Sentencia SL17898-2016/47492 de noviembre 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación n.° 47492

Acta 45

Magistrada ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D. C., treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS «XI. CONSIDERACIONES

El Tribunal para confirmar la decisión absolutoria de primer grado, básicamente expuso que quien pretenda acceder a la pensión especial de vejez, contenida en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, debe acreditar: (i) su calidad de padre o madre cabeza de familia; (ii) que la invalidez o discapacidad del hijo se encuentre debidamente calificada, y (iii) que haya cotizado al sistema general de seguridad social en pensiones el número mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media para obtener la pensión de vejez. Luego de ello, sostuvo que en el sub lite «no está probada la condición de madre cabeza de familia» de la actora, pues esta recibe «colaboración” y/o “ayuda” del padre de la menor, aunque esta sólo sea solo de carácter económico». Por tanto, al no recaer sobre ella la responsabilidad exclusiva del hogar, no cumple con la primera de las exigencias reseñadas «para efectos de entrar a estudiar si reúne o no los demás condicionamientos».

La inconformidad que propone la censura contra dicha determinación, en esencia, se refiere a la interpretación que le asignó el Tribunal a la aludida disposición, pues afirma el recurrente que el concepto de «madre cabeza de familia» no «guarda relación» con el requisito de la dependencia económica que exige la ley para acceder a la prestación que reclama. Además, señala que no puede entenderse que aquella deba ser absoluta y, en tal medida, la actora no está excluida de ese derecho por la circunstancia de recibir «ayuda o colaboración» por parte del padre de su hija inválida.

Bajo tales lineamientos, le corresponde establecer a la Sala, si el juez de segundo grado se equivocó al señalar que la condición de madre cabeza de familia se erige como una exigencia para acceder a la pensión especial de vejez.

Pues bien, el aludido derecho pensional se estableció en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, cuyo texto reza:

La madre(1) trabajadora cuyo hijo (menor de 18 años)(2) padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez(3). Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo.

Dicha variante pensional, dirigida originalmente a prestar amparo a las madres que tuvieran a su cargo un hijo inválido que dependa económicamente de ella, a través del reconocimiento de una pensión especial a cualquier edad, siempre que hayan cotizado «cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez», se hizo extensiva a los padres que se hallaren en las mismas circunstancias, según surge de las sentencias de la Corte Constitucional C-989 de 2006 y C-227 de 2004.

Tal beneficio especial, se otorga con el fin de que la madre o el padre de un hijo con un grado alto de vulnerabilidad, pueda compensar mediante el cuidado personal sus insuficiencias y colaborarle en el proceso de rehabilitación. Así pues, esta prestación tiende a favorecer a las personas afectadas por una minusvalía, quienes dentro del sistema jurídico colombiano merecen una especial protección conforme lo ordenan las disposiciones constitucionales y lo imponen las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia al suscribir tratados como la Convención Interamericana sobre los Discapacitados, aprobada mediante la Ley 762 de 2002.

En esa línea, para acceder a la prestación han de cumplirse tres condiciones:

1) que la madre o el padre haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos, el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;

2) que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada;

3) que la persona discapacitada sea dependiente económicamente de su madre o de su padre, según fuere el caso.

A su vez, la disposición establece como condición de permanencia dentro de este régimen especial de pensión de vejez:

1) que el hijo permanezca en esa doble condición: afectado por la invalidez y dependiente de la madre o el padre, y

2) que el progenitor no se reincorpore a la fuerza laboral.

En el sub lite, le corresponde a la Sala analizar el tercero de los requisitos de acceso reseñados y, para el efecto, considera preciso acudir a los antecedentes legislativos de la norma que los contiene como herramienta hermenéutica para dilucidar su sentido original.

Así, se ha de advertir que en la exposición de motivos que acompañó la presentación del proyecto 98 de 2002 - Senado(4), se señaló que el objetivo de la norma era concederle el beneficio de esta especial pensión de vejez, a la madre responsable de la manutención del hijo afectado por una invalidez física o mental, con el fin de facilitarle su acompañamiento y, en esa medida, propender por su cuidado y rehabilitación.

En tal perspectiva, se tiene que con dicha prestación especial se busca relevar al padre o la madre, del esfuerzo

diario de obtener ingresos para la subsistencia no solo de su hijo sino también la propia, pues al beneficiarse de tal prestación se asegura el flujo monetario que le posibilitará compensar con su cuidado personal las insuficiencias de este último.

Y es precisamente, en ese sentido que la dependencia económica del hijo inválido respecto del progenitor que persigue la pensión especial, constituye uno de los condicionamientos para acceder a la misma. Sin embargo, para la Sala, contrario a lo entendido por Tribunal, tal exigencia no puede ser equiparada al concepto de «madre cabeza de familia» que, conforme al punto 1.3 del artículo 1 del Decreto 190 de 2003, corresponde a: «Mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada» (resalta la Sala).

Lo anterior, por cuanto de la lectura desprevenida de esa última disposición, es dable concluir que deben converger dos situaciones para que las madres puedan ser catalogadas como «cabeza de familia». La primera, que sus hijos (menores o inválidos) dependan económicamente de ella y, la segunda, que tal subordinación financiera sea «exclusiva» o, lo que es igual, que sea la única proveedora de ingresos monetarios para el sostenimiento de sus descendientes.

Sin embargo, esa exigencia no se incluyó en la norma que establece la pensión especial pretendida en este asunto, pues en ninguno de sus apartes se refirió en sentido estricto a la calidad de madre cabeza de familia ni tampoco incluyó el requisito de «exclusividad» a que se hizo referencia.

Así pues, de acuerdo con el texto normativo y su espíritu teleológico al que se hizo alusión, para la Corte la interpretación de la norma en punto al requisito de dependencia económica del hijo inválido respecto del progenitor que persigue la pensión especial de vejez, debe observarse en los términos que se consagra la obligación de la manutención de los hijos -menores o incapacitados- que, como se sabe, se encuentra a cargo de ambos padres.

En efecto, el numeral 7 del artículo 42 de la Constitución Política, establece que «La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos» (resaltado no es original). De ahí que por su consagración constitucional, el derecho de alimentos -entendido como: todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto(5)-, constituya por excelencia un derecho fundamental de toda persona, por tanto, la ley y la jurisprudencia deben propender por ubicar esta figura en claros escenarios de prevalencia.

Ahora, en los términos del artículo 413 del Código Civil, los alimentos pueden ser congruos o necesarios y comprenden la obligación de ambos padres, de proporcionarlos a sus hijos hasta el advenimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los dieciocho (18) años según lo establece la Ley 27 de 1977. Esta limitante de la mayoría de edad, claramente resulta intrascendente, en el caso de que los hijos sean inválidos como en el sub lite, pues en tal caso, la obligación permanecerá indemne hasta tanto persista esa condición.

Y es que la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos, se ubica en forma primigenia dentro de los deberes que se generan en el seno de una familia, y pese a que se trata de un tema preciso y específico del campo civil, varias disposiciones nacionales se ocupan del tema. Para no ir más lejos, en materia de seguridad social, en tratándose de las pensiones de sobrevivientes, cuando los beneficiarios son hijos menores de edad, esta Sala ha sostenido que se presume la dependencia económica respecto del causante, posición que también ha sido avalada por la Corte Constitucional.

Entonces, la falta de la condición de madre cabeza de familia, no puede erigirse como un elemento constitutivo de marginación para acceder a la prestación reclamada, cuando, por lo visto, los hijos menores e inválidos, por ley dependen económicamente de sus dos progenitores, y precisamente, la pensión especial propende porque uno de ellos pueda dedicarse al cuidado de su descendiente Ahora, en los términos del artículo 413 del Código Civil, los alimentos pueden ser congruos o necesarios y comprenden la obligación de ambos padres, de proporcionarlos a sus hijos hasta el advenimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los dieciocho (18) años según lo establece la Ley 27 de 1977. Esta limitante de la mayoría de edad, claramente resulta intrascendente, en el caso de que los hijos sean inválidos como en el sub lite, pues en tal caso, la obligación permanecerá indemne hasta tanto persista esa condición.

Y es que la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos, se ubica en forma primigenia dentro de los deberes que se generan en el seno de una familia, y pese a que se trata de un tema preciso y específico del campo civil, varias disposiciones nacionales se ocupan del tema. Para no ir más lejos, en materia de seguridad social, en tratándose de las pensiones de sobrevivientes, cuando los beneficiarios son hijos menores de edad, esta Sala ha sostenido que se presume la dependencia económica respecto del causante, posición que también ha sido avalada por la Corte Constitucional.

Entonces, la falta de la condición de madre cabeza de familia, no puede erigirse como un elemento constitutivo de marginación para acceder a la prestación reclamada, cuando, por lo visto, los hijos menores e inválidos, por ley dependen económicamente de sus dos progenitores, y precisamente, la pensión especial propende porque uno de ellos pueda dedicarse al cuidado de su descendiente inválido, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino de su padre o madre según el caso.

Por eso, resulta claro que ese derecho también está ligado a otras garantías fundamentales como el mínimo vital, alimentos y seguridad social.

En esencia, no puede avalarse una interpretación restrictiva del precepto que consagra la prestación pensional que se reclama, en los términos que lo realizó el Tribunal, pues hacerlo, sería tanto como condicionar su procedencia a la extinción de un deber jurídico del otro progenitor, esto es, de su obligación de brindar alimentos a su hijo inválido.

Así las cosas, la exégesis que le imprime la Sala al mencionado requisito de dependencia económica para acceder a la pensión especial consagrada en el parágrafo 4 del artículo 9, inciso 2 de la Ley 797 de 2003, coincide con el interés proteccionista del legislador frente a este grupo de extrema vulnerabilidad, merecedor de una especial consideración, así como con la necesidad de avanzar en la concesión de algunos beneficios conforme el principio de progresividad que caracteriza el Sistema de Seguridad Social Integral.

Aunado, esta postura no desentona con la decisión de la Corte Constitucional en sentencia C-989 de 2006, pues si bien en dicha providencia se acudió a las expresiones «madre cabeza de familia» y «padre cabeza de familia», ello no tuvo como fin darle el significado entendido por el ad quem, en tanto en dicha oportunidad, esos conceptos se equipararon a los de «madre trabajadora» y «padre trabajador», para excluir una discriminación por razones de género en vista que la norma solo aludía al primero de ellos.

Tampoco contradice lo adoctrinado por esta Sala en sentencia CSJ SL785-2013, 6 nov. 2013, rad. 40517, en la medida que, en esa oportunidad, se acudió al concepto de madre cabeza de familia, por razón de que la demandante tenía tal condición; no obstante, esa circunstancia no fue asimilada a la noción de dependencia económica; al contrario, en dicha providencia se hizo alusión «a la responsabilidad alimentaria que le asigna la ley a los padres», como un factor para efectos de verificar tal requisito que, dicho sea de paso, en ese asunto no era objeto de discusión.

De lo anterior, se tiene que la errada interpretación que hizo el juez de apelaciones del parágrafo 4 del artículo 9, inciso 2 de la Ley 797 de 2003, lo llevó a concluir que la demandante no era beneficiaria de la prestación que dicha normativa incorpora, en la medida que no probó su condición de «madre cabeza de familia», requisito que como quedó visto, no se encuentra inmerso en dicha disposición.

Los cargos prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario.

XII. DECISION DE INSTANCIA

Tal como quedó dicho en sede de casación, son tres los requisitos que deben converger para acceder a la pensión especial de vejez que reclama la actora, esto es:

1. Haber cotizado al Sistema General de Pensiones al menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez.

2. Que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada.

3. Que este dependa económicamente de su progenitor.

Sobra agregar que la exigibilidad de la prestación, está sujeta a que la madre o el padre del discapacitado se dedique de manera exclusiva a los cuidados de su hijo inválido (CSJ SL 785-2013).

Pues bien, procede la Sala a verificar el lleno de tales requisitos por parte de la demandante, por razones metodológicas, en el siguiente orden:

- Invalidez física o mental del hijo, debidamente calificada

Esta exigencia se encuentra plenamente demostrada con la siguiente documental:

- Folio 36, consistente en el registro civil de nacimiento de la hija de la actora, ocurrido el día 15 de agosto de 1995.

- Folios 32, 33 y vuelto, contentivos del dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, emitido el 1 de noviembre de 2006, en el que se evidencia que la entonces menor, tiene una pérdida de la capacidad laboral del 79.47%, es decir, tiene la condición de inválida, con fecha de estructuración 15 de agosto de 2005. Circunstancia que por demás, no fue cuestionada por el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.

- Dependencia económica de la hija frente a su progenitora

Tal como se precisó en sede de casación, no le queda a esta Sala duda acerca de la dependencia económica de la hija respecto de la actora, no solo por cuanto a la fecha de la presentación de la demanda además de tener la condición de inválida era menor de edad, si no por cuanto incluso superada la edad de los 18 años, por ley, a los padres, conjuntamente, les asiste una responsabilidad alimentaria.

Ahora, la Sala encuentra que la actora cumple con dicha obligación, pues conforme lo señalaron de forma unánime los testigos cuyas declaraciones se recepcionaron en el curso de proceso, el padre de la menor simplemente «colabora» o «ayuda» con los gastos de su hija (fls. 195 a 200).

Es que en realidad, el hecho de que el progenitor eventualmente cumpla con sus obligaciones familiares, bajo ninguna circunstancia puede ser razón para sostener que la hija inválida no depende económicamente de la demandante o, lo que es lo mismo, que esta no responde por la manutención de aquella, en aras de satisfacer las necesidades propias de una vida digna, máxime cuando es la misma actora quien le provee directamente el cuidado que necesita, aspecto este que tampoco es objeto de controversia.

Frente a esta última circunstancia, considera la Sala de suma importancia orientar sus decisiones a la visibilización de la contribución del trabajo del cuidado en el buen desarrollo de la sociedad, pues aun cuando todavía es incipiente la regulación de la economía del cuidado –entendida como las actividades y practicas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven-, lo cierto es que ya forma parte de las políticas públicas. Es así, que el Congreso de la República a través de la Ley 1413 de 2010, ordenara su inclusión en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país.

Lo anterior, por cuanto no se puede olvidar que la labor del cuidado cumple una función esencial en las economías capitalistas, cual es la producción de la fuerza de trabajo, de ahí que sin esas actividades cotidianas que permiten que el capital disponga todos los días de trabajadores en condición de emplearse, el sistema simplemente no podría reproducirse.

En esa medida, no hay razón para desconocer el cumplimiento de este requisito.

- Cotizaciones al Sistema General de Pensiones

Tal como lo acreditan las documentales visibles a folios 21 a 31, 46 a 49 y 181 a 194, la demandante prestó sus servicios y efectuó aportes por un total de 7765 días, esto es 1109,28 semanas, durante los siguientes periodos:

- Del 8 de diciembre de 1973 al 8 de febrero de 1974, al ISS, para un total de 83 días.

- Del 1 de agosto de 1979 al 31 de agosto de 1981, al el Hospital de Caldas, para un total de 760 días.

- Del 1 de septiembre de 1981 al 16 de junio de 1982, al ISS, para un total de 289 días.

- Del 16 de junio de 1982 al 10 de agosto de 1991, al el Fondo Territorial de Pensiones de Manizales al Pasivo Prestacional del Sector Salud de Manizales, para un total de 3340 días.

- Del 11 de agosto de 1991 al 31 de octubre de 1995, al Hospital de Caldas, para un total de 1541 días.

- Del 1 de noviembre de 1995 al 31 de agosto de 1997, al Instituto de Seguros Sociales -donde se verificó una interrupción de 63 días comprendidos entre el 5 de diciembre de 1995 y el 2 de febrero de 1996 y del 8 al 10 de abril de 1996 (fl. 182)-, para un total de 603 días.

- Del 1 de septiembre de 1997 al 30 de abril de 2000, a la AFP Porvenir S.A., para un total de 969 días.

- Del 1 de octubre de 2006 al 30 de marzo de 2007, al ISS (operó traslado de la AFP), para un total de 180 días.

Ahora, se tiene que la demandante solicita el reconocimiento de la pensión a partir del 15 de agosto de 2005, fecha en la cual se estructuró la invalidez de su hija; no obstante, advierte la Sala que con posterioridad a dicha calenda, efectuó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones desde el 1 de octubre de 2006 al 30 de marzo de 2007, en consecuencia, es a partir de esta última fecha que tiene derecho al pago de la prestación reclamada.

Así las cosas, como quiera que para el año 2007, el número de semanas exigido para tener derecho a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media, ascendía a 1100, se tiene que la accionante cumple también con el supuesto que en tal sentido consagra el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

Otros aspectos

1. Determinación del IBL:

Conforme los documentos obrantes a folios 122 a 124 y 46 a 49, se tiene que la actora, en los últimos diez años de servicios, tuvo los siguientes ingresos base de cotización, debidamente indexados, así:

fio1
 

fio4
 

De lo anterior, se tiene que el IBL actualizado de la actora, corresponde a la suma de $662.805.22.

2. Monto de la pensión:

Para establecer el monto de la prestación reclamada, habrá de observarse lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, cuyo texto establece:

El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.  

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.  

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:  

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:  

r = 65.50 - 0.50 s, donde:  

r = porcentaje del ingreso de liquidación.  

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.  

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima. (La parte resaltada es la que regula el caso de la demandante)

En vista de que, como quedó dicho, la pensión especial de vejez la consolidó la demandante a partir del 1 de abril de 2007, y acreditó un total de 1109 semanas de servicios, será del caso aplicar la parte de la norma que rigió en el 2004; de tal manera que el monto de la pensión equivale al 65% del IBL.

Consecuente con lo anterior, la mesada inicial de la accionante, asciende a $430.823.40, valor que por ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente del año 2007, se ajusta al mismo, esto es, a la suma de $433.700.

3. Entidad obligada al pago del prestación:

Frente a este aspecto, basta señalar que si bien la actora se trasladó al Régimen de Ahorro Individual del 1 de septiembre de 1997 al 30 de abril de 2000, a la AFP Porvenir S.A., lo cierto es que con posterioridad se surtió su regreso al ISS hoy Colpensiones, motivo por el cual la referida administradora trasladó los aportes a dicho ente (fls. 21 a 27), donde finalmente la actora efectuó cotizaciones por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2006 al 30 de marzo de 2007 (fl. 48).

En consecuencia, la asunción del pago de la prestación reclamada estará a cargo de Colpensiones y, de contera, se mantiene la absolución impuesta en las instancias a favor de la AFP demandada.

Por tanto, se revocará la sentencia del juez de primer grado y, en su lugar, se condenará a Colpensiones a reconocer a la demandante una pensión especial por tener una hija inválida, a partir del 1 abril de 2007, en una suma igual al salario mínimo legal mensual vigente de dicha anualidad, esto es, $433.700.

Así mismo, deberá cancelar la suma de $89.376.234 por concepto de mesadas pensionales y adicionales adeudadas desde dicha calenda hasta el 30 de octubre de 2016, debidamente indexadas, conforme la siguiente liquidación:

fio3
 

En adelante, reconocerá la mesada equivalente al salario mínimo mensual legal del año 2016, es decir, por $689.454, con los incrementos que disponga la ley, así como las mesadas adicionales, siempre y cuando no se den las condiciones de suspensión o terminación del derecho establecidas en la ley.

El reconocimiento de la prestación se hace sin perjuicio de que, eventualmente, la demandante opte por renunciar a esta pensión especial y reclamar su derecho a la de vejez, una vez reúna los requisitos del sistema general de pensiones que le corresponda.

En arreglo a todo lo dicho, se declaran no probadas las excepciones propuestas por el ISS hoy Colpensiones.

Las costas de las instancias estarán a cargo del ISS hoy Colpensiones y a favor de la actora.

XIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 16 de junio de 2010, en el proceso ordinario que ZULMA OBANDO MORALES adelanta contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES, en cuanto confirmó la decisión de primer grado de absolver del pago de la pensión especial de vejez al último de los entes accionados. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, RESUELVE:

REVOCAR el fallo de primer grado, proferido el 4 de marzo de 2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, en cuanto absolvió al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, de las pretensiones incoadas en su contra. En su lugar, dispone:

PRIMERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES a reconocer a la demandante la pensión especial de vejez por hija inválida, a partir del 1 de abril de 2007, en cuantía inicial equivalente al salario mínimo mensual legal de dicha anualidad, esto es, la suma de $433.700. Derecho este que se suspenderá en caso de que la demandante se reincorpore a la fuerza laboral y durará hasta tanto su hija permanezca en estado de invalidez y continúe dependiente de la madre, y sin perjuicio de que, eventualmente, la demandante opte por renunciar a esta pensión especial y reclamar su derecho a la vejez, una vez reúna los requisitos del sistema general de pensiones que le corresponda.

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES a pagar la suma de $89.376.234 por concepto de mesadas pensionales y adicionales adeudadas desde el 1 de abril de 2007 hasta el 30 de octubre de 2016, debidamente indexadas.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.

CUARTO: Las costas de las instancias serán a cargo de la parte vencida.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo de primer grado.

Notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».

1 Expresiones «madre» subrayadas declaradas CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-989-06 de 29 de noviembre de 2006, «en el entendido que el beneficio pensional previsto en dicho artículo se hará extensivo al padre cabeza de familia de hijos discapacitados y que dependan económicamente de él».

2 Inciso declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte entre paréntesis declarado INEXEQUIBLE, mediante Sentencia C-227-04 de 8 de marzo de 2004, «en el entendido de que la dependencia del hijo con respecto a la madre es de carácter económico».

3 Aparte subrayado «siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez» declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-758-14de 15 de octubre de 2014, «en el entendido de que el beneficio pensional previsto en dicha norma, debe ser garantizado tanto a los padres y las madres afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, como a los padres y las madres afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».

4 Gaceta del Congreso Nº 428 de 11 de octubre de 2002, pág. 1 a 5.

5 Artículo 24 de la Ley 1098 de 2006.