Sentencia SL17778-2016 de diciembre 6 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL17778-2016

Rad. 70238

Acta 46

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D. C., seis de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de Luis Alfonso Triana Nieto, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que:

Se declare la anulación/casación de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral,…, y en sede de instancia se revoque totalmente el fallo fechado el (sic) día 07 de abril de 2014 proferido por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y en consecuencia se condene y declare las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, el cual fue oportunamente replicado, así:

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada por la causal primera, por la vía directa, por interpretación errónea de los artículos 53 de la C. N., 13, 14, 15 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para demostrarlo, esgrime lo siguiente:

El artículo 53 de la Constitución Política reza en un aparte del segundo párrafo: facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, esto supone que el Constituyente al diseñar una Carta Magna garantista, reconoció que frente a las relaciones obrero patronales existe una diametralidad opuesta entre estos sujetos pues atendiendo a obviedad el empleador siempre tiene una condición superior frente al trabajador en la medida que este dispone de mayores recursos en lo económico, psicológico, en el acceso a abogados con influencia, etc., ahora el trabajador solo cuenta con su fuerza laboral con la cual busca un sustento para acceder a una vida digna de el (sic) y su familia; por estas y muchas más razones es que se le impone una limitante a la facultad natural de concicliar (sic) y transigir entre el empleador y el trabajador, puesto que el primero lo que busca es un beneficio permanente en desmedro muchas veces de la calidad de vida del ultimo, por estas razones es que se previno vía estatuto superior toda posibilidad de poner en riesgo los derechos mínimos que se encuentran estatuidos en los Códigos, toda vez que el poder económico siempre estará presente y la intimidación, el miedo que genera puede hacer que un hombre sucumba ante ofertas presuntamente tentadoras que al final pueden terminar despojándole de todo lo trabajado en su vida, precisamente esta protección de orden Constitucional se diseñó para evitar lo descrito, para prevenir que las personas fueran privadas de sus derechos mínimos.

La simple interpretación exegética de la norma permite concluir que existe una talanquera para libertad de autonomía en las conciliaciones, razón por la cual resulta bastante vergonzoso que después de 27 años laborados y una pensión de jubilación, se permita por parte de una autoridad que administra justicia una conciliación que a todas luces resulta nefasta para los intereses de mi mandante puesto que se puso por encima de sus derechos y garantías mínimas, el dinero como factor determinanate (sic), sin reparar en que se le estaba privando de un derecho inherente a vivir dignamente, de un derecho a todas luces ganado e inescindible a su propia existencia, el constituyente en la redacción de la Carta Magna en su artículo 53, buscó precisamente que estos casos no se presentaran.

Así mismo, argumenta que:

El fallo atacado resulta contrario a un imperativo constitucional, por lo que el fallador desconoció un mandato claro y le dio alcance a un acuerdo de voluntades entre una persona jurídica y una persona natural que siendo esta ultima el eslabón más débil de la cadena, independientemente que se hubiera dado sin vicios en el consentimiento, se estaba frente a una norma de raigambre superior que expresamente limita las facultades de conciliar y transigir Derechos ciertos.

Ahora bien, la expedición del Código Sustantivo se dio hacia los años 50, es decir que de acuerdo a la temporañidad (sic) de las leyes, las normas surten efecto hacia el futuro una vez publicadas en el diario oficial: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO <Esta edición se trabajó sobre la publicación de la Edición Oficial del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951>"; por lo que la firma del Documento denominado PACTO ÚNICO, de dio en vigencia de la norma en cita, misma norma que garantizaba que los derechos allí estatuidos no podían ser desconocidos, más aún en su artículo 14 establece la irrenunciabilidad de los derechos salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley, razón suficiente para entender que el citado PACTO no era legal pues la prestación económica reconocida a mi mandate el cual no fue afiliado al sistema general de pensiones administrado por el Liquidado Seguro Social, estaba en cabeza de la demandada y que una cosa es una prestación económica de tracto sucesivo y la otra es una liquidación arbitraria con la finalidad de privar a un trabajador del reconocimiento mensual en una pensión de jubilación, pero lo más grave es que está estatuida en el citado código como un derecho, es decir este no se puede conciliar ni transigir, por lo que estamos ante un atentado en contra de un trabajador, ya que el reconocimiento pensional ofrece garantizar los recursos necesarios para que el trabajador mes a mes reciba su mesada pensional hasta cuando este fallezca; no puede el fallador de segunda instancia darle validez a un contrato que deja a la deriva al trabajador en su camino hacia una vejez con mayores necesidades económicas, el solo hecho de recibir un dinero en un volumen importante expone al trabajador a un riesgo de seguridad, a un riesgo de inversiones equivocadas o de despilfarro; por esta razón es que el contrato en cita no es legal, pues la ley lo prohíbe en virtud de un derecho reconocido a un trabajador que aspira a mensualmente acceder al pago de su mesada pensional. No se entiende por qué se le reviste de legalidad a un Acto Jurídico que contraviene la Ley Sustancial y Un Derecho estatuido en nuestra constitución Política de Colombia.

Y finalmente estima:

La sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral, que confirmó la sentencia proferida por el a quo se dictó desconociendo el contenido del Artículo 53 de la Constitución Política, se dictó desconociendo los artículos 13, 14, 15 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que las decisiones tomadas desconocen, ignoran y agreden un ordenamiento jurídico previo donde se protege los derechos ciertos e irrenunciables, de los trabajadores, donde el atropello a los mismos los priva de unas garantías fundamentales, estatuidos en la Carta Magna; razón más que suficiente para entender que no todos los contratos son legales y menos los que despojan de derechos a las personas, independientemente las razones que rodean la firma, pues estamos ante un hecho ilícito y dichos contratos no producen efectos jurídicos indistintamente que hayan sido dados bajo la supervisión de un administrador de justicia; precisamente ahí es donde realmente lo mencionado previamente cobra valor pues no puede entenderse cómo un Juez de la República de Colombia, ante semejante abuso no se abstuvo de continuar con una conciliación que privaría a futuro del modus vivendi al titular de un derecho reconocido y de tracto sucesivo.

Por lo anterior ruego a su despacho Casar la sentencia en cita puesto que es Violatoria de la ley Sustancial por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, pues en cada uno de los apartes de la misma se le da validez a un acto que jamás debió darse, desconociendo claramente unas normas vigentes que precisamente prohíben de forma expresa cualquier tipo de negociación en cuanto a la garantía de protección de los derechos ciertos e indiscutibles a los trabajadores en Colombia. (Negrilla y mayúsculas originales).

VII. Réplica

El antagonista del recurso se opone a su prosperidad argumentando que la proposición jurídica es defectuosa en razón a que no se acusó el artículo 102 del C. C., siendo este la base esencial del fallo del Tribunal. De igual forma, expresa que lo que se buscó con el pacto único de pensión fue conciliar la expectativa de las mesadas pensionales que a futuro se pudieran generar; que esta Corporación ha admitido la posibilidad de conciliar la expectativa de una pensión de jubilación o de mesadas futuras.

Finalmente esgrime, que en el pacto único no se debatieron derechos ciertos e indiscutibles, toda vez que al demandante no se le adeudaban mesadas pasadas o retroactivas, y expresa, que el sentenciador apreció correctamente el contenido del acta de conciliación celebrada entre las partes.

VIII. Consideraciones

Son hechos establecidos en el proceso, y que no se discuten dada la orientación jurídica del ataque que: i) la demandada le reconoció al actor pensión de jubilación legal conforme al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, por haberle prestado más de 20 años de servicios y cumplir 55 años de edad, a partir del 1º de abril de 1994; ii) al demandante se le cancelaron las mesadas respectivas hasta el mes de junio de 2001, cuando las partes suscribieron acta de conciliación, aprobada por el Juez Quinto Laboral del Circuito de Bogotá; iii) allí, los ahora contendientes se avinieron al pago anticipado de mesadas pensionales futuras, en la suma única de $ 975’624.796.oo, definida con base en los respectivos estudios actuariales que incluyeron la existencia de posibles beneficiarios; y iv) el demandante recibió a satisfacción la suma pactada.

Estima la Sala que no se equivocó el tribunal en su decisión, por cuanto el criterio jurisprudencial vigente se ha orientado a considerar lícito que las partes pacten el pago anticipado del valor de las mesadas en una suma única, porque ello no implica renuncia o pérdida del derecho pensional, ni se trata de derechos ciertos e indiscutibles, porque los acuerdos así concebidos versan es sobre mesadas pensionales eventuales, es decir, no causadas con lo cual no se transgreden las garantías de los pensionados.

Sobre el tema, la Corte en sentencia CSJ SL17740-2015, dejó las siguientes enseñanzas:

Siendo ello así, se impone a la Corte asentar que la razón está de parte del Tribunal, pues la pensión laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades, generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún susceptible de ser sustituida.

Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ es por lo que es dable, por ejemplo, atribuirle la imposibilidad de prescribir el derecho que de ella dimana, pues ésta, como ocurre con el contrato civil de renta vitalicia (artículo 2.300 Código Civil), que en la mayoría de sus características a ésta se asemeja, no comporta una prestación ‘única’ de ejecución instantánea, o fraccionada, o diferida a su vez en prestaciones parciales y fragmentarias, último caso para el cual para otras prestaciones es posible acelerar su plazo o caducarlo bajo ciertos supuestos y, por tanto, hacerla exigible en su totalidad por ser al final una sola, sino, cuestión bastante distinta, una ‘pluralidad’ de prestaciones que se causan a medida que transcurre la periodicidad por la que están regidas, básicamente en tratándose de pensiones de jubilación o vejez, por la sobrevivencia de su titular, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan con el transcurso del tiempo, y no una única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto ‘autónomo’ frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación.

La naturaleza anunciada de esta clase de prestaciones ha dado lugar, entre otras cosas, a que la calidad de pensionado se tenga como un verdadero y específico ‘status’ jurídico de la persona humana, en otras palabras, como una situación jurídica concreta que en la más de las veces se extiende por el resto de su existencia; como también, que a la ‘pensión laboral’ se la vea como una prestación social no pasible de extinguirse por prescripción alguna, como sí cada una de las prestaciones que de ella proceden.

De esa suerte, nacida la obligación pensional con el cumplimiento de los requisitos preestablecidos para el efecto, surge el derecho de ser reclamada por su beneficiario, en este caso, por el trabajador o por sus causahabientes. De no reconocerse espontáneamente o como resultado de la dicha reclamación, puede impetrarse la acción judicial para su reconocimiento, que no para su estructuración, por ser sabido que el derecho se constituye cuando se cumplen sus exigencias o presupuestos, y la sentencia judicial lo que hace es declararlo.

Por eso, siendo la obligación pensional de tracto sucesivo, y en consecuencia implicar que cada uno de sus periódicas ejecuciones sea un acto particular y autónomo, no es válido sostener que el pago anticipado de su valor, constituya per se un objeto ilícito, por ser inequívoco que la institución jurídica del pago, específicamente del ‘pago efectivo’ no es ni más ni menos que ‘la prestación de lo que se debe’ (artículo 1626 del Código Civil) y el ‘pago anticipado’ la satisfacción o solución del crédito eliminando el plazo o condición a que estuviere sujeto. Luego, nada más contrario a la invalidez de una obligación que su solución, pago o satisfacción.

El pago anticipado de las mesadas pensionales, o como en este caso el de los mayores valores a cargo del empleador por efecto de la subrogación del riesgo amparado inicialmente y de manera directa por el empleador al ente de seguridad social, en manera alguna afecta los predicamentos ciertos e indiscutibles que de ella se pueden hacer, esto es, la condición o calidad de ‘pensionado’ de su beneficiario, pues la conserva a plenitud en virtud de la dicha subrogación del riesgo en el ente de seguridad social; y su valor, coste o representación, pues el pago anticipado ya se vio es simplemente la aceleración de una plazo; ni deriva en objeto ilícito, pues no implica renuncia o pérdida del derecho, sencillamente, su cumplimiento anticipado, tal cual ya igualmente se vio.

Lo que no es dable confundir, como lo hace el recurrente y lo replica la demandada, son los llamados ‘pactos únicos de pensión futura’ con los pactos de pago anticipado de mesadas pensionales futuras, pues en tanto los primeros comportan la negociación de una expectativa pensional, sujeta en aras de su protección por ciertas condiciones de orden administrativo tributario y laboral, como las exigidos por el Estatuto Tributario en salvaguarda de los derechos del trabajador; los segundos entrañan el pago de mesadas que recaen sobre una pensión adquirida y, por tanto, innegociable como pensión, irrenunciable como derecho, pero susceptible de solucionar o pagar anticipadamente.

La sentencia CSJ SL, del 17 de jun. de 1993, rad. 5761, que el Tribunal invocó en sustento de su decisión y que la opositora atinadamente cita, cobra plena vigencia para respaldar el anterior criterio, que en su momento expuso la Corporación en los siguientes términos:

“Es válida la conciliación celebrada entre la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos S. A. (Cicolac) y Carlos Julio Guzmán Rodríguez, extrabajador de la empresa y Ana Deisy Gutiérrez, como sustituta pensional, porque la conmutación de mesadas pensionales futuras constituye obligación de tracto sucesivo en la vida probable del jubilado que debe igualmente acreditar su supervivencia y como tal la cuantía que habrá de percibirse es incierta en cabeza de quien disfruta la pensión jubilatoria. Por tanto, no quebranta el artículo 15 del C. S. del T., que regula el contrato de transacción que es muy distinto del acto jurídico de la conciliación, en virtud del cual el juez competente o el inspector del trabajo les determina a las partes con precisión sus derechos y obligaciones que en el caso litigado, fue fijado en la suma de $ 3.927.072.00 con base en los "cálculos actuariales elaborados por una firma de actuarios debidamente autorizado para efectuar esta clase de trabajos", informe que se puso de presente en la respectiva acta (fl. 18). De otro lado, el acto conciliatorio lo ejecutaron las partes de manera libre y espontánea no observándose ninguno de los vicios que generen nulidad conforme a la preceptiva de los artículos 1502 y 1508 del C.C., otorgándole eficacia y seguridad jurídica a la conciliación verificada el 20 de abril de 1987 suscrita ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá (fls. 17 a 19, cdno. 1), sin que esta conclusión resulte desvirtuada por las pruebas que impugna la censura como inestimadas.

“Por último, existe notoria diferencia entre las mesadas pensionales causadas, las cuales no pueden ser objeto de conciliación, y las eventuales que son las que están en curso de adquisición por el transcurso del tiempo. Estas últimas son las que pueden solucionarse anticipadamente mediante el pacto único de pensiones de jubilación, previo el cumplimiento de los requisitos señalados por el Estatuto Tributario, como son, la celebración del pacto por escrito, la presentación del cálculo actuarial y la aprobación del mismo por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto de Seguros Sociales.

“El pacto así celebrado constituye garantía de seguridad para el trabajador pensionado, especialmente cuando se está frente al cierre, liquidación o notable estado de descapitalización del empleador, que pueden hacer nugatorio el derecho pensional de los trabajadores afectados por tales circunstancias”.

De conformidad con lo anterior, no le asiste razón al censor en su queja, máxime que según lo estableció el sentenciador ad quem, y no se discute en el recurso, no se configuraron vicios en el consentimiento que afectaran la manifestación de voluntad del demandante en el acuerdo alcanzado con la empresa convocada a proceso, y recibió a satisfacción la suma comprometida, representativa del valor anticipado de la pensión, con fundamento en los respectivos cálculos actuariales los cuales incluyeron la existencia de posibles beneficiarios.

Además, la conciliación no desconoció el status de pensionado del actor, ni las mesadas causadas, ni constituyó una renuncia a las mesadas pensionales futuras, sino, se recuerda, el pago anticipado de las mismas.

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el once (11) de julio de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Luis Alfonso Triana Nieto contra la Chevron Petroleum Company.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».