Sentencia SL17468-2014 de abril 30 de 2014 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 46057

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve 

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá, D. C., treinta de abril de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por MYMM, en nombre propio, y en representación de sus menores hijos NCM y AFCM contra la recurrente.

I. Antecedentes 

Los accionantes llamaron a juicio a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para que fuera condenada a reconocerles y pagarles la indemnización plena u ordinaria de perjuicios de acuerdo al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, debidamente indexada, que comprende: (i) los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), y (ii) los perjuicios extrapatrimoniales (perjuicio moral subjetivo, objetivo). También imploraron el pago de las costas y gastos procesales.

En lo que rigurosamente concierne al recurso extraordinario, los demandantes fundaron sus pretensiones en que MYMM contrajo matrimonio con el señor JFC el XXX de diciembre de 1992, de cuya unión nacieron los menores NCM y AFCM, el XXX de abril de 2001 y XXX de julio de 1997, respectivamente; que el señor JFC laboró al servicio de la demandada desde el 3 de diciembre de 1990 hasta el 19 de marzo de 2003, cuando falleció por un accidente de trabajo, por culpa ocasionada por el empleador; que ocupó el cargo de ingeniero, con una asignación mensual de «$3.211.» (sic); que MYM nació el 21 de marzo de 1966, y que agotaron la reclamación administrativa.

II. Respuesta a la demanda 

La demandada, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., al contestar el escrito iniciador de la contienda, se opuso a la viabilidad de las súplicas y formuló como excepciones las de culpa de la víctima, compensación, pago y descuento, inexistencia sustancial del derecho y carencia de acción.

III. Sentencia de primera instancia 

La primera instancia la desató el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, que condenó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. a reconocer y pagar lo siguiente: por lucro cesante pasado $363.892.514; por lucro cesante futuro $871.984.910; distribuidos 50% para la cónyuge supérstite y 25% para cada hijo. A la parte vencida le impuso costas.

IV. Sentencia de segunda instancia 

Al resolver la apelación interpuesta por la demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, confirmó la decisión del juez de primer grado. Sin costas.

El Colegiado empezó por recordar las razones que tuvo en consideración el juez de primer grado para concluir que hubo culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo del causante.

Después, el juez de segundo grado tras describir lo contemplado en las investigaciones efectuadas por las diferentes autoridades administrativas y de competencia, como la ARP y el Ministerio de Protección Social, hoy de Trabajo, reseñar las declaraciones rendidas por los testigos BGV, GLSA, LBGR, JLMB y CHP y sostener, apoyado en la sentencia del 10 de abril de 1975, proferida por la Corte, que «la culpa patronal debe probarla el trabajador», concluyó:

1º) Que el día de ocurrencia de los hechos, el ingeniero JFC, con un grupo de operarios, participó en forma activa como jefe del proceso en la subestación de energía de Belén con otro grupo de operarios, cada uno de ellos con diferentes funciones, «como revisar las instalaciones, verificar protecciones en las diferentes celdas que se iban a examinar, cotejar ausencia de tensión, esta labor especifica la hacia (sic) el señor FLV. Queda establecido dentro del desarrollo de estas tareas, que todo indica son cotidianas en ese quehacer laboral que a ellos les compete, cumplir con unas reglas de oro como lo tiene establecido en la empresa, a saber. 1) Planeación, 2) Apertura del circuito (corte visible) 3) Bloqueo o condenación de la red, (bloqueo abierto, tarjeta, señal), 4) Verificarla (sic) ausencia de tensión, 5) Encerrarse en tierras».

2º) Que hubo planeación, dado que el ingeniero JFC sabía cuáles eran las funciones que iban a desarrollar ese día, «incluso en las (sic) mañana hasta las 11.50 minutos antes del accidente el procedimiento se había efectuado como estaba diseñado, así queda visto en el informe de investigación administrativo del Ministerio de Protección Social (f. 93)».

3º) Que la situación que alteró y lleva, la muerte del ingeniero JFC, «fue la no verificación de ausencia de tensión en la celda donde sucedieron los hechos».

4º) Que algunos hablan que «faltaba señalización, y aunque queda visto en las declaraciones que existía un cronograma de celdas a revisar, que el ingeniero era un hombre avezado en el tema, conocía la subestación donde se desarrollaba la labor, se daban los elementos para desempeñar las funciones, capacitación, uniformes; queda también establecido de los informes facilitados después de este accidente, que se dieron unas recomendaciones para mejorar el trabajo, ahondar en garantías, porque finalmente estaba en juego la vida de los trabajadores, y así se ha ido efectuando, se pusieron por ejemplo señales de colores, más visibles, entre otras acciones para una mejor orientación».

5º) Que en la verificación de ausencia de tensión, fue «donde se da el escollo mayor por lo siguiente. Se dice que esta función estaba a cargo del señor FLV, y parece no cumplió cabalmente con su labor, entre otras cosas se cuestiona mucho su estado anímico de resaca el día del accidente, que de ser cierto en labores tan delicadas alteran un buen ritmo de trabajo, el cual debe ser dinámico y atento a lo que se debía hacer».

6º) Que también se cuestiona en algunas versiones que esa subestación y esa celda en particular, «tenía un voltaje diferente a las demás, que fue incompleta la ausencia de tensión».

7º) Que en la declaración del señor GLS, uno de los afectados, manifestó que «después de retirar la micarta el ingeniero JFC procedía con VD a hacer las pruebas eléctricas respectivas de cada celda, terminando de retirar la micarta protectoras (sic) el ingeniero JFC me dijo que le colaborara al señor HM a limpiar las carcasas de los equipos llamados DPU y apenas estuviera lista la otra celda me informaba previamente para retirar las micartas protectoras, tenía que avisarme previamente porque el (sic) tenía que pedir a la subestación Colombia de energía para que por medio del señor operador FLV desenergizara la celda que íbamos a intervenir y a la cual el señor FLV chequearía ausencia de tensión, siendo las 12 am le pregunto al ingeniero JFC si ibamos (sic) a sacar la hora del almuerzo, o si ibamos (sic) a seguir inmediatamente después de almorzar, el (sic) le contesto (sic) que iban a descansar la hora, en ese momento volteó a arreglar su herramienta sintió un chisporroteo, voltio (sic) hacia atrás y vio una bola de fuego impresionante los cobijo (sic) a todos en esa celda a el (sic) también lo alcanzó».

8º) «Entonces se preguntaría uno en que (sic) punto de las reglas de oro se fallo (sic)? Y debe entenderse que fue en la comunicación adecuada entre el ingeniero y el señor FLV o del señor FLV con otras instancias que le correspondería asumir el corte de energía. Pero todo indica que existían los elementos de trabajo adecuados, el programa a desarrollar, la capacitación que se requería para hacerlo. En esencia hubo una falla humana».

9º) Que faltó cuidado, diligencia, prudencia profesional que enseña la Jurisprudencia, «en labores de tan alto riesgo como la presente; en las personas que estaban desarrollando la actividad ya tantas veces descrita, incluido uno de los operarios que estaba encargado de desconectar la energía, que al ser parte de la empresa, y no desempeñar bien su función, generó el accidente aunado a otras circunstancias que llevan a determinar la culpa en el empleador».

10º) Que en esencia la obligación principal de la demandada era tener todo lo adecuado para el buen desempeño de la labor, «esto implica el buen estado de las redes, transformadores y líneas generales de conducción de energía y desenergización, no solo las herramientas de trabajo, sino el ambiente laboral como tal, dentro de este se encuentran los compañeros de trabajo, al fallar este presupuesto se da el accidente de trabajo con culpa patronal y, ello impone la confirmación de la sentencia traída en estudio».

Enseguida el Colegiado, refiriéndose a la responsabilidad directa de las personas jurídicas por faltas de sus empleados y dependientes, recordó la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que «el artículo 2341 del Código Civil respecto de las personas jurídicas, es aplicable a (sic) sub lite, en virtud de lo dispuesto por los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y 8º de la Ley 153 de 1887 teniendo en cuenta que cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere a la culpa del patrono está comprendiendo tanto a la persona natural como a la persona jurídica o moral que tenga el carácter de patrono, el cual, como ha dicho la Corte <saca provecho de la actuación de sus subordinados y de ahí que deba soportar los riesgos de la empresa entre los cuales figuran los hechos derivados de la mala dirección de un agente».

En lo atinente a la concurrencia de culpas, concluyó que “no puede hablarse de concurrencia de culpas por cuanto la labor desplegada por el actor no fue imprudente, obedeció a unos patronos (sic) establecidos en la empresa y a un a (sic) orden de labores que debían desempeñarse el día de los hechos”. En apoyo de su aserción copió pasajes de las sentencias del 9 de febrero de 1984 y 11 de marzo de 1988.

V. El recurso de casación 

Fue interpuesto por Empresas Públicas de Medellín ESP con fundamento en la causal primera de casación laboral, consagrada en el numeral 1º del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según lo dice en el alcance de la impugnación, que esta Sala case el fallo acusado. Luego, “se solicita que revoque la providencia del juez a quo para que, finalmente, se absuelva a las Empresas Públicas de Medellín de todo lo reclamado en su contra”.

Con tal propósito formuló dos cargos, que fueron replicados.

VI. Primer cargo 

Acusa la sentencia por aplicar indebidamente los artículos “216 del Código Sustantivo del Trabajo, 1613, 1614 y 2341 del Código Civil, 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 10 del Decreto 13 de 1967 (que modificó el 348 del Código Sustantivo del Trabajo), 84, literal a), de la Ley 9a de 1979 y 8º de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de la falta de aplicación de los artículos 63 y 1757 del Código Civil, 56, 58, numerales 1º, 6º y 8º, del Código Sustantivo del Trabajo, 85, literal c), de la Ley 9 de 1979, 4º del Decreto 1530 de 1996, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, que rigen en virtud de lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y 60 de esta última codificación. (Según la enseñanza permanente de la H. Sala, cuando un cargo se plantea por la vía indirecta, como ahora, la falta de aplicación se equipara a la aplicación indebida)”.

Para la censura, los errores de hecho que cometió el fallo acusado son los siguientes:

1) Pese a tener probado que el ingeniero JFC “era hombre avezado en el tema, conocía la subestación donde se desarrollaba la labor, se daban los elementos para desempeñar las funciones, capacitación, uniformes […]” (f.334, c.1) y advertir expresamente que “A esta instancia le queda claro que la situación que alteró y llevó el (sic) desenlace que hoy nos reúne, la muerte del Ingeniero JFC, fue la no verificación de ausencia de tensión en la celda donde sucedieron los hechos […]” (fl. 334, cdno. 1), dar por demostrado, sin estarlo, que las Empresas Públicas de Medellín debían reconocer y pagar la indemnización ordinaria de perjuicios reclamada por la señora Mesa.

2) No dar por demostrado, estándolo, que el único responsable de su muerte fue el propio ingeniero JFC cuando a pesar de su excelente formación profesional y su larga experiencia en tareas similares a aquella en la perdió la vida, lo que lo hacía un experto conocedor de los riesgos a los que estaba expuesto, en forma totalmente negligente decidió continuar ejecutando la labor prevista dejando en manos de una persona que podía estar bajo los efectos del alcohol o padeciendo una fuerte resaca o al menos con su condición física y mental disminuida, nada más ni nada menos que la verificación de la ausencia total de energía eléctrica en el equipo que se iba a examinar, y para reforzar su incuria omitió revisar que su subalterno efectivamente hubiera cumplido a cabalidad con la misión que le había encomendado.

3) No obstante expresar “Entonces se preguntaría uno en que punto de las reglas de oro se fallo (sic)? Y debe entenderse que fue en la comunicación adecuada entre el ingeniero y el señor Vanegas o del señor Vanegas con otras instancias que le correspondería asumir el corte de energía. Pero todo indica que existían los elementos de trabajo adecuados, el programa a desarrollar, la capacitación que se requería para hacerlo. En esencia hubo una falla humana” (f. 335, c. l), haber condenado a las Empresas Públicas de Medellín a reconocer y pagar la indemnización ordinaria de perjuicios reclamada por la señora Mesa.

4) Dar por cierto, sin serlo, que por ser un trabajador de EPM el encargado de desconectar la energía, acción que omitió y con ello desencadenó el fatal accidente, las Empresas debían reconocer y pagar la indemnización ordinaria de perjuicios, como consecuencia de la responsabilidad directa que debe asumir el empleador por los actos de sus dependientes.

5) Dar por demostrado, sin estarlo, que EPM podía ser condenada a cancelar la indemnización ordinaria de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo a pesar de que dentro del proceso no se comprobó con suficiencia la culpa del empleador en lo ocurrido.

Dice que los mencionados errores de hecho los cometió el fallo recurrido como consecuencia de la apreciación equivocada del documento técnico de investigación elaborado por la Administradora de Riesgos Profesionales Colpatria (fls. 83 a 97, cdno. 1), el informe de investigación administrativa de riesgos profesionales —accidente de trabajo mortal— del Ministerio de la Protección Social (fls.98 a 104, cdno 1), los testimonios de BGV (fls. 169 a 172, cdno. 1), GLSA (fls. 173 y 174, cdno. 1), LBGR (fls. 174v a 176, cdno.1), LJMB (fls. 178 a 180, cdno. 1) y CHPE (fls. 180 y 181, cdno. 1). Como probanza dejada de apreciar, la Resolución 301 de 2004 de la Dirección Técnica de Antioquia del Ministerio de la Protección Social (fls. 118 a 124, cdno. 1).

La recurrente, luego de hacer algunas disquisiciones jurídicas en torno a los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, 63 del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil, asevera que el Tribunal se equivocó al no advertir que dada la calidad de experto conocedor del trabajo y como tal de los riesgos que este conllevaba, “el ingeniero JFC era plenamente conciente (sic) de que las personas bajo su mando debían estar con una disponibilidad profesional, sensorial y anímica al nivel máximo, por la presteza y altísima concentración con la que debían ejecutar las funciones encomendadas, de modo que al haber aceptado trabajar con FLV, quien se repite, se hallaba bajo los efectos de alcohol o en medio de una resaca o, en todo caso, con su capacidad laboral (física y mental) mermada, JFC asumió en forma muy negligente un riesgo que hubiera podido evitar, en su condición de jefe del proyecto, retirando del lugar al dicho señor FLV o, al menos, no dejando en sus manos el cumplimiento de una tarea tan importante como la de dejar sin energía eléctrica los equipos susceptibles de ser intervenidos por los demás operarios e, incluso, por el mismo JFC”.

Afirma que “resulta palmario inferir que JFC se comportó en forma tan desidiosa que fue él mismo quien propició las situaciones que desencadenaron su óbito pues a pesar de saber que su dependiente VM no estaba en una condición física y mental para realizar unos oficios de tanta trascendencia, como lo era dejar sin fluido de energía los equipos que se iban a revisar, no lo expulsó del lugar, ni le restó responsabilidades y, para más veras, no refrendó que lo ejecutado por el susodicho VM estuviese bien hecho, se insiste, pese a conocer la subestación y los riesgos que involucraba el que no todos los almacenadores o las celdas tuviesen un funcionamiento idéntico, elementos estos que dieron origen al siniestro en el que pereció el ingeniero FJC y con lo que se deja cabalmente comprobada la existencia de los dos primeros errores de hecho”.

Según la recurrente es de público conocimiento que las personas jurídicas, en su calidad de entes morales y, como tal, inmateriales, operan a través de las personas naturales que trabajan para ellas, ejecutando las funciones que les hayan sido asignadas, “todo dentro de un plan de tareas y una estructura jerárquica predeterminada y que se hace más notoria en entidades de la envergadura de EPM. Sin embargo, el fenómeno de la dependencia de las personas naturales a las órdenes impartidas por el patrono de ninguna manera excluye que las susodichas personas naturales, en forma individual, deban obrar de conformidad con lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, es decir, con la diligencia exigida a un pater familias en el manejo de sus propios asuntos, circunstancia esta que no resulta ajena al derecho laboral y que fue incluida de alguna manera en el Código Sustantivo del Trabajo, en especial en los artículos 56 y 58, numerales 1º, 6º y 8º (y que son los que se estima que guardan relación con el presente juicio)”.

En esa dirección, asevera la censura que es indiscutible que no puede recaer responsabilidad alguna sobre el empleador “cuando como consecuencia de un comportamiento negligente de alguno de sus funcionarios acaece un hecho que traiga como secuela un daño que deba ser indemnizado, pues en esa situación la regla general de que el patrono debe reparar los daños ocasionados por el actuar de sus dependientes presenta una excepción derivada de la conducta culposa en la que hubiere incurrido el empleado en ejercicio de las funciones que le hubieren sido encomendadas, en la medida en que es obvio que con ella la llamada responsabilidad directa u objetiva del patrono desaparece y peor aun cuando ese trabajador (o lo que es lo mismo, sus sobrevivientes) es quien resulta ser el beneficiario de la indemnización patronal”.

Dice que por añadidura, “no sobra recordar que mediante la Resolución 301 de 2004 de la Dirección Técnica de Antioquia del Ministerio de la Protección Social (fs. 118 a 124, c. 1, soslayada por el sentenciador de segundo grado) se exoneró a las Empresas Públicas de Medellín, por haber dado obediencia al artículo 4º del Decreto 1530 de 1996, de toda responsabilidad en relación con el accidente mortal de JFC, determinación que, por supuesto, se cimentó en el estudio de las mismas investigaciones allegadas a este proceso y de las que, en diametral oposición a lo disparatadamente colegido por el Tribunal, se extrajo que no había responsabilidad de EPM en lo acaecido”.

Así las cosas, acota la recurrente que jamás se probó la culpa del patrono con ocasión del accidente y menos todavía con la suficiencia exigida por la ley y, a cambio de ello, sí fue indiscutiblemente comprobada la culpa del ingeniero JFC en el desencadenamiento de los hechos fatídicos, lo que eximía a EPM de la responsabilidad directa que debe asumir el empleador por los actos de sus dependientes.

Insiste en que es indudable el dislate del juzgador ad quem al inferir que aunque el siniestro se produjo por falla humana esta comprometía la responsabilidad de EPM, dada la circunstancia de que fueron sus empleados los que incurrieron en la desastrosa falencia.

Para concluir advierte que “pese a que en forma ulterior a este accidente las Empresas tomaron algunas medidas para prevenir nuevos episodios funestos, es indiscutible que si tales medidas hubiesen estado implementadas a la fecha del siniestro tampoco hubieran podido evitar la muerte de JFC dado que, se reitera, esta se produjo por falla humana y no por no contar con los implementos requeridos, ni por un ambiente laboral impropio, ni por falta de capacitación de los ejecutores, etc.”.

VII. Segundo cargo 

El ataque lo propone por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de similares normas y argumentos expuestos en el precedente cargo, por lo que no se transcriben.

VIII. La réplica 

Al confutar los ataques, la opositora, luego de enrostrar defectos en la técnica del recurso extraordinario, en suma aseveran que: (i) “pretende la demandada que la culpa fue del muerto, porque piensa o que quien debía verificar la celda era el fallecido o porque no dio la orden al empleado Vanegas de hacerlo, pero ambas hipótesis son incorrectas; en primer lugar porque el empleado FLV recibía la orden era de otro empleado de las EEPP de Medellín, que era YHM y quien, según lo plantea el Tribunal acertadamente, no cumplió su labor fue FLV, porque a él le correspondía [cotejar la ausencia de tensión, está (sic) labor específica la hacía el señor FLV]. Si algo está claro es que FLV estaba bajo la subordinación directa del Administrados de la subestación”, y (ii) del análisis de las pruebas denunciadas “no puede sacarse la conclusión de que la culpa de la muerte del Ingeniero JFC fuera de él mismo, por el contrario, es palmario y corroborado por todos los testigos que el occiso tomó las medidas conducentes y efectuó la planeación y su trabajo correctamente y que la negligencia del empleado FLV, aunado a problemas de señalización fueron las causas del accidente. Ambas causas son negligencia y violación de reglamentos, las cuales son las especies de la culpa que el tribunal dedujo acertadamente para condenar a la entidad empleadora por la muerte del Ingeniero y con el pago de perjuicios a favor de los dos hijos menores y la viuda afectados con el deceso del señor JFC”.

IX. Se considera 

Desde el umbral, se impone recordar lo que de antaño ha enseñado esta Sala, en torno a que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos, no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquel que tenga la connotación de manifiesto, evidente u ostensible. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en el examen de los elementos de juicio que conforman el haz probatorio, ya bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado. 

No basta, en consecuencia, que el recurrente dé explicaciones así sean razonables sobre las eventuales conclusiones erróneas del fallador, o que se limite a enfrentar las suyas con las de aquel, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible, debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial. 

De otra parte, debe decir esta Sala que el elucidar lo que la recurrente denomina como 3º y 4º “errores de hecho”, relacionados con si es procedente la responsabilidad directa del empleador por los actos de sus dependientes, requiere de un análisis rigurosamente jurídico y por lo mismo la labor de la Corte para hallar la presunta equivocación gravitaría en un juicio susceptible de ser denunciado por la vía de puro derecho —no fáctico como la recurrente plantea—, en la medida en que un yerro así formulado no surgiría del estudio del caudal probatorio, bien fuera porque el Tribunal desoyó las voces objetivas de la prueba calificada, ora porque la soslayó. 

Ahora, el 5º yerro fáctico que radica en que “EPM podía ser condenada a cancelar la indemnización ordinaria de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo a pesar de que dentro del proceso no se comprobó con suficiencia la culpa del empleador en lo ocurrido”, antes que un error de hecho comporta la conclusión jurídica a la que se arribaría, de establecerse que los medios de convicción del proceso demuestran una u otra cosa. Por ello, importa rememorar que el error de hecho se ha considerado como la percepción equivocada de la existencia o inexistencia de un hecho, esto es, el que se produce por equivocación sobre si una cosa ha sucedido o no ha sucedido. Cuestión diferente es, como aquí pasa, que esa valoración desacertada del hecho, por falta de apreciación, errónea apreciación o suposición de un medio de convicción, conduzca a concluir un estado o situación jurídica particular, como por ejemplo si la demandada es responsable de la reparación plena de los perjuicios por la muerte en accidente de trabajo de quien fue su servidor y determinar la condición de deudor o de no deudor, aspectos que, se itera, comportan la forma como se define la litis

Pues bien, como quedó reseñado en la síntesis de los cargos orientados por la vía de los hechos, en sentir de la Corte Suprema de Justicia, el descontento de la sociedad recurrente gira en torno a demostrar que mal podía el juez de alzada condenar a la sociedad llamada a juicio a reconocer y pagar a la parte actora la indemnización ordinaria de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

1. De las pruebas mal apreciadas: 

1.1) Documento técnico de investigación elaborado por la Administradora de Riesgos Profesionales Colpatria (folios 83 a 97). 

Este informe se encuentra rendido por trabajadores de la demandada, Empresas Públicas de Medellín ESP, y funcionarios de la ARP Colpatria, el cual contiene una investigación que describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro que le causó la muerte al ingeniero JFC, así como la matriz de pérdidas, las causas inmediatas, actos inseguros, condiciones inseguras, causas básicas, factores personales, factores de trabajo, controles administrativos, y recomendaciones generales. 

En sentir de la Corte Suprema de Justicia la probanza en precedencia, en la que se basa el cargo para enrostrarle a la corporación de instancia los yerros fácticos, es un documento de carácter declarativo, en el que casi un mes después de los sucesos sobre los cuales gravita la controversia, y como ya se dijo, a partir de un recuento cronológico de los hechos, se hace una evaluación de los mismos y se plantean las posibles causas del accidente de trabajo, así como se establecen unas recomendaciones generales. 

Tiene adoctrinado esta Sala que en virtud al artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, aún con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003, aplicable al proceso laboral por así permitirlo el 145 del estatuto adjetivo del trabajo y de la seguridad social, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, deben apreciarse en la misma forma que los testimonios; y como es sabido, la prueba por testigos no es una de las tres hábiles para estructurar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. 

Al punto, en sentencia del 17 de marzo de 2009, radicación 31.484, enseñó la Corte: 

“Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido ‘[…] mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos […]’, ni su apreciación se debe hacer ‘[…] en la misma forma que los testimonios’, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, ‘[…] se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación’, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2 del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el artículo el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse estos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados ‘[…] en la misma forma que los testimonios’, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción. 

“En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, lo documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea”. 

1.2) Informe de investigación administrativa de riesgos profesionales —accidente de trabajo mortal— del Ministerio de la Protección Social, hoy de Trabajo. 

En relación con este elemento de persuasión, la recurrente aduce que “no sobra recordar que mediante la Resolución 301 de 2004 de la Dirección Técnica de Antioquia del Ministerio de la Protección Social (fs. 118 a 124, c. 1, soslayada por el sentenciador de segundo grado) se exoneró a las Empresas Públicas de Medellín, por haber dado obediencia al artículo 4º del Decreto 1530 de 1996, de toda responsabilidad en relación con el accidente mortal de JFC, determinación que, por supuesto, se cimentó en el estudio de las mismas investigaciones allegadas a este proceso y de las que, en diametral oposición a lo disparatadamente colegido por el Tribunal, se extrajo que no había responsabilidad de EPM en lo acaecido”. 

Como lo ha sostenido en otras ocasiones esta Sala (sentencia del 13 de mayo de 2008, radicación 30.193) los documentos públicos —que son los otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo o con su intervención y que se presumen auténticos— hacen fe de: a) su otorgamiento; b) su fecha; y c) las declaraciones que en ellos haga el funcionario público. 

Así, la Resolución 301 de 2004, expedida por el Dirección Técnica de Antioquia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acredita: (i) que su autor es dicho funcionario público; (ii) que se otorgó en esa fecha, y (iii) las manifestaciones hechas por aquel. 

Sin embargo, dicha resolución, por si sola, carece de la suficiente fuerza para derruir la conclusión a la que arribó el juzgador luego de la valoración de otras pruebas, en cuanto a que hubo culpa de la demandada en el suceso que le causó la muerte al ingeniero LFC. 

Aquí y ahora, rememórese lo asentado por esta Sala en la sentencia citada en precedencia en cuanto a que “la simple resolución en estudio no prueba a los jueces del trabajo y de la seguridad social que la empresa enjuiciada desarrollaba programas de salud ocupacional tendientes a prevenir percances laborales, como el de la ocurrencia de autos, pues se trata de un acto administrativo que es un elemento de convicción más y que no produce efectos de cosa juzgada sobre la cuestión debatida. De manera que aquellos administradores de justicia solo podían construir su convicción con asiento en otras probanzas, evacuadas en el presente proceso”. 

Recuérdese también que en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo los falladores de instancia gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo cual si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para valorarlas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo “cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus”, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, conforme literalmente lo dice la primera de dichas normas. 

Por ser pertinente a lo analizado, se reproduce lo expresado en sentencia del 27 de abril de 1977, en la que se enseñó: 

El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. 

Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el Recurso Extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada” 

La eficacia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho. 

Así, no se observa yerro alguno por parte del Tribunal. 

1.3) Testimonios de BGV, GLSA, LBGR, JLG. 

Frente a la prueba testimonial, que para el Tribunal comprueba no solo el accidente de trabajo sufrido por el causante sino también la culpa del empleador en la ocurrencia del siniestro, mientras que para la censura acredita “que el verdadero y único culpable de lo sucedido fue el ingeniero JFC”, como ya si dijo, no es posible abordar su estudio, dado que no quedó acreditado ningún error de hecho con alguna de las tres pruebas calificadas en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el citado artículo 7º de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 29 de marzo de 1995. 

2. Respecto a los argumentos expuestos en los cargos. 

2.1) Sostiene la sociedad recurrente que pese a que el juzgador encontró probado tras el análisis del documento técnico de investigación elaborado por la administradora de riesgos profesionales Colpatria (folios 83) y del informe de investigación administrativa de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo, que el ingeniero JFC era la persona que dirigía la actividad de revisión de algunos de los equipos de la subestación de energía en la que falleció y que desde el inicio de las tareas tuvo conciencia de que el señor LFV, su subalterno, “se encontraba con aliento a alcohol”, y al haber aceptado trabajar con este, “quien se repite, se hallaba bajo los efectos del alcohol o en medio de una resaca o, en todo caso, con su capacidad laboral (física y mental) mermada, JFC asumió en forma muy negligente un riesgo que hubiera podido evitar […] se comportó en forma tan desidiosa que fue él mismo quien propició las situaciones que desencadenaron su óbito”. 

Como primera medida debe la Corte advertir que en verdad el Tribunal no dio por acreditado que el señor LFV estuviese “bajo los efectos del alcohol o en medio de una resaca o, en todo caso, con su capacidad laboral (física y mental) mermada”, como lo asevera con contundencia la sociedad recurrente, pues recuérdese que el juzgador de alzada expresó palmariamente que en la verificación de ausencia de tensión, fue “donde se da el escollo mayor por lo siguiente. Se dice que esta función estaba a cargo del señor LFV, y parece no cumplió cabalmente con su labor, entre otras cosas se cuestiona mucho su estado anímico de resaca el día del accidente, que de ser cierto en labores tan delicadas alteran un buen ritmo de trabajo, el cual debe ser dinámico y atento a lo que se debía hacer”. 

Entonces, brota espontánea una conclusión, cual es, que la sala sentenciadora efectivamente no tuvo plena certeza de que el mencionado colaborador, FLV, tuviese alterada su capacidad para laborar o estuviese bajo los efectos del alcohol. 

2.2) Aunado a lo anterior, y por ser de suma importancia, no puede pasar por alto la Corte Suprema de Justicia, la notoria contradicción que se exhibe en el cargo con lo planteado en el recurso vertical, en la medida en que esa oportunidad las Empresas Públicas de Medellín centró su reproche en torno a que “con fundamento en esta realidad procesal obrante en el proceso, el señor Juez de instancia establece unas conclusiones totalmente alejadas de la realidad fáctica existente en el proceso […] por la sola circunstancia, que por razones estrictamente personales, uno de los trabajadores, no pudiese estar en el lugar de las operaciones y el otro, vuelve y se repite, con las condiciones de capacitación, habilidad y competencia lo haya reemplazado; aduciéndose únicamente en forma verbal de que FLV se encontraba alicorado o enguayabado, porque asertivamente no está demostrado” (resaltado fuera de texto). 

3. No está por demás advertir que en este tipo de actividades de altísimo riesgo para la vida de los trabajadores, si bien la culpa del empleador no se presume, este debe tomar medidas directas tendientes a interrumpir o suspender el fluido eléctrico, no solo de la línea sobre la cual se van a efectuar los trabajos de reparación, sino de todas aquellas contiguas al lugar donde se van a efectuar dichos trabajos, porque semejante riesgo no puede dejarse a merced de sus dependientes o de la confianza que los trabajadores tienen en sus actividades cotidianas, porque ello comporta un grave peligro para la integridad física de los operarios, por demás irreparable, como en este y otros casos de frecuente ocurrencia en ese tipo de labores. 

4. Convenio 167 de la OIT. 

Llegados a este punto, observa la Corte Suprema de Justicia el desconocimiento de la sociedad llamada a juicio del Convenio 167 de la OIT, que valga decir, hace parte de la legislación interna, tal y como lo afirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C-049 de 1994 mediante la cual declaró la exequibilidad de la Ley 52 de 1994 que lo aprobó, pues su ámbito de aplicación, entre otras, comprende las actividades de mantenimiento en redes de energía y, particularmente en lo que a labores de electricidad corresponde, mismas que desarrollaba el señor JFC al momento del siniestro. 

Recuérdese que el artículo 26, numeral 2º, consagra que “Antes de iniciar obras de construcción como durante su ejecución deberán tomarse medidas adecuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo tensión en las obras o encima o por debajo de ellas y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera entrañar para los trabajadores”. 

5. En resolución, las acusaciones no se abren paso, pues no se evidencia por parte del fallador una ponderación caprichosa de la prueba, que, como se asentó, no se logró demostrar por la censura. Ello sin olvidar que “las sentencias llegan a la Corte como secuela de la interposición del recurso extraordinario de casación, suben protegidas en su totalidad por la llamada presunción de acierto, no solo en la apreciación de los hechos sino también en las consideraciones jurídicas que del asunto controvertido haya realizado el fallador de segundo grado. Este, como se sabe, goza de una ‘discreta autonomía’ para valorar los diferentes elementos de convicción arrimados al plenario y, por ende, sus conclusiones al respecto tienen la especial característica de ser intangibles en casación, mientras el recurrente no logre demostrar con certeza que el ad quem al efectuar el examen probatorio y jurídico cometió yerro notorio de hecho o uno de valoración, por cuanto la disímil apreciación que de la prueba haga el censor a través del aludido recurso no es suficiente por sí misma para aniquilar o anonadar la providencia impugnada, ni siquiera en el eventual caso en que la corporación pueda separarse del estudio que haya hecho el juzgador para arribar a la conclusión objeto de ataque” (Sent. Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. 4040). 

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la demandada recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, para lo cual se fija la suma de seis millones trecientos mil pesos moneda corriente ($6.300.000), que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de febrero de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por MYMM, en nombre propio, y en representación de sus menores hijos NCM y AFCM contra la recurrente Empresas Públicas de Medellín ESP. 

Costas del recurso de casación como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.