Sentencia SL 17413-2014 de Agosto 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL17413-2014

Rad.: 40632

Acta 28

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil catorce.

Extractos: «VII. Se Considera.

El cargo, orientado por la vía indirecta, está dirigido a cuestionar la conclusión del juez colegiado al negar la pensión restringida de jubilación o pensión sanción a favor de la promotora del proceso, concretamente por no hallar cumplido el requisito o presupuesto relativo al tiempo de servicios. En la sentencia impugnada se sostiene que la demandante no acreditó haber laborado para la sociedad demandada los diez (10) o más años de servicios que exige la L. 100/1993 art. 133, puesto que la trabajadora tenía una jornada parcial o de medio tiempo, pues su horario de trabajo era de solo dos días y medio a la semana, lo que se traduce en 20 horas semanales. A su vez la censura, por el contrario, aduce que la accionante sí reunió ese requisito, ya que como se desprende de la liquidación final del contrato de trabajo, que corre a folios 6 y 7 y que no se apreció, el tiempo total de servicios fue de 10 años, 4 meses y 12 días, con lo cual afirma se satisface esta exigencia legal. tiempo que teniendo en cuenta que la actora devengaba el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para la época, fue despedida sin justa causa, que no fue afiliada por su empleador a la seguridad social y que cuenta con más de 60 años de edad, hace que tenga derecho a la pensión deprecada. Formuló dos errores de hecho y acusó la inapreciación de la citada liquidación final.

Antes de entrar al estudio de la prueba denunciada, debe advertir la Sala, que vista la motivación de la decisión recurrida, el Tribunal al interpretar la demanda inaugural estableció que la pensión de jubilación que demandó la accionante debe entenderse en cualquiera de sus denominaciones, entre ellas la pensión restringida de jubilación o pensión sanción. Bajo esta consideración abordó el estudio de la apelación, estimando que por ser la fecha de la terminación de su contrato de trabajo el 10 de julio de 2001 «la norma aplicable al caso sub lite es el artículo 133 de la Ley 100 de 1993», cuya exigencia de tiempo de servicios para acceder a esta clase de pensión, en su decir no la cumplía la demandante, al no tener una jornada máxima legal sino una parcial lo que lleva a que sea imposible sumar todo el tiempo de corrido, contando con un número de años de servicios menor al consagrado en la citada norma de 10 a 15 o más años de labores. Nótese que si bien la parte demandante en el escrito de demanda inaugural no se refirió expresamente a la pensión sanción sino a la de jubilación, en la causa petendi describe sus elementos como el despido injustificado de la actora después de varios años de trabajo o antigüedad en la empresa y la no afiliación a la seguridad social en pensiones, lo que hace comprensible tener como derecho pensional demandado la denominada pensión sanción, al cual la alzada limitó su análisis.

Adicionalmente, cabe también precisar, antes de despachar la acusación, que al encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos.

De tal forma que, al solicitarse en la presente acción judicial la pensión por haber laborado la actora para la sociedad demandada en una jornada de medio tiempo o parcial, entre el 1º de febrero de 1981 y el 10 de julio de 2001 (fls. 11 a 14 cdno. ppal), resulta dable entender como lo hizo el Tribunal, que lo pretendido en este punto, era obtener dicha prestación teniendo en cuenta el tiempo de servicios acorde a los días trabajados durante la semana, para con ello establecer si la accionante alcanza a completar o no 20 años o 10 o más de servicios y, de acuerdo a ello definir, la procedencia del derecho demandado, aplicando las disposiciones legales y constitucionales que regulen la materia sometida a estudio.

Entonces, al insistir la parte actora en su recurso de apelación en el reconocimiento y pago de dicha pensión, bajo las circunstancias antes descritas, será bajo este marco que igualmente se establezca en sede de casación si, de acuerdo con la acusación, el Tribunal incurrió en algún yerro fáctico, al concluir que la accionante no logró acreditar el tiempo de servicio para poder acceder a la pensión reclamada, para el caso la consagrada en la norma que refiere el apelante y que el fallador de alzada consideró era la aplicable dada la fecha de ruptura del contrato de trabajo.

Así las cosas, descendiendo al aspecto puntual objeto de reproche por la senda indirecta, desde ya debe decirse que el Tribunal cometió el error de hecho enrostrado con el carácter de ostensible, al inferir que el tiempo real de servicios de la demandante era inferior a diez (10) años y que por consiguiente no reunía los años de servicios que exigía la L.100/1993 art. 133, cuando la prueba acusada que se dejó de valorar con meridiana claridad deja al descubierto que la trabajadora, como lo sostiene la censura, laboró 3.732 días, que equivale a 10 años, 4 meses y 12 días.

En efecto, la liquidación definitiva del contrato de trabajo que la sociedad demandada le practicó a la demandante y que aparece firmada tanto por el empleador como por la trabajadora demandante en señal de recibido, (folios 6 y 7 del cuaderno del Juzgado), da cuenta que la «Fecha de Ingreso» se remonta a «Febrero 1 de 1.981» y la «Fecha de Retiro» a «Julio 10 de 2001», que son los mismos extremos temporales establecidos por el Tribunal. Del mismo modo, en dicha liquidación se indicó que el cargo desempeñado por la actora era de «Empleada de Servicio de Aseo» con una jornada o «Tiempo de Trabajo Diario» durante los «Días Martes, Jueves, y Sábados Medio Tiempo, Proporcionalmente se Considera Medio Tiempo», lo que coincide con el tiempo que encontró el Juez de apelaciones que trabajó la accionante en cada semana, esto es, dos días y medio semanales. Igualmente, de tal documento se desprende que de acuerdo con los días realmente trabajados dentro de los extremos antes referidos, la empleadora demandada tomó como «Tiempo Total de Servicio» «Tres Mil Setecientos Treinta y Dos Días (3.732)», que el recurrente acoge y solicita se tenga en cuenta como tiempo realmente servido para efectos pensionales. Adicionalmente en la mencionada liquidación final de prestaciones sociales, se especificó que por el tiempo parcial laborado por la empleada, el «Ultimo Sueldo» era equivalente a «Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos ($283.000,oo) Moneda Corriente», habiéndosele liquidado la cesantía, intereses a la cesantía, vacaciones y prima de servicios para un total cancelado de $10.168.951,oo.

Lo anterior, contrario a lo concluido por el Tribunal, prueba que la promotora del proceso prestó servicios por más de diez (10) años.

En este orden de ideas, el ad quem si bien acertó en las fechas de inicio y retiro de la trabajadora demandante, quien laboraba por días en una jornada parcial o de medio tiempo, incurrió en el garrafal error de confirmar la absolución de la pensión reclamada, bajo la consideración de que la demandante no tenía un tiempo servido acumulado superior a 10 o más años; habida cuenta que tal como quedó demostrado en el plenario, la propia sociedad demandada en el documento de liquidación del contrato de trabajo de marras, aunque tomó lo trabajado por «días» según el número de días laborados en la semana (no por años) durante el período comprendido entre el 1º de febrero de 1981 y el 10 de julio de 2001, lo cierto es que reportó y admitió que la actora prestó servicios como mínimo por un total de 3.732 días, que se traduce en 10 años, 4 meses y 12 días, suficientes para acceder a la pensión sanción prevista en la norma aplicable L.100/1993 art. 133.

Por lo dicho el cargo prospera y habrá de casarse la sentencia impugnada.

VIII. Sentencia de Instancia.

Como consideraciones de instancia, a más de las expresadas al estudiar el cargo, debe agregarse que si bien la demandante como trabajadora de jornada parcial, únicamente logró acreditar que dentro de los extremos fijados por los jueces de instancia, que coinciden con las fechas suministradas por las partes y las reseñadas en la liquidación final del contrato de trabajo, laboró un total de 10 años, 4 meses y 12 días, ese lapso se ubica dentro de la hipótesis normativa de las personas que han laborado para un mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años, continuos y discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la L. 100/1993, lo que trae consigo que si bien no tiene derecho a una pensión plena de jubilación si lo tiene a una proporcional.

Como lo determinó el Tribunal, para el momento de la desvinculación laboral de la accionante, que se produjo el 10 de julio de 2001 data en que se causó el derecho a una posible pensión sanción, con una antigüedad del trabajador no afiliado al sistema de seguridad social de 10 a 15 años de servicios y el despido injustificado; la norma que gobierna el caso por estar vigente para esa fecha era la L.100/1993 art.133, cuya aplicación reclama la recurrente en casación, siendo la disposición llamada a definir la presente controversia.

No hay discusión en que la demandante durante la vigencia de su contrato de trabajo nunca fue afiliada por la sociedad demandada al sistema general de pensiones y por ende no le cotizó. No es de recibo lo argumentado por la empresa al dar contestación a la demanda inicial, en el sentido de que no afilió a su trabajadora porque ésta no quiso que se hicieran, los trámites pertinentes, cuando es sabido que la obligación de afiliar a las personas vinculadas mediante contrato de trabajo está en cabeza del empleador. Máxime que en este asunto la accionante devengaba una suma aproximada al salario mínimo mensual vigente, pudiendo perfectamente el empleador tener ese monto como base para calcular la cotización, siendo el empleador el responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio.

Del mismo modo, es un hecho probado que el contrato de trabajo de la demandante finalizó en forma injustificada, por haberse acreditado el despido indirecto por causas imputables al empleador, lo que generó la condena de primera instancia por «indemnización por despido sin justa causa» a favor de la trabajadora, aspecto puntual de la decisión que al no haber sido objeto de reproche o apelación por ninguna de las partes, se mantiene incólume.

De suerte que, en este caso en particular se reúnen los requisitos para el reconocimiento de la pensión sanción prevista en la L. 100/1993 art. 133, que corresponden a los siguientes:

(i) La no afiliación de la demandante al sistema general de pensiones durante la vigencia de su contrato de trabajo, por omisión de la empresa empleadora convocada al proceso.

(ii) El despido de la trabajadora sin justa causa o injustificado.

(iii) Un tiempo de servicios superior a diez (10) años o más, y menos de quince (15) años para el mismo empleador, siendo responsable de su pago la sociedad demandada.

A lo dicho se suma, que el CST art. 197 que refiere a los trabajadores de jornada incompleta, consagra que «Los trabajadores tienen derecho a las prestaciones y garantías que les correspondan, cualquiera que sea la duración de la jornada».

Como para el momento de la desvinculación laboral que se hizo efectiva el 10 de julio de 2001, la accionante tenía ya cumplidos los 55 años de edad requeridos para comenzar a disfrutar de la prestación pensional, por haber nacido el 29 de enero de 1940, según aparece en el registro civil de nacimiento de folio 10 del cuaderno principal, la pensión sanción se concederá a partir de la fecha de su despido.

En cuanto a su cuantía, será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida. Al efectuar el respectivo cálculo y tomando un último sueldo devengado por la demandante por la suma de $283.000,oo, se tiene que el ingreso base de liquidación de la pensión sanción resultaría inferior al salario mínimo legal mensual.

Por consiguiente, la cuantía inicial de la pensión, de conformidad con lo estipulado en la L. 100/1993 art. 35, será el salario mínimo legal de la época (2001), esto es, el valor de $286.000,oo mensuales.

Hechas las operaciones del caso, por las mesadas causadas del período comprendido del 10 de julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2014, la suma a pagar por el retroactivo pensional de mesadas causadas, que incluye las mesadas adicionales y los reajustes de ley, será de

$81.651.800,oo M/cte..

Lo anterior es dable discriminarlo en el siguiente cuadro:

SL17413-TABLA
SL17413-TABLA
 

Así las cosas, se revocará el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado que absolvió de las demás pretensiones, para en su lugar condenar a la empresa demandada a reconocer y pagar a la actora igualmente la pensión sanción en los términos antes señalados, manteniéndose la condena por la indemnización por despido sin justa causa que da cuenta el numeral primero de tal decisión.

La demandada no propuso ninguna excepción que deba resolverse.

De las costas del recurso extraordinario de casación no hay lugar a ellas, por cuanto la acusación salió avante y no se presentó réplica. Las de las instancias no se causan en la alzada y las de primer grado serán a cargo de la parte vencida en un 100%.

IX. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, Casa la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2008, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Evelia Parra de Poveda contra la sociedad Agustín Torres y Cia. Ltda.

En sede de instancia, se REVOCA el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, para en su lugar CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la pensión sanción, a partir del 10 de julio de 2001, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual, junto con las mesadas adicionales y reajustes de ley, y por ende a cancelar un retroactivo pensional por mesadas causadas del período comprendido del 10 de julio de 2001 al 30 de junio de 2014, por valor de Ochenta y Un Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Pesos Moneda Corriente ($81.651.800,oo M/cte), debiendo continuar pagando la pensión con una mesada para el año 2014 en un quantum de $616.000,oo mensuales. Se confirma la condena por indemnización por despido sin justa causa.

Costas como quedó indicado en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».