Sentencia SL17405-2014/45605 de marzo 26 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL17405-2014

Rad.: 45605

Acta: 10

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce

Extractos «V. Recurso de la Demandada

Con apoyo en la causal primera de casación, pretende la recurrente el quiebre total del fallo impugnado, para que en sede de instancia revoque el de primer grado y, en su lugar, la absuelva de todas de las pretensiones incoadas por el promotor del litigio.

Para el efecto formula un cargo, no replicado.

VI. Único Cargo

Ataca la sentencia por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, de los artículos “467 del Código Sustantivo del Trabajo y (…) 18 Decreto 1750 de 2003”.

Aduce que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante para la época en que cumplió 55 años de edad, era trabajador oficial del Instituto de Seguro Social (sic).

No dar por demostrado estándolo, que para la época en que cumplió la edad de 55 años, el demandante se encontraba laborando pata (sic) la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, teniendo en cuenta que nació el 4 de julio de 1950 y tenía 55 años de edad para el 4 de julio de 2005.

No dar por demostrado estándolo, que para el reconocimiento de la pensión de jubilación del demandante se tuvieron en cuenta tiempos laborados en dos entidades de derecho público diferentes, esto es el ISS y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.

No dar por demostrado estándolo que la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, es una entidad de derecho público, con patrimonio autónomo, autonomía administrativa y personería jurídica propia, diferentes al Instituto de Seguros Sociales.

No dar por demostrado estándolo que la convención colectiva suscrita entre el ISS y el Sintraseguridad Social, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004 y que la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento. no fue parte en tal acuerdo.

El descontento del recurrente con la sentencia fustigada, se puede sintetizar en que:

El Tribunal valoró inadecuadamente la convención colectiva de trabajo vigente para el año 2001- 2004, porque para ser beneficiario de la misma era necesario tener la calidad de trabajador oficial y el actor no la tenía para la data en que cumplió 55 años de edad, requisito exigido en el artículo 98 de dicho acuerdo colectivo, puesto que para tal fecha, se encontraba prestando sus servicios a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento entidad de derecho público, con patrimonio autónomo, autonomía administrativa y personería jurídica propia.

Cataloga el error de hecho como protuberante, toda vez que “el Tribunal le aplica tal convención a una persona que a partir de junio 26 de 2003 no era trabajador oficial del ISS y no estaba vinculada a su planta, por lo que aplicó indebidamente el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo”, cuando ha debido verificar que “el demandante, prestaba sus servicios para la Ese Luis Carlos Calan(sic) Sarmiento para la fecha en que adquirió el derecho a la pensión de jubilación, esto es al cumplimiento de los 55 años de edad el 4 de julio de 2005”.

Agrega que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia ha señalado que no le corresponde hacer interpretaciones de la convención colectiva “porque debe estarse a lo que acordaron las partes, en el presente caso la interpretación dada por el Tribunal salta de bulto, teniendo en cuenta que la ESE Luis Carlos Calan Sarmiento no es parte en la misma y adicionalmente la interpretación dada por el Tribunal no corresponde a la dada por las verdaderas partes del acuerdo por lo que constituyen los errores protuberantes de hecho señalados y entonces corresponde casar la sentencia como se indica en el alcance de la impugnación”.

Asevera que el artículo 98 del convenio colectivo exige para el reconocimiento de la pensión de jubilación que se cumplan los requisitos de tiempo de servicios y edad, “que de no cumplirlos no se puede acceder a tal derecho (…) y como lo señalé en el artículo 3º se requiere estar al servicios (sic) del Instituto de Seguros Sociales para el momento de cumplir no sólo el requisito de tiempo de servicios sino el de la edad” pero el aquí demandante, como lo señala en la demanda, para la época del cumplimiento de la edad de 55 años, “se encontraba al servicio de la ESE Luis Carlos Galan (sic) Sarmiento y en consecuencia había finiquitado con anterioridad para tales (sic) fecha su vínculo laboral con el Instituto de Seguros Sociales, por tanto, teniendo cierto tal hecho, era inaplicable la convención colectiva”.

En apoyo de su discurso copia apartes de la Sentencia del 21 de marzo de 2007, Radicación 29.033, dictada por esta Corporación.

VII. Consideraciones de la Corte

Desde el pórtico hay que recordar que en la esfera casacional no se discute la competencia que se atribuyó el Juez de conocimiento para conocer del presente asunto.

Tampoco hay controversia en torno a los siguientes aspectos fácticos: (i) que el demandante prestó servicios al Instituto de Seguros Sociales desde el 11 de febrero de 1969 hasta el 25 de junio de 2003; (ii) que el cargo desempeñado por el actor fue el de “Ayudante Grado 8º”; (iii) que con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, aquel se incorporó a la planta de personal de la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento; (iv) que el promotor del litigio arribó a los 55 años de edad el 4 de julio de 2005, por haber nacido el mismo día y mes del año 1950; y (v) que la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento le reconoció al accionante una pensión de jubilación a partir del 29 de diciembre de 2005, en cuantía inicial de $1.158.563 mensuales, equivalente al 75% del IBL, correspondiente a lo devengado en el último año de servicio, según la Resolución 0081 del 17 de febrero de 2006 obrante a folios 272 a 278.

De acuerdo con el esquema del recurso, el punto a elucidar por parte de la Corte Suprema de Justicia, estriba en determinar si el actor cumple con los requisitos estatuidos en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo para acceder a la pensión de jubilación y, en ese contexto, reajustarle la mencionada prestación extralegal:

1. Sobre la calidad de trabajador oficial del actor.

Debe empezar la Sala por advertir que ninguna de las pruebas sobre las que gravita el ataque permite inferir que el actor tuvo la calidad de empleado público y no de trabajador oficial. Ahora, debe memorar la sala que la sola circunstancia de que un servidor del I.S.S. entre a formar parte de la planta de personal de una ESE, automáticamente muta su calidad a empleado público como parece entenderlos el recurrente, máxime cuando resulta insoslayable el cargo desempeñado por el accionante que era de “Ayudante Grado 8º”.

Lo anterior por disposición del numeral 5º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que remite al capítulo IV de la Ley 10 de 1990; normatividad que hace referencia a la clasificación de los empleos en la estructura administrativa de la Nación, y que establece en el parágrafo de su artículo 26 “Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones”.

En Sentencia CSJ SL, 36668 jun. 2011, la Corte enseño:

“Elementales postulados de la distribución de la carga de la prueba enseñan que sólo es posible catalogar a un servidor público de una empresa social del Estado como trabajador oficial, en la medida de la demostración, en un proceso judicial, de que su labor está relacionada con tales actividades —mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales—, siempre que no hagan parte de los cuadros directivos. La ausencia de prueba en tal sentido conduce, irremediablemente, a que el servidor público sea catalogado como empleado público, merced a la mentada regla general.

Al paso de tales premisas, el mantenimiento de la planta física de los hospitales comprende el conjunto de actividades orientadas a mejorar, conservar, adicionar o restaurar la planta física de los entes hospitalarios destinados al servicio público esencial de salud, tales como electricidad, carpintería, mecánica, jardinería, pintura, albañilería, vigilancia o celaduría”.

2. Sobre la aplicación de la convención colectiva de trabajo.

En la parte pertinente, el artículo 98 del acuerdo colectivo, reza:

Pensión de jubilación. El Trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación (…)

Pues bien, en reciente decisión CSJ SL 644-2013 del 11 de sep. 2013, rad. 43180, esta Sala, explicó que conforme al precepto en precedencia para acceder al derecho a la pensión de jubilación no solo es indispensable que tanto el requisito del tiempo de servicio como la edad se verifiquen cuando el funcionario hubiere tenido la calidad de trabajador oficial, sino también que se hubieren satisfecho en vigencia de la convención colectiva de trabajo

En dicha providencia, la Corte memoró lo asentado en fallo del 23 de julio de 2009, Radicado 35399, en la que además se aludió al D. 1750/2003 art. 18 y a las sentencias de constitucionalidad C-314 y C-349 de 2004, así:

(….) sobre la temática objeto de estudio, dentro de un asunto con las mismas características y que se adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales, en el cual se pretendía el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional equivalente al 100% de los salarios percibidos en los dos últimos años de servicios, en donde la demandante en ese caso en particular también mutó su condición de trabajadora oficial a empleada pública por virtud de la escisión del ISS a partir del 26 de junio de 2003, pero cumplió la edad requerida de los 50 años tiempo después el 18 de agosto de 2003, y en esa oportunidad la Sala además de analizar el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo que regía en el Instituto accionado, definió que en estos eventos lo que se tenía era una mera expectativa y no un derecho adquirido, que corresponde a la sentencia que data del 24 de abril de 2007 Radicado 28385, reiterada en casación del 10 de diciembre de 2008 radicación 33127, en la que puntualizó:

la(sic) discusión planteada por parte de la impugnante estriba en establecer si en virtud del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de jubilación allí consagrada.

Lo que en realidad cuestiona, entonces, la recurrente es la interpretación que el Tribunal dio a dicha cláusula de la convención colectiva de trabajo, en virtud de la cual adujo que para adquirir el derecho a la pensión deben confluir, en vigencia de la relación laboral, dos requisitos: 20 años de servicios y 50 años de edad, análisis en el que a la Corte en sede de casación, en principio, no le es dado injerirse por cuanto que, no es función suya fijar el sentido como norma jurídica a las convenciones colectivas, puesto que, tal como lo ha expresado en reiteradas oportunidades, no obstante la gran importancia que tienen en las relaciones obrero patronales y en la formación del Derecho del Trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes en primer término las llamadas a determinar su sentido y alcance.

(…)

En Sentencia 13109 de 2 de marzo de 2000 esta Corporación razonó:

El juzgador de segundo grado no incurre en error evidente de hecho acusable en casación cuando otorga a una cláusula de esa estirpe uno de sus posibles alcances por cuanto al hacerlo no hace cosa distinta que cumplir con la obligación que le impone el artículo 61 del C.P. del T., a menos, claro está, que el significado deducido por el intérprete contraríe abiertamente el tenor literal de la misma, situación que claramente no ocurre en el sub júdice’”.

Con todo, observa la Corte que el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo (folio 146 cuaderno 3), dispone: ‘El Trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación (...) Las primas, viáticos, viáticos sindicales y subvenciones que reciba el trabajador, constituyen factor de salario en la proporción que señala la ley’.

Del estudio de la norma convencional fluye con meridiana claridad, como uno de los viables entendimientos, que tanto el tiempo de servicio y la edad del laborante son presupuestos indispensables para acceder al derecho pensional, puesto que los dos supuestos deben cumplirse en calidad de “trabajador oficial” y en este caso concreto, la edad de 50 años la adquirió la actora el 18 de agosto de 2003, cuando el contrato de trabajo ya había terminado (junio 23 de 2003) y por ende ya no ostentaba tal calidad.

Aunado a lo precedente se tiene que las expresiones consagradas en el parágrafo tercero de dicho precepto en las que se lee que ‘(...) Quienes hayan cumplido o cumplan los requisitos de tiempo de servicio y edad’ (resaltado fuera de texto), denotan paladinamente que tanto el tiempo de servicios como la edad son elementos estructurantes del derecho pensional.

A más de lo anterior, encuentra la Corte que los mismos contratantes limitaron su campo de aplicación del acuerdo colectivo a ‘los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales’ (artículo 3º); de lo que aflora de manera palmaria, que habiendo la demandante cumplido la edad requerida por la norma convencional después de fenecida la relación laboral, no durante la vigencia del contrato de trabajo, y al no extenderse el acuerdo convencional a terceras personas diferentes a las ya mencionadas en su artículo 3º, por no ostentar, entonces, la calidad de trabajadora del ente demandado para la fecha en que cumplió 50 años de edad, no es acreedora del beneficio de la pensión de jubilación establecido en el susodicho convenio colectivo.

Así las cosas, el Tribunal no desconoció ningún ‘derecho adquirido’, pues como se vio, para la fecha de la desvinculación de la actora con el Instituto de Seguros Sociales, que coincidió con la fecha a partir de la cual se produjo la escisión, la trabajadora tan sólo tenía una mera expectativa, frente a la pensión hoy deprecada” (resalta la Sala)’.

Ahora bien, pasando a lo previsto en el artículo 18 del Decreto de marras 1750 de 2003, el mismo reza:

“ART. 18.—Del régimen de salarios y prestaciones. El Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. (Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas)” (El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-314 del 1º de abril de 2004).

De conformidad con el tenor literal del artículo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las ESEs, se regirán por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de Seguros Sociales.

La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición concerniente a lo que se debería entender por ‘derechos adquiridos’ que contenía el citado artículo 18, según la Sentencia de Constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente:

(….) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

De conformidad con lo dicho, esta Corporación estima que la expresión (……..) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18’ (resalta y subraya la Sala).

De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los ‘derechos adquiridos’ que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados.

Además, nótese que la mencionada motivación, cuando se refiere a quienes están cobijados por la convención colectiva, alude exclusivamente a los ‘trabajadores’ para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta Corporación no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados públicos de las ESEs se puedan beneficiar de ahí en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando éstos ostentaban la condición de trabajadores oficiales.

Bajo esta órbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relación a quienes por mandato legal se les cambio la naturaleza del vínculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va más allá del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados públicos.

Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los ‘contratos de trabajo’; se colige que los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litis en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de Diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública.

Por consiguiente, tratándose de un empleado público de las ESEs, los derechos consolidados o causados después de la entrada en vigencia del tantas veces mencionado Decreto 1750 de 2003, no es dable otorgarlos teniendo como fuente la convención colectiva de trabajo.

Finalmente, en lo que incumbe a la Sentencia de exequibilidad C-349 del 20 de abril de 2004, cabe decir que por virtud de que la misma se remite a lo expuesto en la Sentencia C-314 de 2004, sirven las mismas consideraciones para estimar que el respeto de los derechos adquiridos que allí se mencionan, se concibe en los términos antes expresados.

Por todo lo dicho, el Tribunal no pudo incurrir en los yerros jurídicos que la censura le endilga”

Allí también destacó, que la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU 897/2012, rectificó el criterio expuesto por una de las Salas de revisión en tutelas anteriores, en las que se decía que la convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001 entre el ISS y sus trabajadores oficiales se había renovado automáticamente por no haberse presentado un nuevo pliego de peticiones, cobijando los efectos de dicho acuerdo colectivo a los iniciales beneficiaros “indefinidamente”. Las razones para modificar su jurisprudencia fueron básicamente las siguientes:

(…) Como puede observarse, la Sala Sexta de Revisión interpretó que, en cuanto la denuncia del antiguo empleador no terminaba los efectos de la convención celebrada y no se había presentado un nuevo pliego de peticiones por parte de los trabajadores, los efectos de la convención cobijarían a los iniciales beneficiarios indefinidamente, en virtud de renovaciones automáticas de la convención.

La Sala Plena no comparte esta posición. El principal argumento es que, como se explicó anteriormente, los empleados públicos no pueden disfrutar de beneficios convencionales. No obstante, en este caso, en virtud de la protección que la Constitución dispensa respecto de los derechos adquiridos —artículo 58—, dichos beneficios se mantuvieron hasta que se cumplió el plazo inicialmente pactado en la convención, esto es hasta el 31 de octubre de 2004. Entender que a partir de este momento la convención se prorrogó indefinidamente no es de recibo en el ordenamiento jurídico colombiano, en virtud de las siguientes razones:

1. Se crearía por parte de la jurisprudencia un tercer tipo de vínculo con la administración: los empleados públicos que disfrutan regularmente de beneficios convencionales, lo cual, además de no tener fundamento constitucional ni legal en el ordenamiento colombiano, iría en contra del principio de igualdad. Esta posición ha sido sostenida por la Sala Plena de esta corporación en sede de constitucionalidad, tal y como se consagró en la Sentencia C-314 de 2004, al manifestarse en contra de que los empleados públicos de las ESEs tuvieran un derecho adquirido a disfrutar indefinidamente de los beneficios convencionales o celebrar convenciones colectivas: “El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva la condiciones laborales de sus cargos.” —negrillas ausentes en texto original—

2. La desaparición de una de las partes de la relación laboral —el empleador— impide que la convención colectiva se prorrogue respecto de quienes en el pasado fueron trabajadores en aquella relación laboral. En efecto, el cambio de empleador elimina una de las partes que celebraron la convención colectiva y, como es lógico, cualquier renovación de beneficios convencionales debería tener como presupuesto la existencia de quien se compromete a proporcionarlos, esto es, el nuevo empleador. No resulta acorde con la filosofía del derecho de negociación colectiva que se extiendan indefinidamente —con base en una supuesta renovación automática— los beneficios convencionales de una relación laboral que dejó de existir.

3. El argumento anterior cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que el nuevo empleador —es decir las ESEs— no podían denunciar la convención colectiva tantas veces referida en virtud a que no fue nunca una de las partes involucradas en su celebración. La denuncia y renegociación de los beneficios convencionales, como es lógico, corresponde a las partes que celebraron la convención colectiva. No es posible que un tercero que no participe en dicha negociación denunciar o renegociar convenciones pasadas de sus actuales trabajadores.

En resumen, no puede entenderse que, una vez cumplido el término por el que fue pactada, una convención colectiva se prorroga indefinidamente, con base en los términos del artículo 478 del CST, incluso cuando:

i) se ha cambiado de empleador;

ii) el antiguo empleador ha dejado de existir; y

iii) los antiguos beneficiarios ahora tienen un vínculo jurídico que no les permite disfrutar de beneficios convencionales.

Estos son los argumentos que llevan a la Sala Plena de la Corte Constitucional a modificar la jurisprudencia de la Sala Sexta de Revisión y adoptar la posición anteriormente expuesta, consistente en entender que la convención colectiva celebrada entre Sintraseguridad Social y el ISS, estuvo vigente por el plazo inicialmente pactado, esto es, del 1º de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004”.

Así las cosas, ni siquiera con el nuevo criterio de la Corte Constitucional, el demandante tiene derecho a que se le apliquen los beneficios convencionales que a través de esta acción judicial está reclamando. En primer lugar, porque el argumento del recurrente sobre los efectos de la convención colectiva de manera indefinida por causa de su prórroga automática, se quedan sin piso. En segundo término, porque de llegarse a acoger la postura de que los citados beneficios se mantuvieron sólo hasta el 31 de octubre de 2004, ello no le daría el derecho pensional deprecado, como quiera que el promotor del proceso cumplió los requisitos para pensión posteriormente el 19 de julio de 2005.

Sobre el particular ver también Sentencia CSJ SL 877-2013, del 22 de oct. 2013, rad. 39.615.

De manera que, trasladando los argumentos expuestos en las citadas providencias al asunto bajo escrutinio, observa la Corporación que la Sala sentenciadora incurrió en los desaguisados enrostrados, puesto que si bien el recurrente no logró demostrar que el actor tuvo la condición de empleado público, también lo es que los requisitos exigidos en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo se cumplieron cuando el acuerdo colectivo había perdido toda vigencia, esto es, 31 de octubre de 2004, pues, recuérdese que el actor cumplió la edad de 55 años, el 4 de julio de 2005, cuando, se itera, ya no tenía vigor la convención colectiva de trabajo.

Así, se casará la sentencia.

En sede de instancia, basten las consideraciones esgrimidas en la esfera casacional, para revocar íntegramente el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el 17 de febrero de 2009 y, en su lugar, absolver a la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, de las pretensiones imploradas por el señor Pablo Emilio Silva Abella.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de las instancias a cargo del actor.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, casa la Sentencia proferida el 14 de mayo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió el señor Pablo Emilio Silva Abella contra la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.

En sede de instancia se revoca íntegramente el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el 17 de febrero de 2009 y, en su lugar, se absuelve a la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, de las pretensiones imploradas por el señor Pablo Emilio Silva Abella.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».