reconducción a los términos previstos en la Carta, porque el artículo 230 superior señala que “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”(2).

Y ello es así, entre otras, porque la indexación no se impone como una sanción o carga en contra del empleador obligado, que, en respeto del principio de legalidad, necesite de una consagración legal expresa, sino que, como lo había dicho la Sala en su primitiva jurisprudencia, en este caso “(…) el reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino ... la actualización de su valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda.” 

iii) En la sentencia C 862 de 2006, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada de la expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el numeral 1) del artículo 260 del C. S. T. y el numeral 2) de la misma disposición, “(…) en el entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidos, IPC, certificado por el DANE.” De igual forma, en la sentencia C 891A de 2006, declaró exequible la expresión “y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “(…) en cuanto éste siga produciendo efectos, y bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Indice de Precios al Consumidor, IPC certificado por el DANE.”  

[…] 

La existencia de un derecho a la indexación de la primera mesada de las pensiones de jubilación, en términos universales, sin importar la fecha de su reconocimiento, fue reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 1073 de 2012, que analizó concretamente el caso de las prestaciones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991. 

[…] 

iv) El reconocimiento expreso de la indexación en la Constitución Política de 1991 no puede ser entendido lógicamente como su negación o prohibición, con anterioridad a la vigencia de dicha norma. Contrario a ello, como lo había sostenido esta Sala, la situación verificable antes de 1991 es simple y llanamente la ausencia de una regulación legal expresa para el tema de las pensiones de jubilación, que bien podía ser remediada o integrada a partir de principios generales del derecho como la equidad y la justicia.  

[…] 

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.  

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.  

Como en este caso el Tribunal consideró improcedente la indexación haciendo eco de la jurisprudencia que por medio de esta decisión se recoge, el cargo es fundado y procede la casación de la sentencia recurrida.  

De acuerdo a la actual postura de esta Corte, atendiendo a que el Tribunal negó lo pretendido, con base en el precedente que perdió vigencia y de conformidad con las consideraciones traídas a colación, resultan fundados los reproches de la censura, el cargo está llamado a prosperar y se casará la decisión.

Sin costas en el recurso extraordinario.

X. SENTENCIA DE INSTANCIA

Para resolver la apelación propuesta por la parte demandante, de conformidad con el alcance de la impugnación, son suficientes las consideraciones expuestas al resolver el recurso de casación.

La Sala, constituida en tribunal de instancia, observa que en el proceso se acreditó que la demandada reconoció la pensión legal de jubilación al actor, por haber laborado del 16 de marzo de 1953 al 11 de mayo de 1960 y luego entre el 1 de junio del mismo año y el 16 de marzo de 1978, que la prestación pensional fue reconocida a partir del 29 de noviembre de 1990, cuando arribó a los 55 años de edad, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para esa anualidad; y que el salario promedio devengado en el último año de servicios fue de $6.015,90 mensuales.

Como se expresó, resulta procedente indexar el ingreso base de liquidación de la pensión legal de jubilación que le fue reconocida al actor, y para ese efecto, se tomará el salario promedio mensual devengado, esto es, la suma de $6.015,90, que actualizado desde la fecha de finalización del vínculo laboral, 16 de marzo de 1978, hasta la de reconocimiento, 29 de noviembre de 1990, aplicando la fórmula matemática reiterada por la Sala, en sentencia CSJ SL4648-2017, VA = VH (IPC final/IPC inicial), en donde VA es el IBL actualizado, el VH corresponde al promedio de lo devengado en el último año de servicios, el IPC final al índice de precios al consumidor de la anualidad anterior a la fecha de reconocimiento de la prestación, y el IPC inicial al índice de precios al consumidor igualmente de la anualidad anterior a la fecha de finalización del vínculo, se tiene que el IBL es equivalente a la suma de $92.761, que le da derecho a una primera mesada pensional por el tiempo laborado, por valor de $69.570 para el año 1990.

Efectuados los cálculos respectivos, atendiendo al reajuste anual del valor de la mesada pensional, indexada y pagada, se concluye que el retroactivo pensional por diferencias causadas, entre el 29 de noviembre de 1990, teniendo en cuenta lo que se dirá sobre la excepción de prescripción propuesta por la accionada y el 31 de octubre de 2017, con los incrementos de ley, asciende a la suma de $72.147.949, a la que se condenará a la demandada, siendo el valor de la mesada indexada para el año 2017 la suma de $1.181.948 mensuales, monto de la pensión que deberá continuar pagándole, como se discrimina en la siguiente tabla:

IBL en marzo de 1978: $6.015

IBL actualizado noviembre 1990: $92.761

Tasa de reemplazo: 75%

Valor primera mesada: $69.570

Reliquidación mesada pensional:

AñoDesde Hasta Mesada calculadaMesada pagadaDiferenciaN° MesadasRetroactivoIndexación
19901/12/199031/12/1990 69.570 41.025 28.545 2 Prescripción
19911/01/199131/12/1991 92.083 51.720 40.363 14 Prescripción
19921/01/199231/12/1992 116.780 65.190 51.590 14 Prescripción
19931/01/199331/12/1993 146.127 81.510 64.617 14 Prescripción
19941/01/199431/12/1994 179.152 98.700 80.452 14 Prescripción
19951/01/199531/12/1995 219.622 118.934 100.688 14 Prescripción
19961/01/199631/12/1996 262.361 142.125 120.236 14 Prescripción
19971/01/199731/12/1997 319.109 172.005 147.104 14 Prescripción
19981/01/199831/12/1998 375.528 203.826 171.702 14 Prescripción
19991/01/199931/12/1999 438.241 236.460 201.781 14 Prescripción
20001/01/200031/12/2000 478.691 260.100 218.591 14 Prescripción
20011/01/200131/12/2001 520.576 286.000 234.576 14 Prescripción
20021/01/200231/12/2002 560.400 309.000 251.400 14 Prescripción
20031/01/200331/12/2003 599.572 332.000 267.572 14 Prescripción
20041/01/200413/03/2004 638.484 358.000 280.484 3 Prescripción
200414/03/200431/12/2004 673.601 358.000 315.601 10,28$3.244.270 $2.385.813
20051/01/200531/12/2005 710.649 381.500 329.149 14$ 4.608.088 $3.043.615
20061/01/200631/12/2006 745.116 408.000 337.116 14$ 4.719.619 $2.795.420
20071/01/200731/12/2007 778.497 433.700 344.797 14$ 4.827.156 $2.452.435
20081/01/200831/12/2008 822.793 461.500 361.293 14$ 5.058.106 $2.068.070
20091/01/200931/12/2009 885.902 496.900 389.002 14$ 5.446.022 $1.928.153
20101/01/201031/12/2010 903.620 515.000 388.620 14$5.440.674 $1.758.383
20111/01/201131/12/2011 932.264 535.600 396.664 14$ 5.553.301 $1.551.646
20121/01/201231/12/2012 967.038 566.700 400.338 14$ 5.604.729 $1.348.959
20131/01/201331/12/2013 990.634 589.500 401.134 14$ 5.615.869 $1.213.580
20141/01/201431/12/2014 1.009.852 616.000 393.852 14$ 5.513.925 $1.000.047
20151/01/201531/12/2015 1.046.812 644.350 402.462 14$5.634.473 $701.600
20161/01/201631/12/2016 1.117.682 689.455 428.227 14$5.995.172 $277.545
20171/01/201731/10/2017 1.181.948 737.717 444.231 11$ 4.886.544 $26.658
     Total$ 72.147.949 $22.551.924

Valor mesada 2017: $1.181.948

Total retroactivo: $72.147.949

Total indexación: $22.551.924

 

La excepción de prescripción formulada por la demandada, según lo dispuesto en el art. 151 del CPTSS, está llamada a prosperar, por cuanto la pensión fue reconocida a partir del 29 de noviembre de 1990. Se presentó reclamación del derecho pensional a la demandada por parte del señor Sánchez, el 13 de marzo de 2007, hecho que suspendió el término de prescripción y la demanda fue presentada el 8 de junio de 2009, es decir, el término de prescripción de tres años que establece la citada norma, se contará desde la fecha de la reclamación hacía atrás. En conclusión, los incrementos en la mesada pensional prescribieron entre el mes de marzo de 2004 y el 29 de noviembre de 1990.

Además, las sumas que deben ser canceladas como retroactivo de las mesadas pensionales, deben ser indexadas como se indicó en el citado cuadro. Por ese concepto, la demandada adeuda al señor Sánchez, la suma de $22.551.924.

En consecuencia, se revocará la sentencia del a quo y, en su lugar, se condenará a la indexación de la primera mesada pensional, en la forma anteriormente señalada.

Como se trata de una pensión expuesta al fenómeno de la subrogación, en caso de que ella se haya presentado, o desde cuando suceda, la empresa, solo está obligada a pagar el mayo valor de la pensión entre la que cancele el ISS y la que se fijó en la tabla arriba trascrita.

Sin costas en las instancias.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 11 de abril de 2011, en el proceso que JORGE HÉCTOR SÁNCHEZ FRANCO, promovió contra TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.

Sin costas en casación.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de primera instancia y, en su lugar, CONDENAR a TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. a reconocer y pagar al demandante la suma de $72.147.949, por concepto de retroactivo pensional por diferencias pensionales causadas entre el mes de marzo de 2004 y el 31 de octubre de 2017, teniendo como mesada pensional para el año 2017 la suma de $1.181.948 mensuales.

2. DECLARAR probada la excepción de prescripción.

3. Como indexación de las sumas adeudadas, la Sociedad demandada debe cancelar al actor, hasta el 31 de octubre de 2017, la suma de $22.551.924.

4. Se autoriza a la empresa demandada a aplicar el fenómeno de la subrogación a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez al actor por parte del sistema pensional, en los términos descritos en la parte motiva, quedando vigente la obligación de pagar el mayor valor si lo hubiere.

5. Sin costas en las instancias.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

1 Ver al respecto, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU 120 de 2003 y T 098 de 2005.

2 Sentencia C 891A de 2006.