Sentencia SL18623-2016/45760 de diciembre 6 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL18623-2016

Rad. 45760

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Acta Nº 46

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte CASE la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo en cuanto a su numeral tercero que dispuso absolver a la parte demandada de las demás pretensiones incoadas, y se modifique el numeral segundo que impartió condena únicamente por la suma de $ 685.413,50 por concepto de diferencia en el pago de prestaciones sociales que deberá indexarse, para en su lugar, condenar a los demandados a las súplicas en la forma solicitada en la demanda inicial y/o lo que resulte liquidado en el proceso, confirmando el fallo en lo demás, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación laboral, que no fue replicado, y que a continuación se estudiará.

VI. Cargo único

Acusó la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el D.L. 2351 de 1965 artículo 7, literal b), numerales 2º, 5º, 6º y 8º; las normas del mismo estatuto artículos 55, 57 numerales 4º y 5º, 64 modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 inc. 3º, 65 modificado artículo 29 de esta última ley, 134, 138, 139, 140, 149, 249, 253 (subrogado por el D.L. 2351 art. 17) y 306; la Ley 100 de 1993; artículos 14 del D.L. 2351 de 1965 y 1º de la Ley 995 de 2005, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 177, 252, 253, 254, 268, 269 y 279 del Código de Procedimiento Civil.

Dijo que la anterior transgresión de la ley tuvo origen en la comisión de dos yerros fácticos, consistentes en no haber dado por demostrado, estándolo, que el empleador demandado no actuó de buena fe en la ejecución del contrato de trabajo celebrado con el demandante, el cual se desarrolló del 1º de noviembre de 2004 hasta el 6 de mayo de 2005, a quien no le pagó la remuneración pactada en las condiciones y períodos convenidos, ni guardó absoluto respeto a la dignidad humana de dicho trabajador, habiéndole retenido sumas por salarios y prestaciones sociales que no canceló.

Manifestó que los errores de hecho que anteceden, tuvieron ocurrencia por la errónea apreciación de las pruebas obrantes a folios 33, 34, 44, 45, 46, 127, 130, 131, 149 y 248 a 250; y la falta de valoración de las pruebas visibles a folios 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244 y 245, alusivas al ingreso base de cotización con que se registró la autoliquidación mensual de aportes con destino al ISS y a la EPS Sanitas, para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2005, así como las probanzas de folios 255, 256, 257, 259, 261, 265, 274 y 277, que corresponden a los comprobantes de egreso de los pagos efectuados al actor por concepto de salarios básicos y comisiones, y la documental de folio 212 del expediente.

Para la sustentación, la censura adujo que en lo que atañe al despido indirecto, de los tres motivos que sintetizó el Tribunal como aquellos invocados por el demandante para dar por terminado el contrato de trabajo por causas imputables al empleador, era suficiente por tener acreditado en el plenario el último, esto es, el referente al incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador, ya que se encontraba moroso por más de 60 días, lo cual por si solo justifica dicha finalización del vínculo, y a este aspecto puntual limitó su reproche.

Sostuvo que en el contrato que celebraron las partes a término fijo de tres años (folios 17 a 23), aparecía el cargo del actor de gerente de ventas y mercadeo, con una remuneración inicial de $ 4.000.000 como fija, más un porcentaje del 2.5% para los meses de noviembre y diciembre de 2004 y del 3% para el año 2005, sobre el valor de los recaudos netos correspondiente a comisiones por ventas a nivel nacional. Que en los hechos 17 a 26 de la demanda inicial, se indicó que la empresa accionada no le había cancelado al actor todos los salarios y comisiones debidas, sin que entre las partes se llegara a configurar un salario integral.

Arguyó que no existiendo controversia en relación a los extremos temporales de la relación laboral ni del salario devengado, que:

“corresponde determinar con toda precisión las sumas registradas por el empleador como devengadas por el trabajador durante el tiempo que duró la relación de trabajo (1º de noviembre de 2004 al 6 de mayo de 2005) y la verificación de su pago al actor conforme a los comprobantes presentados por la parte demandada y debidamente suscritos por el actor. Para esto nos valemos de los documentos aportados por el patrono y los cuales no fueron apreciados por el Ad quem: Los folios 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, registran el monto salarial mensual o ingreso base de cotización en la autoliquidación mensual de aportes al ISS y a la E.P.S. Sanitas. Y los folios 255, 256, 257, 259, 261, 265, 274 y 277 contentivos de los comprobantes de egreso de los pagos efectuados al actor. Los folios 257 y 261 corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2004 por concepto de comisiones para determinar el valor del salario devengado en esos meses, ya que no aparecen aportes a la seguridad social y por tanto el monto del salario registrado como ingreso base de cotización (…)”.

A reglón seguido, extrajo de las documentales mencionadas los valores por “Suma Fija” y “Comisiones” que asegura devengó el actor, al igual que lo pagado por aportes a la seguridad social, para los años 2004 y 2005, que totaliza la cantidad de $ 35.781.676, para confrontarlo con los salarios recibidos por el demandante según los comprobantes, que en su decir ascienden al valor de $ 17.904.572, existiendo por tanto una diferencia entre estos dos conceptos por la suma de $ 17.877.105, menos el abono que dijo era parcial de la liquidación de salarios y comisiones que practicó el empleador en cuantía de $ 10.000.000 (folio 212), arroja un saldo a favor del promotor del proceso por $ 7.877.105 que asegura no se le ha cancelado.

Esgrimió que los juzgadores de instancia no llevaron a cabo esas operaciones aritméticas, que se extraen de las pruebas que aportó la propia empresa demandada, y que el actor sufrió “los retardos en el pago de sus salarios, hasta el punto que el último abono lo recibió solamente hasta el día 24 de junio del año 2005, es decir 49 días después de haber concluido la relación de trabajo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones patronales (fl. 212)”.

Indicó, que no existe prueba de las cotizaciones a la seguridad social para los meses de noviembre y diciembre de 2004, lo cual estableció el ad quem, quien apreció equivocadamente la certificación expedida por la EPS Sanitas (folio 130), en la que se le informa al trabajador la suspensión de su vinculación a causa del no pago oportuno del mes de marzo de 2005. Que del mismo modo, la liquidación final sufragada al demandante por la empresa (folio 248), no tiene respaldo probatorio en los comprobantes de pago, y en tales condiciones no puede servir como aceptación del trabajador que libere al empleador del cumplimiento de sus obligaciones. Que lo anterior también acredita la mala fe de la empresa convocada al proceso, al intentar con dicha liquidación justificar la moratoria, por el no pago de salarios, además de la política de hostigamiento y malos tratos finalmente indujo al actor a finalizar el vínculo laboral.

Por último expresó, que si por solo salarios se le adeuda al promotor del proceso $ 7.877.105, sin contar con las prestaciones sociales, se configura el incumplimiento reiterado de obligaciones por parte del empleador, así como perjuicios morales y materiales causados al trabajador por la conducta patronal, y por ende, no era dable que se absolviera de la indemnización por despido indirecto y de la moratoria.

VIII. Consideraciones

Conforme a lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal limitó el estudio del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo de primer grado, a dos aspectos puntuales que para el caso en estudio están ligados entre sí, el primero referente al despido indirecto del demandante y el segundo en cuanto al pago de salarios y prestaciones sociales que involucra el tema de si la parte demandada actuó de buena fe en el cumplimiento de tales obligaciones. En este orden se abordará el estudio de la acusación.

1. Despido indirecto:

El Tribunal determinó que el actor no logró demostrar el despido indirecto, que gira en torno a tres puntos: “a. El numeral 2º que corresponde a los malos tratos y las amenazas graves que tuvo el empleador para con el trabajador desde aproximadamente febrero de 2005, b. El numeral 5º en la medida en que el empleador, según la narrativa, ocasionó perjuicios maliciosamente en la prestación del servicio del trabajador, c. Por último, el numeral 6º referente al incumplimiento sistemático de las obligaciones de empleador, pues se encontraba moroso de pagos causados con más de 60 días de antelación”.

La censura no reprochó las razones del fallador de alzada, que lo llevaron a considerar que las pruebas no acreditan los dos primeros puntos, con fundamento en que aquellas no determinan que la empresa demandada haya ejercido en contra del trabajador demandante un maltrato psicológico, hostigamiento o algún tipo de presión, ni tampoco dejan entrever que la empleadora en forma malintencionada le ocasionara perjuicios en la prestación del servicio, por lo que dichas conclusiones permanecen incólumes. El recurrente en cuanto a la súplica que nos ocupa, limitó el ataque al tercer punto que el Tribunal extrajo de la carta de terminación del contrato de trabajo, relativo al incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador, y al cual se contraerá el análisis de la Sala.

La Colegiatura infirió que tampoco el tercer punto de los mencionados se había logrado probar, en esencia por lo siguiente: (i) que la empresa demandada solo dejó de cotizar a salud por el actor el período de febrero de 2005, el cual pagó en mayo de ese año, y al tratarse de un único ciclo no es dable calificarlo como “sistemático pues para ello se requiere que ocurra, como mínimo, más de una vez”; (ii) que la no cancelación de los 6 días laborados del mes de mayo de 2005, en cuanto a salarios y comisiones, no es posible tenerlos como un incumplimiento para la fecha de finalización del nexo contractual, ya que no se había causado siquiera la obligación de pago, por razón de ser la fecha de desvinculación el día 6 de ese mes y año, es así que fueron cancelados después del recaudo de las ventas y con la liquidación final de prestaciones sociales; (iii) que lo que si se presentó fue el incumplimiento parcial en el pago de los salarios de la segunda quincena de febrero y el mes de abril de 2005, pero que ello tampoco se podría tener como sistemático o dirigido a perjudicar al trabajador o inducirlo a su renuncia, como quiera que (a) “de febrero de 2005 se debe decir que el total mensual causado a favor del trabajador, sumados básico más comisiones, ascendió a la suma de $ 6’526.042 (folios 33 y 34). Sobre dicho importe la demandada canceló cumplidamente $ 5’344.541 (folios 36, 44, 45 y 46) quedando un saldo pendiente de tan solo $ 1’181.501 (folio 34) que representa menos del 18% del total, por lo cual ello no se puede interpretar como un incumplimiento determinante del calificativo sistemático” y (b) que “tampoco lo es la segunda quincena de abril, la cual se hizo pagadera solo desde el 30 de abril de 2005 y, teniendo en cuenta que el actor renunció el 6 de mayo de ese mismo año, se obtiene que el empleador si incumplió pero solo por el nimio plazo de 6 días puesto que —se reitera— a la terminación de la relación laboral se pagaron esas sumas”.

Al respecto, el Tribunal no pudo cometer un yerro fáctico con el carácter de ostensible, por cuanto de las pruebas que apreció, efectivamente se desprenden las conclusiones a que arribó, como pasa a explicarse.

De las documentales de fls. 127, 130 y 131, que corresponden a las comunicaciones dirigidas al actor por la EPS Sanitas y la relación de pagos por aportes por salud efectuados por la empresa Pazmiño y Cía. S.E.C. en el año 2005, aparece que los ciclos de enero, febrero, abril y mayo se cancelaron oportunamente, únicamente el de marzo se sufragó de manera retardada, lo cual muestra que la falta de pago oportuno de tales aportes, no fue una constante que permita establecer un incumplimiento sistematizado de la empleadora. Nótese que lo certificado por la EPS no hace mención para nada a los aportes de los ciclos del año 2004.

Del mismo modo, según el documento que contiene el estado de cuenta de pagos pendientes en la liquidación definitiva de prestaciones sociales que corre a folio 248, junto con la relación y comprobante de nómina de folios 249 y 250, cuyo valor probatorio no se puso en duda en las instancias, se observa que la empleadora demandada incluyó el pago de los 6 días de salario y comisiones del mes de mayo de 2005, y como lo puso de presente el Tribunal a la fecha de retiro aún no se había vencido el periodo para su cancelación.

En lo que atañe al salario del mes de febrero de 2005, las planillas de nómina obrantes a folios 33 y 34, registran que quedó pendiente por pagar la suma de $ 1.181.501, que coincide con el valor reportado en el citado documento de folio 248 a cancelar en la liquidación final de prestaciones sociales, lo que significa que si el salario más comisiones en ese mes ascendió a $ 6.526.042, como lo determinó el Tribunal, lo cancelado cumplidamente asciende a $ 5.344.541, resultando razonado que se sostenga que el saldo pendiente “representa menos del 18% del total, por lo cual ello no se puede interpretar como un incumplimiento determinante del calificativo sistemático”.

Por último, frente al salario del mes de abril de 2005, que se debió haber cancelado el 30 de ese mes y año, a la fecha de desvinculación solo habían trascurrido 6 días, y al haberse presentado el retiro del servicio, ese emolumento de conformidad con la citada documental de folio 248 se incluyó en la liquidación final.

Por lo dicho, el Tribunal no distorsionó el contenido de las pruebas reseñas, y las inferencias que obtuvo de ese material probatorio no se muestran descabelladas, por el contrario son razonadas, máxime que los jueces de trabajo tienen la potestad de apreciar libremente las pruebas para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos, en los términos consagrados en el art. 61 del CPT y SS.

Adicionalmente, debe decirse, que no le merece a la Sala ningún reproche que el Tribunal sostenga, que la tardanza en el pago del aporte a la seguridad social en salud por un ciclo y el hecho de que le hubiera quedado debiendo al demandante un saldo menor del salario del mes de febrero de 2005, no deja de ser un incumplimiento contractual, en esta ocasión no se puedan calificar como un proceder “sistemático” en los términos sugeridos por la parte actora hoy recurrente en casación; pues la verdad, no fue una conducta patronal reiterada o continuada, ya que no está probado en el plenario ni con el recurso extraordinario que la empresa demandada estuviera pagando al accionante constantemente los sueldos en forma atrasada sin justificación alguna, o dejado de cancelar la cotización por salud de varios meses, que pusiera en riesgo la situación económica y la subsistencia del trabajador, como este lo asevera en la carta de terminación del contrato visible a folios 122 a 126 que se repite a folios 180 a 184 del cuaderno principal, probanza que no fue denunciada por la censura.

De suerte que, no se presenta el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador demandado de sus obligaciones legales y convencionales, máxime que al poco tiempo hizo todo lo que estaba a su alcance para cubrir el aporte a salud y el saldo por salarios insolutos, como en efecto ocurrió cancelando a la EPS la cotización el 24 de mayo de 2005 y al actor la suma de $ 10.000.000 a título de liquidación de prestaciones sociales (folio 248).

En lo que tiene que ver con el “incumplimiento sistemático” que refiere la codificación laboral, tanto en las justas causas para dar por finalizado un contrato de trabajo por parte del empleador como del trabajador, conviene traer a colación lo expresado por la Sala en sentencia de la CSJ SL, 11 may. 2006 rad. 26951, reiterada en un caso análogo de despido indirecto SL, 9 ago. 2011, rad. 41490, en la que sostuvo:

“(…) Con todo, al margen de lo anterior, es de agregar que la interpretación del Tribunal sobre la causal de despido indirecto que tiene que ver con ‘El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del patrono, de sus obligaciones convencionales y legales’, contenida en el ordinal 6º del literal b) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, y que lo llevó a concluir que la conducta de la empleadora no se enmarcaba dentro de esa causal para dar por terminado el contrato de trabajo por parte de los trabajadores demandantes, al estimar que en el sub lite, fuera de que mediaban razones valederas para haberse atrasado el empleador en el cubrimiento de sueldos en algunos periodos, ‘La mora en el pago de los salarios nunca fue reiterada’, queriendo significar que el incumplimiento debe ser continuado y no ocasional para que se configure la causal; no va en contravía a lo adoctrinado por esta Sala de la Corte sobre el tema, en donde al referirse a la causal del numeral 10 del literal a) de ese mismo ordenamiento, que tiene plena aplicación para esta eventualidad en lo que respecta a lo que debe entenderse por el vocablo “sistemático”, en sentencia del 6 de junio de 1996 radicado 8313, puntualizó: ‘(...) Considera la Sala oportuna la ocasión para referir que la causal 10 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 que faculta al empleador para despedir en forma justa a un trabajador, exige que la inejecución de las obligaciones legales o convencionales sea sistemática, entendiéndose con ello que deba ser regular, periódica o continua, que apunte a demostrar que el trabajador ha tomado la conducta o el propósito de incumplir” (resalta la Sala)’.

Así las cosas, le asiste razón al Tribunal, en el sentido que con las pruebas recaudadas no se logró demostrar los motivos invocados por el demandante, y por tanto no se constituye justa causa comprobada del despido indirecto objeto de debate, que genere el pago de alguna indemnización.

2. Pago de salarios y prestaciones sociales:

Como puede observarse, en la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal en este punto puso de presente, que el juez de primera instancia realizó su propia liquidación de conformidad con las pretensiones de la demanda inaugural, para efectos de determinar de cara a lo liquidado y pagado por la empresa demandada en la liquidación definitiva de prestaciones sociales que se extrae de la documental de folios 248 a 250, “si le fueron cancelados correctamente los conceptos deprecados, operación que resultó incluso en un saldo pendiente favorable al actor”, pero como el demandante en la apelación “no objetó en sí los valores resultantes de la liquidación realizada por la a quo, no hay lugar a pronunciarse sobre los mismos y, sin lugar a mayores consideraciones procederá el Tribunal a confirmar la sentencia apelada”.

Para dar al traste con esta parte de la acusación, basta con señalar que el recurrente no controvirtió siendo imperioso hacerlo, la limitación que del recurso de alzada interpuesto por el demandante hizo el sentenciador de segunda instancia, que lo llevó a no pronunciarse sobre los conceptos y valores que liquidó el a quo en relación con lo pagado por la empresa demandada al trabajador, argumentación que al quedar libre de ataque, no permite que la Corte entre oficiosamente a rebatirlo, toda vez que, como se ha dicho en innumerables ocasiones, la sentencia de instancia goza de la presunción de legalidad y acierto que caracteriza a toda decisión judicial, que solo es posible reexaminar en casación en los puntos que proponga el recurrente.

Además, el ataque en sede de casación de este punto en específico, está orientado a cuestionar la liquidación o pagos que efectuó la empresa demandada al demandante, con base en una serie de pruebas que en decir del censor no fueron apreciadas, sin que la censura se ocupara de derruir el fundamento esencial del Tribunal consistente en no poderse pronunciar, porque el apelante que lo fue el actor, no discutió ni objetó la propia liquidación que elaboró el juez de primer grado para establecer si se había pagado los valores correctos por salarios y prestaciones sociales.

Lo precedente significa, que el esfuerzo argumentativo del recurrente en tratar de acreditar desde el punto de vista fáctico, que al demandante se le quedó adeudando una suma mayor a la que condenó el juez de primera instancia y que confirmó el Tribunal, resulta a todas luces insuficiente, mientras no se hubiere demostrado una equivocación de la alzada en los alcances y limitación que le imprimió al recurso de apelación que implicara que sí debió haberse pronunciado.

Es más, cabe recordar, que sobre un aspecto que no fue materia de pronunciamiento o análisis en la sentencia impugnada, no es viable edificar o estimar un posible error de hecho, pues esta clase de dislates en la valoración probatoria se dan en relación con los yerros en que pudo incurrir el Tribunal, en el estudio que al efecto lleve a cabo.

3. Indemnización moratoria:

Como quiera que el Tribunal no se pronunció sobre los valores resultantes de la liquidación de prestaciones sociales del actor, tampoco hizo ninguna consideración sobre la buena o mala fe de la parte demandada, y por tanto no pudo haber cometido un yerro fáctico en torno a la súplica de la indemnización moratoria, que permita enrostrar una defectuosa valoración probatoria en cuanto a la eventual tardanza de la empleadora, en el pago de los salarios o comisiones pendientes a la finalización del vínculo laboral.

Además, la censura soporta principalmente la mala fe de la parte demandada en el pago de salarios y prestaciones sociales, en cuanto le quedó adeudando al promotor del proceso una suma muy superior a la que dispuso pagar la primera instancia y confirmó el Tribunal, y que en sus cuentas dicha diferencia a favor del trabajador ascendía a la suma de $ 7.877.105, que al no haber logrado demostrarlo, tampoco es factible abrir el camino para establecer que la conducta de los accionados no estuvo revestida de buena fe.

Por todo lo expresado, el Tribunal no cometió ninguno de los errores de hecho endilgados, y por consiguiente el cargo no prospera.

De las costas del recurso extraordinario, no hay lugar a ellas por cuanto no hubo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario que instauró Gilberto Torres Saavedra contra la sociedad Pazmiño y Cía S. en C., Giovanna Pazmiño López, Diana Marcela Pazmiño López, Adolfo Pazmiño López y Senide López Orozco.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».