Sentencia 18569-2016/49396 de noviembre 23 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 49396

SL18569-2016

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 44

Bogotá, D. C., veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, “revoque la decisión de primer grado, en cuanto negó el pago del auxilio de cesantía, la prima de servicios, la indemnización por despido sin justa causa, la indexación, la indemnización moratoria y las costas a cargo del accionante y, en su lugar, condene a la sociedad enjuiciada en la forma solicitada en la demanda, respecto de esos conceptos y disponga las costas a cargo de la accionada”.

Con tal propósito, por la causal primera de casación, formula 3 cargos, oportunamente replicados.

VI. Cargo primero

Denuncia violación directa, por aplicación indebida y violación de medio, del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, que generó aplicación indebida de “los artículos 249, 253 a 256, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 98 y 99 de la Ley 50 de 1990”.

Dice que no discute la existencia del contrato de trabajo entre el 3 de noviembre de 1992 y el 12 de noviembre de 2002, lo que le permite fundar la acusación en la sentencia de casación 34393 de 24 de agosto de 2010, que reprodujo a espacio, para luego estimar demostrada la trasgresión legal pues según la orientación jurisprudencial, “salta a la vista y, por ende, se establece la denuncia relacionada con las normas sustanciales. Quedando de esa forma demostrado el ataque”.

Como consideraciones de instancia, destaca el valor de $ 146.055.5 adeudado por cesantías del lapso mencionado, con base en un salario mensual de $ 110.000, según el contrato de folio 14.

VII. Réplica

Sobre los 2 primeros cargos, manifiesta que las cesantías están prescritas y que es equivocado que el Tribunal hubiera confirmado la declaración de existencia de un solo contrato de trabajo, puesto que a pesar de que el colegiado confirmó el fallo de primera instancia, el actor fue apelante único, de suerte que a la Universidad no le asistía interés para impugnar por haberle favorecido esa decisión. Sin embargo, dice, durante esos 2 años, medió entre las partes un contrato de prestación de servicios que no genera prestaciones sociales ni salarios, por manera que “no había lugar a imponer condena por cualquier prestación social, por no haber causa lícita que la amparara”.

Asevera que el a quo se equivocó al declarar la existencia de un contrato de trabajo en ese lapso y el juez de la alzada no se pronunció sobre ese punto, de suerte que si se encontraran fundados los cargos, “en instancia llegaría a la conclusión cierta e irrefutable de que no hubo ese contrato de trabajo, sino uno de prestación de servicios”.

VIII. Cargo segundo

Sostiene que la sentencia gravada viola por vía directa, por aplicación indebida, “los artículos 249, 253 a 256, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, en relación con el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral”.

En la demostración, estima que para la prosperidad de esta imputación, resulta suficiente remitirse al mismo pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral, citado en el cargo anterior. En lo demás, reitera lo que expuso para sustentar la primera acusación.

IX. Consideraciones

Contrario a lo que esgrime la réplica, a estas alturas del proceso no es problemático el tema relativo a la existencia de un solo contrato de trabajo como nexo jurídico regulador de la vinculación entre las partes, en tanto así lo resolvió el juzgador de la instancia inicial y lo confirmó el Tribunal, sin oposición de la demandada. De esta suerte, debe partirse del hecho probado de que el contrato de trabajo se prolongó desde el 3 de noviembre de 1992 hasta el 12 de noviembre de 2002.

Sin duda, es escasa la argumentación que presenta el fallo gravado en punto a la ocurrencia de la prescripción, pues se limitó a manifestar que como el artículo 98 de la Ley 50 de 1990 dispuso que el auxilio de cesantía debe liquidarse año por año, se encontraban prescritas las causadas por los años 1992 y 1994, como lo coligió el a quo.

Tal aplicación del artículo fue evidentemente inadecuada, en tanto los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, en ninguna de sus líneas, preceptúan que por el hecho de que la liquidación del auxilio de cesantías deba hacerse anualmente, el término de prescripción para reclamar el pago de cada uno de los años causados, comience a correr desde la fecha límite para que el empleador lleve a cabo la consignación del año anterior.

Estima la Sala que una cosa es el plazo legal para que el empleador cumpla con la obligación de consignar el monto de las cesantías causadas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y otra, muy distinta, es cuando termina el contrato de trabajo, que es propiamente el momento desde el cual surge la obligación de satisfacer las sumas causadas por este concepto, pues, durante la ejecución de la relación laboral la obligación de pagar, propiamente dicha, en realidad no se suscita, sino que su deber es depositar la cesantía anual a un fondo para que esta administre tales recursos y los entregue a la finalización del vínculo o en uno de los eventos autorizados por la ley.

De esta suerte, el término prescriptivo no puede comenzar a trascurrir sino desde la fecha en que finaliza el nexo contractual, por manera que se presentó el dislate jurídico endilgado por la censura.

Si bien, durante un tiempo la Sala consideró que el fenómeno extintivo en comento, empezaba a correr individualmente para cada una de las anualidades durante las que se extendiera la relación de trabajo subordinada, tal criterio fue modificado en el sentido recién explicado, de suerte que el que impera actualmente es el que ha sido expuesto en varios pronunciamientos, por ejemplo en sentencias CSJ SL, 24 agos. 2010, Rad. 34393 y CSJ SL, 14 agos. 2012, rad. 41522, en cuanto este beneficio solo se hace exigible a la terminación del contrato, momento en el cual el empleador tiene la obligación de entregarlo directamente al trabajador.

En consecuencia, el cargo es fundado y se casará parcialmente la sentencia impugnada, en la medida en que declaró prescritas las cesantías causadas entre el 3 de noviembre de 1992 y al 28 de febrero de 1994.

X. Cargo tercero

Por vía indirecta, denuncia aplicación indebida de los artículos 19, 58, 62, 64, 65 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 29 y 43 de la Constitución Política y el 8º de la Ley 153 de 1887.

Reprocha la comisión de los siguientes errores de hecho:

“1. Considerar en contra de la evidencia que a través del Acuerdo 4 de 1.999, del Manual de Funciones del Cargo de Síndico y del Acta final de la obra civil, se demuestran los hechos manifestados en la carta de despido.

2. Considerar contra la evidencia, que le asistía razón a la interventora cuando dejó las constancias respectivas en los documentos anexos a los cheques, puesto que no existían dos cotizaciones presentadas por el Jefe de Compras.

3. Considerar en contra de la evidencia, que los hechos relacionados en la carta de terminación del contrato de trabajo si (sic) se realizaron por el demandante y que se encuentran dentro de la prohibición contractual.

4. Considerar en contra de la evidencia, que el demandante no siguió los procedimientos establecidos en el manual de contratación del ente demandado.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la universidad demandada no probó la justa causa que invocó para dar por finalizado el contrato de trabajo del demandante.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el despido del demandante fue notoriamente extemporáneo.

7. No dar por demostrado, estándolo, que el despido del demandante fue injusto.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tenía derecho a la prima legal de servicios correspondiente al segundo semestre de 2.002.

9. No dar por demostrado, estándolo, que la Universidad demandada actuó de mala fe”.

Tales desatinos, sostiene, se originaron en la errónea valoración del contrato de trabajo (fl. 18), la carta despido (fls. 29 y 30), el Acuerdo 4 de 1999 (fls. 31 a 40), el acta final de obra (fl. 94), el manual de funciones del cargo de Síndico (fls. 290 a 293), la investigación interna (fls. 321 a 375). Y por la falta de apreciación de los contratos de obra civil y sus adiciones (fls. 165, 166, 102, 103 y 137), así como por el “análisis deficitario” del testimonio de Nohora Mosquera Bahamón (fls. 429 a 444).

Dice que como en el análisis de la investigación disciplinaria contra el demandante, el ad quem remitió al manual de funciones, acusa la valoración equivocada de la primera, y que cuando se produjo la desvinculación del actor, se hallaba vigente la Ley 789 de 2002.

Asevera que al ser confrontadas las “escasas y poco elocuentes” motivaciones del Tribunal, que reproduce, con el contenido de la carta de despido, “aparecen fácilmente los manifiestos yerros que se le endosan (…)”, pues no se entiende cómo es que no se percató de que en el Acuerdo 4 de 1999, también se exigía responsabilidad al presidente, que no solamente al síndico, “sin contextualizar la situación sometida a su consideración y sin reparar que ese compromiso pudo o no diluirse al estar sujeto a un número plural de trabajadores”.

Destaca el cumplimiento de los trámites establecidos para la contratación y el pago de parte del demandante, lo cual no fue detectado por el juzgador de la alzada, dada la distorsión en la valoración del Acta 3 de junio de 2001 del Consejo Directivo de la universidad (fls. 339 a 341), que da cuenta de que “ese órgano de dirección contempló las obras de adecuación del anfiteatro como prioritarias y con carácter de urgentes, debido a que eran requisito para obtener la licencia sanitaria, la tenencia de cadáveres y su transporte y de esta forma obtener autorización de los entes gubernamentales y aval para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación”.

Aduce que dicho documento, que fue aportado por la enjuiciada, revela que el valor de las obras de adecuación ascendían a $ 220.000.000.oo; que en esa sesión se planeó para el próximo Consejo la realización de un estudio de factibilidad, lo cual no fue convalidado por el censor de la universidad por tratarse de una obra urgente, por lo cual el presidente de la entidad lo sometió a decisión del Consejo.

Con base en esa urgencia, prosigue, este directivo suscribió el 18 de diciembre de 2001, el contrato de obra civil que no fue apreciado por el ad quem, con lo que se acredita que sí se satisfizo lo dispuesto en la reunión del consejo directivo, a la cual asistió el síndico de la corporación; por ello, dice que “no es cierto que hubiese incumplido procedimientos para contratación y, además, que fuese menester dos cotizaciones, por su cuantía, como mal lo entendió el Tribunal, hechos que ni siquiera se reprocharon en la carta de terminación”.

Sostiene que el acta final de obra (fl. 94) fue mal apreciada, porque allí quedó registrado que fue recibida a satisfacción, en los términos recogidos en el acta del acuerdo del consejo directivo, con la participación del interventor del proyecto, tal cual lo explicó en el documento que corre a folios 335 y 336. Enseguida, discurre:

“El manual de funciones de folio 290 a 293 y al que se refirió el sentenciador (el cual forma parte del expediente que ordenó el Consejo Directivo portada amarilla folio 285ª y por ello se denuncia como prueba indebidamente apreciada) consagra en el numeral 21, que se debe refrendar en forma conjunta con la firma del delegado personal del Presidente todos los pagos, razón suficiente para comprender que si el Presidente o su delegado autorizó, obvio, siguiendo las directrices del Consejo Directivo y las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de obra civil, se tiene que lo único que hizo el demandante fue avalar con su firma la decisión de aquel y del propio Consejo Directivo ante la urgencia de las obras del Anfiteatro.

Ahora bien, debe resaltarse que el cargo imputado, en la carta de terminación, obedece al hecho de haberse realizado los pagos por concepto de honorarios por valor de $ 152.305.066 y $ 12.368.456, respectivamente, bajo el errado criterio [de] que la revisoría —pretendiendo desconocer el Acta 3 del Consejo Directivo— hubiese consignado en los comprobantes de egreso “cancelar previa certificación de la Secretaría Seccional de aprobación de Consiliatura”, pero en ningún momento discutió que las obras de adecuación no se hubiesen recibido a satisfacción, debiéndose insistir, que las obras fueron conocidas previamente por la dependencia que debía brindar la aprobación que, inexplicablemente, reclamó la auditoría interna.

Así mismo, debe discutirse el hecho [de] que en la carta de terminación del contrato se hubiese indicado que esa decisión la adoptó el Honorable Consejo Directivo de la Seccional, el día 9 de mayo de 2.002, es decir con seis meses de antelación a la fecha en la cual se hizo efectiva, de acuerdo con los trámites y las conclusiones que fueron plasmados en el expediente Nº 003-04- 2002, investigación que fue incorporada al informativo por la sociedad demandada y corre a folios 321 a 375, indagación que ordenó ese órgano de dirección desde el día 21 de febrero de 2.002 según lo acredita el documento de folio 375.

Sin embargo, y en forma inexplicable(mente), solo se presentó un informe de la Censoria (sic) el día 11 de octubre de 2.002, incorporando la decisión el día 16 de octubre de 2.002 y haciéndola efectiva, sorprendentemente, solo el 12 de noviembre de 2.002, es decir en forma notoriamente tardía y sin análisis frente a la forma como se presentaron esos acontecimientos.

Cabe resaltar, igualmente, que si el Consejo Directivo, en el mes de febrero de 2.002, consideró conveniente la decisión de abrir investigación formal en contra del Sindico (sic) de la Universidad, no se puede entender cómo procedió a nombrarlo como Secretario General de la Seccional desde el día 11 de marzo hasta el 9 de mayo del mismo año y que hubiese seguido contando con sus servicios hasta el día 12 de noviembre de 2.002, fecha en la cual terminó el contrato aparentemente con justa causa”.

Agrega que la enjuiciada no demostró la existencia de un solo motivo que justificara el condicionamiento del pago de las obras a la obtención de una certificación “de la Secretaría Seccional de Aprobación de la Consiliatura”, ni la razón de su importancia, a pesar de la prioridad de la construcción del anfiteatro.

Expone que si bien en el informe de folios 321 a 330 se relacionaron “una serie de medios sobre los cuales no recayó ninguna apreciación”, curiosamente le fue imputada responsabilidad al demandante por violación de una norma interna, no obstante que en el trámite respectivo hubo intervención de varios empleados, solo con el fin de deshacerse de sus servicios. Luego, afirma:

“Así mismo tampoco puede comprenderse como (sic) no juzgó oportunamente los hechos investigados y, ante todo, que hubiese emitido un pronunciamiento en el que omitió referirse en forma juiciosa y con un análisis de conjunto y en contexto con la situación atinente a la necesidad de iniciar las obras civiles para la adecuación del Anfiteatro, en periodo de vacancia estudiantil, eventos que provocan que se califique como una demandada que procedió en forma alejada de la realidad y con una conducta que no tenía un fin altruista, por el contrario la posición que asumió y la que representa en la sociedad —la universidad demandada—, la ubican en el sendero de la mala fe, toda vez que adelantó una investigación con el único propósito de comprometer los derechos del trabajador demandante y pretermitió en su obrar principios fundamentales, por ejemplo, el debido proceso, y finalizó conculcando el derecho fundamental al trabajo.

Para concluir y no dejar de criticar todos los soportes del fallo censurado, aún cuando el Tribunal solo expresó el nombre de la testigo Nohora Mosquera de Bahamón, basta con advertir que esta persona solamente comentó que no se habían exigido dos cotizaciones y que no se pasó por el comité de compras —hecho que no fue imputado en la carta de terminación—. Estimó, así mismo, que el Presidente y el Sindico (sic) autorizaron las obras —desconociendo que el Acta 3 del Consejo Directivo que establece lo contrario—; expresó, igualmente, que el Presidente y el Síndico autorizaron el pago de las facturas a la pagadora de la entidad y que la[s] directivas nacionales estaban de vacaciones - ignorando que precisamente esa fecha fue la ideal para emprender las obras del Anfiteatro. Entonces, lo expresado además de equivocado, se aleja del contenido de los medios calificados en casación que anteriormente se analizaron. Debe insistirse que aún cuando el Tribunal no indicó expresamente que fue lo que manifestó la testigo, la sola referencia hace que la censura levante crítica frente a esos comentarios, por ser equivocados y, por ende, haber sido indebidamente analizada esa herramienta de convicción”.

Por último, dice que con la demostración de los errores de hecho, “por sustracción de materia” fluye evidente el desacierto con la prima de servicios del segundo semestre, no cancelada pretextando el despido por justa causa.

XI. Réplica

Aduce que la extemporaneidad del despido no fue alegada en la demanda inicial, de donde se sigue que es un hecho nuevo en casación y que, solo a manera de alegato de instancia, la censura se refiere al argumento del Tribunal relativo a la falta de presentación de 2 cotizaciones que debía presentar el jefe de compras, conforme lo imponía el numeral 3º del artículo 12 del Acuerdo 4. Recaba en la buena fe con que siempre actuó.

XII. Consideraciones

Según se lee en la misiva de folios 29 a 30, la terminación unilateral del contrato de trabajo del demandante obedeció a que el señor Sarria, al pagar a los contratistas Luis Fernando Ramírez y Germán Medina:

“(…) noverificóelcumplimientodelReglamentode Contratación,ComprasyPagosemanadosdelaH.Consiliatura delaCorporaciónUniversidadLibre(Acuerdo4del3demarzo de1999)omisiónquecorroboróalfirmarlosrespectivoscheques, hecho plenamente demostrado no solo con su actuación no justificada frente a la normatividad reguladora de tales actividades, sino también con la comunicación AUD-2002 del 17 de mayo del presente año emanada de la Auditoría Interna en respuesta a la solicitud de la Censoría Delegada, en virtud de la cual en los comprobantes de egreso quedó impresa la nota de “cancelar previa certificación de la Secretaría Seccional de Aprobación de la Consiliatura” así como de las constancias y declaraciones rendidas por las personas encargadas de elaborar los cheques y comprobantes de pago y con la cancelación que finalmente se les realizó a los contratistas e interventores de la obra contratada, hechos y probanzas que permitieron que la investigación concluyera que su proceder implicó una violación al Acuerdo 4 de 1999, artículo 14 que trata “De los pagos”; en su numeral 3º, que reza: “El cheque mediante el cual se realiza el pago, será girado y firmado por el Presidente o su Delegado y el Síndico. Antes de su firma estos funcionarios y el Auditor Interno verificarán el cumplimiento de los procedimientos de contratación y pago, y la acreditación de los bienes recibidos o los servicios prestados (…), situación que conlleva a determinar que además de la violación de la norma citada incumplió con la obligación contractual como Síndico de “cumplir y hacer cumplir la ley, los Estatutos y Reglamentos de la Universidad”, como dice el numeral primero: De las funciones y responsabilidades contenidas en el manual de funciones, incurrió en la conducta calificada como grave en la cláusula 6ª de su contrato individual de trabajo (…) que estableció: “Son justas causas para poner término a este contrato, unilateralmente las enumeradas en el artículo 7º, literal a), del Decreto 2351/65 y además por parte del empleador, la siguiente falta que para el efecto se califica como grave:

“a) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias”. De lo cual es imperativo concluir que su actuación en el caso investigado por la Censoría tipifica una clara y grave violación de los Reglamentos y Procedimientos que como Síndico de la Universidad le eran de obligatorio y cabal cumplimiento así como de las obligaciones contractuales laborales que dan fundamento para que el Consejo Directivo en su sesión del pasado 11 de Octubre, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 49 de los Estatutos de la Corporación (…), haya decidido por unanimidad, cancelar su contrato de trabajo con justa causa a partir de la fecha de esta comunicación por violación de los reglamentos de la Universidad y específicamente del numeral 3º del artículo 14 del Acuerdo 4 de 1999, de las normas contractuales y estatutarias de la Corporación en con lo preceptuado en la cláusula 6ª de su contrato de trabajo y el literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 y artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Para el Tribunal, las imputaciones realizadas al demandante en la carta de despido “como justa causa para la terminación del contrato de trabajo, si (sic) se realizaron por el demandante y se encuentran dentro de la prohibición contractual de “desconocimiento de las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias”, pues el empleado no siguió los procedimientos establecidos en el manual para contratación del ente demandado”, en la medida en que incumplió lo impuesto por el artículo 14, numeral 3º, del Acuerdo 4 de 1999, que impone que el cheque mediante el cual se realiza un pago deberá ser firmado por el presidente y el síndico, previa verificación del cumplimiento de los procedimientos de contratación y pago, así como “la acreditación de los bienes recibidos o los servicios prestados”.

Según el manual de funciones, el síndico debe refrendar con su firma, junto con el delegado del presidente, todos los pagos y desembolsos y como según el acta final de entrega de la obra (fl. 94) el valor del contrato era de $ 97.990.787, la interventoría hizo bien al dejar constancia “pues no existían dos cotizaciones presentadas por el Jefe de compras, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 numeral 3º del Acuerdo 4 (…)”.

Objetivamente, entre los folios 290 y 293 del expediente, milita el manual de funciones del cargo de síndico de la persona jurídica accionada; según el numeral 21 del capítulo III, le corresponde “Refrendar con su firma conjuntamente con el Delegado Personal del Presidente, o por quien señale la Honorable Consiliatura o el Consejo Directivo todos los pagos y desembolsos que realice la seccional para el cumplimiento de sus funciones”.

De lo anterior, fluye que el accionante no faltó a su deber de firmar los cheques mediante los cuales se pagaron las obras de remodelación del anfiteatro de la facultad de medicina de la universidad, lo cual tampoco es reprochado por el ad quem, sino que lo enrostrado es que debido a que según el acta final de entrega, el valor de las obras alcanzó el equivalente a 342 salarios mínimos legales vigentes de la época, la falta del actor radicó en no haber exigido 2 cotizaciones presentadas por el jefe de compras, en los términos del numeral 3º del artículo 12 del Acuerdo 4, que reglamenta la contratación, las compras y los pagos.

Esta inferencia es acertada, pues fue esta la falta que la empleadora imputó al demandante como causal de despido, tal cual se desprende del aparte subrayado de la trascripción que en extenso se hizo, toda vez que aunque la obligación de obtener, por lo menos 2 cotizaciones, gravitaba sobre el jefe de compras, lo cierto es que el síndico, antes de firmar los cheques sí debía verificar “el cumplimiento de los procedimientos de contratación y pago, y la acreditación de los bienes recibidos o los servicios prestados”, según el numeral 3º del artículo 14 del reglamento de contratación, compras y pagos —Acuerdo 4 de 1999— que milita entre los folios 31 y 40 del expediente.

De esta suerte, es evidente que el demandante sí desatendió la obligación que le imponía el numeral 3º del artículo 14 del Acuerdo 4 de 1999, en la medida en que omitió verificar “el cumplimiento de los procedimientos de contratación y pago, y la acreditación de los bienes recibidos o los servicios prestados”, en tanto no existe elemento de juicio indicativo de que se hubiera ocupado de constatar, antes de firmar los cheques con los que se pagó al contratista y al interventor, si el contratista que ejecutó la obra se encontraba inscrito en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio (arts. 8º y 10 - fl. 35); además, si el jefe de compras había obtenido “en sobre cerrado, por lo menos dos (2) cotizaciones en el mercado, teniendo en cuenta el registro de proveedores de la Cámara de Comercio (…)”, como lo exige el numeral 3 del artículo 12 del reglamento de contratación, compras y pagos (fls. 31 a 40), y si la obra satisfacía los requerimientos técnicos y era adecuada a los fines para los que fue contratada.

Adicionalmente, conviene destacar la falta de demostración de la urgencia para el adelantamiento de las obras de remodelación del anfiteatro de la facultad de medicina, enarbolada por el actor como motivo para justificar la pretermisión de los trámites previstos en el varias veces citado Acuerdo 4 de 1999, en tanto vistas las copias parciales del acta Nº 3 de 12 de junio de 2001 de la reunión del Consejo Directivo (fls. 339 a 342), aunque se debatió lo concerniente a la necesidad de las obras, nada se mencionó sobre la urgencia de su adelantamiento y menos en los meses de vacancia académica y administrativa, que hiciera necesario prescindir de algunos trámites exigidos en los reglamentos referidos.

Por el contrario, de lo que da cuenta el documento adosado a folios 343 y 344, es de que la auditora interna de la Corporación, dirigió al delegado del censor una misiva en la que le informa sobre la glosa que le hizo al cheque con el que se pretendía pagar al contratista, a título de anticipo, el 75% del valor del contrato por remodelación del anfiteatro, y supeditó el desembolso a la aprobación de la consiliatura de la universidad, debido a la carencia de autorización de la obra por parte de dicho estamento; igual situación, se presentó con el cheque girado al interventor de la obra.

Vistas así las cosas, los documentos de folios 18 y 29 a 30, solo demuestran la celebración de un contrato de trabajo a término definido entre las partes, terminado unilateralmente por la empleadora; igual sucede con el Acuerdo 4 de 1999 (fls. 31 a 40), según el cual al Síndico y al delegado del presidente de la Corporación les corresponde no solo firmar el cheque mediante el cual se efectúa el pago, sino además, corroborar el cumplimiento de los procedimientos de contratación y pago, así como verificar que los bienes y los servicios prestados fueron recibidos a satisfacción.

De otra parte, el acta final de obra (fl. 94) da cuenta de que el interventor estampó su firma y que el valor total ejecutado fue de $ 97.911.299.oo, contra un valor contratado de $ 97.990.787.oo, con un saldo a favor de la universidad de $ 79.488.oo. El documento incorporado entre los folios 290 a 293, solo es útil para demostrar cuáles eran las funciones del cargo de síndico de la enjuiciada, al tiempo que la investigación adelantada por el censor de la universidad (fls. 321 a 375) acredita que durante dicho trámite, el accionante no aportó probanza que demostrara las afirmaciones que esgrimió en su defensa, por lo cual fue despedido por la entidad demandada.

Igual acaece con el texto de los contratos de obra civil firmados por el presidente del ente educativo y el contratista, así como con sus adiciones, visibles a folios 165 y 166, así como 102, 103 y 137, los cuales recogen los términos del acuerdo a que llegaron las partes para la remodelación del anfiteatro de la facultad de medicina de la Universidad Libre, seccional Cali.

De lo que viene de decirse, se concluye que la censura no demostró la comisión de algún desatino fáctico por parte del fallador de segunda instancia, menos con la connotación de manifiesto, que pueda dar al traste con la presunción de legalidad y acierto con que viene amparado dicho pronunciamiento, toda vez que no demostró que el accionante hubiera cumplido a cabalidad con las funciones que tenía a su cargo dentro del proceso de contratación, ejecución y entrega de las obras civiles arriba descritas, que le eran exigibles dado el conocimiento que nunca negó tener del Acuerdo 4 de 3 de marzo de 1999.

XIII. Sentencia de instancia

Tal cual lo coligió el ad quem, al juzgador de la instancia inicial tampoco le asistió duda de que entre el 3 de noviembre de 1992 y el 28 de febrero de 1994, la vinculación entre las partes estuvo gobernada por un contrato de trabajo, solo que igual a su superior funcional, consideró prescrito el auxilio de cesantía generado durante ese tiempo. De esta suerte, para revocar esta parte de este pronunciamiento, basta remitirse a lo motivado al resolver los 2 primeros cargos.

Según lo afirmó el demandante y se verifica con el documento adosado al folio 14 del expediente, “los honorarios” percibidos durante el tiempo en que laboró formalmente vinculado por un contrato de prestación de servicios, fue de $ 110.000.oo mensuales, de suerte que el valor del auxilio de cesantía causado entre el 3 de noviembre de 1992 y el 28 de febrero de 1994, asciende a $ 146.055.55, que se indexarán por el lapso transcurrido entre el 12 de noviembre de 2002 y la fecha en que se produzca el pago, de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE.

Lo anterior, significa que no se accederá a imponer la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que se advierte que la demandada actuó con el convencimiento, finalmente equivocado, de que los servicios que prestó dentro del lapso mencionado giraron bajo la égida de un contrato civil de prestación de servicios, independiente y distinto del de trabajo celebrado a partir del 1º de marzo de 1994, toda vez que durante el primero de los mencionados fungió como ayudante, auxiliar y supervisor de inventarios, mientras que durante la ejecución de la relación de trabajo subordinada, se desempeñó como auxiliar de contabilidad, lo cual se estima suficiente demostración de buena fe, en tanto descarta la utilización de aquella modalidad contractual con el propósito de defraudar los intereses del trabajador,

XIV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 12 de mayo de 2010, por una Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Celso Aurelio Sarria Palacios contra Corporación Universidad Libre, Seccional Cali, en cuanto declaró prescritas las cesantías causadas entre el 3 de noviembre de 1992 y el 28 de febrero de 1994. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, revoca parcialmente el fallo dictado el 24 de julio de 2007 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, en cuanto declaró prescritas las cesantías causadas entre el 3 de noviembre de 1992 y el 28 de febrero de 1994. En su lugar, condena a la demandada a pagar al demandante a $ 146.055.55, a título de auxilio de cesantías, que se indexarán por el lapso que transcurra entre el 12 de noviembre de 2002 y la fecha en que se produzca el pago, de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE.

No se imponen costas por el recurso extraordinario, dada su prosperidad parcial. En las instancias, a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».