Sentencia SL18907-2017/55489 de noviembre 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SALA DE DESCONGESTIÓN Nº 1

«EXTRACTOS: IV. Recurso de casación

Presentado por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

La Sala comienza por recordar, una vez más, que acorde con las normas procesales y a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas de técnica que su planteamiento y demostración requieren, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además, debe señalarse, como en numerosas ocasiones lo ha dicho esta Corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el cargo presenta deficiencias técnicas que comprometen su prosperidad, que no son factibles de subsanar de oficio en virtud del carácter dispositivo del recurso extraordinario, tal como en seguida pasa a detallarse:

1. La parte recurrente dirige el ataque por la vía directa, bajo la modalidad de infracción directa de las disposiciones allí enlistadas. No obstante, en el desarrollo del cargo no expone ni explica en que consistió la transgresión acusada desde el punto de vista jurídico, pues en lo que debía ser la argumentación de su ataque, la censura se conformó con relacionar las pretensiones que desconoció el juez de apelaciones y que en su criterio le debían ser reconocidas, y aludir a que su causación se encontraba demostrada.

No encuentra la Sala que la recurrente haya expuesto en qué consistió tal violación de las varias normas sustanciales y constitucionales denunciadas y que relacionó en la proposición jurídica, lo que significa que no hay una debida sustentación del ataque, tendiente a acreditar un yerro jurídico, que lleve a concluir que tales mandatos legales y constitucionales que gobiernen el caso, el Tribunal los hubiere dejado de aplicar por ignorancia o rebeldía.

2. La censura en su ataque, tampoco destruye los pilares fundamentales que soportaron la decisión proferida por el Tribunal, lo cual hace que frente a las pretensiones que afirma se le dejaron de reconocer, se mantendrá incólume la decisión.

En síntesis, la decisión proferida por esa colegiatura, frente al recurso de la demandante en las súplicas denegadas, tuvo como fundamento lo siguiente:

(i) Respecto al pago pretendido de los incrementos salariales desde el año 2000 en un porcentaje del 18.5%, beneficio convencional en relación al salario devengado; aseguró el ad quem que tal petición no hizo parte de las “pretensiones condenatorias en la demanda inicial”, y en tal forma, sostuvo que su estudio en la alzada era improcedente, pues de ninguna manera puede la actora pretender incluir en su recurso súplicas que no fueron presentadas en la oportunidad procesal correspondiente.

(ii) Frente a las reliquidaciones objeto de impugnación de los salarios, de las primas de antigüedad y navidad, intereses a la cesantía y demás acreencias reclamadas con la apelación, señaló el Tribunal que tienen relación directa con los incrementos salariales solicitados; motivo por el que adujo, correrán con la misma suerte de esta pretensión y tampoco serán objeto de estudio en la alzada.

(iii) Sobre la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sostuvo el Tribunal que ésta procede como consecuencia de la mala fe de la demandada en la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y en esa medida “no es de aplicación inmediata”; por el contrario, debe estudiarse la mala fe en que concurra el empleador para retardar el pago de las prestaciones sociales adeudadas; por lo que para el caso de estudio, concluyó que no era procedente su aplicación, dado que la mora en que incurrió la demandada no fue motivada por “mala fe”, sino en su lugar, obedeció al estado liquidatario en el que ésta se encontraba, el cual le impedía dar cabal cumplimiento a sus obligaciones; además que no hay una prueba que resulte suficiente para establecer la mala fe de la empleadora; consideraciones por las que no accedió a condenar a la fundación citada en tal aspecto.

(iv) Finalmente respecto del pago del auxilio de cesantías, causado desde el 1º de abril de 1994 hasta el 10 de julio de 2003, el Tribunal afirmó que sobre tal prestación no operó el fenómeno de la prescripción, razón por la que indicó que se encontraban vigentes los derechos causados con posterioridad al 20 de enero de 2003, sin referirse a los factores salariales para liquidar tal prestación social.

Así las cosas, concluye esta Corporación que esa falta de ataque de los pilares mencionados previamente por la vía adecuada, trae como consecuencia que se mantenga incólume la decisión recurrida, precisamente por estar amparada por la doble presunción de acierto y legalidad. Lo anterior porque no es suficiente que se aluda a supuestos yerros jurídicos, sin especificar en qué consistieron de cara a cada una de las pretensiones denegadas, a lo que se suma que varios de los fundamentos del Tribunal para despachar desfavorablemente tales súplicas son de contenido fáctico, que debieron atacarse por la senda indirecta o de los hechos.

3. De otro lado, no es de recibo desde el ámbito jurídico que se argumente en el cargo que el Tribunal no podía denegar los incrementos salariales y demás acreencias que de ellos se deriven, porque forzosamente debió aplicar el principio o la facultad extra petita de las decisiones laborales, ya que ni siquiera se denunció la violación de medio del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que hubiera conducido a la violación de los preceptos legales sustantivos de orden nacional que consagran los derechos reclamados, ni el ad quem dio por sentado ni previamente está demostrado por la senda adecuada que los hechos que originan esos pedimentos a los cuales no accedió la alzada, se hubieran discutido y probado en el curso del proceso, para así dar vía libre a acoger esa potestad extra petita, lo que debió acreditarse por la vía indirecta.

4. Por último, lo alegado por la censura en el punto de la indemnización moratoria, que refiere a la conducta desplegada por la demandada en contravía de lo decidido en una sentencia de la Corte Constitucional, es un discernimiento que debió plantearse mediante la comisión de yerros fácticos y no jurídicos, pues no es suficiente que un pronunciamiento constitucional aluda a violación de derechos fundamentales para pregonar la violación de la ley sustancial en casación laboral, sino que era menester que dentro del proceso laboral hubiera quedado probada o evidenciada esa mala fe, lo que no ocurrió según el Tribunal.

Esta Sala en Sentencia CSJ SL1797-2017, nov. 1º/2017, rad. 40947, se refirió al concepto de mala fe desarrollado por la jurisprudencia, en los siguientes términos:

[…]

Se debe recordar que, acorde con la jurisprudencia, la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de probidad y honradez del empleador frente a su trabajador que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de integridad o pulcritud.

Y para establecer ese proceder de buena o mala fe del empleador, se requiere del análisis de las pruebas obrantes en el proceso; en consecuencia, el recurrente en este punto de la indemnización moratoria, desvió el ataque.

Lo dicho en precedencia, es suficiente para desestimar el cargo.

IX. Cargo segundo

Acusa la sentencia por la vía indirecta, por falta de aplicación de las siguientes disposiciones:

[…]

Artículo 14, numeral 3º (en cuanto permite acompañar con el escrito de demanda pruebas documentales que se tengan), artículo 25, numeral 9º (en cuanto autoriza la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba), artículo 40 (en cuanto consagra el principio de libertad para los actos del proceso), artículo 51 (en cuanto admite como medios de prueba todos los establecidos en la ley), artículo 61 (en cuanto le otorga al Juez la facultad de formar libremente su convencimiento sobre los hechos aducidos en el proceso), igualmente se consideran violadas las siguientes disposiciones del Código de Procedimiento Civil, aplicables a este cargo, en razón a lo dispuesto por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para los eventos de analogía: artículo 174 (en cuanto consagra la obligatoriedad de que toda decisión judicial se funde en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso), artículo 175 (en cuanto establece los medios de prueba), artículo 177 (que impone a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que invocan), artículo 187 (en cuanto ordena apreciar las pruebas en conjunto), artículo 251 (que enumera los documentos), artículo 252 (que define el documento autentico), artículo 253 (que determina la forma de aportar los documentos), artículo 254 (que determina el valor probatorio de las copias), artículo 258 (que determina la indivisibilidad y alcance probatorio de los documentos), artículo 262 (que establece qué documentos se consideran públicos), artículo 264 (que establece el alcance probatorio de los documentos públicos).

Además, la violación, también indirecta, en la misma modalidad, de las siguientes normas del Código Sustantivo de Trabajo, en la parte colectiva:

[…] Los artículos 353, subrogado por la Ley 50 de 1990 en su artículo 38, modificado por la Ley 584 del 2000 en su artículo 1º, numeral 1º (el cual consagra el derecho de asociación), artículo 354, subrogado por la Ley 50 de 1990 en su artículo 39 (que consagra la protección del derecho de asociación), artículo 373, numeral 3º (en cuanto consagra como función general de todo sindicato la de celebrar convenciones colectivas), artículo 374, numeral 3º (que faculta a los sindicatos para presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo…), artículo 467 (en cuanto define a la convención colectiva de trabajo), artículo 468 (en cuanto establece el contenido de las convenciones colectivas de trabajo), artículo 469 (en cuanto establece la forma de toda convención colectiva de trabajo), artículo 470 (en cuanto estipula la aplicación de la convención colectiva de trabajo), artículo 478 (en cuanto consagra la prórroga automática de la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo).

Acusa un error de derecho del Tribunal e indica como pruebas documentales solemnes no apreciadas las siguientes:

a) La convención colectiva de trabajo celebrada en el año 1980, obrante a folios 557 a 566 del cuaderno principal.

b) La convención colectiva de trabajo celebrada el 9 de junio de 1982, obrante a folios 648 a 670 del cuaderno principal.

c) La convención colectiva de trabajo celebrada el 13 de noviembre de 1984, obrante a folios 635 a 647 del cuaderno principal.

d) La convención colectiva de trabajo celebrada en abril de 1986, obrante a folios 622 a 634 del cuaderno principal.

e) La convención colectiva de trabajo celebrada el 7 de marzo de 1988, obrante a folios 611 a 620 del cuaderno principal.

f) La convención colectiva de trabajo celebrada el 27 de febrero de 1990, obrante a folios 602 a 610 del cuaderno principal.

g) La convención colectiva de trabajo celebrada en el año 1992, obrante a folios 594 a 601 del cuaderno principal.

h) La convención colectiva de trabajo celebrada el 12 de mayo de 1994, obrante a folios 587 a 593 del cuaderno principal.

i) La convención colectiva de trabajo celebrada el 21 de febrero de 1996, obrante a folios 575 a 586 del cuaderno principal.

j) La convención colectiva de trabajo celebrada el 26 de marzo de 1998, obrante a folios 567 a 574 del cuaderno principal y 88 a 95 del cuaderno 2.

En la demostración del cargo, señala la censura que el Tribunal dejó de reconocer prestaciones convencionales “deprecadas en la demanda inicial”, las cuales fueron negadas por el juez de primer grado, pero estuvieron consignadas en el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, las cuales asegura son “obligatorias en su reconocimiento y pago”.

Agrega que el error de derecho consistió en desconocer esa colegiatura, como prueba el examen de las convenciones colectivas de trabajo incorporadas al plenario, lo que llevó a negar todos aquellos beneficios económicos convencionales, que en caso de haber sido considerados plenamente, habrían derivado en un fallo próspero frente a todas las pretensiones de la demanda inicial.

X. Las réplicas

El departamento de Cundinamarca, señala: “si bien es cierto el Tribunal no analizó las convenciones colectivas de trabajo, lo fue precisamente por haber considerado que la actora tenía la calidad de trabajadora particular sometida a la regulación del Código Sustantivo del Trabajo. Siendo así la decisión de segunda instancia, no podía la señora Milena Reyes Garzón considerarse beneficiaria de tales acuerdos celebrados con el sindicato”; resaltando enfáticamente que esa colegiatura en parte alguna se refirió a la existencia o validez de los mismos.

La Fundación San Juan de Dios, manifiesta que el cargo contiene defectos de técnica, pues en la proposición jurídica, dado el sendero escogido, que fue el de los hechos, la violación de la ley sustancial no puede ser la infracción directa de la ley, sino que “siempre será la aplicación indebida”. Además, señala que en el cargo se mencionan normas del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y del Código de Procedimiento Civil, las cuales no pueden ser atacadas directamente como normas sustanciales de carácter nacional; pues éstas deben dirigirse mediante la violación medio. Ahora bien, si en gracia de discusión, se abordara de fondo el estudio del cargo, sostiene la opositora, que el yerro enrostrado al Tribunal no es acertado, pues éste si analizó las convenciones colectivas de trabajo, solo que las prestaciones que son objeto aquí de estudio, no estaban contempladas en el citado texto convencional y, por ello, no era procedente condenar a las demandadas por dicho concepto. Por todo lo anterior y los errores de técnica enunciados, asegura la fundación que el cargo no está llamado a prosperar.

Enseguida, Bogotá D.C., expone que la censura no demostró efectivamente, que el Tribunal hubiera incurrido en el dislate propuesto, pues por el contrario, sostiene la opositora, que esa colegiatura si referenció las convenciones colectivas que son citadas como no apreciadas; solo que no condenó a las pretensiones alegadas, al no estar contempladas las mismas en el texto convencional; en tal sentido, señala que no se configuró un error de derecho que pueda enrostrarse al juez de segundo grado, por lo que el ataque planteado por la demandante, debe ser desestimado.

Finalmente, la Nación - Ministerio de Hacienda, señala que el cargo propuesto contiene varios errores de técnica que no permiten su prosperidad, dentro estos, mencionó que la proposición jurídica es desacertada, pues señala que allí se acusó de “violación indirecta de la ley sustancial que tuvo incidencia en la parte resolutiva de la sentencia al haber está confirmado el fallo de primera instancia que absolvió a la parte pasiva de todas las pretensiones de la demanda”; afirmación que no coincide en lo absoluto, con lo realmente ocurrido en el proceso. Finalmente agrega, que el submotivo de violación escogido por la censura también es equivocado, pues acude a la “infracción directa”, el cual es una modalidad perteneciente al sendero del puro derecho y no al de la vía indirecta.

XI. Consideraciones

Para desatar el presente cargo, es pertinente recordar que el Tribunal para modificar parcialmente la decisión del a quo, aseguró que las pretensiones referentes al pago de los incrementos salariales correspondientes desde el año 2000 y subsiguientes en un porcentaje del 18.5% y la reliquidación de las primas de antigüedad, navidad, semestral y de vacaciones, no hicieron parte del petitum consagrado en la demanda inicial, en tal medida esa colegiatura concluyó que su alegación en esa instancia no era procedente, y negó lo pretendido.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde ya se advierte que ningún error de derecho cometió el Tribunal, toda vez que el dislate acusado por la censura, en realidad no ocurrió, pues evidencia la Sala, que esa colegiatura si analizó la prueba solemne que refiere la censura, esto es, la convención colectiva de trabajo, tal como se extrae del siguiente aparte de la sentencia impugnada (fl. 23 cdno. tribunal):

[…]

“En cuanto al pago de la prima semestral correspondiente al mes de junio de 2003, encuentra infundada esta Sala la petición elevada por la impugnante, toda vez, que tras el estudio de la convención allegada al proceso no se encuentra ninguna cláusula que contenga la pretendida prestación. Así mismo, y de conformidad a lo contenido en el escrito de apelación, en lo referente a la sustentación de la prima semestral, alega la demandante que a folio 656 del expediente, en el artículo 10 de la convención se encuentra contenida la mencionada prima; sin embargo, observa la Sala que a folio 656 del expediente, si se encuentra copia de la convención colectiva, pero el artículo allí contenido es el Nº 23, el cual consagra los permisos remunerados. De igual forma, el mencionado artículo 10 visible a folio 652 consagra las sanciones por faltas al trabajo, lo cual genera que la argumentación utilizada para solicitar la condena por este concepto sea completamente inadecuada”.

En tal medida, es claro que el Tribunal si efectuó el análisis del texto convencional para definir lo referente a la prima semestral de junio de 2003, sin que se hubiere remitido a ese estatuto frente a las otras peticiones denegadas, pues consideró que no era del caso abordar su estudio, por no hacer parte de las pretensiones incoadas o del petitum de la demanda inaugural con la que dio apertura a la presente contienda, cuya reliquidación de ciertas acreencias dependía de los incrementos salariales que no se demandaron, lo cual no se logró desvirtuar, manteniéndose inmodificable la decisión impugnada en este aspecto puntual, que no configura de ninguna manera un error de derecho, que según lo adoctrinado por esta corporación en Sentencia CSJ SL, ago. 30/2011, rad. 43.968, se presenta:

“Como lo ha explicado suficientemente esta Sala de la Corte, el error de derecho se presenta en aquellos casos en que, en rebeldía contra el mandato legal que restringe la libre apreciación de una prueba, para someterla a la tarifa legal, una de cuyas expresiones es la prueba solemne, el juzgador da por demostrado un hecho con un medio de convicción no autorizado por exigir la ley una formalidad especial para la validez del acto, de suerte que no sea posible admitir su prueba por otro medio o, de igual modo, cuando deja de apreciar una prueba de esa estirpe, estando obligado a hacerlo. Así surge de lo dispuesto por el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación que le introdujo el 60 del Decreto 528 de 1964, norma que señala en lo pertinente que “sólo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza siendo el caso de hacerlo”.

Por lo expresado anteriormente, el ad quem no incurrió en el error de derecho enrostrado, razón por la cual, es suficiente para concluir que el cargo no puede prosperar.

Debe precisar aquí la Sala, que con lo decidido en el caso sub examine, no se está variando la línea jurisprudencial fijada por esta Corte, entre otras, en las sentencias SL17428-2016 y SL5170-2017 y CSJ13275-2017; donde se ha establecido con uniformidad, que la decisión del Consejo de Estado dictada el 8 de marzo de 2005, que declaró la nulidad de los decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, los cuales dieron origen a la fundación demandada, tienen efectos ex tunc “desde siempre”, no ex nunc “desde ahora”, por tanto, el impacto de la nulidad decretada por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa tiene efectos desde la fecha de expedición de tales decretos anulados.

La Sala ha sostenido, precisamente para desatar casos seguidos contra la misma fundación demandada, en la Sentencia SL17428-2016, reiterada en sentencias SL5170-2017 y CSJ SL13743-2017, donde se dijo:

[…]

Tampoco es de recibo el argumento que los servidores de la Fundación San Juan de Dios solo serían empleados públicos a partir de la declaratoria de nulidad de los decretos de creación del centro hospitalario, es decir, desde el año de 2005, en tanto por sabido se tiene, que las sentencias de nulidad del Consejo Estado producen efectos ex tunc, esto es, desde la expedición de los actos administrativos anulados, luego ello significa que la naturaleza jurídica del vínculo laboral de la actora siempre ha sido la de empleada pública.

Finalmente, en cuanto a la incidencia de la sentencia CC SU-484 de 2008, en relación con la calidad de empleados públicos que ostentan los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, se debe hacer mención de lo dicho por esta corporación en Sentencia SL17428-2016, cuando consideró:

[…]

Ahora, en cuanto a que los derechos de los trabajadores que pudieran haber tenido sus relaciones laborales como privadas, regidas por contratos de trabajo, deben prevalecer por sobre todo, para lo cual, la recurrente cita la Sentencia SU-484 de 2008, para la Sala es claro que al anularse los actos de creación de la entidad, los efectos de esa declaratoria no hacen retrotraer sus efectos, es decir, estos son hacía el futuro, tal como se pregona del efecto general de las leyes. Lo que sucede es que esa sentencia, al igual que el auto 286 de junio 23 de 2016, emanado de la Corte Constitucional, como resultado del seguimiento que se hace a la misma, deja a salvo los derechos adquiridos por los trabajadores de la fundación, pero en ningún momento indica, como lo quiere hacer ver la recurrente, que los empleados de la fundación sean trabajadores oficiales o del sector privado. Deja a salvo los derechos de todos, incluidos los empleados públicos.

Si lo anterior no fuera suficiente, en el auto mencionado, la Corte Constitucional indica:

En relación con las decisiones judiciales proferidas con posterioridad a la Sentencia SU-484 de 2008, advertir que sólo se podrán reconocer derechos por relaciones laborales o prestación de servicios, teniendo en cuenta que, en todo caso, dichas relaciones sólo pudieron tener como vigencia máxima las fechas indicadas en los numerales 4º y 5º de la parte resolutiva de la sentencia de unificación.

Se refiere allí al numeral 4º de la sentencia SU ya indicada, en la que se dijo:

4. En relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios, la Corte Constitucional declara que quedaron terminadas el 29 de octubre de 2001:

4.1. Todas las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias —incluida la Ley 6ª de 1945— ó por la ley y el reglamento (las resaltas son del texto).

En ese orden para el caso de estudio no puede darse aplicación al criterio jurisprudencial citado anteriormente, pues advierte la Sala, que además de las deficiencias técnicas que impiden abordar su estudio de fondo, tampoco lo es posible al amparo del principio del reformatio in pejus, el cual cabe recordar, consiste en la prohibición al juez superior de empeorar, agravar o perjudicar la situación del apelante único que busca mejorar su situación.

De esa manera, y dadas las limitaciones que exhibe el cargo, deberá mantenerse en firme la sentencia recurrida, por lo que no hay otro camino que desestimar la acusación.

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente demandante y en favor de las replicantes. En su liquidación que deberá realizar el juez de primer grado tal como lo establece el artículo 366 del Código General del Proceso, inclúyase la suma de $ 3.500.000 a título de agencias en derecho, valor que se distribuirá en partes iguales entre las opositoras departamento de Cundinamarca, Fundación San Juan de Dios en liquidación, Bogotá D.C., y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero de 2011, en el proceso ordinario laboral que Milena Reyes Garzón le adelanta a la Fundación San Juan de Dios en liquidación, la Nación - Ministerio de la Protección Social, Departamento de Cundinamarca y Beneficencia de Cundinamarca, actuación en la cual se ordenó integral el contradictorio con los litisconsortes la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Bogotá D.C.

Costas como se dijo en la parte considerativa.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».