Sentencia SL17443-2017/57893 de octubre 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

Rad.: 57893

Acta 16

Magistrado Ponente:

Dr. Ernesto Forero Vargas

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de abril de 2012, en el proceso que instauró Martha Lucía González Barrera contra Servientrega S.A.

I. Antecedentes

Martha Lucía González, obrando como cónyuge supérstite de Richard Braun Ariza, llamó a juicio a Servientrega S.A., con el fin de que mediante sentencia judicial se condenara a pagarle: indemnización por el daño emergente y el lucro cesante sufrido a raíz del fallecimiento de su cónyuge, Richard Braun Ariza, en un accidente de trabajo, ocurrido durante la jornada laboral, por culpa patronal; los perjuicios morales y materiales irrogados al actor, a su compañera y a su núcleo familiar, a causa del accidente de trabajo acaecido por culpa patronal, tasados en gramos oro o en salarios mínimos legales mensuales; el valor del seguro de vida por el fallecimiento del actor en accidente de trabajo por culpa patronal; el reajuste del salario de los tres últimos años, teniendo en cuenta horas extras, trabajo suplementario, dominicales y festivos y cualquier otro factor salarial; el reajuste de la prima de servicios de los tres años anteriores a la terminación de la relación laboral; reajuste de vacaciones compensadas de los tres finales años; y la reliquidación de cesantías y sus intereses, por todo el tiempo laborado; el pago por mora en el cubrimiento de los intereses a las cesantías; la sanción moratoria por el incumplimiento frente a la cancelación de salarios, prestaciones y el no envío de certificación sobre aportes a seguridad social, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a la terminación del contrato de trabajo; la indexación de los conceptos señalados que sean susceptibles a ello; lo probado extra o ultra petita; y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en los siguientes hechos: que entre su cónyuge, Richard Braun Ariza, y la empresa demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual se ejecutó del 2 de mayo de 1994 al 9 de mayo de 2006 y terminó por el fallecimiento del trabajador a sus 52 años en horario laboral, por un accidente de trabajo; que mientras duró tal relación el trabajador prestó sus servicios con eficiencia, honorabilidad y sin recibir llamado de atención alguno de parte del empleador; que el cargo que ejecutó fue el de escolta personal del gerente de Servientrega S.A.; que la empresa es culpable del accidente de trabajo, pues, dados los peligros del cargo, debió dotar al trabajador de elementos de seguridad industrial y personal, tales como chalecos antibalas, armas e instrucciones, y no lo hizo; que, además, vinculó al de cujus a laborar en el cargo de escolta sin que estuviera especializado en seguridad personal y sin observar el trámite y requisitos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, para tal efecto.

Que la sociedad accionada no informó del accidente de trabajo en los términos del Código Sustantivo del Trabajo y tampoco realizó el cronograma de actividades de salud ocupacional; el diagnóstico de condiciones de trabajo; el acta de reunión extraordinaria del comité paritario, durante los últimos 6 meses; la investigación por el comité paritario para la misma; normas y procedimientos de seguridad industrial; normas y procedimientos de salud ocupacional; ni la inducción y registro de capacitación en salud ocupacional, al trabajador. Que el actor tenía una vida probable de 75 años y su fallecimiento le ocasionó a su compañera permanente, merma en su energía física, psíquica, psicológica, aflicción y tristeza y que dependía de él.

Finalizó con la afirmación que el último salario promedio del actor fue $ 1.100.000 y que, aunque trabajó horas extras o tiempo suplementario, dominicales, festivos, y recibió salario en especie, comisiones, prima de transportes, bonificaciones, gastos de representación y viáticos, no se los pagó en su totalidad.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció que el trabajador tenía 52 años de edad al momento de su muerte, que existió el contrato laboral en la modalidad, vigencia y extremos señalados por la parte actora. Sin embargo, señaló que no era cierto que el último salario promedio del trabajador fuera $ 1.100.000, sino que fue la suma de $ 966.250, la cual usó como base para liquidar al empleado.

Afirmó que, tampoco era cierto que el contrato hubiese terminado por un accidente de trabajo, pues culminó fue por el fallecimiento del trabajador en desarrollo una actividad personal y no por falta de un chaleco antibalas o de previsiones de la empresa en lo tocante a la seguridad industrial de los escoltas; que al trabajador se le hizo entrega de implementos de protección en más de una oportunidad a lo largo de la existencia de la relación laboral y su vinculación se hizo con el lleno de los requisitos legales.

Aceptó que la empresa no informó del accidente de trabajo, por cuanto al momento del fallecimiento del trabajador Richard Braun Ariza no ocurrió ningún accidente de trabajo, en razón a que lo que acaeció fue “un atraco en actividades personales del ex trabajador…”; aduce que la accionada si canceló al trabajador todas y cada una de las acreencias laborales que le correspondieron y reconoce a la actora como la compañera del ex trabajador.

En su defensa propuso las excepciones de buena fe de la demandada y mala fe de la demandante, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia generadora del daño y prescripción.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 27 de agosto de 2010 (fls. 497 a 509), absolvió a Servientrega S.A. de todas las pretensiones contenidas en el libelo inicial; declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la demandada; condenó en costas a la parte actora; y ordenó que, en caso que el fallo no fuera apelado, se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de abril de 2012 (fls.8 a 17 cdno. 2), tras revisar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia y no ordenó costas por la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el presente asunto se circunscribía a:

[…] determinar si el Juzgado de Primer Grado erró al absolver a la demandada de la indemnización de perjuicios por la muerte del cónyuge de la actora, por cuanto se probó que el accidente en que tuvo lugar la muerte de éste fue por la falta de los elementos de seguridad que debía suministrar el empleador, como lo alega el recurrente; o si por el contrario la decisión proferida se ajustó a derecho.

Se adentró en el estudio del recurso y señaló que el régimen de la responsabilidad por riesgos profesionales se encontraba establecido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y, para el sector oficial, en el Decreto Ley 3135 de 1968; que en los dos, la reparación de perjuicios era tarifada, es decir, no consultaba el verdadero daño ocasionado a la víctima del riesgo; pero que, sin embargo, era posible que el trabajador o sus causahabientes obtuvieran la reparación total del daño causado por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, puesto que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo consagra esta posibilidad de reclamo, pero para ello, debe el trabajador probar la culpa del patrono en la ocurrencia del infortunio, “…regresando de esta manera al concepto de responsabilidad subjetiva pero solo como una posibilidad de hacer más onerosas las obligaciones a cargo del patrono o empleador porque la acción que se toma para impetrarlas contempla de que allí se incluyan los daños y perjuicios…”.

Dijo el colegiado que la responsabilidad por la culpa del patrono tiene origen contractual y su reparación se rige por las normas de la responsabilidad extracontractual y puede reclamarse la reparación plena de perjuicios, teniendo como causa la culpa patronal, o sea la responsabilidad civil del patrono, pero para que produzca plenas consecuencias jurídicas, se requiere que confluyan sus elementos esenciales que son:

1) Una conducta humana que genere el hecho ilícito; 2) Que el autor del daño haya obrado con culpa; 3) La ocurrencia del daño o perjuicio y 4) Un nexo causal entre el daño y la culpa, que traducidos al aspecto laboral surgen los elementos de la responsabilidad en la reparación plena; a) Un hecho ilícito imputable al patrono, es decir, la ocurrencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional; b) El dolo o la culpa patronal en la ocurrencia del riesgo profesional; y, c) El daño o perjuicio derivado a la víctima, es decir, la incapacidad laboral con todas sus consecuencias de orden material y moral y d) El nexo causal entre el daño y la culpa, es decir, que el daño debe ser efecto o resultado de la culpa patronal en el hecho que ocurra por causa o con ocasión del trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal analizó el acervo probatorio obrante en el plenario y en él observó que las circunstancias que rodearon la muerte del trabajador no aparecían acreditadas como un accidente de trabajo, pues no encontró el informe correspondiente de la administradora de riesgos profesionales o prueba alguna de la que se pudiera deducir que el fenecimiento del trabajador ocurrió como consecuencia de la actividad laboral del causante o por falta de previsión por parte del empleador en lo atinente a las medidas de seguridad y protección en el desarrollo del objeto social de la empresa y que

[…] contrariamente a lo afirmado por el impugnante los únicos testimonios que aparecen que son los de la hermana y el compadre del fallecido, no son lo suficientemente responsivos exactos y completos, en cuanto a las condiciones de la muerte, e igualmente, que de los documentos anexados al informativo (fls. 198-200), se deduce el cumplimiento por parte de la demandada con las medidas de salud ocupacional y pagos prestacionales requeridos (prima de riesgos, prima de excelencia). Así mismo, se comprueba de las documentales que aparecen a folios 203 a 213 del expediente, que el cónyuge de la actora al momento del fallecimiento se encontraba realizando una diligencia personal de retiro de un avance en un banco de los alrededores de la empresa para la cual laboraba, y no en desarrollo de las actividades o tareas correspondientes a su labor (resaltado de la Sala).

Refiriéndose a la indemnización plena, el Tribunal trajo a colación que la jurisprudencia de ésta Corporación, “ha señalado que es obligación del trabajador, a fin de que se declare y se condene lo pretendido a través de esta demanda, demostrar que el accidente de trabajo, ocurrió por culpa del patrono, la existencia de los perjuicios ocasionados en su humanidad y el valor de ellos” y teniendo en cuenta la observada deficiencia probatoria, en relación con la ocurrencia del accidente de trabajo y en relación con el incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad, el ad quem confirmó la sentencia de primera instancia.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, “…esa alta corporación revoque la del Juzgado en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda y se concedan las mismas de acuerdo con las pretensiones contenidas en el libelo de la demanda, se condene en costas a la parte demandada”.

Con tal propósito formula cargo único, por la causal primera de casación, el cual fue oportunamente replicado y que se procede a resolver.

VI. Cargo único

Acuso la sentencia impugnada por violación indirecta, error de hecho por aplicación indebida, de los artículos 216 Código Sustantivo del Trabajo, y en relación con los artículos 8º, 9º, 10, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 del Decreto 1295 de 1994; de los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Nacional; artículo I 41 Ley 100 de 1993; y artículo 106 del Código(sic).

Estas violaciones tuvieron origen en los siguientes errores manifiestos de hecho en que incurrió el ad-quem:

1. Dar por establecido sin estarlo que no existió accidente de trabajo.

2. No dar por establecido, estándole, que si existió el accidente de trabajo con responsabilidad p (sic) culpa del empleador.

3. No dar por establecido, estándolo, que el accidente de trabajo se sucedió durante la jornada normal de labores del fallecido señor Richard Braun Ariza.

Estos errores manifiestos de hecho, a su turno, fueron el producto de su equivocada estimación de las siguientes pruebas:

1. El interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandad(sic) a folios 359 a 363.

2. La prueba testimonial que afianza no solo el interrogatorio sino las documentales obrante a folios 373 a 378.

3. Dictamen pericial rendido obrante a folio 485 a 491.

4. Prueba documental allegada al proceso a folios 10 a 55.

En la demostración del cargo afirma el censor que no se discute que la demandante fuera la esposa del fallecido trabajador señor Richard Braun Ariza, lo que sí es motivo de inconformidad es el hecho de no tenerse como accidente de trabajo la muerte del mencionado trabajador fallecido.

Afirma que el Tribunal se equivoca al determinar que la muerte del cónyuge de la demandante no aparece acreditada como accidente de trabajo, bajo la premisa que la empresa no presentó el informe correspondiente a la administradora de riesgos profesionales sobre el suceso que conllevó la muerte del trabajador Richard Braun Ariza y hace transcripción de apartes de las consideraciones del Tribunal.

Considera que la colegiatura desconoce los medios de prueba que se aportaron al proceso con los que se demuestra que el trabajador fallecido no portaba chaleco antibalas, pese a que su labor era el de escolta del representante legal de la entidad demandada y que si bien es cierto la muerte se produjo de manera imprevista, el hecho sucedió dentro del horario de labores del causante y que, al desarrollar la actividad de escolta, su desplazamiento a diferentes lugares no conlleva la interrupción del horario de trabajo, porque su labor es precisamente ofrecer seguridad, en este caso al representante legal de la accionada.

Continúa su exposición y dice:

En él no se advierte prueba alguna que demuestre que la empresa está cumpliendo, con su(sic) obligaciones mínimas de otorgar dotación al trabajador para el desarrollo de su actividad peligrosa, por el contrario, las pruebas muestran que no existía elemento de protección alguna(sic) (chaleco antibalas), para el trabajador en el momento del deceso, lo cual implica culpa del empleador tal y como lo establece el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Indica que el Tribunal no atendió lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 que señala que el accidente de trabajo se configura cuando el suceso es repentino y se relaciona directa o indirectamente con ocasión del trabajo y conlleve como en el presente caso, la muerte del trabajador. Como respaldo de su argumento refiere que la Corte ha dicho que el accidente de trabajo se produce no solamente cuando exista una relación directa frente a la actividad productiva, sino también cuando es indirecta o mediata con un trabajo. Cita párrafo de la Sentencia CSJ SL, oct. 29/2003, rad. 21629.

Concluye que el ad quem no aplicó en debida forma la noción del accidente de trabajo porque solo lo concibe cuando se produce por causa o con ocasión del trabajo o si el mismo aconteció de manera indirecta o mediata con la misma labor desempeñada, de donde colige el yerro del fallador al determinar que no se probó la existencia del siniestro, porque con las pruebas que enlista demuestra el acontecimiento del mismo dentro de la jornada de su actividad productiva y en consecuencia, le asiste razón a la demandante de peticionar las acreencias del libelo genitor.

VII. Réplica

El apoderado de la parte accionada dice que el recurso no presenta la incidencia concreta de cada una de las pruebas que señala como fundamento del error endilgado a la sentencia.

Da su respaldo a la sentencia del Tribunal por considerar que no existe la comprobación indiscutible de la culpa del patrono en el episodio desafortunado de la muerte de Richard Braun Ariza.

Informa que dentro del proceso se probó que el cónyuge de la demandante se encontraba realizando una diligencia personal, no en atención de instrucciones de su patrono, concretamente sacando dinero, y que no es de recibo que se afirme que por el hecho de ser escolta, no goza de tiempos personales.

Manifiesta que, la censura no precisa en las pruebas endilgadas, apartes que le den fuerza a su argumento de impugnación, pues con ellas no se prueba la culpa patronal, y se refiere puntualmente a la prueba testimonial, la que afirma, no da razones del hecho acaecido del accidente.

Respecto al dictamen pericial dice que, aunque este soporta la posibilidad de liquidar el lucro cesante, no refiere lo mismo frente al daño emergente, porque parte de la base de un ingreso del 50% del salario del trabajador fallecido, pero no dictaminó sobre la existencia del hecho generador del accidente, ni sobre los aspectos de modo, tiempo y lugar con relación a la ocurrencia para que pudiera determinarse la culpa patronal. Resalta que la prueba pericial solo se solicitó para la estimación del posible dinero a recibir y por ello no puede adjudicársele yerro al Tribunal toda vez que de este dictamen solo podía auxiliarse para tomar la decisión respecto de la cuantificación económica.

Señala que las pruebas que acusa la censura a folios 10 a 55, no dan cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar del accidente, ni acreditan la violación normativa y por tanto no demuestran la culpa del patrono, aunque no haya discusión del accidente que originó la muerte del señor Richard Braun Ariza, lo que no significa que el suceso haya sido de origen laboral, porque el siniestro acaeció en desarrollo de menesteres personales y por fuera del horario de trabajo.

Finaliza con la tesis que “no aparece, en definitiva, que haya o pueda existir una violación normativa y menos la alegada por la vía indirecta, y en concepto de aplicación indebida de las normas citadas en la censura”.

VIII. Consideraciones

El Tribunal fundamentó su decisión en que para que se configure la responsabilidad subjetiva, se requiere: i)(sic) Una conducta humana que genere el hecho ilícito; 2) Que el autor del daño haya obrado con culpa; 3) La ocurrencia del daño o perjuicio y 4) Un nexo causal entre el daño y la culpa, que en términos laborales dijo eran equiparables a) Un hecho ilícito imputable al patrono, es decir, la ocurrencia del accidente de trabajo; b) El dolo o la culpa patronal en la ocurrencia del riesgo profesional; y, c) El daño o perjuicio derivado a la víctima.

La colegiatura concluyó que el siniestro por medio del cual falleció el trabajador no acreditaba la existencia de un accidente de trabajo porque no obraba prueba que permitiera colegir que dicha muerte había sido como consecuencia de la actividad laboral del causante o por imprevisión de la accionada respecto de las medidas de protección en el desarrollo del objeto social de la empresa y que además se demostró que el trabajador fenecido al momento del infortunio, se encontraba en la actividad personal de retiro de dinero en una entidad bancaria cercana a las instalaciones de la empresa y no en ejecución de actividades laborales.

La censura radica su inconformidad en que el sentenciador no haya considerado la muerte del trabajador en el presente caso, como accidente de trabajo, porque desconoció los medios de prueba que acreditaron que el fallecido no portaba chaleco antibalas, que el evento fatídico sucedió de manera imprevista, se presentó dentro del horario de labores y al no portar el chaleco antibalas, dada su labor de escolta, se demuestra la culpa patronal por no haber dotado a su trabajador para la actividad peligrosa que ejecutaba, con lo que establece la exigencia del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Esta Corporación ha precisado que la existencia de un accidente de trabajo se acredita con el vínculo causal entre el hecho fortuito y el trabajo desempeñado, que bien puede ser de manera directa o indirecta, sin que sea suficiente que el acontecimiento funesto ocurra en el entorno laboral, porque el suceso puede presentarse sin que en el momento de la ocurrencia se esté ejecutando acatamiento a una orden del empleador y en este evento el accidente se califica como de origen común.

La censura endilga como yerro del Tribunal, el que no haya determinado que la muerte del causante fue producto de un accidente de trabajo, porque afirma que la colegiatura desconoció las pruebas que se allegaron al proceso, con las que se acredita que el trabajador fallecido no portaba el chaleco antibalas, elemento esencial dado el cargo que desempeñaba que era el de escolta.

Entra la Sala a la revisión de cada una de las pruebas indicadas por el casacionista y al efecto se tiene que ninguna abre camino para el examen de la prueba testimonial toda vez que el interrogatorio de parte (fls. 359 a 363), como lo ha expresado la Corte de manera reiterada, para que se considere prueba calificada, debe contener confesión, sin que pueda colegirse de su lectura, que el representante legal de la accionada en la correspondiente absolución haya confesado de algún hecho que beneficie a la actora y perjudique a la empleadora, ya que en síntesis sostuvo que el señor Brown Ariza falleció en la misma cuadra donde opera la administración de la empresa, después que efectuara una diligencia personal, que no portaba chaleco antibalas, pero que el personal de que desempeña esta clase de cargos, cuenta con la dotación de esas características, que a la compañera o cónyuge le entregaron la liquidación final de prestaciones y aclara que no sabe qué clase de vínculo la unió con el trabajador fallecido. Adicional a lo expuesto, precisa la Sala que la censura no se ocupó de señalar cual es la respuesta concreta que él considera constituye confesión, y que no fue valorada por el Tribunal.

Esta Corporación no encuentra revisable el dictamen pericial que acusa el recurrente, porque a las voces del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esta no es una prueba calificada, no obstante, tampoco se ocupó el casacionista de expresar en forma definida cuales eran los argumentos del dictamen que le permiten acusar la sentencia de haber violado indirectamente la norma sustancial.

Ahora bien, respecto de las pruebas visibles a los folios 10 a 55, que dan cuenta de: i) la fotocopia de cédula del trabajador fallecido; ii) la historia laboral y certificaciones de prestaciones económicas del Instituto de Seguros Sociales del ex empleado; iii) comprobantes de pago y liquidación de prestaciones económicas a la actora, que correspondían a su cónyuge difunto, iv) tres sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y v) el certificado de Medicina Legal y Ciencias Forenses; no colige la Sala demostración alguna del nexo causal entre la muerte discutida y la responsabilidad patronal de la empresa que endilga el casacionista y que hace consistir en la ausencia del chaleco antibalas que según la argumentación del cargo, no portaba el occiso.

El Tribunal en su sentencia expresó al respecto:

Detallados todos y cada uno de los medios de convicción adjuntados y recaudados en desarrollo del proceso, se evidencia por parte de esta Colegiatura, que coincidiendo con lo señalado por el Juzgador de Primer Grado en la sentencia, en el expediente no aparece demostrado que los hechos en que se produjo la muerte del esposo de la accionante, se debieran a la falta de previsión por parte del empleador en lo atinente a las medidas de seguridad y protección en el desarrollo del objeto social de la empresa, y contrariamente a lo afirmado por el impugnante los únicos testimonios que aparecen que son los de la hermana y el compadre del fallecido, no son lo suficientemente responsivos exactos y completos, en cuanto a las condiciones de la muerte, e igualmente, que de los documentos anexados al informativo (fls. 198-200), se deduce el cumplimiento por parte de la demandada con las medidas de salud ocupacional y pagos prestacionales requeridos (prima de riesgos, prima de excelencia). Así mismo, se comprueba de las documentales que aparecen a folios 203 a 213 del expediente, que el cónyuge de la actora al momento del fallecimiento se encontraba realizando una diligencia personal de retiro de un avance en un banco de los alrededores de la empresa para la cual laboraba, y no en desarrollo de las actividades o tareas correspondientes a su labor.

De lo expuesto se tiene que el Tribunal sí analizó las pruebas que se allegaron al plenario, pero dijo que coincidía con la decisión del juez de primer grado cuando expuso que “en el expediente no aparece demostrado que los hechos en que se produjo la muerte del esposo de la accionante, se debieran a la falta de previsión por parte del empleador en lo atinente a las medidas de seguridad y protección en el desarrollo del objeto social de la empresa”, derrumbándose de esta manera la aspiración del recurrente con relación a la demostración del yerro en que incurrió el Tribunal de que se probaba la inobservancia del empleador de aportar los medios de protección a su entonces empleado, pues al respecto nada se logró demostrar en el proceso y así lo determinó el ad quem.

De otra parte, obra a folio 372 oficio remitido por el Banco de Bogotá, dirigido al Juzgado de primera instancia, en el que adjunta comprobante de retiro realizado el 9 de mayo de 2006 en la oficina Ciudad Montes, con cargo a la cuenta de ahorros a nombre del señor Richard Braun Ariza, comprobantes visibles a folios 370 y 371 y documental que indica que en la fecha señalada, al occiso (Richard Braun Ariza), se le encontró en sus pertenencias, la suma de $ 2.000.000 (fls. 214 y 215), lo que ratifica que la actividad que estaba desarrollando el trabajador era de tipo personal, tal como lo concluyó el Tribunal al decir: “Así mismo, se comprueba de las documentales que aparecen a folios 203 a 213 del expediente, que el cónyuge de la actora al momento del fallecimiento se encontraba realizando una diligencia personal de retiro de un avance en un banco de los alrededores de la empresa para la cual laboraba, y no en desarrollo de las actividades o tareas correspondientes a su labor”.

La Corte estima que, con las pruebas anteriormente revisadas, se desvirtúa la existencia del nexo de causalidad entre el insuceso y las actividades propias del cargo del citado trabajador, porque quedó plenamente esclarecido en el proceso que el señor Braun Ariza en el momento del accidente no estaba en acato de alguna orden propia de su labor.

Esta Sala en caso similar al examinado pronunció la Sentencia CSJ SL11970-2017, que dice:

Al respecto, debe recordarse, que para que se presente un accidente laboral o contingencia de origen profesional, debe existir una íntima relación de causalidad entre el hecho dañoso y el servicio o trabajo desempeñado, ya sea de manera directa o indirecta. Sin embargo, no todo hecho que ocurra en el entorno laboral, resulta dable calificarlo siempre como tal, por cuanto pueden existir circunstancias que permitan desligarlo de la prestación de un servicio subordinado y, por ende, en este último caso ha de catalogarse como de origen común.

Lo anterior significa que previamente debe estar acreditado ese nexo causal, entre la muerte y la prestación subordinada del servicio; y en el evento de encontrarse efectivamente demostrada dicha relación de causalidad, la Administradora de Riesgos Profesionales, hoy Laborales, que pretenda liberarse de su responsabilidad, es a quien le corresponde derruir esa conexidad.

En el sub litem el Tribunal echó de menos ese nexo de causalidad, al concluir que no estaba probado en el plenario que el origen del fallecimiento del causante que ocurrió el 1º de marzo de 1999, haya sido a causa directa del trabajo o la labor desempeñada o por causa o con ocasión del mismo, pues en la forma como ocurrió el hecho, infirió que no se puede afirmar que los móviles del insuceso hubiesen estado relacionados con su trabajo, o con la finca donde prestaba el servicio, y mucho menos con su empleadora; lo cual desde el punto de vista jurídico no riñe con la definición de accidente de trabajo prevista en la norma vigente para la época, esto es, el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 que aluden las partes y el Tribunal, cuyos presupuestos normativos no se encontraron acreditados, que señala: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador”.

De suerte que, para que exista accidente de trabajo, debe estar debidamente comprobada esa relación de causalidad, entre la labor desempeñada u orden impartida por parte del empleador, y el hecho generador de la muerte del trabajador.

De ahí que el Tribunal no pudo cometer los yerros jurídicos que le atribuye la censura, en los cargos tercero y cuarto.

En definitiva, al no encontrar acreditado el juez colegiado el nexo causal entre el hecho sobreviniente de la muerte del cónyuge o compañero de la actora y la labor de escolta desempeñada por el trabajador fallecido, concluyó que la muerte de éste no podía ser calificada como accidente de trabajo y en consecuencia no cometió el desatino fáctico del que se le acusa de “no dar por establecido, estándolo, que el accidente de trabajo se sucedió durante la jornada normal de labores del fallecido señor Richard Braun Ariza”.

Cabe agregar que esta Sala ha señalado que el servicio de escolta constituye una actividad de alto riesgo, prestado directamente o a través de compañías de vigilancia que facilitan servicios de escoltas a personas o bienes, en razón a que este determinado gremio se encuentra expuesto a la delincuencia común y organizada, por lo que el empleador debe suministrar la dotación y elementos necesarios de seguridad, Sentencia CSJ SL, mayo 26/1999, rad. 11158, pero en el presente asunto esta tesis no aplica, porque las actividades que desarrollaba el señor Richard Braun en el momento en el que sorpresivamente le fue arrebatada su vida, no corresponden a las ejecutadas por labores propias de vigilancia o de protección personal, todo lo contrario, tal como se estableció en ese instante efectuaba una diligencia de índole personal bancaria.

Establece la Sala entonces, que la sentencia acusada no contiene los yerros fácticos que endilga la censura de “dar por establecido sin estarlo que no existió accidente de trabajo” y que “no dio por establecido estándolo que si existió el accidente de trabajo con la responsabilidad p (sic) culpa del empleador”.

Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal no incurrió en los yerros fácticos endilgados, y por ende el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente demandante, y como se presentó réplica, se señalan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, suma que deberá incluirse en la liquidación respectiva, conforme lo dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley no casa la sentencia dictada el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012) por el(sic) la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dentro del proceso ordinario laboral seguido por Martha Lucía González Barrera contra Servientrega S.A.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Martín Emilio Beltrán Quintero.—Dolly Amparo Caguasango Villota.—Ernesto Forero Vargas.