Sentencia SL18155-2016/47005 de noviembre 23 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL18155-2016

Rad.: 47005

Acta Nº 44

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

La recurrente pretende que la Corte CASE la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión del juez de primer grado, y en su lugar, se absuelva al Instituto de Seguros Sociales por todo concepto, proveyendo en costas como corresponda.

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación laboral, que fue replicado y se estudiará a continuación.

VI. Cargo único

Acusó la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos “467, 468, 469, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º, 4º, 5º, 11, 12, literal a) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º, 3º, 4º, 13, 14, 18, 19, 20, 26 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 5º, 8º y 11 del Decreto 3135 de 1968; 5º, 24, 25, 32, 33 y 40 del Decreto-Ley 1045 de 1978; 43 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 20 y 204 de la Ley 100 de 1993; 32 Ley 80 de 1993”.

Aseveró que la anterior transgresión de la ley, se produjo a causa de cinco evidentes errores de hecho que cometió el tribunal, que es dable sintetizar, en no dar por demostrado, estándolo, que el demandante se vinculó con el ISS mediante un contrato de prestación de servicios, el cual se desarrolló con plena autonomía, y por tanto a contrario de lo sostenido en la sentencia impugnada, a las partes no las unió una relación de naturaleza laboral, sino que el vínculo se desarrolló en cumplimiento de un objeto contractual claramente determinado, en una labor que requería de conocimientos especiales, para la que no existía personal de planta, y así mismo, dar por acreditado, sin estarlo, que el cargo de abogado que desempeñaba el promotor del proceso, era remunerado en forma diferente al salario percibido por otros abogados de planta del ISS con similares funciones.

Señaló que los yerros fácticos que anteceden tuvieron ocurrencia, por (i) la mala apreciación de las piezas procesales correspondientes al escrito de demanda inaugural (fls. 2 a 15 c. 1), y su contestación (fls. 112 a 128 c. 1), al igual que la sustentación del recurso de apelación (fls. 202 a 213 c. 1); así como de las pruebas relativas a los contratos de prestación de servicios (fls. 18 a 25 c. 1), el certificado de prestación de servicios expedido por la jefe del departamento de recursos humanos del ISS, fechado 7 de febrero de 2008, en el que informa las funciones de los profesionales universitarios (abogados), que trabajan como empleados en el ISS (fl. 149 c 1), y los testimonios de Cristina María González Restrepo (fls. 159 a 165 c. 1) y José Julian Yepes Piedrahita (fls. 165 a 169 c. 1); y (ii) la falta de valoración del testimonio de Juan Carlos Vásquez Rivera (fls. 173 a 176 c 1).

Para la sustentación del cargo, argumentó que los ocho contratos celebrados por los partes identificados con los números VA-027168, VA-027526, VA-031530, VA034347, P037406, P-040267, P-044357 y P-045736 (fls. 18 a 25 c. 1), tienen un objeto contractual claramente determinado, además que es muy técnico y especial, que requiere de una persona calificada, no da pie a pensar que lo pactado podía convertirse en un contrato de tipo laboral, máxime que los abogados de planta que se desempeñaban como profesionales universitarios, cumplían funciones diferentes.

Reprodujo los objetos contractuales de cada uno de los contratos antes relacionados, para decir que de su contenido se puede fácilmente apreciar, que el contratista estaba sujeto al cumplimiento de un objeto determinado, con funciones muy técnicas, que denota que no hay subordinación laboral, sino el cumplimiento de metas también claramente establecidas; tareas que son distintas a las funciones que cumplen los profesionales universitarios (abogados) contratados de planta y que se relacionaron en la certificación del 7 de febrero de 2008, expedida por la jefe del departamento de recursos humanos del ISS (fl. 149 c. 1) que igualmente transcribió, haciendo notar que quienes se vinculan con contratos de prestación de servicios como el actor, entre otras actividades, colaboran con la capacitación en las diferentes seccionales del país y cumplen metas, mientras que los abogados de planta no lo hacen, y entre sus funciones ejercen unas distintas como absolver consultas, proponer el diseño y formulación de procedimientos y sistemas a las áreas de desempeño, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles, y en consecuencia al cumplir el demandante un objeto diferente, actúa con plena autonomía y debió ser considerado como contratista independiente, quedando de esta forma demostrados los yerros fácticos con prueba calificada.

Aseveró que lo descrito en los contratos de prestación de servicios debe es armonizarse, y no contrastarse con los testimonios solicitados por la propia parte actora, de los cuales si bien manifiestan que el contratista demandante recibía órdenes y estaba sometido a un horario, no se tuvo en cuenta que ellos también manifestaron que el actor era profesor de la Universidad de Medellín, es decir que cumplía con otras actividades por fuera del contrato con el ISS como independiente, es más si fuera un trabajador, cuando estuvo incapacitado no podía trabajar y en su caso le mandaban el trabajo a la casa, para lo cual transcribió apartes de la declaración de Cristina María González Restrepo y José Julián Yepes Piedrahita, quienes además de ser tachados de sospechosos, su valoración no fue coherente, porque indudablemente estos testigos tenían intereses en el resultado del proceso.

Arguyó que en cambio, el tribunal no se ocupó de la versión de Juan Carlos Vásquez Rivera, decano de la facultad de derecho de la Universidad, quien da fe de las actividades de docente del accionante, que implicaba dedicar más tiempo a la cátedra y a las reuniones que se programaban, lo cual es un argumento probatorio que evidencia que en este asunto no existió en la realidad un vínculo laboral con el ISS.

Esgrimió que la valoración conjunta de los anteriores medios probatorios, demuestran que el contrato celebrado entre las partes se desarrolló conforme al objeto pactado en los contratos de prestación de servicios, y que el demandante cumplía además actividades de cátedra.

Agregó en lo que respecta a la nivelación salarial que se condenó, que de existir una relación laboral, el actor no tiene derecho a esta pretensión, ni era posible establecer la violación de lo normado en el artículo 5º de la Ley 6º de 1945, ya que por ser contratista independiente no podía cumplir iguales funciones que los abogados de planta, además para que proceda tal nivelación debe allegarse al proceso plena prueba de la igualdad de funciones, y de eficiencia que no estimó el tribunal, y que se exigen frente a esta clase de reclamaciones, las cuales se echan de menos.

VII. La Réplica

El demandante opositor solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto el tribunal valoró correctamente los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, pero que al cotejarlos con la prueba testimonial, a esta última probanza le dio mayor convencimiento, a efectos de inferir la naturaleza de la relación que se ejecutó, que no es otra de que la prestación de los servicios al ISS por parte del demandante, se llevó a cabo bajo condiciones de subordinación propias de un contrato de trabajo, lo cual no es dable desquiciar en el recurso extraordinario, por no ser la prueba testimonial, una de las calificadas en el recurso extraordinario para poder estructurar un error de hecho.

Que la certificación del jefe del departamento de recursos del ISS que se acusó, relaciona de manera genérica las funciones propias del cargo de profesional universitario de la entidad, pero no especificó las funciones que cumplía el demandante para poder establecer diferencias, y la armonización que propone el recurrente de la prueba documental con los testimonios, es propia pero de un alegato de instancia. Que de llegarse a analizar las declaraciones de los deponentes, de todos modos se encontraría, que fueron bien valoradas por el juez colegiado y dan cuenta es de la subordinación laboral, además que el tribunal no desconoció el hecho de que el accionante también era docente de la Universidad de Medellín, sino que estimó que esa circunstancia no desnaturalizaba el contrato de trabajo que existió entre los contendientes. Por último, en lo que atañe al cuestionamiento de la nivelación salarial ordenada, el recurrente dejó libre de ataque la verdadera motivación del tribunal, que es más de orden jurídico que de índole fáctico.

VIII. Consideraciones

Debe advertirse, que de conformidad con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Como bien se puede observar, la censura endilgó a la sentencia recurrida cinco errores de hecho, que apuntan a demostrar dos aspectos: (i) que entre las partes no existió una relación de tipo laboral, por cuanto el vínculo contractual corresponde a un contrato de prestación de servicios que se desarrolló con plena autonomía e independencia del demandante, conforme al objeto contractual pactado, respecto de una labor que requería de conocimientos especiales y dado que no existía personal de planta; y (ii) que de llegar a establecerse que el contrato de trabajo sí existió, el actor no tenía derecho a la nivelación salarial que persigue y que es objeto de condena, por cuanto frente a los otros abogados de planta del ISS que tuvieran similares funciones, no se probó que en efecto cumplieran las mismas funciones y tuvieran igual eficiencia; para lo cual se denunció la errónea apreciación de piezas procesales y pruebas, al igual que la falta de valoración de un testimonio. En este orden se abordará el estudio de la acusación.

A. Existencia de la relación laboral.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, cabe recordar, que el tribunal hizo derivar la existencia del contrato de trabajo realidad entre las partes, de la valoración de la prueba testimonial que le mereció total credibilidad, por cuanto en su criterio fue detallada y consistente, exhibió una percepción directa de las circunstancias fácticas en que se desarrolló el vínculo entre las partes y además fue a todas luces espontánea, con la cual estableció, entre otros aspectos, que la actividad que cumplió el demandante era igual a la de los demás trabajadores vinculados con contrato de trabajo, y que éste estuvo sometido tanto a una jornada de trabajo como a órdenes de su jefe inmediato, y que prestaba sus servicios en las instalaciones de la empresa con los elementos que allí se le suministraban. Lo narrado por los testigos lo contrastó con la prueba documental, en especial con los contratos de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”, que en su decir formalmente contienen cláusulas que debe cumplir un “contratista” y que aluden al “carácter no laboral de la relación”, concluyendo que le brindaba mayor persuasión la prueba testimonial con la que llegó al convencimiento, que entre los contendientes se presentó fue un verdadero nexo contractual de índole laboral.

Para la censura el objeto contractual pactado en los contratos de prestación de servicios profesionales, no da pie a pensar que el contrato suscrito se podía convertir en uno de naturaleza laboral, por cuanto como se lee en el documento, el contratista estaba sujeto a un objeto determinado con funciones muy técnicas y al cumplimiento de metas, y por tanto los mencionados contratos no debían contrastarse con los testimonios sino armonizarse, lo cual al no haberse procedido de esta manera, lleva a la comisión por parte del tribunal de los errores de hecho endilgados.

Al respecto, cabe anotar, que en presencia de dos pruebas contradictorias o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde al juzgador dentro de su libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger cuál de ellas le brinda mayor convicción para fundamentar la decisión, y en consecuencia desechar la otra, lo cual no configura de ninguna manera un yerro fáctico con el carácter de ostensible.

Lo anterior significa, que si bien es cierto, el artículo 60 del CPT y SS, le impone a los juzgadores de instancia la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, también lo es, que por virtud de la libre formación del convencimiento que consagra el citado artículo 61 ibídem, están facultados para darle preferencia a aquellas que le brinde una mayor convicción, sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en este último evento “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, como expresamente lo establece la segunda de las referidas normas procesales, que no es el caso que nos ocupa, ya que para acreditar la existencia de la relación laboral, hay libertad probatoria.

En tales condiciones, no le merece a la Sala ningún reproche, la escogencia por parte del juez de apelaciones de la prueba testimonial, que le brindó mayor fuerza de persuasión que la documental que apreció.

Así las cosas, por estar soportada la inferencia relativa a la presencia de un contrato real de trabajo entre las partes, con la valoración que se llevó a cabo de la prueba testimonial, tales premisas resultan inmodificables en sede de casación, a menos que el tribunal hubiese incurrido en alguno de los yerros señalados por la censura respecto de la prueba calificada, que a continuación se procede a estudiar.

1. De las piezas procesales de la demanda inaugural (fls. 2 a 15 del cuaderno del juzgado) y su contestación (fls. 112 a 128 ibídem), que justamente, son las que demarcan el debate judicial o controversia, y fijan el marco de actuación del juzgador, no fueron mal apreciadas, pues el tribunal partió de la premisa de un conocimiento claro e inequívoco de la contienda que enfrenta a los litigantes, construida precisamente en el estudio del libelo demandatorio y su respuesta, como paso para el discernimiento de las pretensiones del demandante, y los argumentos de defensa de la demandada.

En efecto, en la decisión cuestionada se especificaron los pedimentos que contiene la demanda introductoria, y que fueron objeto de apelación, sin distorsionar los hechos que lo sustentan, así mismo se hizo alusión a la oposición o contradicción que ejerció la parte convocada al proceso, para luego de cara a lo resuelto por el a quo, despachar las inconformidades de los apelantes.

2. Respecto del escrito de apelación contra el fallo de primer grado obrante a folios 202 a 213 del cuaderno principal, que corresponde al formulado por el Instituto demandado, se tiene que en el desarrollo de la acusación, no se especificó en qué consistió la mala apreciación del tribunal de esa pieza procesal, lo cual daría al traste con la acusación en este punto.

Sin embargo, obsérvese que en la sentencia impugnada de acuerdo con los aspectos materia de inconformidad de los apelantes, se especificaron los problemas jurídicos a determinar o resolver en la alzada, tales como: (i) la naturaleza del vínculo del actor con el ISS, de lo cual depende el éxito de las pretensiones incoadas; (ii) la procedencia del reintegro y de los pagos ordenados en la primera instancia; (iii) el reembolso de lo pagado como aportes a la seguridad social; y (iv) el reajuste de la indexación; que fueron los temas a que se contrajo el estudio en la segunda instancia, ello de conformidad con el principio de consonancia previsto en el artículo 66A del CPT y SS.; y por tanto dicho acto del proceso se apreció sin error.

3. En lo que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios, que celebraron las partes y su objeto contractual (fls. 18 a 25 del cuaderno del juzgado), fueron bien apreciados, como quiera que el tribunal en ningún momento desconoció lo allí pactado, es más aseguró que su contenido detallaba las actividades propias a cumplir por un “contratista” y que aluden al “carácter no laboral de la relación”; lo que sucede es que, partiendo de la correcta apreciación de esta prueba documental, al confrontarla con lo narrado por los testigos, a quienes les dio plena y mayor credibilidad, el ad quem llegó a una conclusión diferente a la de la parte demandada, esto es, que entre los contendientes lo que existió fue un verdadero contrato de trabajo, dándole entonces la razón al demandante, y confirmando lo decidido en este mismo sentido por el a quo.

Aquí el tribunal no hizo cosa distintita que aplicar el principio protector de la primacía de la realidad, consistente en darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, que conlleva necesariamente a que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad, para el presente asunto las derivadas de la apreciación o valoración de los dichos de los testigos, las que se deben tener en cuenta y no otras a fin de determinar el convencimiento diáfano del juez con respecto a los servicios prestados por una persona natural y que se reclaman en una acción judicial, que configuren un contrato de trabajo.

4. En cuanto a la certificación de folio 149 y vto. del cuaderno principal, expedida por el jefe del departamento de recursos humanos de la seccional Antioquia del Instituto de Seguros Sociales, con destino al juzgado de conocimiento, se observa que la misma, prueba la existencia de profesionales universitarios (abogados) directamente contratados por la entidad dentro de su planta de personal, y que corresponde al mismo cargo que desempeñaba el demandante, pues allí se hace constar que para la época se encontraban vinculados dichos empleados del nivel profesional, para lo cual se especificaron las funciones asignadas conforme al artículo 10 de la Resolución 2800 de julio de 1994.

Como quiera que las funciones o actividades que en la realidad ejercía o ejecutaba el promotor del proceso, el tribunal no las obtuvo, de lo estipulado en las cláusulas de los contratos de prestación de servicios suscritos, sino de lo narrado por los testigos, no es de recibo la confrontación que construye la censura entre lo pactado en los mencionados contratos y las funciones relacionadas en la susodicha certificación, a fin de establecer eventuales diferencias en las labores desempeñadas por el accionante.

Como ya se explicó, al ser válido el proceder del tribunal en el sentido de escoger la prueba que mayor persuasión le brinda, se mantiene incólume la conclusión contenida en la sentencia censurada, consistente en que “De los testimonios resulta fácil concluir que el personal de planta, vinculado por contrato de trabajo, y la nómina paralela integrada por quienes suscriben los susodichos contratos de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, desarrollan las funciones encomendadas en forma idéntica dentro del cargo asignado a unos y a otros. Y siendo ello así, resulta inadmisible que en el primero de los casos, sus trabajadores puedan disfrutar de todos los derechos establecidos en la legislación laboral, mientras que los segundos, por virtud de ese camuflaje, sean ajenos a esos beneficios, cuando la verdad es que la única diferencia que existe entre los primeros y los segundos radica únicamente en el rótulo del documento o contrato que suscriben quienes arbitrariamente son tenidos y mal llamados por la entidad accionada como trabajadores independientes. Ese es el criterio que el tribunal viene aplicando y que mantendrá incólume mientras subsistan las circunstancias que permitan deducir, de manera irrefutable, que las relaciones de dicha entidad con sus servidores tienen el carácter de un contrato de trabajo subordinado y remunerado, y no civil o de prestación de servicios, aducido con argumentos que no encuentran sustento jurídico-probatorio en el proceso”.

De otro lado, debe destacarse que la citada certificación de folio 149 y vto., no mencionaba nada referente a la docencia o cátedra que dictaba el actor en la Universidad de Medellín, sin embargo el tribunal no desconoció este hecho, sino que consideró que ello no desvirtuaba la existencia de la relación laboral, ya que con la prueba testimonial se demostraba que a dicho trabajador, su jefa inmediata le había concedido permiso para dictar esas clases.

De ahí que, no se presenta ninguna deficiencia probatoria en la valoración de la mencionada certificación.

5. Al no haberse logrado demostrar un yerro fáctico con el carácter de manifiesto, con prueba apta en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, conforme a la limitación legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no es posible abordar el estudio y critica de la prueba testimonial.

B. Nivelación salarial.

Para dar al traste con esta parte de la acusación, basta con decir, que el recurrente no efectuó la debida critica tendiente a demostrar el yerro fáctico enrostrado y que atañe al tema de la nivelación salarial, lo que hace que se mantenga invariable la decisión del tribunal, con independencia de su acierto, al quedar en pie con los razonamientos inatacados, conservando así la presunción de legalidad que caracteriza todo fallo judicial.

En efecto, el esfuerzo argumentativo del recurrente en tratar de acreditar que el tribunal no realizó un adecuado y completo estudio desde el punto de vista fáctico, de los factores que determinan la plena igualdad de funciones y condiciones de eficiencia, resulta a todas luces insuficiente; por cuanto se dejó libre de ataque los razonamientos y conclusiones de la alzada que son de importancia cardinal, y que soportan la decisión cuestionada, esto es, que para el tribunal apoyado en una decisión judicial anterior suya, resulta suficiente, para estos casos en que no se está pidiendo la igualdad salarial con base en la comparación con otro compañero determinado, sino que se reclama la nivelación salarial por razón del desempeño de un cargo para este asunto el de profesional universitario (abogado), que se demuestre como en efecto ocurrió con la prueba testimonial, que se ejecutaron esas mismas actividades que corresponden a dicho cargo, el cual tiene previamente una remuneración asignada, con independencia de las calidades de trabajo y eficiencia especificas del sujeto que la realiza, para que con ello se pueda ordenar dicha nivelación como procedió el juez de primer grado, argumento que como lo pone de presente la réplica, es más jurídico que fáctico, y por consiguiente, debió controvertirse por la vía adecuada que lo es la directa o del puro derecho.

Por todo lo dicho, el tribunal no pudo cometer los yerros fácticos endilgados, y el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la entidad recurrente demandada, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 6.500.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de abril de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Juan Pablo Elorza Morales le adelanta al Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».