Sentencia SL17564-2014/40542 de julio 16 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL17564-2014

Rad.: 40542

Acta 25

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., dieciséis de julio de dos mil catorce

«EXTRACTOS: IV. El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

X. Consideraciones de la Corte

Conforme a los planteamientos de la censura y a lo concluido por el Tribunal, no existe discusión en cuanto que la demandante se desempeñaba como tesorera en la entidad accionada; tampoco sobre las razones que adujo la empleadora para dar por terminado el contrato de trabajo, esto es, por grave negligencia en el manejo de los dineros administrados por la demandante en la caja de tiqueteras del club demandado, ni que en el año de 1999 se produjo un faltante en estos dineros que ascendió a la suma de $ 8.956.497.

El asunto a dilucidar, en primer lugar y en lo que tiene que ver con la formulación inicial del cargo, es determinar si efectivamente la demandante incurrió en la grave negligencia en la custodia de los dineros que administraba como tesorera del club para el cual prestaba servicios, como intenta demostrarlo la parte recurrente, o si por el contrario, el Tribunal no incurrió en ninguno de los yerros fácticos que le atribuye la censura, en tanto concluyó que se dieron circunstancias que diluyeron la responsabilidad de la accionante en la pérdida de dichos dineros, y por ende, no se tipificó una grave negligencia.

El fundamento de la decisión del Tribunal para confirmar la sentencia impugnada que ordenó el reintegro de la demandante, estribó en que del análisis del material probatorio que obra en el expediente, la justa causa aducida por el empleador para prescindir de los servicios de la demandante no encontró suficiente demostración, pues concluyó que conforme a la prueba testimonial, varias personas tenían acceso a la clave de la caja fuerte, la cual no se cambió para cuando la demandante asumió sus nuevas funciones.

Teniendo en cuenta la afirmación del ad quem en el sentido de que apreció todo el material probatorio del expediente, se examinarán las pruebas calificadas que la recurrente señaló como mal apreciadas, para establecer si la sentencia recurrida se ajusta a la legalidad.

En lo atinente a la demanda introductoria y su contestación, la censura hace consistir la equivocación apreciativa en cuanto que de la primera se extrae la confesión de la demandante en relación con sus funciones de tesorera, de las responsabilidades que entrañaba el desempeño de este cargo, y que con independencia de la existencia o no de un manual específico, tenía el deber y la convicción de reportar las anomalías en la dependencia a su cargo, en tanto admitió que carecía del orden que sería deseable en estas materias, y por tanto, tenía la obligación de prevenir y evitar la afectación de los intereses que se le confiaban, adoptando las medidas de protección pertinentes.

Examinada la demanda, ciertamente en el hecho 4 la demandante enlista una serie de funciones inherentes a las del cargo de tesorero, pues todas se relacionan con el manejo de dineros de la empresa, más sin embargo, éstas en sí mismas consideradas no permiten extraer prima facie que hubiera incurrido en grave negligencia en el cumplimiento de las mismas.

Tampoco puede concluirse que el Tribunal incurrió en el error apreciativo endilgado en la declaración rendida por la actora, pues al contestar la primera pregunta simplemente hizo un recuento de los cargos y funciones que había ejercido en la empresa, pero de ello no se desprende que hubiera actuado con grave negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

En punto a la cuarta respuesta, la accionante comenta la manera de llevar a cabo la función relacionada con la compra de tiquetes a los trabajadores de Ecopetrol, labor en la que le colaboraban dos auxiliares por cuanto se trataba de un importante número de transacciones, y que si el arqueo del 29 de diciembre de 1999 que hizo el contador arrojó inconsistencias, ello se debió a que en primer lugar, se practicó superficialmente, y además se hizo sobre el número de tiquetes que figuraba en la pantalla del sistema, y ella no era la encargada de alimentarlo, pues eso lo hacía una de sus auxiliares.

De otra parte y si bien admite al responder la pregunta doce que el 20 de diciembre de 1999 halló un descuadre, afirma que de ello dio aviso verbalmente al contador, su jefe inmediato, luego, la confesión debe aceptarse con la explicación de que cumplió con el deber de informar a su inmediato superior.

De igual forma debe decirse que al responder la pregunta trece relacionada con la solicitud que le hizo la empresa para que justificara el faltante, para lo cual le dieron plazo hasta el 3 de abril de 2000, explicó que al igual que la respuesta anterior, el 20 de diciembre de 1999 informó de ello al contador, diciéndole que podían ser errores contables puesto que el sistema lo manejaba otra persona, al cual, entre otras cosas, accedían el contador y su auxiliar, y además, cuando no estaba en la oficina el dinero que llevaba la transportadora de valores lo recibían la auxiliar del contador Ana Julia Oviedo y Fanny Quintero, y formaban las plantillas de los señores transportadores y cuando ella llegaba los depositaba en la caja fuerte y se contaba al día siguiente.

Frente a la pregunta dieciséis relacionada con la clave de la caja fuerte, sostiene que le solicitó al contador el cambio de ésta, quien le respondió que ello tenía un altísimo costo y no podía cambiarse cada vez que asumiera las funciones de tesorero un nuevo empleado.

Respecto de la respuesta a la pregunta diecinueve, debe decirse que el hecho de admitir que era la responsable de que todas las operaciones contables de la caja fuerte de las tiqueteras se hicieran en forma correcta, esta aseveración no contiene una confesión en punto a la grave negligencia en el cumplimiento de esta obligación, pues explicó que los responsables de revisar las operaciones referidas eran su jefe inmediato, es decir, el contador, señor Carlos Toro y el revisor fiscal.

Como se puede apreciar, de este interrogatorio de parte no surge una confesión de la actora en el sentido de que hubiese actuado con grave negligencia en el cumplimiento de sus funciones, pues como se advirtió, la deponente siempre justificó las razones de su dicho, explicaciones que de todos modos deben tomarse como parte de la supuesta confesión.

Acerca del concepto de grave negligencia, causal a la que acudió la demandada para la justificación del despido, esta Sala en Sentencia 28439 del 31 de julio de 2006, remitiéndose a la de agosto 13 de 1976, sobre el aludido tema estimó que tal conducta corresponde al descuido, la falta de atención o la desidia en el cumplimiento de la tarea o el deber asignado a un trabajador, que deriva de un estado de ánimo en que el desinterés y la indiferencia prevalecen sobre el sentido de la responsabilidad que es propio de los seres dotados de razón.

Lo anterior para resaltar que de los informes presentados por el contador los días 21 de marzo y 3 de abril de 2000 (fls. 18 y 20), del llamamiento que la empresa hizo a la trabajadora para que rindiera descargos (fl. 19), del acta de descargos (fls. 21 a 23), así como de la declaración de parte de la promotora del juicio, no surge con la claridad suficiente que el ad quem hubiese incurrido en una equivocación de apreciación de las anteriores pruebas, pues estos medios de prueba confirman que efectivamente se produjo un faltante en los dineros de la caja fuerte de las tiqueteras, pero así mismo, la demandante expuso las razones por las que consideraba se había presentado ese descuadre, entre las cuales se destaca el hecho de que la clave de seguridad de esa caja fuerte no se cambió cuando recibió el cargo, le entregaron una llave de la misma y a sabiendas de que existían duplicados, ninguno de los empleados dio razón de ello, y además no hubo cambio de la puerta principal de la oficina.

Tal y como lo advirtió el Tribunal, la responsabilidad de la accionante en los faltantes anotados se desvanece, ya que las circunstancias en que desarrollaba sus funciones, en especial las relacionadas con el manejo de los dineros para la compra de las tiqueteras de los trabajadores de Ecopetrol, ciertamente hacían vulnerable y complicado su custodia, al punto que en el sitio en donde se guardaban esos dineros otras personas de esa dependencia tenían acceso, muy a pesar de que según su dicho, solicitó a su jefe inmediato el cambio de clave de seguridad de la caja fuerte, sin que ello hubiese tenido eco por parte de la empresa.

Por manera que no se demuestra que el juez de la apelación hubiera incurrido en un error protuberante en la valoración probatoria, ejercicio que le permitió concluir que la demandante no actuó con grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, en tanto no se demostró que en ello hubo descuido, falta de atención, desidia, desinterés o indiferencia en el cumplimiento de sus funciones como tesorera, que prevalecen sobre el sentido de la responsabilidad que es propio de los seres dotados de razón, como ya tuvo oportunidad de decirlo esta Corte.

En relación con el presunto error de no haber apreciado correctamente la contestación de la demanda, en tanto el Tribunal no se percató que la accionada había formulado la excepción de prescripción de la acción de reintegro, es preciso advertir que el Tribunal no ignoró dicha circunstancia, pues justamente en el resumen que hizo de la sentencia de primera instancia dejó consignado lo que el a quo había resuelto sobre el particular. Lo que ocurrió fue que al fijar los límites de su competencia funcional, estimó que ella se concretaba únicamente en determinar si de acuerdo a las pruebas aportadas se hallaba acreditado el despido justo de la demandante. Es decir que exclusivamente fue ese aspecto lo que analizó como juzgador ad quem, lo que ratificó con su conclusión final, según la cual resultaba suficiente lo que expuso respecto de las pruebas para deducir “que no prospera la apelación de la accionada que pretendía tener por justificado el despido e improcedente el reintegro que decidió el a quo…”.

En ese orden, es evidente que el Tribunal no se ocupó del tema de la prescripción de la acción de reintegro por considerar tácitamente que no estaba involucrada dentro de los motivos de inconformidad de la apelación de la parte demandada, de manera que si en su omisión pudo haber incurrido en un error, debió la censura alegar y demostrar que lo relacionado con la prescripción era un asunto que el Tribunal debía abordar necesariamente, por haber sido objeto de reproche en la apelación o porque de todas maneras tenía que ocuparse de él por imperativo legal, pero no porque hubiera ignorado dicha circunstancia, que es lo que en verdad le enrostra la censura equivocadamente.

Acerca de los errores relacionados con la orden de reintegro, en tanto el recurrente estima que el Tribunal se equivocó en la apreciación del artículo 9º de la Convención Colectiva de Trabajo, porque esta norma no establece la reinstalación en el empleo cuando se despide a los trabajadores con 16 o más meses de servicios a la empresa demandada, es pertinente acudir al tenor literal del texto convencional acusado, el cual es el siguiente:

“Estabilidad laboral. La empresa en su ánimo de continuar garantizando a sus trabajadores la estabilidad en las posiciones o empleos, declara que no hará uso del artículo 8º (octavo) del Decreto 2351 de 1965, para quienes hayan laborado 16 (dieciséis) meses o más en forma continua para el Club Infantas. Cuando la empresa de por terminado el contrato de trabajo a trabajadores con menos de 16 (dieciséis) meses continuos de servicio, por aplicación del citado artículo 8º (octavo) del Decreto 2351, procederá a indemnizar de la siguiente forma…” (fl. 210).

Según el Tribunal, el texto anterior “consagra la estabilidad laboral de inamovilidad, consistente en que quienes hayan laborado al servicio del club por 16 o más meses solo pueden ser despedidos en presencia de justa causa”.

Y como quiera que la demandante prestó servicios durante más de 13 años, dijo, “…conduce a determinar que el mencionado despido fue ineficaz por contravenir la cláusula convencional de estabilidad laboral en comento que prohíbe el despido injustificado de quien haya laborado por el lapso señalado de 16 o más meses, en consecuencia de lo cual no produjo efecto alguno”.

De la lectura del texto convencional no constituye yerro mayúsculo concluir que la demandante tiene derecho a la reinstalación en el empleo, pues lo que de dicha preceptiva se extrae es que en la empresa está proscrito hacer uso del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 para quienes tengan 16 meses o más de servicios, y no poder aplicarlo significa que el empleador no puede terminar los contratos de trabajo sin justa causa a los trabajadores que acrediten la antigüedad mencionada, pues lo que dispone el artículo 8º aludido es la posibilidad de terminar los contratos de trabajo sin justa causa.

Ahora bien, y si bien es cierto que el texto convencional no prevé de manera expresa y categórica el reintegro o reinstalación en el empleo, ningún sentido tendría establecer una prohibición si su desconocimiento no apareja una consecuencia, que en el caso de autos no es precisamente el pago de una indemnización, pues ésta la previó la convención colectiva de trabajo únicamente para el despido sin justa causa de trabajadores con una antigüedad inferior a los 16 meses, luego, contrario sensu, para los que acrediten un tiempo superior, desde luego que los efectos deben ser otros, que en el campo del derecho laboral no podría ser sino la reinstalación en el empleo.

Lo anterior se dice en acatamiento de la tesis que de antaño trazó la Corte en cuanto a que, en tratándose de textos convencionales, el objeto del recurso de casación no es fijarles su sentido, ya que no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance, pues por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares —y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis— deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes, regla de interpretación expresada en el artículo 1618 del Código Civil, que aunque referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo, como también, que dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo —mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene— haga el Tribunal fallador, pues en este caso, siendo indiscutido que la accionante fue despedida sin justa causa, y además, que llevaba más de 16 meses de servicios, no brota como un ex abrupto sostener que ésta tiene derecho a la reinstalación en el empleo.

Y de todas maneras, no puede pasarse por alto que es la propia alegación de la censura lo que permite descartar que el Tribunal hubiera incurrido en un error mayúsculo o evidente, cuando al referirse al texto de la disposición convencional, manifestó paladinamente que “de la lectura natural del texto en cuestión y que para mayor claridad se reproduce, no surge que la reinstalación en el empleo sea la única solución para la hipótesis del despido sin justa causa de los trabajadores que hayan superado los 16 meses de servicio”. Es decir, que admite que el reintegro decretado por el juzgado y avalado por el Tribunal es una de las posibles consecuencias que pueden desprenderse de la norma convencional.

Por último, en lo que tiene que ver con las razones que harían desaconsejable el reintegro, ciertamente el Tribunal no se pronunció sobre el particular, y esa omisión también podría entenderse comprendida dentro de lo que consideró como su competencia funcional de conformidad con lo anteriormente expuesto. Sin embargo, si se admitiera como dogma la afirmación de la censura según la cual, de acuerdo con la jurisprudencia, cuando el juzgador se encuentre en trance de ordenar el reintegro del trabajador, debe establecer su conveniencia o inconveniencia, debe advertirse que el Tribunal no encontró demostrada la grave negligencia que se le imputó a la demandante por parte de la empleadora para desvincularla de su empleo, sin que el hecho de que el cargo de Tesorera que desempeñó o la custodia de dineros por compra de tiqueteras de los trabajadores de Ecopetrol debían permanecer en la caja fuerte destinadas para esos efectos, sea de por sí suficiente para constituirse en factor de fuerza inexorable que impida el reintegro de un trabajador. Es cierto que el juez debe acentuar sus criterios de prudencia cuando se trata de ordenar el reintegro de un asalariado a su puesto de trabajo, sobre todo en aquellos eventos en que estén de por medio situaciones relacionadas con la guarda de caudales; pero para ello debe contar con elementos de juicio que de acuerdo con el principio de la libre formación del convencimiento le permitan concluir que es desaconsejable un reintegro, sin que tenga llegar a conjeturas o a apreciaciones que más bien pueden caer en un subjetivismo que fácilmente puede conducir a la arbitrariedad.

De igual manera, aunque la autoridad que investigó la denuncia penal de la empleadora concluyó que sí hubo un faltante de dinero, sin embargo precluyó en favor de la actora por no encontrarle responsabilidad en ese hecho. Y si a ello se le agrega, como lo encontró acreditado el Tribunal y que la censura no desvirtúa, la clave de seguridad de la caja de caudales no era del conocimiento único y exclusivo de la demandante, pues también la conocían el personal que antes la custodiaba o quienes le hacían reemplazos temporales sin que la clave fuera cambiada en uno u otro caso, lo que conlleva a que igualmente la demandada permitió un desorden en ese manejo, que no puede ser trasladado a la trabajadora como para imponerle al juzgador que no decrete el reintegro de la misma, porque pudo haberle perdido la confianza.

No prosperan los cargos. No hay lugar a costas por no haber sido replicada la demanda extraordinaria.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 4 de febrero de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Lilia Oliveros Fajardo contra el Club Infantas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Sin costas».