Sentencia SL17830-2016/43764 de agosto 24 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 43764

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

Acta 31

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «IV. El recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia se revoque la de primer grado, y se acceda a las súplicas de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos que no fueron replicados por la demandada y los cuales, pese a presentarse por diferente vía, se resolverán conjuntamente en atención a que se valen de similar argumentación y persiguen un mismo fin.

VI. Cargo primero

Textualmente dice:

“Acuso la sentencia impugnada, proferida por el Honorable Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Séptima de Decisión Laboral de violar en forma indirecta la ley sustancial en la modalidad de aplicación indebida los artículos 22, 23 (subrogado por la L. 50/90, art. 1º), 24 (subrogado por la L. 50/90, art. 2º), 38, 46 (subrogado por la L. 50/90, art.3º), 55 y 61 (subrogado por la L. 50/90, art. 5º), 64 (subrogado por la L. 50/90, art.6º), 65, 101, 102, 127 (subrogado por la L. 50/90, art. 14), 142, 186, 249, 253 (subrogado por el D.L 2351/65, art. 17), 306, 488 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1º de la Ley 995 de 2005, articulo 99 numeral 2º de la Ley 50 de 1990, artículo 1º de la Ley 52 de 1975, artículos 1º, 2º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Nacional”.

Le atribuye al sentenciador los siguientes errores de hecho:

a.) No tener por demostrado, a pesar de estarlo, que entre las partes existieron múltiples contratos de trabajo por virtud de los cuales el demandante Señor Víctor Nassar Musalam prestó sus servicios personales como docente de medio tiempo a la Fundación Universitaria San Martín, entre los siguientes períodos, individuales a saber: (…).

b.) No dar por demostrado estándolo, que los contratos de trabajo que vinculó laboralmente a las partes correspondían a contratos de trabajo de docencia regidos por el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo.

c.) Dar por demostrado sin estarlo, que la demandada Fundación Universitaria San Martín, durante las diferentes relaciones laborales que tuvo con el señor Víctor Nassar Musalam, le canceló las prestaciones sociales de forma debida a la terminación de cada contrato.

d.) No tener por acreditado, a pesar de estarlo, que la demandada actuó de mala fe y no tuvo motivos atendibles para no aportar la documentación que reposaba en su poder y luego proceder a negar el pago de los salarios (quintas mesadas) el pago de las prestaciones sociales completas y aportes a la seguridad social.

e.) No tener por acreditado , a pesar de estarlo, que la demanda se tuvo por no contestada con las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 31, parágrafos 2º y 3º del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.

Señala, que esos yerros encuentran sustento en la certificación del 18 de febrero de 1998 (fl. 150); los certificados de pago correspondientes a la mesada de agosto de 1997 (fl. 151 a 153); la mesada de noviembre de 2000 (fl. 97 y 98); el contrato de trabajo para docentes de medio tiempo (fls. 10 y 11); la carta de terminación suscrita por el Director del Programa de Medicina de la Demandada (fl. 46); la comunicación de 3 de febrero de 2006 (no indica folio) y el testimonio de la señora Martha Stella Camacho Hernández, las cuales no fueron apreciadas, y en la orden de pago 12532 (fl. 67 a 69), que se apreció erróneamente.

En la demostración del cargo, señala que el tribunal dio por probado ‹‹de tajo››, que la suma de $ 7.201.789, cancelados por la demandada el 31 de enero de 2006, eran suficientes para cubrir las acreencias reclamadas; que si se hubieran valorado adecuadamente las pruebas, la conclusión a la que se hubiera arribado, sería la siguiente:

“(…) la relación laboral se inició en febrero de 1996 y no el 2001 como equivocadamente lo dedujo, que al efectuar las liquidaciones de los 20 contratos laborales independientes que unió a las partes, hubiese concluido con absoluta certeza que los créditos laborales reclamados superan ampliamente lo pago (sic) por la demandada al demandante el 31 de enero de 2006”.

Dice que el período académico correspondiente al segundo semestre del año 2005, no se incluyó en el pago que le realizó la demandada.

Que de las pruebas que se aportaron al proceso y que no fueron valoradas, se desprende que su vínculo con la accionada inició en el primer período académico de 1996, pues así fue certificado por la accionada el 18 de febrero de 1998 (fls. 150).

Adujo que de haber apreciado los documentos de folios 151 y 153, se hubieran encontrado tres comprobantes de pago correspondientes al mes de agosto de 1997, y de haber valorado los que reposan a folios 97 y 98, se habría percatado que en las nóminas de la Facultad de Veterinaria, exactamente la correspondiente al año 2000, el demandante se relaciona como empleado de la accionada.

Expone que la accionada no aportó las nóminas de docentes correspondientes a los años de 1996 a 2005, situación, que sumada a la circunstancia de dar por no contestada la demanda, constituye un indicio grave en su contra, y que lo expuesto por la señora Martha Camacho, “hubiese llevado al tribunal a la inequívoca conclusión que la relación laboral entre el demandante y la Fundación Universitaria San Martín se inició en el primer período académico de 1996 como lo certificó la misma demandada y no a partir del año 2011 como equivocadamente lo dedujo el tribunal en el fallo recurrido”.

Que el tribunal al valorar de forma equivocada las piezas procesales, y no apreciar otras, no pudo determinar cuáles fueron los salarios devengados por el demandante durante la vigencia del contrato de trabajo, con lo cual, pasó por alto que en la demanda se indicaron los emolumentos percibidos por el actor, y en tal sentido, era carga de la demandada entrar a desvirtuarlos; además, informa, que dentro del plenario, en los folios 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35 a 45, 87, 92, 93, 150, y 151, se encuentran los estipendios que devengó, con los que también puede deducirse que prestó sus servicios durante 5 meses por semestre, y en consecuencia le adeudan 20 mesadas.

Informa que como la demanda se tuvo por no contestada, la accionada no pudo desvirtuar lo afirmado en el hecho 1.5, mientras que con el testimonio rendido por la señora Camacho Hernández, se prueba esa situación.

Luego de citar el artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo, calcula el monto correspondiente a vacaciones y cesantías, e indica que no se liquidó la indemnización moratoria, para lo cual se apoya en una sentencia de esta Corporación sin indicar radicación, y transcribe la sentencia del 18 de septiembre de 2000 radicación 13709, y finaliza diciendo que la decisión de finalizar el contrato de trabajo no se sustentó en una justa causa.

VII. Cargo segundo

Textualmente dice:

“Acuso la sentencia impugnada proferida por el Honorable Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Séptima de Decisión laboral por ser VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANCIAL por INFRACCIÓN DIRECTA por falta de aplicación de los artículos 22, 23 (subrogado por la L. 50/90, art. 1º)24 (subrogado por la L. 50/90, art. 2º), 38, 46 (subrogado por la L. 50/90, art. 6º), 65, 101, 102, 127 (subrogado por la L. 50/90 art. 14), 142, 186, 249, 253 (subrogado por el D.-L. 2351/65 art. 17), 306, 488 del código Sustantivo del Trabajo, artículo 1º de la ley 995 de 2005, articulo 99 numeral 2º de la Ley 50 de 1990, artículo 1º de la Ley 52 de 1975, artículos 1º, 2º, 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Nacional”.

En la demostración dice que no fue objeto de discusión que el demandante prestó sus servicios a la accionada desde el primer período académico del año 1996, hasta el segundo periodo académico del año 2005, como tampoco los salarios recibidos durante ese lapso de tiempo, menos que la accionada le canceló el 31 de enero de 2006 la suma de $ 7.201.789, correspondientes al primer período académico de 2002 y el primero de 2005.

A continuación señala que el tribunal dejó de aplicar el artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que no liquidó las prestaciones sociales del accionante, menos la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y procedió a efectuar el cálculo de las cesantías, vacaciones, prima de servicios, intereses a las cesantías, la indemnización moratoria y la indemnización por despido sin justa causa, y concluyó de la siguiente manera:

“Si el honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Laboral, en su sentencia del día 9 de junio de 2009 hubiese aplicado las disposiciones legales dejadas de aplicar y que se le enrostran en este cargo, y hubiese efectuado las liquidaciones de cada una de las pretensiones reclamadas en la demanda, hubiese concluido sin ninguna duda que lo cancelado al actor por la demanda (sic) el 31 de enero de 2006 en cuantía de $ 7.201.789.00 no cubría ni medianamente los crédito (sic) laborales reclamados y necesariamente hubiese tenido que condenarla al pago de conformidad con lo pedido”

VIII. Consideraciones

Previo a determinar sobre la viabilidad o no de las acusaciones formuladas, debe precisarse que en el cargo segundo, presentado por la vía directa, se parte de supuestos de hecho sobre los cuales, contrario a lo estimado por el censor, sí son materia de discusión, en la medida en que el tribunal no encontró que las distintas relaciones que sostuvo el demandante con la accionada lo fueron desde el primer período académico de 1996, como tampoco, según se dice en esa providencia, se demostraron los salarios devengados durante el lapso dentro del cual sí encontró acreditada una relación laboral, esto es, desde el 1º de febrero de 2001 hasta el 3 de diciembre 2005.

No obstante lo anterior y disculpando la falencia presentada al momento de desarrollarlo, para la Sala el reproche que le plantea el recurrente a la sentencia del tribunal, consiste en establecer si éste al momento de proferir su decisión no aplicó lo dispuesto en el artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo.

En tal medida, la inconformidad del censor con la sentencia del tribunal, se centra en determinar si éste erró al no tener por probado que entre las partes del proceso existieron varios contratos de trabajo desde el 15 de febrero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2005, todos regulados por el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo y durante los cuales, a su finalización, no le fueron reconocidas las prestaciones sociales en los términos señalados por el artículo 102 ibídem, como tampoco la indemnización por despido y la moratoria.

El ad quem para arribar a su decisión, con sustento en la contestación a la demanda y los documentos de folios 67 a 69, precisó que el vínculo laboral que ató a las partes lo fue desde el 1º de febrero de 2001 al 3 de diciembre de 2005, e indicó que no existían medios probatorios para demostrar que esa relación inició el 15 de enero de 1996, pues, a pesar de reposar dentro del plenario una certificación que señalaba sobre la iniciación de labores a partir del primer período de esa anualidad, la misma se había incorporado “a posteriori de la sentencia que decidió de fondo la litis, estimándose como una prueba que constituye una sorpresa para la contraparte y resulta extemporáneo (…)”.

A continuación manifestó que la no contestación a la demanda era un indicio grave, que como tal, no constituía confesión respecto a los hechos de aquella y señaló, en lo relativo a lo solicitud de confesión ficta regulada en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que la demandada no ofreció resistencia a la práctica de la inspección judicial, por el contrario incorporó las nóminas correspondientes a los pagos de algunas mensualidades salariales.

Concluyó que la universidad pagó las prestaciones sociales de los períodos 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, en cuantía de $ 7.201.789 (fls. 67 y 69) y, pese a que a folios 12 a 32 se habían allegado comprobantes de pago, esos documentos carecían de firma y no fueron aceptados por la accionada, por lo tanto, carecían de valor probatorio.

Que aun cuando la enjuiciada había incorporado comprobantes de nómina (fls. 84 a 98), de los mismos no se podía demostrar el salario devengado en cada uno de los períodos en los que el señor Nassar Musalam prestó sus servicios, siendo, por lo tanto, imposible reliquidar las prestaciones sociales.

Manifestó que el demandante desempeñó el cargo de docente, desde el 1 de febrero de 2001 al 3 de diciembre de 2005, relación contractual regulada por el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo y, en consecuencia, no era procedente la indemnización por despido, en atención a que el contrato terminó “al finalizar el año electivo”.

El censor a efectos de derruir las inferencias de la sentencia cuestionada, denunció como prueba dejada de apreciar la que reposa a folio 150 del plenario.

Al respecto debe precisarse que el tribunal, contrario a lo afirmado en el recurso, sí se ocupó de ese documento, lo que sucedió fue que advirtió que la misma se había aportado al proceso después de proferida la sentencia de primera instancia, siendo por lo tanto extemporánea.

En efecto, ese medio probatorio se incorporó en los alegatos de conclusión, después de proferida la sentencia de primera instancia, con posterioridad a las oportunidades para practicar y decretar pruebas y sin que la misma se hubiera solicitado en la demanda, menos decretada como tal. En razón a lo anterior, dicha probanza no será objeto de análisis pues con sustento en ella no puede fundarse ningún error de hecho, e igual sucede con los documentos de folios 151 a 153.

En cuanto a los documentos de folios 12 a 32, debe rememorarse que el tribunal en su sentencia les restó valor probatorio, ya que carecían de firma y no fueron aceptados por la accionada. De tal manera el censor debió atacar la sentencia, no por la vía indirecta, sino por la directa, a efectos de determinar sobre la ausencia o no de requisitos legales para su validez, tal como con insistencia lo ha sostenido esta Corporación, como entre otras, en Sentencia CSJ SL 3717 2016, radicación 48339.

Los documentos de folios 97 a 98, objetivamente examinados, dan cuenta que para el mes de noviembre de 2000 al demandante se le canceló por sus servicios un total de $ 308.997; esa probanza y contrario a lo estimado por el tribunal, contiene, no solo el sueldo reconocido al señor Nassar Musalam en su calidad de docente, sino también, que para el mes de noviembre este prestó servicios a la demandada.

Sin embargo, con el mismo no se puede acreditar que las vinculaciones del demandante para con la accionada hubieran iniciado el 15 de enero de 1996.

Por otro lado, la comunicación del 3 de febrero de 2006 (fl. 33), contiene el reclamo escrito presentado por el señor Nassar Musalam a la Fundación Universitaria San Martín, y aun cuando en el mismo se solicitó la liquidación de prestaciones sociales correspondientes a los 10 años de servicios, lo cierto es que ese documento tan solo contiene las manifestaciones del demandante frente a determinado derecho, sin que el mismo sea suficiente para acreditar los distintos vínculos que lo unieron con la demandada, pues aun cuando allí se dice que se adjuntaban las fotocopias de las cartas donde le informaron sobre la desvinculación de la Facultad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología, dichos documentos no reposan en el expediente.

Además, en el desarrollo del primer cargo el censor alude al indicio grave que pesa sobre la accionada, por no dársele por contestada la demanda y por no haber aportado la documentación en la inspección judicial, argumentos con los que pretende demostrar que sus múltiples vinculaciones con la accionada iniciaron desde el año de 1996.

En lo que tiene que ver con ese tópico, cabe precisar que el efecto de la no contestación a la demanda, en los términos del parágrafo 2º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es que se tendrán como un indicio grave en contra de la enjuiciada, siendo procedente aplicar la contumacia regulada en el artículo 30 del mismo ordenamiento modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 2001, más no implica una confesión ficta o presunta, sin perder de vista que los indicios no son prueba calificada en casación.

Respecto a la diligencia de inspección judicial, se debe señalar, según lo dispone el artículo 56 ibídem, modificado por el artículo 27 de la Ley 712 de 2001, que cuando la misma ha sido decretada y no se lleva a cabo por renuencia de la parte frente a quien se solicita, la sanción por esa conducta es la de tener como probados en su contra los hechos que la contraparte se proponía demostrar, en aquellos casos en que sea admisible la prueba de confesión, siempre que el juez la declare en la respectiva audiencia. Es así como en Sentencia CSJ SL, 6 mar 2013, rad. 39050, que reiteró la CSJ SL, 7 oct 2004, rad. 23491, al respecto se indicó:

En lo que respecta a la renuencia de la demandada a la práctica de la inspección judicial juzga conveniente la Corte traer a colación lo asentado por esta corporación en sentencia de 7 de octubre de 2004, radicación, 23491, en cuanto a que:

“Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que la declaratoria de la renuencia a que alude el citado artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social corresponde efectuarla al juez encargado de la instrucción del proceso.

Así, en un asunto similar al presente, en la sentencia del 11 de septiembre de 1995, radicación 7618, se pronunció de la siguiente manera:

‘(...) en tratándose de la inspección judicial no se limita simplemente a contemplar la hipótesis de la renuencia, sino que consagra dos tipos de consecuencias concretas, diferentes y excluyentes, para el evento de que la inspección ocular no pueda llevarse a cabo total o parcialmente como consecuencia de reticencia o repugnancia de una de las partes a su práctica. Pero en desarrollo del principio de la inmediación, es obvio que sólo compete al juez del conocimiento encargado de la instrucción de los procesos la calificación de la conducta renuente, porque además por ser él quien practica la prueba puede observar con mayor posibilidad de acierto si esas circunstancias que impiden la cabal evacuación de la diligencia son imputables a una de las partes.

‘Si bien es cierto que literalmente la disposición en comento no contempla expresamente la declaratoria de renuencia, es lógico que tal calificación o la constancia de los hechos que la estructuran deben quedar plasmados explícitamente en las actas de las audiencias de trámite antes de la clausura del debate probatorio, por cuanto en primer lugar dicha renuencia, en estricto sentido, más que una valoración probatoria, es parte integrante de la etapa instructiva de los procesos, toda vez que se trata de definir si la práctica de la prueba cumplió su derrotero o no, debido a la actuación de una de las partes, y como tal debe quedar dilucidada antes de la audiencia de fallo. Obviamente tal declaración o constancia no reviste carácter sacramental alguno, ni su única forma de expresión es un “auto”, pues también puede exteriorizarse mediante una constancia expresa en el acta de una audiencia anterior a la de juzgamiento. De otra parte, como lo tiene adoctrinado esta Sala, de no hacerse dicho pronunciamiento sobre el desacato y la calificación de renuencia en esa etapa procesal, y se pospusiera para la sentencia, se sorprendería al afectado y se le cercenaría la posibilidad de controvertirla (sentencia de octubre 27 de 1993)”.

En virtud de lo anterior, se observa que no se reúnen los requisitos para que se configure la renuencia en la práctica de inspección judicial, pues dentro del expediente no reposa una calificación en tal sentido, menos se dejó constancia de los hechos sobre los cuales se estructuró, de suerte que no sería dable atribuirle al juez de apelaciones, un error al momento de referirse al respecto.

En tal medida y en lo que tiene que ver con los extremos de la relación laboral, no se observa yerro por parte del tribunal al momento de proferir su decisión, pues ninguno de las probanzas denunciadas en el cargo, objetivamente analizadas, enseñan que el actor inició a prestar sus servicios desde el 15 de febrero de 1996.

Con los documentos que reposan a folios 35 a 45, no se logra establecer el salario devengado por el accionante en los periodos durante los cuales se desempeñó como docente de la accionada, en atención a que los mismos dan cuenta de informes realizados por el Banco Davivienda sobre la cuenta de ahorros 0266 0007 6009, y aun cuando allí se señalan sobre abonos en cuenta por pagos de nómina, con los mismos no se puede establecer quién los efectuó, menos los conceptos que comprende.

Por su parte, los folios 10 a 11 dan cuenta de un contrato de trabajo suscrito entre la Universidad San Martín y el demandante, para que éste desempeñara el cargo de docente en la Facultad de Medicina, con una asignación mensual de $ 1.487.625, con fecha de iniciación de labores el 21 de julio de 2004 y final el 4 de diciembre de 2004. Además con los que reposan a folios 67 a 68, se observa que la demandada procedió a cancelarle al señor Nassar Musalam, “POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES AÑOS 2001 2002 2003 2004 Y I SEM 2005” la suma de $ 7.201.789 y en un cuadro relacionó lo siguiente:

AñoI SemestreII SemestreTotal
20010697.107697.107
20021.148.642823.5391.972.181
2003901.1681.349.1842.250.352
2004769.151734.6921.512.843
2005169.3060769.306
Total3.588.2673.613.5227.201.876

En el folio 69 descansa una orden de compra No 20061072 del 30 de enero de 2006, donde en un título denominado “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, se dijo que correspondía a la “Liquidación prestaciones sociales Primer semestre 2002, 2003, 2004, 2005, y Segundo semestres (sic) 2001, 2002, 2003, 2004 Víctor”.

Con los de folios 87, 92 y 93, se observan nóminas de pago realizadas por la accionada para el 28 de febrero de 2004, 30 de septiembre de 2002 y 30 de mayo de 2002, respectivamente, donde se relaciona el total devengado por el demandante por sus servicios prestados a la demandada. Es así que para el mes de febrero de 2004 se anotó como total devengado, la suma de $ 1.484.002; para septiembre de 2002 $ 1.463.796, y para mayo de ese mismo año $ 1.996.086, rubros que comparados con la liquidación que efectuó la accionada, son superiores a los señalados en los folios 67 a 68.

Es más, con los documentos de folios 88 a 91 y 94 a 96, que complementan las probanzas atrás relacionadas, en tanto los mismos hacen parte de las fotocopias simples de las nóminas de distintos meses y años, aportadas por la demandada (fl. 83), se tiene que el demandante, devengó los siguientes conceptos:

a. para el 30 de marzo de 2005, $ 1.487.625 (fl. 85).

b. para el 30 de noviembre de 2004, $ 1.487.625 (fl. 86).

c. para el 30 de noviembre de 2003, $ 790.369 (fl. 88).

d. para el 30 de agosto de 2003, $ 233.541 (fl. 89).

e. para el 30 de mayo de 2003, $ 1.724.618 (fl. 90).

f. para el 30 de noviembre de 2002, $ 216.158 (fl. 91).

g. para el 30 de noviembre de 2001, $ 324.237 (fl. 94).

h. para el 30 de abril de 2001, $ 399.217 (fl. 95).

En perspectiva con las pruebas atrás mencionadas, se observa el yerro de apreciación por parte del tribunal, pues contrario a lo estimado en la sentencia cuestionada, los documentos atrás analizados demuestran el salario que devengó el accionante durante los períodos en los que prestó sus servicios, y por lo tanto, con las mismas era procedente reliquidar las prestaciones solicitadas por el señor Nassar Musalam, más aun si se tiene en cuenta que en su providencia señaló que la relación que éste sostuvo con la demandada estuvo regulada por lo dispuesto en el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo.

Y es que, las pruebas atrás mencionadas reflejan que el vínculo del demandante para con la accionada lo fue por semestre, situación permitida por el artículo 101 del CST, en atención a que el mismo desarrolla una modalidad especial de duración del contrato de trabajo, diferente a la regulada en el artículo 45 del mismo ordenamiento, en tanto, dicho régimen se destina exclusivamente a aquellas personas con dedicación permanente como profesores de colegios o, como en este caso, universidades, donde, por lo general, sus servicios no son requeridos durante todo el año calendario. De allí, que contemple una duración contractual presunta, sin que requiera forma escrita, eso sí, salvaguardando la voluntad de las partes de acogerse expresamente a la misma, o que decidan celebrarlo por períodos mayores o a término indefinido.

Además, esta corporación en Sentencia CSJ SL, 17 mayo 2011, rad. 38182, que reiteró la identificada con el radicado 15623, indicó, que por año escolar debía también comprender el semestre universitario. Así se dijo:

Según el precitado artículo 101, la regla es la de que tales contratos se entienden celebrados por el año escolar ante el silencio de las partes contratantes sobre el término de duración de la relación.

Ahora bien, por año escolar esta Sala, de antaño, ha entendido el “equivalente al periodo académico, de modo que no necesariamente se refiere a un año sino que puede comprender por ejemplo el semestre universitario” (Rad. 15623 de 2001).

En tal medida, al acreditar esos documentos que los vínculos del demandante lo fueron por semestre, lo procedente era calcular las cesantías y las vacaciones conforme a lo señalado en el artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo y, en los demás aspectos no regulados específicamente, por disposición del artículo 196 de la Ley 115 de 1994, debía estarse a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como se señaló en la Sentencia CSJ SL, 17 mayo 2011, radicado 38182.

En consecuencia, fue manifiesto el error del tribunal al momento de valorar esas pruebas, no sucediendo lo mismo con la finalización de contrato de trabajo, pues a folio 46 se encuentra carta del 13 de diciembre de 2005, en donde el Director del Programa de Medicina le manifiesta al accionante que el período académico dentro del cual se encontraba vinculado en el área de Bilogía Molecular Estructural, iniciado el 18 de julio de 2005, había culminado el 3 de diciembre de ese mismo año, razón por la cual, le comunicaron que esa “vinculación […] no continuaría para el próximo período académico”.

En vista de lo precedente, no constituye un error ostensible, manifiesto y protuberante la conclusión del juez de segundo grado, en cuanto que no era procedente la indemnización por despido, porque la finalización del vínculo que unió a las partes terminó por la culminación del año electivo.

Se dice lo anterior, porque las distintas relaciones que ataron al señor Nassar Musalam con la Fundación Universitaria San Martín, fueron celebradas por el ciclo académico, en este caso por semestre y por lo tanto, al finalizar el período escolar se entendía terminado el vínculo laboral, sin que fuera necesario para su fenecimiento alegar causas para ello.

Por lo visto el cargo prospera.

En sede de instancia se debe señalar que se demostró que el demandante prestó sus servicio por semestre académico a la demandada, desde el 1º de febrero de 2001 al 3 de diciembre de 2005, siendo procedente calcular las prestaciones sociales y las vacaciones del demandante conforme a lo señalado en el artículo 102 del Código Sustantivo del Trabajo.

En tal medida y atendiendo que al momento de resolver el recurso de casación se demostró la existencia de los rubros cancelados al actor como retribución a sus servicios, con los mismos se procederá a efectuar los cálculos correspondientes, para lo cual se procederá a promediar el salario anual devengado por el demandante.

Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se condenará a la demandada a cancelar a favor del accionante, a título de diferencia entre lo reconocido por prestaciones sociales y vacaciones, la suma de $ 5.028.809,82, de conformidad al siguiente cuadro:

Liquidación de prestaciones sociales y vacaciones = $ 12.230.598,82
(-) Valor pagado = $ 7.201.789,00
Total liquidación de prestaciones sociales y vacaciones= $ 5.028.809,82
FechasSalario promedioNº de días lab.Auxilio de cesantíasINT. S/ cesantíasPrima de serviciosVacaciones
DesdeHasta
1-feb-0115-dic-01$ 359.753,84285$ 284.805,13$ 27.056,49$ 284.805,13$ 142.402,56
15-ene-0215-dic-02$ 1.729.941,00300$ 1.441.617,50$ 144.161,75$ 1.441.617,50$ 720.808,75
15-ene-0315-dic-03$ 1.257.493,50300$ 1.047.911,25$ 104.791,13$ 1.047.911,25$ 523.955,63
15-ene-044-dic-04$ 1.485.704,68283$ 1.167.928,96$ 110.174,63$ 1.167.928,96$ 583.964,48
15-ene-053-dic-05957.606,77 $288$ 766.085,42$ 73.544,20$ 766.085,42$ 383.042,71
$ 4.708.348,25$ 459.728,19$ 4.708.348,25$ 2.354.174,13

En cuanto a la indemnización moratoria, se observa que la accionada no justificó porqué solo hasta el último contrato celebrado con el accionante, procedió a cancelar las prestaciones y vacaciones de semestres anteriores, como tampoco, la situación de liquidarlas con salarios inferiores a los realmente percibidos por el señor Nassar Musalam, situación que la ubica en el campo de la mala fe, y por lo tanto, deberá cancelar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses, sanción que correrá a partir del momento en que finalizó la última relación laboral, que lo fue el 3 de diciembre de 2005, y a partir del mes 25, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, hasta cuando se verifique el pago por concepto de prestaciones sociales, que comprende cesantías, sus intereses, y la prima de servicios, para lo cual, se tendrá como salario base, el promedio de lo recibido en el último año de servicios, que lo fue $ 957.606,77.

No se accede a la indexación de las condenas, en tanto la misma, según jurisprudencia reiterada de esta Corporación es incompatible con la indemnización moratoria (ver entre otras la sentencia de casación CSJ SL 17152 -2015).

Sin costas en el recurso. Las de las instancias a cargo de la demandada.

XI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada el 9 de junio de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que VÍCTOR NASSAR MUSALAM le promovió a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN.

En SEDE DE INSTANCIA se revoca la sentencia de primer grado, y en su lugar, se condena a la demandada a cancelar a favor del accionante, a título de diferencia entre lo reconocido por prestaciones sociales y vacaciones, la suma de $ 5.028.809,82. Así mismo, se condena a la accionada a cancelar al demandante una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses, sanción que correrá a partir del momento en que finalizó la última relación laboral, que lo fue el 3 de diciembre de 2005, y a partir del mes 25, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, hasta cuando se verifique el pago por concepto de prestaciones sociales, para lo cual se tendrá como salario base, el promedio de lo recibido en el último año de servicios, que lo fue $ 957.606,77.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, y cúmplase».