Sentencia SL18102-2016/45585 de septiembre 7 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación n.° 45585

Acta 33

Magistrado ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante ADELFA CONSUELO PINEDA PINEDA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, previos estudio de la demanda del recurso extraordinario y la réplica de MARÍA DEL CARMEN ARTEGA OBANDO. El Instituto no presentó oposición.

XI. CONSIDERACIONES

Frente a las alegaciones atinentes a la equivocación en que habría incurrido el Juzgador Ad quem por haberse pronunciado sobre las pretensiones de la señora MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA OBANDO, sin que hubiera presentado demanda en los términos del artículo 53 del C. de P. C., ya fueron respondidas con ocasión del cargo anterior.

Referente al primer error de hecho que se le enrostra al fallador, se ha de advertir que en efecto, éste no se percató de la confesión de la señora ARTEAGA OBANDO, hecha en el interrogatorio de parte al responder las preguntas 4ª y 5ª (fl. 152), relativas a que dentro del proceso ordinario seguido en el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, afirmó que en esa actuación ella sustentó las pretensiones contra los herederos del causante, en el hecho de haber existido entre ella y el occiso señor Constantino Cuan Ospino una «sociedad de hecho».

Esto significa que el sentenciador Ad quem, pasó por alto el reconocimiento que hizo la señora ARTEAGA OBANDO, de no tener ya la calidad de cónyuge del difunto ante la nulidad declarada de su matrimonio católico, cuando ella fue enfática al reconocer que invocó esa situación, porque era la forma que creyó adecuada para defender los derechos que en su concepto consolidó durante la vigencia del matrimonio que posteriormente fue declarado nulo, frente a la cónyuge anterior y a los herederos del causante.

Ese yerro de la sentencia gravada fue trascendente, porque efectivamente el matrimonio católico celebrado entre la señora ARTEAGA OBANDO y el causante fue declarado nulo, mediante sentencia del Tribunal Eclesiástico Regional de Medellín el 29 de noviembre de 2002, decisión ejecutoriada por providencia del 2 de octubre de 2003 del Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, en razón a la existencia de vínculo nupcial anterior del afiliado fallecido con una persona distinta.

Así las cosas, la equivocación del Tribunal al reconocerle a la señora ARTEAGA OBANDO la calidad de cónyuge no obstante que ya la había perdido, conduce a que el fallo impugnado deba ser casado en cuanto concedió el derecho a la pensión del sobrevivientes en un 50% a la señora María del Carmen Arteaga Obando como esposa, y en cuanto absolvió a la entidad de las pretensiones formuladas por la señora Adelfa Consuelo Pineda Pineda como compañera permanente.

XII. SENTENCIA DE INSTANCIA

1. Además de lo indicado en sede de casación, se ha de precisar que por regla general, toda nulidad de un acto o contrato tiene efectos retroactivos como lo consagra el artículo 1746 del Código Civil, según el cual las partes adquieren el «derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo».

Lo mismo debe predicarse de la nulidad del matrimonio, sólo que para éste, por excepción, el legislador consagra que esos efectos no se irradien respecto de los hijos procreados en el matrimonio que se declara nulo quienes al tenor del artículo 149 del Código Civil siguen siendo matrimoniales; en relación con las donaciones y promesas que por causa de matrimonio, se hayan hecho los contrayentes mediando buena fe las cuales subsisten (art. 150 ibídem), y respecto de la sociedad conyugal salvo cuando la nulidad del matrimonio se declare con fundamento en el numeral 12 del artículo 140 del Código Civil, es decir por presencia de vínculo matrimonial anterior, en cuyo evento «no se forma sociedad conyugal» (artículo 1820 del C. C., modificado por el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976).

Esto significa que en virtud de la sentencia de nulidad del matrimonio, que es declarativa, la señora ARTEAGA OBANDO no puede seguir siendo considerada como cónyuge, porque la ley no incluyó lo relativo a la situación personal de los contrayentes, es decir, el estatus de cónyuge, como excepción a la regla general de retroactividad de la decisión de nulidad. Entonces, a diferencia de lo que sucede con los hijos quienes siguen siendo matrimoniales, no obstante la declaratoria de nulidad del matrimonio, la calidad de cónyuge desaparece desde el instante mismo de la celebración del acto nulo, es decir, los casados dejan de serlo desde cuando contrajeron las nupcias. En otras palabras, desde el punto de vista del estado civil, cuando se decreta judicialmente la nulidad del vínculo matrimonial por existencia de nupcias precedentes, desaparece la condición de casado o casada con retroactividad a la celebración del acto declarado nulo.

2. No obstante la conclusión relativa a la pérdida de la calidad de cónyuge de la señora ARTEAGA OBANDO, por la declaratoria de nulidad del matrimonio por existencia de casamiento anterior, no puede desconocer la Sala la convivencia que ella tuvo con el causante con el ánimo de constituir una familia en los términos del artículo 42 de la Constitución Política, la cual merece el amparo de la

seguridad social en las mismas condiciones de las uniones con génesis en el acto formal del matrimonio. Es decir, que si bien no puede dársele el tratamiento de cónyuge, a la luz de las normas de la seguridad social tiene la vocación para concurrir como beneficiaria de las prestaciones por muerte en la condición de compañera permanente al cumplir las exigencias establecidas en la ley.

En esas circunstancias, se trataría en este proceso de la reclamación de la pensión de sobrevivientes por parte de dos compañeras permanentes, quienes alegan convivencia con el causante en los términos de la ley.

Como la muerte del afiliado ocurrió el 28 de diciembre de 2000, la normatividad vigente en relación con la pensión de sobrevivientes era el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, que exigía tanto a la compañera permanente como a la cónyuge del afiliado o pensionado convivencia al momento de la muerte, y que la vida marital se hubiera prolongado durante no menos de dos años continuos con anterioridad al deceso, salvo que hubiera procreado hijos en ese lapso incluyendo la eventualidad del hijo póstumo.

Es cierto que dicha preceptiva no contemplaba la posibilidad de concurrencia de dos compañeras permanentes en calidad de beneficiarias de la prestación periódica por muerte; sin embargo, dicho vacío normativo ha sido subsanado por la jurisprudencia que ha considerado que cuando se demuestre que el causante constituyó de manera paralela dos núcleos familiares con vocación de estabilidad y permanencia, sin mediar vínculo formal, es decir, por la simple voluntad de establecer una comunidad de vida, la pensión debe ser repartida entre en ellas en forma proporcional, siempre y cuando demuestren el cumplimiento de las exigencias legales.

En sentencia CSJ SL402-2013, donde se reiteró la CSJ SL, 17 ago. 2006, rad. 27405, precisó la Corporación:

si bien es cierto que la concurrencia de dos o más compañeras permanentes es un punto no regulado expresamente en nuestra legislación, lo cierto es que, conforme a los criterios jurisprudenciales que se han trazado sobre el punto, es dable que una persona haya mantenido por separado, pero simultáneamente, una convivencia o vida marital con dos personas, de manera que frente a ese vacío normativo la solución lógica no es la de negar el derecho a quienes al mismo tiempo cumplieron con los requisitos exigidos en las normas aplicables. En este sentido se dijo en sentencia de 17 de agosto de 2006, radicada con el número 27405, lo siguiente:  

‘Si bien es cierto que la existencia simultánea de dos o más compañeras permanentes es un asunto no gobernado expresamente en la legislación vigente para la época del fallecimiento del causante, no es menos cierto que de acuerdo con los criterios señalados por la jurisprudencia acerca de lo que debe entenderse por convivencia, de cara al surgimiento del derecho a una sustitución pensional, es posible que una persona mantuviera por separado, pero simultáneamente, una convivencia o vida marital con dos personas. Pero ello no indica que ante la falta de una regulación expresa la solución lógica fuese la de negar el derecho a quienes al mismo tiempo cumplían con los requisitos exigidos en las normas aplicables.  

3.- En el expediente obran las declaraciones de las señoras Aliria Naranjo Arcila (fls. 191 a 194) y María Inés González (fls. 208 a 212), de las cuales se puede derivar la convivencia del difunto con la señora Adelfa Consuelo Pineda Pineda desde el año de 1994 hasta la fecha del deceso del afiliado.

La primera de las mencionadas afirma que también fue compañera permanente del occiso por espacio de 10 años, pero en fecha anterior a la muerte, y tuvo dos hijos con él, razón por la cual se enteró de la convivencia de dicho señor con PINEDA PINEDA, pues debía acudir al hogar de ambos a reclamar la mensualidad para la manutención de los hijos que tuvo con el finado, y que por esa razón en el año de 1997 conoció a la demandante; además su hija menor Deisy Samara Cuan Naranjo a finales del año 1999 fue llevada «a vivir junto con Adelfa y Constantino y estuvo con ellos hasta el primer semestre del año 2000».

A la pregunta ¿cómo puede usted aseverar que CONSTANTINO y ADELFA vivían juntos? Respondió:

«Primero porque constantino (sic) siempre me decía, segundo porque allí fue donde constantino (sic) autorizó retirar el dinero para mis hijos y tercero porque ahí fue donde constantino (sic) trajo a mi hija menor DEYSY a vivir».

La deponente María Inés González (fls. 208 a 212) sostuvo que conoció a la pareja Cuan Pineda desde el año 1994 porque eran sus vecinos y adicionalmente les confeccionaba ropa y uniformes para los hijos; el trato que se prodigaban era el de «esposos» y que convivieron «Siempre hasta cuando falleció el Ingeniero en el 2002 (sic), en un accidente de tránsito».

Los testimonios precedentes, fueron tachados por sospechosos por la interviniente ad excludendum María del Carmen Arteaga Obando; el primero porque la deponente debió comparecer al proceso civil adelantado por Arteaga Obando en contra de los herederos del causante en representación de su menor hija Deisy Samara Cuan Naranjo (fl. 184) y el segundo, por la equivocación de la testigo en la fecha de la muerte del de cujus que no fue en el año 2002 sino en el 2000 (recurso de apelación fl. 273 a 274). Sin embargo, para la Corte, las sospechas que se esbozan sobre esos testimonios son insuficientes para restarles credibilidad, en la medida en que el conocimiento que invocan sobre la vida familiar de la pareja Cuan Pineda es directo y cercano, y resulta coherente, sin que la imprecisión sobre la fecha de la muerte pueda socavar la veracidad que se intuye en el conjunto de lo expresado por la declarante María Inés González; no puede escapar al juzgador las limitaciones de la memoria del ser humano sobre todo cuando lo manifestado implica la revisión de realidades ocurridas con una distancia relativamente considerable en el tiempo.

El artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social concede al juzgador un amplio margen de libertad para valorar las pruebas, y si bien puede cernirse sobre un deponente alguna duda sobre su imparcialidad, v. gr. por ser contraparte de uno de los intervinientes en un proceso distinto, ese hecho por sí mismo no descalifica su atestación si no existen otros elementos de juicio que evidencien la iniquidad. Podrá entonces el juez si lo encuentra razonable, darle credibilidad al testimonio en esas condiciones, y fundar en él su convicción sobre un determinado hecho del proceso, sin que quepa predicar mácula en la sentencia por dicho motivo.

Respecto de la convivencia de Cuan Ospino con María del Carmen Arteaga Obando, dan noticia las atestaciones de Martín Edwin Rodríguez Olaya (fls. 221 a 223); Alberto Armando Toro Muriel (fls 230 a 233); Gladys Elvira Cortés de Burgos (fls. 243 a 246), amigos de la pareja; y Ana Silvia Fernández Cruz (fls. 235 a 240) quien trabajaba como Portera en el edificio donde residían, de las cuales se extrae que vivieron bajo el mismo techo por lo menos desde la fecha en que contrajeron el matrimonio luego declarado nulo, esto es, 7 de agosto de 1992 hasta el deceso del causante de manera estable y permanente.

En el anterior orden de ideas, lo que se halla demostrado en el proceso, es la convivencia simultánea del afiliado Cuan Ospino con Adelfa Consuelo Pineda Pineda y María del Carmen Arteaga Obando, con vocación de estabilidad y permanencia, por lo que a ambas reclamantes les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes que deprecan, en forma proporcional.

Esta forma de asignación del beneficio se itera, fue la adoptada por la Sala en los eventos de convivencia simultánea del difunto con dos compañeras permanentes, frente a pensiones de sobrevivientes del sistema causadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, ante el vacío legislativo en la materia, y por ser la fórmula que más se adecuaba a los postulados de la justicia y la equidad. (CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 48334, y CSJ SL402-2013, entre otras).

En el sub lite habrá de asignarse la porción en un 25% a cada una de las reclamantes en la medida en que convivieron de manera simultánea con el pensionado fallecido, sin diferencias temporales significativas. Lo anterior sin perjuicio del derecho a acrecer en los términos de ley.

La demandada propuso la excepción de prescripción, sin embargo, no se configura tal fenómeno respecto de las mesadas causadas, en cuanto la reclamación administrativa se elevó por parte de la señora PINEDA PINEDA el 28 de febrero de 2001; la demanda se presentó el 2 de julio de 2003 y fue admitida el 6 de agosto de ese año (fl. 17). MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA OBANDO presentó reclamación administrativa el 4 de abril de 2001; contestó la demanda y formuló pretensiones propias el 24 de octubre de 2003 (fl. 27).

El monto inicial de la pensión a considerar, es el establecido por el Instituto en la Resolución nº 012143 de 30 de mayo de 2002, confirmada por la Resolución nº 001130 de 30 de junio de ese año, en cuanto ese valor no fue objeto de controversia en el proceso, y el cual asciende a la suma de $1’587.540,oo (fls. 2 a 6).

La liquidación se ilustra en el siguiente cuadro:

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Así las cosas, se revocará el fallo del juzgado y se condenará al Instituto a reconocer a ADELFA CONSUELO PINEDA PINEDA y MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA OBANDO la pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras permanentes del difunto Constantino Cuan Ospino, a partir del 28 de diciembre de 2000, en un 25% a cada una, sin perjuicio del derecho a acrecer en los términos de ley. El retroactivo por mesadas causadas y no pagadas incluyendo las adicionales y reajustes legales, entre el 28 de diciembre de 2000 y el 31 de agosto de 2016, corresponde a la suma de $142’650.677,86 para cada una de ellas. El valor mensual proporcional de la pensión para el año 2016 de cada una es de $878.365,55.

Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo segundo. Las de las instancias a cargo de la parte demandada vencida.

XIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ADELFA CONSUELO PINEDA PINEDA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en liquidación, hoy sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES y en el cual fue llamada como interviniente ad excludendum MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA OBANDO.

En sede de instancia, revoca la sentencia absolutoria de 12 de octubre de 2007 del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar condena a COLPENSIONES a pagar a ADELFA CONSUELO PINEDA PINEDA y MARÍA DEL CARMEN ARTEAGA OBANDO la pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras permanentes del difunto Constantino Cuan Ospino, a partir del 28 de diciembre de 2000, en un 25% a cada una, más los incrementos respectivos y mesadas adicionales, sin perjuicio del derecho a acrecer en los términos de ley. El retroactivo por mesadas causadas y no pagadas incluyendo las adicionales y reajustes legales, entre el 28 de diciembre de 2000 y el 31 de agosto de 2016, corresponde a la suma de $142’650.677,86 para cada una de ellas. El valor mensual proporcional de la pensión para el año 2016 de cada una es de $878.365,55.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».