Sentencia SL18301-2017/48283 de octubre 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48283

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Acta 36

Bogotá, D.C., tres de octubre 2017 de dos mil diecisiete.

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que le adelanta Gloria Cecilia Garzón, actuando en nombre propio y en representación de Leydy Johana Cano Garzón.

I. Antecedentes

La mencionada accionante, demandó en proceso ordinario laboral al Instituto de Seguros Sociales, en procura de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir del 9 de enero de 2005, y se condene a su favor y de su menor hija Leydy Johana Cano Garzón, al pago de las mesadas causadas, incluyendo las adicionales, los reajustes de ley, intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación, y las costas.

Como fundamento de tales pedimentos, esgrimió que su cónyuge John Erley Cano Ramírez, falleció el 9 de enero de 2005; que solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante Resolución 1608 de 2007, por no acreditar las 50 semanas en los últimos tres años anteriores al fallecimiento, como lo exige el artículo 12 de Ley 797 de 2003, pese a tener una densidad de 978 cotizaciones en toda su vida laboral, la mayoría antes de la Ley 100 de 1993.

Argumenta que debe aplicarse la ley más favorable, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, dado que el asegurado acredita haber cotizado más de 300 semanas en vigencia del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normatividad de la cual es beneficiario.

El Instituto convocado al proceso al dar contestación a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En relación con los supuestos fácticos que soportan las súplicas, admitió el fallecimiento del asegurado, la negativa de la entidad en otorgar la pensión de sobrevivientes y las razones que adujo para ello; en cuanto a los demás hechos manifestó, que eran apreciaciones subjetivas del apoderado. Propuso como excepciones las siguientes: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes e intereses moratorios, falta de causa para pedir, prescripción, buena fe del ISS, imposibilidad de condena en costas, compensación y la genérica.

En su defensa sostuvo, que el asegurado no cumplió con los requisitos que señala el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, como es el haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su deceso, ni acreditó la fidelidad al sistema; que tampoco demostró tener la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez y para dejar causado el derecho a la prestación de sobrevivencia; ello conforme al parágrafo 1º de la primera de las normas citadas, que remite al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, puesto que solo tenía 978 semanas, por lo que esa entidad le otorgó la indemnización sustitutiva.

II. Sentencia de primera instancia

La Juez Séptima Laboral Adjunta del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia con la sentencia que data del 19 de diciembre de 2008, en la que absolvió al Instituto de Seguros Sociales.

III. Sentencia de segunda instancia

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, desató el recurso de apelación que interpusiera la parte actora, mediante providencia del 28 de mayo de 2010, revocó el fallo absolutorio de primer grado e impuso condena por concepto de pensión de sobrevivientes e intereses moratorios.

En lo que interesa al recurso de casación, el juez de apelaciones, indicó que el señor John Erley Cano Ramírez por haber fallecido el 9 de enero de 2005, requería para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, cumplir con los requisitos que para el momento exigía el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual transcribe, para luego señalar que, conforme a esa disposición el afiliado debió cotizar 50 semanas en los últimos tres años anteriores al fallecimiento y cumplir el requisito de fidelidad o bien “haber cotizado el número mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media para causar su pensión de vejez (…)”.

Argumentó igualmente que, el causante nació el 23 de julio de 1951, estaba afiliado al ISS al 1º de abril de 1994 y no se trasladó al RAIS, por lo que conservó el régimen de transición del cual era beneficiario, por lo que de haber alcanzado los 60 años de edad, hubiera tenido derecho a que su pensión de vejez se otorgara con fundamento en el Decreto 758/90, el cual tenía contemplado como requisito mínimo de semanas 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1000 en cualquier tiempo.

Con fundamento en lo anterior, concluyó:

“De la prueba obrante a fls. 22-27 y 44-59 del expediente, la cual no ha merecido reproche de las partes, se concluye que el afiliado alcanzó a cotizar 1172,5714, de las cuales, 128,5714 fueron cotizadas a través de Prosperar, es decir en el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (fls. 44-45).

De lo anterior se desprende que la pensión de sobrevivientes sí fue causada por el afiliado, por lo que el Instituto de Seguros Sociales adeuda a las demandantes, en proporción del 50% para cada una, las mesadas que se hayan causado a partir de enero 10 de 2005, día siguiente a la ocurrencia del fallecimiento del señor Cano Ramírez”.

Manifestó que a la menor se le reconocería la pensión de sobrevivientes hasta los 18 años de edad, por cuanto no obra certificado de estudios, debiendo acrecer la pensión a favor de la cónyuge, a partir del 20 de diciembre de 2009.

Estableció que la pensión equivalía al mínimo legal mensual vigente para el año 2005, y que el retroactivo causado hasta el 31 de mayo de 2010 ascendía a $ 33.002.950.

De igual forma, ordenó el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que indicó se causaban desde el 5 de junio de 2007, en razón a que la reclamación administrativa se elevó el 4 de abril del mismo año.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

La censura con el recurso extraordinario persigue, que se case la sentencia impugnada y que la Corte, en sede de “segunda instancia”, confirme en su integridad el fallo de primer grado.

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera, frente al que no hubo réplica.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia por “la vía directa, de haber interpretado erróneamente el artículos 46 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003), lo que motivó la aplicación indebida de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.

Para la sustentación del cargo, el recurrente comienza por señalar que el Tribunal, consideró como fundamento esencial de su decisión que era innecesario aplicar el referido principio constitucional, por cuanto la pensión de sobrevivientes sí fue causada por el afiliado, transcribiendo varios apartes de esa providencia, para luego indicar:

“En síntesis, el tribunal consideró que la pensión de sobrevivientes consagrada en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se puede obtener de dos maneras diversas: a) cotizando 50 semanas en los tres anteriores al fallecimiento del afiliado y, b) cotizando las semanas mínimas para la obtención de la pensión de vejez, hermenéutica que en puridad, es abiertamente desacertada.

En efecto, basta estudiar la evolución que en el derecho positivo ha tenido la referida prestación para advertir el yerro interpretativo que se endilga al tribunal.

En el Acuerdo 49 de 1990 aprobado mediante decreto 758 de ese año, se establecía un doble esquema para la obtención de la pensión de sobrevivientes: 1. el de un número de cotizaciones calificadas por su enlace con la fecha del fallecimiento del afiliado: 150 semanas de cotización en los seis años anteriores a la muerte y, 2. el del número que opera bajo la regla de un mínimo vitalicio: 300 semanas en cualquier tiempo.

La Ley 100 de 1993 eliminó el primer esquema, y dejó sólo vigente el segundo, reduciendo el guarismo de semanas a 26, en cualquier tiempo si el afiliado era cotizante, y si no lo era, 26 en el año anterior a la muerte.

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003, actualmente vigente, establece como condición para obtener la pensión de sobrevivientes, que el afiliado hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento, y nadie puede, por lo tanto, hacerse acreedor a una pensión de tal naturaleza, soslayando o dejando de cumplir con el requisito de las densidad de semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento del afiliado.

Por lo tanto, el referido precepto no consagra, como parece entenderlo el tribunal, dos opciones parar obtener la pensión de sobrevivientes, es decir, una con las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores al fallecimiento y otra con las mínimas previstas para obtener la pensión de vejez. No. la pensión de sobrevivientes tal cual la consagra el artículo 12 de la ley 797 de 2003 requiere inexorablemente y, como regla general, las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores al fallecimiento.

El parágrafo del artículo 12, de manera excepcional, dejó a salvo la situación jurídica de aquellas personas que después de la entrada en vigencia de la ley, fallecieran y no hubieren tramitado recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, caso en el cual sus beneficiarios tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes, “en los términos de esta ley”, exigiéndose solamente la cotización de las semanas mínimas requeridas en el régimen de prima, anterior a su fallecimiento, que como antes se acotó eran 26.

La alusión que en el parágrafo se hace a la “indemnización sustitutiva de la pensión de vejez” y a la “devolución de saldos”, refiere a dos situaciones legales previstas en el artículo 37 y 66 de la Ley 100 de 1993 que pueden presentarse bien en el régimen solidario de prima media con prestación definida, la primera, ora en el régimen de ahorro con solidaridad, la segunda, respectivamente.

El primer caso, cobija a las personas que tienen la edad para obtener pensión de vejez, pero no han cotizado el número de semanas mínima exigidas y declaran su imposibilidad de continuar cotizando, y el segundo, a quienes teniendo la edad para pensionarse no hayan cotizado el número de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo legal”.

Con fundamento en lo anterior arguye que, el tribunal entendió que el parágrafo del artículo 12, permite obtener la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del afiliado que haya ““cotizado el número mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media para causar su pensión de vejez”“; que si ello fuera así, ningún sentido tendría la alusión que se hace en tal disposición a las situaciones previstas en los artículos 37 y 66 de la Ley 100 de 1993, que prevén precisamente lo contrario, eventos en los cuales el afiliado en ninguno de los dos sistemas de pensiones podrá hacerse acreedor a una pensión de vejez.

Agrega, que si el juez colegiado no hubiere interpretado erróneamente las disposiciones sustanciales mencionadas en el encabezamiento del cargo, cabría concluido que no era posible conceder la pensión de sobrevivientes a la demandante, como acertadamente lo dispuso el juez a quo.

VII. Se considera

Dada la vía escogida, los siguientes supuestos fácticos establecidos por el Tribunal, se mantienen incólumes:

(i) Que el causante estaba afiliado al Instituto de Seguros Sociales para la fecha de su fallecimiento acaecida el 9 de enero de 2005, (ii) Que durante toda su vida laboral había cotizado 1172,5714 semanas y era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto a su entrada en vigencia tenía cumplidos más de 40 años de edad, (iii) Que para el momento en que ocurrió su deceso no se encontraba cotizando al sistema, (iv) Que en los tres (3) años inmediatamente anteriores a su muerte, esto es, en el período comprendido del 9 de enero de 2005 al 9 de enero de 2002, no acreditaba 50 semanas cotizadas, y, (v) Que el ISS mediante la Resolución 16080 de 2007, le negó a la actora y su menor hija la pensión de sobrevivientes, por no reunir los requisitos en cuanto a la densidad de cotizaciones, las cincuenta (50) semanas en los tres (3) años que anteceden al fallecimiento y el de la fidelidad al sistema, que exigía el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en aquella época.

El recurrente acusa la sentencia proferida por el juez colegiado, de haber interpretado erróneamente el parágrafo 1º del artículo 12 de Ley 797 de 2003, y como consecuencia de ello, aplicó indebidamente los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990; lo anterior por cuanto, en su criterio, el tribunal equivocadamente entendió, que el parágrafo del artículo 12 permite obtener la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del afiliado que haya “cotizado el número mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media para causar su pensión de vejez”, argumentando, que si ello fuera así, ningún sentido tendría la alusión que se hace en tal disposición a las situaciones previstas en los artículos 37 y 66 de la ley 100 de 1993, que prevén precisamente lo contrario, eventos en los cuales el afiliado en ninguno de los dos sistemas de pensiones podrá hacerse acreedor a una pensión de vejez.

Para dar respuesta a las recriminaciones que el censor le endilga al fallo de segunda instancia, debe señalar la Sala desde ahora, que el cargo no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en ningún yerro jurídico incurrió el tribunal en su providencia, en tanto que dicho criterio se muestra acorde con la posición pacífica de esta Sala sobre ese particular aspecto, como se pasa a explicar.

En primer lugar debe indicarse que fue acertada la conclusión del juez colegiado al señalar que por regla general, la norma aplicable es aquella que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del causante, y como este evento aconteció el 9 de enero de 2005, la disposición que gobierna la situación pensional de la demandante, es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Tal normativa exige como requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, que el asegurado haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de su deceso, y siendo un hecho indiscutido que en este caso no se acreditó la densidad de semanas requeridas en el lapso comprendido entre el 9 de enero de 2002 al 9 de enero de 2005, fácilmente se deduce que bajo esta preceptiva no tiene derecho a la prestación deprecada, como acertadamente lo concluyó el ad quem.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta igualmente que, el parágrafo del citado artículo 12, también prevé, la posibilidad de acceder a la pensión desobrevivientes, cuando el “afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento”, para tener derecho a la prestación por vejez, como efectivamente se advierte fue el análisis que realizó el juez de segundo grado, quien luego de transcribir dicha normativa, señaló:

“Así pues, el afiliado o bien debió cotizar 50 semanas en los últimos tres años anteriores al fallecimiento y cumplir el requisito de fidelidad o bien haber cotizado el número mínimo de semanas requeridas en el régimen de prima media paracausar su pensión de vejez y no haber reclamado dicha pensión o haber recibido indemnización sustitutiva o devolución de saldos por ella (negrillas y subrayado fuera de texto).

En este caso, por haber nacido el señor John Erley Cano Ramírez el 23 de Julio de 1951 (fl. 14), haber estado afiliado al Instituto de Seguros Sociales al 1º de abril de 1994 y no haberse trasladado al RAIS, se tiene que conservó el régimen de transición del que se hizo beneficiario en la fecha indicada, por lo que, de haber alcanzado la edad de 60 años, hubiera tenido derecho a que su pensión de vejez hubiera sido determinada en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1990, el cual tenía contemplado como requisito mínimo de semanas, o bien 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o bien 1000 en cualquier tiempo.

De la prueba obrante a fls. 22-27 y 44-59 del expediente, la cual no ha merecido reproche de las partes, se concluye que el afiliado alcanzó a cotizar 1172,5714, de las cuales, 128,5714 fueron cotizadas a través de Prosperar, es decir en el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (fls. 44-45) (negrillas fuera de texto).

El anterior razonamiento realizado por el tribunal, no se muestra equivocado, puesto que efectivamente, es esa la intelección e interpretación que se le debe dar al parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, esto es que, si el afiliado antes de su fallecimiento ha cotizado el número de semanas requerido para acceder a la pensión de vejez, exigido en el régimen de prima media, sus beneficiarios tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley, como de manera reiterada lo ha dicho esta Sala.

Y siendo el causante beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aspecto fáctico no discutido por el censor, la norma que cobijaba al asegurado fallecido para efectos del reconocimiento de esta prestación, era el Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como de manera atinada se concluyó en la decisión de segunda instancia.

Acorde con la anterior conclusión, al encontrarse acreditado con la historia laboral que el afiliado contaba con una densidad de 1172,5714 semanas al momento de su fallecimiento, sobre lo que tampoco hubo discusión por el recurrente, tal situación conllevaba necesariamente a ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme lo decidió el fallador de segundo grado, puesto que dicho número de cotizaciones supera las exigidas en el literal b) del artículo 12 del mencionado A. 049/90, para acceder a la pensión de vejez, esto es, las 1000 en cualquier época, dejando así causado tal derecho a favor de sus beneficiarios.

Sobre este aspecto, se pronunció esta Sala en la Sentencia CSJ SL10136-2015, rad. 58180, en donde asentó:

“Y ello es así, porque siendo igualmente indiscutido que la norma que regula el caso es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en la forma como modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, de ninguna manera es posible concluir, como lo propone la censura, que cuando ésta establece que “Parágrafo 1ºCuandoun afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley”, lo que se está diciendo por el legislador es que basta con contar con 500 semanas de cotización a la fecha de la muerte del causante para que se cause el derecho, dado que “si el afiliado tuviere 500 semanas entre los 40 y los 60 años y fallece, la muerte le habilita la edad (Ley 12 de 1975) y allí se trataría de un derecho adquirido que él transmite a su causahabientes”, por cuanto lo que paladinamente expresa la norma es que, en defecto de que se cumpla el supuesto de la regla general ‘previamente’ resaltada por el legislador para que los beneficiarios del causante accedan al derecho pensional de sobrevivencia, esto es, la del numeral 2º al cual pertenece el Parágrafo citado, que exige que el causante haya “cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”, podrán hacerlo siempre y cuando “haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento”, y el régimen de ‘prima’ —prima media con prestación definida se entiende—, no es más que el que la misma Ley 100 de 1993 en su artículo 33 previó “en tiempo anterior” al de la vigencia de la misma Ley 797 de 2003, que requería para obtener la pensión de vejez en el régimen solidario de prima media con prestación definida “haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo”, pues como se recuerda, ésta última en su artículo 9º igualmente modificó el mentado artículo 33 para exigir que a partir del 1º de enero de 2005 “el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015” (negrillas fuera de texto).

Por manera que desatinadamente, la recurrente toma como régimen pensional de prima media con prestación definida “en tiempo anterior” al del de validez del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que es el que regula la prestación de sobrevivencia de quienes hubieren fallecido durante ella —cuestión sobre la cual no merece hacerse consideración adicional alguna—, el contemplado por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, olvidando con ello, y sin justificación, por supuesto, que a la par de la entrada en vigencia del artículo 12 mencionado, también se produjo la del artículo 9º de la misma, que modificó el régimen anterior, el contemplado en el artículo 36 original de la Ley 100 de 1993, lo que dio lugar a que el régimen pensional de vejez de prima media con prestación definida “en tiempo anterior” al de los fallecimientos causados durante el término de vigor de la nueva normativa pasara a ser el de la preceptiva original de la socorrida Ley 100 de 1993.

De esa manera es que debe entenderse se brindó una segunda opción a los aspirantes a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los causantes que fallecieran en el término de vigencia de la última normativa pero que, por diversas razones, no acreditaran el número de 50 semanas de cotización durante los 3 años anteriores al deceso de aquél. No como lo insinúa, propone o plantea la recurrente, en el sentido de que el régimen pensional de vejez de prima media con prestación definida “en tiempo anterior” al que se refiere el aludido Parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 es el que se contemplaba en el artículo 12 del señalado Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, y en el que se previó como excepción a la regla general de densidad de cotizaciones de 1.000, la ‘mínima’ de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional (negrillas fuera de texto).

A lo dicho cabe agregar que los beneficiarios de las personas amparadas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o sea, de quienes contaban con 35 años de edad, en caso de ser mujer, o 40 de ser hombres, o con 15 años de servicio a la entrada en vigencia de su normativa, pero que fallecieren en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, también cuentan con la posibilidad de acudir al régimen pensional de vejez de prima media con prestación definida, que ha entendido la jurisprudencia de la Corte es el que se desarrollaba a través de los Acuerdos del Instituto de Seguros Sociales, siendo el último de ellos el del artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, siempre y cuando se cumpla con cualquiera de las dos hipótesis sobre densidad de cotizaciones allí previstas para acceder a dicha pensión de vejez, en otras palabras, que se acrediten 1.000 semanas de cotización en toda la vida laboral o por lo menos 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad pensional, para el caso, de la fecha del fallecimiento.

En términos similares se ha pronunciado la Sala, entre otras, en Sentencia SL6629-2015, rad.47966, Sentencia CSJ SL 31 de agosto de 2010, rad. 42628, reiterada en las de 25 enero de 2011 y 22 febrero 2011, rad. 43218 y 46556, respectivamente.

Lo anterior es suficiente para que el cargo no prospere.

No se causan costas en casación por cuanto no hubo réplica.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Gloria Cecilia Garzón actuando en nombre propio y en representación de su hija Leydy Johana Cano Garzón contra el Instituto De Seguros Sociales.

Sin costas

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.