Sentencia SL17985 de noviembre 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA LABORAL

SL17985-2017

Radicación 56711

Acta 17

Magistrado Ponente:

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Bogotá, D.C., primero de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. Consideraciones

Cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia con la decisión impugnada, que lo llevó a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que sí lo está, yerros que surgen a raíz de la equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

En el sub lite, conforme se desprende de lo planteado en el cargo, el recurrente endilga al tribunal seis errores de hecho, que giran en torno a la falta de congruencia de la sentencia impugnada, los cuales se pueden condensar en los siguientes dos tópicos: i)que el ad quem al resolver el recurso de apelación de la parte demandada desconoció que el proceso versaba exclusivamente sobre el derecho al reconocimiento del retroactivo pensional y ii) que así mismo no tuvo en cuenta que no se reclamaba el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por cuanto este surgió a la vida jurídica con el fallo de tutela proferido el 1º de septiembre de 2010, por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Manizales.

En relación tales aspectos, el censor denuncia la falta de apreciación de las siguientes pruebas y piezas procesales: el fallo de tutela, la demanda inaugural, su contestación extemporánea, el auto que la tuvo por no contestada, la primera audiencia de trámite en especial la etapa de fijación del litigio, la sentencia de primera instancia y el escrito de apelación.

Al respecto, el ataque es infundado, por lo siguiente:

1. El único propósito de la acusación es demostrar que el tribunal se equivocó al entender la causa petendi que era objeto del proceso, puesto que las pretensiones estaban orientadas a lograr el pago del retroactivo de la pensión de sobrevivientes desde el momento en que se suspendió la cancelación de las mesadas hasta el mes de agosto de 2010, cuando se restableció la prestación por virtud de un fallo de tutela y no como afirma lo entendió el colegiado, que se discutía sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Tal reflexión del recurrente parte de una premisa equivocada, en la medida que asegura que el tribunal se apartó del verdadero problema jurídico y que guardó silencio en relación con los hechos y pretensiones de la demanda inicial, acogiendo para ello los motivos de inconformidad consignados en el escrito de apelación de la parte accionada.

En efecto, las afirmaciones de la censura no son ciertas, por cuanto el tribunal sí tuvo en cuenta lo sostenido por el demandante a lo largo del proceso, al punto que expresamente, refiriéndose a lo expuesto por la actora en su escrito inaugural, sostuvo que las pretensiones consistieron en «que se condene a Positiva Compañía de Seguros, a pagarle debidamente indexado, el retroactivo de la pensión de sobreviviente, desde el momento de la suspensión del pago hasta el mes de agosto de 2010, más los intereses de mora por las mesadas adeudadas, así como todo lo que resulte probado en aplicación de la facultad ultra y extra petita, además de las costas del proceso» (resalta de la Sala).

Lo anterior la Colegiatura lo reafirmó al momento de ocuparse de resolver el recurso de apelación interpuesto, para lo cual indicó en la parte considerativa de la sentencia que «pretende la señora Carmen Elisa Loffner de Sánchez que a través de este contencioso se ordene a la entidad de seguridad social demandada a pagarle el retroactivo de la pensión de sobrevivientes, desde el momento suspensión del pago de las mesadas pensionales hasta el mes de agosto de 2010» (resalta la Sala).

Así las cosas, a diferencia de lo aseverado por la censura, para el tribunal fue perfectamente claro que el único problema jurídico a resolver en esta contienda judicial, de cara a las pretensiones y causa petendi de la demanda inicial, consistía en establecer, si a la actora le asistía el derecho al pago del reclamado retroactivo pensional; situación muy diferente es que, para decidir la alzada se haya referido a las razones de inconformidad de la entidad apelante contra el fallo de primer grado y a la orden impartida mediante fallo de tutela de 1° de septiembre de 2010, así como al acatamiento que de este hizo la entidad de seguridad social demandada, ingresando a la actora a la nómina de pensionados a partir del mes de noviembre de 2010, donde pagó únicamente un retroactivo de los meses de septiembre y octubre de la misma anualidad. Igualmente, que hubiera aludido al artículo 62 de la Ley 90 de 1946, norma que en su decir, gobernaba la citada prestación para el momento del fallecimiento del primer cónyuge de la demandante.

Lo anterior significa, que no se presenta la falta de congruencia a que alude la censura, por cuanto, como quedó visto, el tribunal resolvió conforme a lo planteado por las partes en contienda, observando la demanda introductoria sin distorsionar su contenido, ello conforme a los argumentos de la entidad apelante y para nada perdió de vista las pretensiones de la actora, todo lo cual se tomó como punto de partida para decidir y darle la razón a la demandada y no a la accionante.

Cumple indicar que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales en virtud de la integración dispuesta en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, prevé que la sentencia debe estar “en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda”.En este caso la comparación de lo decidido por el tribunal lo será con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda introductoria y no con otros actos procesales o actuaciones como lo sugiere la censura.

Sobre este tema la Sala en Sentencia CSJ SL 21 may. 2010, rad. 33866, adoctrinó:

Tal como lo ha explicado esta Sala de la Corte, de seguro, con el propósito de salvaguardar el derecho de defensa de los contendientes judiciales, el artículo 305 del estatuto que gobierna los ritos civiles —aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a la preceptiva de su artículo 145, claro que con la morigeración atinente a la facultad del juez laboral de única o de primera instancia de proferir decisiones extra o ultra petita— la sentencia debe guardar armonía o consonancia “con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y que hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

De manera que la determinación de la congruencia o incongruencia tiene como parámetros de comparación: a) La sentencia enfrentada con las pretensiones y los hechos planteados en la demanda; y b) La sentencia confrontada con las excepciones, a condición de que aparezcan probadas y hubiesen sido propuestas, si así lo reclama la ley.

Es el cotejo de la sentencia con las pretensiones, al igual que con las excepciones, y los fundamentos fácticos de las unas y de las otras, lo que define si el pregón de incongruencia que se lanza sobre el fallo es fundado o no.

Simplemente, hay que mirar en la demanda las pretensiones —es decir, el bien o bienes jurídicos perseguidos por el demandante que, en virtud de la ley sustancial, le deben ser reconocidos por el demandado— y los hechos en que se soportan aquéllas —esto es, el sustento fáctico, la causa petendi—. Luego, examinar la sentencia para ver de establecer si respetó o no ese marco trazado en la demanda.

Igual contraste cabe realizar entre la demanda y las excepciones. Ese, se repite, es el sencillo ejercicio que debe hacerse. De tal suerte que cualquier otro elemento, factor o circunstancia no constituye un extremo de comparación, en el horizonte de establecer si la sentencia es congruente o no.

Al compás de lo expresado, el fallo gravado no incurrió en el vicio procesal de incongruencia que se le achaca, en la medida en que consultó las pretensiones y los hechos que registra la demandada introductoria del presente proceso.

Cabe agregar, que el hecho de que el tribunal para analizar la pretensión del retroactivo pensional y su eventual procedencia o denegación, se hubiese referido a la pérdida del derecho por contraer nuevas nupcias a la luz de la norma que consideró aplicable, no significa que hubiera transgredido el principio de congruencia, ya que si bien finalmente concluyó que para el periodo reclamado no había lugar jurídicamente a tal retroactivo, mantuvo el restablecimiento del derecho pensional, pero únicamente por razón de haberse ordenado su pago por vía de tutela desde el mes de agosto de 2010.

2. El censor equivocó la senda del ataque, toda vez que el juez colegiado apoyó su decisión de negar el derecho al retroactivo pensional, principalmente en lo normado en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 y las Sentencia de constitucionalidad C-309 del 11 de julio de 1996, concretamente en cuanto dispuso, «(…) declaró inexequible las expresiones “o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2º de la Ley 33 de 1993; o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2º de la Ley 12 de 1975; y “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital” del artículo 2º de la Ley 126 de 1985».

Providencia que en su parte motiva también puntualizó que, «(...) En relación con las normas legales que no se mencionan en la parte resolutiva y que consagren una condición análoga a la que contienen aquéllas, no se aplicarán los efectos de este fallo y, en consecuencia, deberán ser objeto de demandas independientes y sobre su constitucionalidad la Corte se pronunciará en cada caso (...)»

De donde coligió el juzgador de alzada que podía inferirse inequívocamente, que mientras normas como la del artículo 62 de la Ley 90 de 1946, no sean objeto de demanda ante el juez constitucional, las mismas tienen atributo de constitucionalidad y, para casos concretos como el sub examine, continúan formando parte del sistema jurídico positivo, para concluir en últimas, que el a quo se equivocó al condenar a la demandada «a pagar a favor de la promotora de la Litis las mesadas dejadas de cancelar desde la fecha en que fue suspendido el pago de la pensión de sobrevivientes en el año 1980 hasta el mes de agosto de 2010, pues la demandante perdió su derecho pensional al contraer nuevas nupcias».

En este orden, al ser jurídicas las conclusiones del tribunal el ataque debió enderezarse por la vía directa o del puro derecho, por alguno de los conceptos de violación posibles por esta senda, esto es, infracción directa, interpretación errónea o aplicación indebida, pero en todo caso, no por la senda indirecta, que tiene por finalidad corregir los errores cometidos en la apreciación o falta de valoración de la prueba.

Sin embargo, no sobra señalar que esta Sala sobre la aplicación del artículo 62 de la Ley 90 de 1946, antes de la vigencia de la constitución de 1991, en sentencia CSJ SL 22 ag. 2012, rad. 44782, señaló:

En esas condiciones, el tribunal no podía aplicar el citado artículo 46 ibídem, ni el 12 de la Ley 797 de 2003, pues, se reitera, claramente indicó que la disposición vigente al momento del fallecimiento era el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, por virtud del cual “a las pensiones de viuedad y orfandad les será aplicable la disposición del artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá en sustitución de las pensiones eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida” y era esta la convocada a regir el asunto.

Esa normativa, que se mantuvo con el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, y que a la luz de la actual Constitución Política resulta en verdad discriminatoria, no tenía ese carácter cuando la cónyuge sobreviviente contrajo nuevas nupcias, en tanto la Carta Política de 1886 confería un especial contenido a la unión matrimonial.

Tal regulación supralegal en vigor por más de un siglo, aparejó unas evidentes consecuencias en el ordenamiento jurídico, que no pueden ser reprochadas hoy bajo un espectro social evidentemente disímil, como se aspira, bajo las garantías y la concepción de un Estado laico, y fue justamente ese aspecto el que abordó el juzgador cuando resolvió el debate, pues los artículos constitucionales que se enlistaron en el cargo vinieron a existir después de estructurado el derecho pensional, se repite, bajo un régimen constitucional diferente, que para ese momento era legÍtimo y no puede ser desconocido.

Bajo tales parámetros es que la Sentencia C-309 de 1996 consideró que esas disposiciones atentaban contra la nueva concepción constitucional, y fue por ello que las apartó, dejando claro el efecto retroactivo únicamente hasta la entrada en vigor de la actual Constitución, pues no podía desligar que antes de su expedición tenían un contenido justificado. Así lo consideró:

“No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más cuando en 1993 se expide la ley 100, que elimina la susodicha condición, pero deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de justificación objetiva y razonable.

“La causa de que al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible.

“A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se impone reconocer a la viudas, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión —actualmente denominada de sobrevivientes— por haber contraido nuevas nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar la mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia”.

Del mismo modo, la sentencia de la Corte Constitucional C-568-16 del 19 de octubre de 2016, por medio de la cual declaró inexequibles las expresiones «o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias” y “Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida» contenidas en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales», en su numeral segundo determinó:

(...).

Las viudas y viudos que con posterioridad al siete (7) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991) hubieren contraído nuevas nupcias y por este motivo, perdieron el derecho a la pensión de que trata el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar a las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia (resalta la Sala).

De lo que viene de decirse resulta claro, que la inconstitucionalidad de la norma que regía para el momento del fallecimiento del primer cónyuge de la demandante, solo favorece a quienes hubieren contraído nuevas nupcias con posterioridad al 7 de julio de 1991, lo cual no es caso de la actora, quien se unió en nuevo vínculo matrimonial el 30 de julio de 1980, por manera que, en definitiva, no le asiste el derecho al retroactivo pensional que se reclama a través de la presente acción judicial.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.500.000, que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de abril de 2012, por la Sala de Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Carmen Elisa Loffner De Sánchez contra Positiva Compañía de Seguros.

Costas como quedó dicho en la parte considerativa de este proveído.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».