Sentencia SL18908-2017 de noviembre 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 56070

Magistrado Ponente

Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero

Acta 19

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

[...]

VII. Consideraciones

La Sala comienza por precisar que no son materia de inconformidad los siguientes supuestos, en tanto así los dio por demostrados el tribunal y la censura no los controvierte: (i) que la señora Rosalba Peña González, laboró para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca un tiempo total de 6 años, 3 meses y 22 días, y para la Beneficencia del Valle del Cauca EICE 18 años, 3 meses y 29 días, con lo cual para el Estado completó un tiempo de servicios de 24 años, 7 meses y 21 días; (ii) que la demandante nació el 12 de diciembre de 1953, esto es, cumplió 52 años de edad el mismo día y mes del 2005; (iii) que la actora laboró con la demandada hasta el 31 de mayo de 2006; (iv) que la Beneficencia del Valle del Cauca EICE al amparo del inciso 2º del artículo 48 convencional, le reconoció a Rosalba Peña González la pensión de jubilación a partir del 1º de junio de 2006.

El problema a resolver por esta Sala, en síntesis, está centrado en determinar si el tribunal se equivocó, de manera protuberante y manifiesta, en la forma como interpretó el inciso 2º de la cláusula 48 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Beneficencia del Valle del Cauca EICE y Sintraloteben, para la vigencia 2005-2007, al concluir que el citado inciso presenta un vacío frente al ingreso base de liquidación, el cual debe suplirse con lo establecido en la ley vigente para la fecha en que se le otorgó la pensión de jubilación a la demandante.

Previo a resolver tal cuestionamiento, conviene recordar que esta corporación ha definido que la competencia para fijar el sentido y alcance de las normas convencionales, la tienen los juzgadores de instancia dentro de la libertad que en materia de análisis probatorio les confiere la ley, a menos que la labor de apreciación conlleve un desatino de tal magnitud, que configure un error de hecho manifiesto.

Así lo dijo esta Sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 21 de abril de 2004, radicado 21235, en la que adoctrinó:

“Es deber de la Corte reiterar que el objeto del recurso de casación no es fijarle el sentido que pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás puede participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance.

Precisamente en atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo, carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo”.

Más recientemente, en la Sentencia CSJ SL7273-2014, precisó esta corporación:

“En efecto, esta Sala, de manera pacífica, reiterada y unánime ha considerado que no le es dable imponer una exégesis única de las múltiples que puede acoger el juez al resolver un asunto, pues él tiene plena libertad de apreciar las pruebas y de emitir su determinación en ese norte; incluso, así se ha destacado:

“La Corte ha señalado que cuando una cláusula convencional admite diversos entendimientos, si el fallador acoge uno de ellos no puede incurrir en error fáctico que pueda considerarse ostensible, lo cual es aplicable al presente caso en el que la comprensión que tuvo el tribunal de la norma convencional aparece como razonable [...]” (Sent. ago. 14/96, Rad. 8720).

[...].

Debe indicarse, además que tal postura no fue modificada por determinaciones ulteriores en las que si bien se pudieron admitir como razonables entendimientos diversos de la cláusula en comento, ello no significa que la que en este caso adoptó el tribunal sea equivocada, pues en ninguna de aquellas se fijó un sentido único al precepto convencional, como tampoco lo ha hecho la Corte en la presente decisión, ni en la que le sirve de apoyo; en ello no hay una contradicción en el análisis, que, en su calidad de prueba, se ha hecho de la cláusula convencional en comento, sino que es muestra de la soberanía de que gozan los falladores de instancia para valorar las pruebas y la ratificación de que, como quedó dicho, mientras la apreciación del juzgador de un texto convencional se corresponda con su sentido y no sea descabellada no existirá un desacierto fáctico ostensible, porque, como se ha explicado con reiteración, en los casos en que respecto de una misma disposición convencional resulten atendibles diferentes interpretaciones, la circunstancia de que el fallador opte por una de ellas, no puede ser constitutiva de un error evidente o protuberante”.

Y también puntualizó esta Sala, en la Sentencia SL8026-2014, que:

“No puede olvidarse que, tal como lo recordó la oposición, aun cuando la convención colectiva tiene una característica esencial, esto es la de incorporar normas a las relaciones de trabajo, que tienen fuerza jurídica, lo cierto es que también se considera como una prueba, de allí que a los que les corresponde fijar sus alcances y definir los contenidos, cuando las partes han exteriorizado sus discrepancias, es a los jueces del trabajo, los cuales le otorgan el entendimiento, y solo cuando este en verdad riñe con lo consignado, o genera una patente consecuencia no querida por los signatarios es que la Corte puede entrar a fijar el criterio, pero no es el caso que aquí se presenta”.

Pues bien, la cláusula 48 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Beneficencia del Valle del Cauca EICE y Sintraloteben, para la vigencia 2005-2007 (fls. 56 a 83), establece en la parte pertinente lo siguiente:

“Cuando el trabajador cumpla veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos con la Beneficencia del Valle EICE y cincuenta y dos (52) años de edad, la empresa procederá a otorgarle automáticamente su pensión de jubilación con el ochenta por ciento (80%) del salario promedio legal y convencional devengado en el último año de servicios.

En el momento en que el trabajador cumpla veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos con el Estado y cincuenta y dos (52) años de edad y que se encuentre vinculado a la empresa se le otorgará su pensión de jubilación en los porcentajes establecidos en la ley mediante cuotas partes que la Beneficencia del Valle del Cauca EICE hará efectivas a las entidades públicas donde el trabajador haya laborado. [...]” (El aparte resaltado es de la Sala).

La cláusula convencional que se acaba de transcribir y para lo que el recurso de casación interesa, contiene dos supuestos sobre las cuales se configuran las pensiones extralegales allí contempladas: (i) que el trabajador cumpla 20 años de servicios continuos o discontinuos con la Beneficencia del Valle del Cauca EICE y arribe a los 52 años de edad, caso en el cual, la empresa procederá a otorgarle su pensión con el 80% del salario promedio legal y convencional devengado en el último año de servicios, y (ii) que el trabajador cumpla 20 años de servicios continuos o discontinuos con el Estado y 52 años de edad, evento en el cual se le otorgará su pensión en los porcentajes establecidos en la ley mediante cuotas partes que la Beneficencia del Valle del Cauca EICE hará efectivas a las entidades públicas donde el trabajador haya laborado.

En este orden de ideas y como quedó establecido en el proceso y no es materia de discusión, a la señora Rosalba Peña González le fue reconocida su pensión de jubilación convencional teniendo en cuenta el supuesto contemplado en el inciso 2º, que se [resaltó] al transcribir la cláusula convencional, esto es, haber laborado para el Estado por más de 20 años de servicios y arribado a los 52 años de edad (fls. 24 a 28), inciso que efectivamente, como lo consideró el tribunal, guardó silencio frente al ingreso base de liquidación, pues solo se ocupó de precisar que el porcentaje era el establecido en la ley.

Aquí, importante es preciar que el porcentaje de la pensión, monto o tasa de remplazo, es diferente al ingreso base de liquidación, tal como desde antaño lo ha enseñado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que especificó que este corresponde al “promedio de los ingresos salariales que van a servir de base para liquidar la pensión, extraído del periodo señalado en la ley para tal efecto” (CSJ SL, abr. 30/2013, Rad. 40047). Misma postura que acogió expresamente la Corte Constitucional en Sentencia SU230-2015, abandonando con ello el criterio interpretativo de algunas salas de revisión que difuminaban el monto con la base reguladora. Esto dijo el tribunal constitucional:

“[...] la interpretación dada por la Sala Plena de la Corte Constitucional es acorde con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria laboral.

[...] En reiterados pronunciamientos este tribunal de la jurisdicción ordinaria, ha sosteniendo que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conservó para sus beneficiarios la aplicación de la normativa anterior en lo relativo a edad, tiempo de servicios y “monto” de la prestación, pero no en lo relacionado con el “ingreso base de liquidación”, el cual está sometido a la definición consagrada en el inciso 3º del artículo 36 de la citada ley. Para esa corporación el “monto” solo se refiere al porcentaje de la base salarial, sin que esta haga parte integrante de aquel, por lo menos en lo que al régimen de transición se refiere, razón por la cual han precisado que se trata de dos nociones distintas e independientes.

De lo anterior se desprende que para la Corte Suprema de Justicia el régimen anterior no se aplica de manera integral, ya que el monto de la pensión, en lo que atañe al porcentaje, es el señalado en el régimen anterior, pero la base salarial al que se aplica dicho porcentaje se tasa con fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

[...] Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sala evidencia que en el caso del actor no existe vulneración de su derecho al debido proceso, específicamente, no se estructuró el defecto sustantivo alegado, en razón a que si bien existía un precedente jurisprudencial que seguían las salas de revisión para resolver problemas jurídicos como el que ahora el actor pone a consideración de la Corte, lo cierto es que dicho precedente cambió a partir de los recientes pronunciamientos de la Sala Plena, en donde fijan un precedente interpretativo sobre el alcance de los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.

En este orden de ideas, como las partes sumergidas en el conflicto colectivo que culminó con la suscripción del acuerdo convencional 2005-2007, de donde emana el derecho pensional concedido a la demandante, nada dijeron frente al ingreso base de liquidación de la pensión extralegal contemplada en el inciso 2º del artículo 48, que sí lo hicieron para el supuesto previsto en el inciso 1º, resulta razonable que dicho vacío debía suplirse con lo establecido en la ley, como acertadamente lo consideró el tribunal.

Tal razonamiento, en momento alguno deviene en absurdo o irracional como para configurar un yerro fáctico con el carácter de evidente, que es el único que permite direccionar al quebrantamiento de la decisión recurrida; todo lo contrario, racional y lógico, en tanto la pensión de la aquí demandante no se cubre con recursos exclusivos de la Beneficencia del Valle del Cauca EICE que sí ocurre en los casos del inciso 1º, pues para los casos del inciso 2º, para su financiación y pago concurren las demás entidades del Estado, en donde los trabajadores prestaron sus servicios para completar los 20 años allí exigidos, para el asunto concreto la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que no fue parte de la negociación colectiva llevada a cabo entre la demandada y Sintraloteben; por tanto, se alejaría de la naturaleza propia de la negociación colectiva, hacérsele extensiva a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, los efectos del inciso 1º, en razón a que no fue parte de la negociación que finalizó con la celebración de la convención colectiva 2005-2007.

No debe olvidarse que las convenciones colectivas de trabajo son acuerdos de voluntades celebrados entre un sujeto sindical y un empleador para regular las condiciones laborales que han de ordenar los contratos individuales de trabajo durante su vigencia; por lo que, en principio, las disposiciones que pacten las partes en virtud de la negociación colectiva, debe entenderse que tienen vocación de ser aplicadas a situaciones existentes en el lapso que conserve su vigor y entre las partes que las celebran.

Dicho de otra manera, es razonable concluir que la base reguladora prevista en el inciso 1º del artículo 48 del acuerdo convencional que refiere al “[...] salario promedio legal y convencional devengado en el último año de servicios”, solo aplica para cuando la demandada reconoce la pensión de jubilación con tiempo de servicios prestados exclusivamente a la Beneficencia del Valle del Cauca EICE, pues así lo acordaron expresamente las partes en el acuerdo extralegal y a ello quedaron obligadas al suscribirlo.

Tal ingreso base de liquidación, en criterio de la Sala y como lo consideró el ad quem, no puede hacerse extensivo a los eventos contemplados por el inciso 2º de la norma extralegal en cita, en razón a que las partes, contrario a lo sostenido por la censura, no estipularon que dicha base se aplicaría también al supuesto del inciso 2º, ello es sensato y razonado colegirlo en razón a que en el pago de tales pensiones, se itera, concurren otras entidades del Estado que no fueron parte en la negociación, por tanto, no pueden ser obligadas a pagar una pensión extralegal teniendo en cuenta el “[...]salario promedio legal y convencional devengado en el último año de servicios”, que como se dijo, sí ocurre en los casos del inciso 1º, en razón a que es la demandada la única obligada a cubrir dicha prestación.

Aceptar la tesis del recurrente, esto es que el IBL para liquidar la pensión de la actora Peña González es el previsto en el inciso 1º, no solo implicaría desconocer el querer de las partes plasmado en la convención colectiva, sino que y sin fundamento legal alguno, llevaría a imponer unas cargas económicas a las entidades estatales que concurren en el pago de las mismas, lo cual por demás generaría una alteración en los presupuestos de estas entidades que están expresamente regulados.

La Sala debe aclarar que, con la presente decisión, no se está fijando una única lectura posible del texto convencional estudiado, sino que se está respetando uno de los entendimientos a que arribó el tribunal, que es razonado y no descabellado, ello conforme a la potestad conferida a los jueces de trabajo por el artículo 61 del CPTSS y en tales condiciones, se concluye que no se configura un yerro fáctico en la apreciación de la convención colectiva de trabajo y, menos aún, con el carácter de ostensible y manifiesto.

De otra parte, tampoco puede predicarse yerro fáctico alguno del contenido de la documental que aparece a folio 30, la cual da cuenta del proyecto de liquidación de la pensión de la demandante, toda vez que es sólo eso, un proyecto de liquidación que estaba sujeto a revisión y ajustes por los órganos competentes de la demandada, proceso que solo finalizó con la expedición de la Resolución 224 del 31 de mayo de 2006 (fls. 24 a 28), por medio de la cual, a partir del 1º de junio de ese mismo año, se le reconoció la pensión a la actora en cuantía de $725.547.

Menos surge error del contenido de las documentales que aparecen a folios 49 y 156 a 160, por medio de las cuales se liquidó y reconoció la pensión de jubilación a la otra trabajadora señora Janeth Mosquera Valdés, toda vez que la misma no puede servir como punto de referencia para reliquidar la pensión de la actora, en razón a que fue la propia demandada quien desde los inicios del proceso, fue contundente en señalar que dicha pensión fue mal liquidada, lo cual procederá a corregir “demandando su propio acto”.

Corolario de lo anterior, se evidencia que no se equivocó el tribunal al considerar que frente al vacío del inciso 2º del artículo 48 convencional, en cuanto al IBL, lo procedente, en razón a que la demandante es beneficiaria del régimen de transición, era suplirlo con el IBL previsto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que corresponde al promedio de los salarios que sirvieron de base para cotizar en los 10 años anteriores al cumplimiento de los 52 años de edad, desde luego, teniendo en cuenta hasta la última cotización, tal como lo hizo la demandada conforme se advierte de las documentales que aparecen a folios 25 a 28 y 37, cuy[a] valoración fue correctamente realizada por el tribunal.

Lo dicho en precedencia, es suficiente para considerar que el fallador de segundo grado no incurrió en alguno de los yerros fácticos señalados en el cargo, lo cual direcciona a la Sala, a concluir que el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso, en razón a que la demanda de casación no fue replicada.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 31 de octubre de 2011, en el proceso ordinario laboral seguido por Rosalba Peña González contra la Beneficencia del Valle del Cauca EICE.

Sin costas en casación.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».